Elecciones
La Justicia Electoral dio de baja siete partidos y admitió otros cuatro para las PASO
Por diferentes irregularidades, el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, impidió la presentación de más de veinte listas internas cuyos postulantes a senadores y diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur no cumplían con los requisitos de la ley 26.571, que establece las PASO.
El Juzgado Federal en lo Penal y Electoral N°1 de La Plata desaprobó la participación de siete fuerzas políticas para las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto y aceptó otras cuatro, que habían sido observadas, informaron fuentes judiciales.
Por diferentes irregularidades, el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, impidió la presentación de más de veinte listas internas cuyos postulantes a senadores y diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur no cumplían con los requisitos de la ley 26.571, que establece las PASO.
En algunos casos, por la posibilidad de que las anomalías constituyan delitos penales, ordenó remitir copias a una fiscalía penal.En diversas resoluciones, el magistrado precisó que el Partido Esperanza del Pueblo, por ejemplo, no tenía enumeración de la ubicación de cada precandidato ni distinción entre titulares y suplentes, en ninguna de las cuatro listas internas para las categorías de diputados nacionales, senadores nacionales y parlamentarios del Mercosur «Esperanza», «Somos el Pueblo», «Reencuentro» y «Acceder».
En todas se hallaron irregularidades: precandidatos repetidos en la misma lista, otros que se habían presentado en otras fuerzas políticas o para más de un cargo, todas circunstancias prohibidas por la norma.
Esas mismas anomalías fueron observadas por el Juzgado Electoral en las agrupaciones: Encuentro Republicano Federal; Partido Justicia y Dignidad Patriótica; Movimiento de Integración Federal; el Partido Popular; LIBER.AR; y el Partido Lealtad y Dignidad de la Provincia de Buenos Aires.
En los casos de agrupaciones que presentaron actas en las que no se adjuntaba la nómina de precandidatos, el Juzgado argumentó en su resolución que «de admitirse esto, se estaría ante la posibilidad de permitir a las juntas electorales transformar la oficialización de listas que manda la ley, en la expedición de una suerte de carta en blanco, que puede ser luego completada con los nombres que se entiendan más convenientes y oportunos, en clara violación del principio de equidad entre todas las agrupaciones que constituye basamento de la legitimidad de la elección».
Entre las anomalías, en una de las cuatro listas del Partido Esperanza del Pueblo figuraban tres personas que estaban fallecidas hacía más de una década. Similar es el caso del Partido Justicia y Dignidad Patriótica, que en su lista «Justicia y dignidad» consignaba una persona fallecida en 2021, lo que constituye un delito de acción pública.
En estos casos, Ramos Padilla consideró pertinente llevar adelante la investigación penal con la correspondiente intervención de la Fiscalía Federal 1 de La Plata con competencia electoral ante ese Juzgado.
Por otro lado, el juez admitió las listas de los partidos Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza, Unión por la Patria y Movimiento Izquierda Juventud Dignidad: los primeros tres habían sido observados por el Juzgado sobre los años de residencia en el distrito de la provincia de algunos de sus precandidatos, quienes pudieron justificar su domicilio en una audiencia realizada ayer en el Juzgado.
En tanto, el Movimiento Izquierda Juventud Dignidad, que presenta las listas «A» Dignidad y Confederal, debe resolver ante la justicia requisitos de forma, como la letra de identificación de una de sus listas y la apertura de cuentas bancarias para cada una de ellas, pero ambas fueron admitidas.
Elecciones
¿Qué significa ser leales?: el pueblo vuelve a salir a buscar su propia historia
A 81 años de la jornada que parió al peronismo, el Día de la Lealtad llega con Cristina presa, un Gobierno que desprecia al Congreso y a la Justicia, y un feminismo que eligió la Ciudad de Buenos Aires para su Encuentro de 2027. La lealtad hoy tiene un nombre: organizarse para que Milei pierda.
El 17 de octubre de 1945, miles de trabajadores y trabajadoras cruzaron el Riachuelo, se lavaron los pies en las fuentes de la Plaza de Mayo y torcieron el rumbo de un país que hasta entonces decidía sin ellos.
No esperaron que nadie les concediera nada. Ese día el pueblo dejó de esperar y salió a buscar su propia historia. Ochenta y un años después, la fecha vuelve a interpelarnos con una pregunta urgente: qué significa ser leales cuando la democracia, los derechos y la propia identidad popular están bajo ataque.

Este Día de la Lealtad no es uno más. Llega con Cristina Fernández de Kirchner, dos veces presidenta de la Nación, cumpliendo prisión domiciliaria tras una condena que representa el fruto más acabado del lawfare de Comodoro Py; con un Gobierno nacional que gobierna por decreto y desprecia la división de poderes; y a menos de un año de unas elecciones presidenciales que definirán si la Argentina sigue por el camino del ajuste, el odio y la crueldad, o si recupera un horizonte de justicia social.
Una lealtad que se conjuga en presente
Este sábado, en el Polideportivo Juan Domingo Perón de González Catán, en La Matanza, el gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó el acto central del PJ provincial junto a la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente Fernando Espinoza. “Acá estamos, querían callarnos y acá estamos, recordando a Evita y Perón en La Matanza, que es la capital del peronismo”, dijo ante la multitud.
El gobernador recordó que aquella gesta “le dio voz a los que no tenían voz, les dio derechos y participación política a los que estaban marginados y excluidos”, sostuvo que Cristina “está injustamente presa por defender nuestras banderas” y planteó el desafío que atraviesa a todo el campo popular: “La lealtad con el pueblo es construir una alternativa que el año que viene termine con esta pesadilla que nos gobierna”. También dejó una definición que debería ordenar el debate de los próximos meses: “Sin justicia social no hay libertad verdadera: hay privilegios, hay explotación y desigualdad. Eso no es libertad”.
Un Gobierno que no respeta la democracia
Desde el primer día, Javier Milei eligió gobernar contra las instituciones. Inauguró su gestión con el DNU 70/2023, un megadecreto que pretendió derogar y modificar centenares de normas sin pasar por el Congreso.

Intentó designar por decreto a dos jueces de la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, salteando el acuerdo del Senado, que finalmente rechazó ambos pliegos en abril de 2025.
Vetó la ley de financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, y obligó al Poder Legislativo a insistir con dos tercios para defender lo que la sociedad ya había defendido en las calles.
Llamó al Congreso “nido de ratas” y llegó a decir que “no odiamos lo suficiente a los periodistas”.
No se trata de exabruptos aislados, sino de un método: degradar a los otros poderes para concentrar el poder en uno solo. Cuando un presidente trata al Parlamento como un estorbo, a la Justicia como una herramienta y a la prensa crítica como un enemigo, lo que está en juego no es una gestión de gobierno, sino la propia arquitectura republicana que tanto dicen defender quienes lo votaron por odio al peronismo.


El odio como herramienta, el antiperonismo como tradición
El antiperonismo no nació con Milei. Tiene una genealogía sangrienta: el bombardeo a la Plaza de Mayo en junio de 1955, el golpe de septiembre de ese año, el decreto 4161 de 1956 que prohibió siquiera pronunciar el nombre de Perón y dieciocho años de proscripción del movimiento mayoritario del país. Cada vez que las élites no pudieron derrotar al peronismo en las urnas, intentaron borrarlo por la fuerza, por decreto o por los tribunales.
Lo nuevo es la escala y el tono. El discurso libertario convirtió el odio en política de Estado: contra los “kukas”, contra los “zurdos”, contra las feministas, contra la diversidad, contra los trabajadores estatales y los jubilados que reclaman. Ese clima no es inocuo. En septiembre de 2022, Cristina sobrevivió a un intento de asesinato frente a su casa, porque el arma no se disparó. Las palabras que deshumanizan preparan el terreno para la violencia que mata, y una democracia que naturaliza el odio termina pagando ese precio.
Las mujeres y disidencias van al centro del poder
Hace apenas cinco días, el 12 de octubre, terminó en Córdoba el 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries, con más de 150.000 participantes y un centenar de talleres. En el acto de cierre, por decisión unánime, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue elegida como sede del 40° Encuentro en 2027. No es un dato menor: el primer Encuentro Nacional de Mujeres se realizó en esa misma ciudad en 1986. Cuatro décadas después, el feminismo vuelve al lugar donde nació, en pleno año electoral, para hacerse oír frente a la Casa Rosada.
La ministra de Mujeres bonaerense, Estela Díaz, lo resumió así: “Es una demostración de que se puede convivir en un espacio con sectores con los que se tienen muchísimas diferencias, construyendo una fuerza para confrontar electoralmente en el 2027”. Esa es exactamente la lección que el campo popular necesita aprender: la unidad en la diversidad no es una consigna, es una condición para ganar.
Las razones para movilizarse sobran. Este Gobierno desmanteló el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, su ministro de Justicia anunció la intención de eliminar la figura de femicidio del Código Penal y el propio Presidente utilizó el escenario de Davos para atacar al feminismo y a la diversidad, lo que provocó la masiva Marcha Federal Antifascista y Antirracista de febrero de 2025. Para nosotras, el ajuste no es una abstracción macroeconómica: es menos asistencia a víctimas de violencia, menos políticas de cuidado y más trabajo no remunerado sobre las mismas espaldas.
Evita lo entendió antes que nadie. Fue ella quien impulsó el voto femenino en 1947 y organizó a las mujeres como sujeto político con voz propia. El feminismo popular argentino, del Ni Una Menos a la Marea Verde, es heredero de esa tradición. No hay 17 de Octubre sin las mujeres en la Plaza.
2027: la lealtad es organizarse
Decirlo con claridad no es una provocación, es una responsabilidad democrática: Milei tiene que perder en 2027. No por revancha, sino porque un proyecto que desprecia la división de poderes, persigue a opositores, insulta a periodistas, ajusta sobre jubilados, universidades y personas con discapacidad, y convierte el odio en programa de gobierno es incompatible con la Argentina que soñaron quienes se movilizaron aquel 17 de octubre.
Pero la derrota del proyecto libertario no vendrá sola. Exige un peronismo que deje atrás sus internas, que escuche a los movimientos sociales, a los sindicatos, a las juventudes y al feminismo, y que vuelva a ofrecer un horizonte de futuro y no solo una defensa del pasado. La lealtad no es nostalgia: es la decisión colectiva de no volver a esperar que otros escriban nuestra historia. Como en 1945, el pueblo tendrá que salir a buscarla.
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