Judiciales ⚖️
Bienes congelados: la Justicia le negó a Espert recuperar su patrimonio
La Cámara Federal de San Martín avaló la prohibición de innovar sobre los bienes del ex diputado de La Libertad Avanza en el marco de la causa por lavado de dinero vinculada al empresario Federico Machado, procesado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos.
La Cámara Federal de San Martín rechazó el pedido de la defensa de José Luis Espert de levantar la prohibición de innovar sobre su patrimonio y el de su familia. Los jueces Alberto Lugones y Néstor Barral, de la Sala II del tribunal, confirmaron la medida cautelar dictada y prorrogada por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas al empresario Federico «Fred» Machado, quien acordó declararse culpable de lavado de activos y fraude ante la Justicia federal de Texas.
Qué alcanza la medida y por qué se mantiene
La restricción patrimonial cubre a Espert, a su pareja María Mercedes González, a su hijo y a la empresa familiar Varianza Sociedad Anónima. También abarca a las sociedades El Encuentro de Castello Sociedad Anónima, el condominio que el ex diputado comparte con sus hermanos Gustavo y Alejandra Espert, la firma Killaco Sociedad Anónima y, desde marzo de 2026, el Fideicomiso Costa Dunas, incorporado por el juez Mirabelli a pedido del fiscal Fernando Domínguez, quien tiene delegada la investigación.
Para confirmar la cautelar, los camaristas sostuvieron que se verifican los dos requisitos procesales exigidos: la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. «A la luz de lo expuesto, en las concretas y particulares circunstancias del caso, se verifican en la especie los supuestos de procedencia estipulados en la norma procesal para mantener, de momento, las objetadas medidas cautelares de naturaleza patrimonial», indicó el fallo, según pudo conocer este medio. Al mismo tiempo, Lugones y Barral instaron al juzgado de primera instancia a agilizar el trámite de la causa, al advertir que la medida restrictiva fue prorrogada sin que Espert haya ejercido todavía su derecho de defensa a través de una declaración indagatoria.
La historia de un vínculo bajo sospecha
El origen de la investigación radica en una transferencia de 200.000 dólares que Espert recibió de Machado y que el ex diputado no declaró en su patrimonio. Cuando el escándalo se hizo público, Espert reconoció el cobro y lo justificó como parte de un contrato de asesoramiento a una minera guatemalteca por un millón de dólares, firmado con Machado poco antes de la campaña presidencial de 2019. Los investigadores sospechan que ese trabajo nunca existió. La denuncia que abrió el expediente en los tribunales de San Isidro fue presentada por el abogado y dirigente político Juan Grabois.
En el transcurso de la investigación, el juez Mirabelli también halló que Espert habría extraído 80.000 dólares en efectivo a los pocos días de iniciado el expediente, sin que se conozca el destino de esos fondos, según datos aportados por el propio fiscal al expediente.
La causa radicada en San Isidro no es la única que enfrenta el ex referente de La Libertad Avanza. Un segundo expediente tramita en Comodoro Py, ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano, por el presunto financiamiento ilegal de la campaña presidencial de Espert en 2019 a través de aportes de Machado que habrían incluido el uso de vuelos privados y una camioneta blindada. En ese expediente, Espert se presentó y solicitó declarar, aunque en carácter de imputado solo podría hacerlo en indagatoria.
Dos derrotas consecutivas para la defensa
El fallo de la Sala II suma un nuevo revés a la estrategia defensiva de Espert. A fines de abril pasado, la Cámara Federal porteña, en un fallo unipersonal del juez Mariano Llorens, rechazó el pedido de unificar la causa de San Isidro con la radicada en Comodoro Py. Es el segundo rechazo consecutivo a esa pretensión.
La única concesión judicial que obtuvo Espert hasta el momento fue la habilitación de una cuenta para gastos y consumos corrientes, tras un reclamo en el que sus entonces abogados Alejandro Freeland y Santiago Kent argumentaron que el ex candidato y su familia no tenían posibilidades de cubrir sus necesidades básicas. El pedido que acaba de ser rechazado fue renovado por su actual defensor, Claudio Lamela, en una audiencia celebrada el 5 de mayo de 2026.
La defensa planteó también que la restricción sobre el terreno Costa Dunas resultaba desproporcionada, dado que, según los letrados, se trata de un emprendimiento personal de González con recursos propios. Los camaristas no hicieron lugar al argumento.
Machado, culpable en EE.UU.; la causa argentina, en marcha
El andamiaje judicial que rodea a Espert se sostiene en la figura de Federico Machado, empresario vinculado a fideicomisos aeronáuticos que operaron en Guatemala y Belice y que fueron utilizados, según el expediente federal de Texas, para transportar cargamentos de cocaína. Machado suscribió un acuerdo con la Fiscalía federal de Texas para declararse culpable de lavado de activos y fraude electrónico, a cambio de que se retirara el cargo de narcotráfico. El juez federal aceptó ese acuerdo. El fiscal Domínguez continúa el análisis del detalle de los movimientos financieros de Espert y de la documentación y dispositivos electrónicos secuestrados en los allanamientos, según pudo confirmar este medio a partir de fuentes judiciales.
Mientras tanto, Javier Milei salió públicamente a defender a su ex aliado tras conocerse el acuerdo de culpabilidad de Machado, intentando instalar la idea de que eso cerraba el capítulo para Espert en la Argentina. La resolución de la Cámara de San Martín desmintió esa lectura.
Puntos clave
- La Cámara Federal de San Martín confirmó la prohibición de innovar sobre el patrimonio de Espert, su pareja y sus empresas en la causa por lavado de dinero vinculada a Machado.
- Los jueces Lugones y Barral instaron a acelerar el expediente, dado que Espert aún no prestó declaración indagatoria pese a la extensión de la medida cautelar.
- La investigación gira en torno a una transferencia de 200.000 dólares no declarada y a movimientos financieros que los investigadores sospechan vinculados al origen ilícito de los fondos de Machado.
- Es el segundo revés consecutivo para la defensa: antes, la Cámara Federal porteña rechazó la unificación de los dos expedientes que enfrenta Espert.
- Machado ya acordó declararse culpable de lavado y fraude ante la Justicia de Texas; la causa argentina avanza de forma independiente.
Buenos Aires
A 20 años de la desaparición de López, la recompensa sube pero la impunidad sigue intacta
El Gobierno bonaerense duplicó a $10 millones la recompensa por información sobre el paradero de Jorge Julio López, sobreviviente del «circuito Camps» que desapareció el 18 de septiembre de 2006, el mismo día en que se condenó a prisión perpetua a su torturador, Miguel Etchecolatz. Dos décadas después, la causa permanece sin resolución y sin responsables identificados.
Dos décadas sin respuestas, sin culpables y sin el cuerpo de un sobreviviente que se atrevió a dar testimonio. A 20 años exactos de su segunda desaparición, Jorge Julio López sigue siendo la herida abierta más incómoda de la democracia argentina: un hombre que sobrevivió la dictadura para ser borrado en plena institucionalidad, el mismo día en que la Justicia condenaba a su torturador.
El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dispuso este viernes elevar de $5 millones a $10 millones la recompensa destinada a quien aporte datos fehacientes que contribuyan a determinar el paradero de López. El hombre, albañil y militante platense, fue visto por última vez el 18 de septiembre de 2006 cuando salía de su vivienda en Los Hornos, en las afueras de La Plata. Hoy tendría 96 años. La causa tramita en la Unidad Fiscal Federal de La Plata bajo el expediente FLP N° 509/2008, caratulado como «López, Jorge Julio s/ desaparición forzada de personas».
El testigo que incomodaba al poder
La historia de López es la de una doble persecución. El 27 de octubre de 1976, en plena dictadura cívico-militar, fue secuestrado y sometido a un periplo de terror por varios centros clandestinos de detención del denominado «circuito Camps», el entramado represivo montado en la provincia de Buenos Aires bajo el mando del general Ramón Camps. Permaneció detenido y fue sometido a torturas sistemáticas hasta su liberación en 1979, sin que mediara explicación alguna ni proceso judicial.
Décadas después, cuando la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad puso en el banquillo a los represores, López se convirtió en un testigo clave. Su testimonio fue determinante para que el ex comisario Miguel Etchecolatz fuera identificado como uno de sus torturadores y condenado como responsable de delitos de lesa humanidad. Etchecolatz fue jefe de la Dirección General de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante la dictadura y una de las figuras más siniestras del aparato represivo de la provincia.
La desaparición en democracia
El 18 de septiembre de 2006 es una fecha que resume toda la brutalidad del caso. Ese mismo día, el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata leía los alegatos y el veredicto que condenaba a Etchecolatz a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio. López había prestado declaración en ese juicio. Pero no llegó a escuchar la condena: desapareció antes de que terminara la jornada.
Lo que ocurrió ese día no fue solo una desaparición: fue una señal de advertencia dirigida a quienes se atrevieran a testimoniar contra los perpetradores del terrorismo de Estado. La democracia argentina no pudo, o no quiso, proteger al hombre que más la había necesitado. Desde entonces, ningún gobierno logró esclarecer qué pasó con López ni identificar a los responsables de su segunda desaparición.
Veinte años, cero respuestas
La causa acumula dos décadas de investigación sin resultados concretos. El incremento de la recompensa anunciado este viernes por el Gobierno provincial es un gesto simbólico que, al mismo tiempo, deja en evidencia la magnitud del fracaso institucional: si después de 20 años el único recurso disponible es duplicar el monto de una recompensa, el Estado reconoce implícitamente que no tiene respuestas propias.
Las organizaciones de derechos humanos llevan dos décadas sosteniendo que la desaparición de López en democracia no fue un hecho aislado sino parte de una lógica de amedrentamiento a testigos que nunca fue desarticulada del todo. La impunidad en este caso es, también, un mensaje: los engranajes que hicieron posible la represión durante la dictadura no fueron completamente desmantelados.
Lo que tenés que saber
- El Ministerio de Seguridad bonaerense duplicó la recompensa por información sobre el paradero de López: pasó de $5 millones a $10 millones.
- Jorge Julio López desapareció el 18 de septiembre de 2006, el mismo día en que se condenó a prisión perpetua al ex comisario Miguel Etchecolatz, a quien López había señalado como su torturador.
- Sobreviviente del «circuito Camps», López fue secuestrado el 27 de octubre de 1976 y estuvo detenido en centros clandestinos de La Plata hasta 1979.
- La causa tramita como «desaparición forzada de personas» en la Unidad Fiscal Federal de La Plata (FLP N° 509/2008).
- A 20 años de su desaparición en democracia, la causa no tiene responsables identificados ni se logró determinar su paradero.
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