Judiciales ⚖️
Bienes congelados: la Justicia le negó a Espert recuperar su patrimonio
La Cámara Federal de San Martín avaló la prohibición de innovar sobre los bienes del ex diputado de La Libertad Avanza en el marco de la causa por lavado de dinero vinculada al empresario Federico Machado, procesado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos.
La Cámara Federal de San Martín rechazó el pedido de la defensa de José Luis Espert de levantar la prohibición de innovar sobre su patrimonio y el de su familia. Los jueces Alberto Lugones y Néstor Barral, de la Sala II del tribunal, confirmaron la medida cautelar dictada y prorrogada por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas al empresario Federico «Fred» Machado, quien acordó declararse culpable de lavado de activos y fraude ante la Justicia federal de Texas.
Qué alcanza la medida y por qué se mantiene
La restricción patrimonial cubre a Espert, a su pareja María Mercedes González, a su hijo y a la empresa familiar Varianza Sociedad Anónima. También abarca a las sociedades El Encuentro de Castello Sociedad Anónima, el condominio que el ex diputado comparte con sus hermanos Gustavo y Alejandra Espert, la firma Killaco Sociedad Anónima y, desde marzo de 2026, el Fideicomiso Costa Dunas, incorporado por el juez Mirabelli a pedido del fiscal Fernando Domínguez, quien tiene delegada la investigación.
Para confirmar la cautelar, los camaristas sostuvieron que se verifican los dos requisitos procesales exigidos: la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. «A la luz de lo expuesto, en las concretas y particulares circunstancias del caso, se verifican en la especie los supuestos de procedencia estipulados en la norma procesal para mantener, de momento, las objetadas medidas cautelares de naturaleza patrimonial», indicó el fallo, según pudo conocer este medio. Al mismo tiempo, Lugones y Barral instaron al juzgado de primera instancia a agilizar el trámite de la causa, al advertir que la medida restrictiva fue prorrogada sin que Espert haya ejercido todavía su derecho de defensa a través de una declaración indagatoria.
La historia de un vínculo bajo sospecha
El origen de la investigación radica en una transferencia de 200.000 dólares que Espert recibió de Machado y que el ex diputado no declaró en su patrimonio. Cuando el escándalo se hizo público, Espert reconoció el cobro y lo justificó como parte de un contrato de asesoramiento a una minera guatemalteca por un millón de dólares, firmado con Machado poco antes de la campaña presidencial de 2019. Los investigadores sospechan que ese trabajo nunca existió. La denuncia que abrió el expediente en los tribunales de San Isidro fue presentada por el abogado y dirigente político Juan Grabois.
En el transcurso de la investigación, el juez Mirabelli también halló que Espert habría extraído 80.000 dólares en efectivo a los pocos días de iniciado el expediente, sin que se conozca el destino de esos fondos, según datos aportados por el propio fiscal al expediente.
La causa radicada en San Isidro no es la única que enfrenta el ex referente de La Libertad Avanza. Un segundo expediente tramita en Comodoro Py, ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano, por el presunto financiamiento ilegal de la campaña presidencial de Espert en 2019 a través de aportes de Machado que habrían incluido el uso de vuelos privados y una camioneta blindada. En ese expediente, Espert se presentó y solicitó declarar, aunque en carácter de imputado solo podría hacerlo en indagatoria.
Dos derrotas consecutivas para la defensa
El fallo de la Sala II suma un nuevo revés a la estrategia defensiva de Espert. A fines de abril pasado, la Cámara Federal porteña, en un fallo unipersonal del juez Mariano Llorens, rechazó el pedido de unificar la causa de San Isidro con la radicada en Comodoro Py. Es el segundo rechazo consecutivo a esa pretensión.
La única concesión judicial que obtuvo Espert hasta el momento fue la habilitación de una cuenta para gastos y consumos corrientes, tras un reclamo en el que sus entonces abogados Alejandro Freeland y Santiago Kent argumentaron que el ex candidato y su familia no tenían posibilidades de cubrir sus necesidades básicas. El pedido que acaba de ser rechazado fue renovado por su actual defensor, Claudio Lamela, en una audiencia celebrada el 5 de mayo de 2026.
La defensa planteó también que la restricción sobre el terreno Costa Dunas resultaba desproporcionada, dado que, según los letrados, se trata de un emprendimiento personal de González con recursos propios. Los camaristas no hicieron lugar al argumento.
Machado, culpable en EE.UU.; la causa argentina, en marcha
El andamiaje judicial que rodea a Espert se sostiene en la figura de Federico Machado, empresario vinculado a fideicomisos aeronáuticos que operaron en Guatemala y Belice y que fueron utilizados, según el expediente federal de Texas, para transportar cargamentos de cocaína. Machado suscribió un acuerdo con la Fiscalía federal de Texas para declararse culpable de lavado de activos y fraude electrónico, a cambio de que se retirara el cargo de narcotráfico. El juez federal aceptó ese acuerdo. El fiscal Domínguez continúa el análisis del detalle de los movimientos financieros de Espert y de la documentación y dispositivos electrónicos secuestrados en los allanamientos, según pudo confirmar este medio a partir de fuentes judiciales.
Mientras tanto, Javier Milei salió públicamente a defender a su ex aliado tras conocerse el acuerdo de culpabilidad de Machado, intentando instalar la idea de que eso cerraba el capítulo para Espert en la Argentina. La resolución de la Cámara de San Martín desmintió esa lectura.
Puntos clave
- La Cámara Federal de San Martín confirmó la prohibición de innovar sobre el patrimonio de Espert, su pareja y sus empresas en la causa por lavado de dinero vinculada a Machado.
- Los jueces Lugones y Barral instaron a acelerar el expediente, dado que Espert aún no prestó declaración indagatoria pese a la extensión de la medida cautelar.
- La investigación gira en torno a una transferencia de 200.000 dólares no declarada y a movimientos financieros que los investigadores sospechan vinculados al origen ilícito de los fondos de Machado.
- Es el segundo revés consecutivo para la defensa: antes, la Cámara Federal porteña rechazó la unificación de los dos expedientes que enfrenta Espert.
- Machado ya acordó declararse culpable de lavado y fraude ante la Justicia de Texas; la causa argentina avanza de forma independiente.
Judiciales ⚖️
Denunciaron a Caputo y Bausili por el oro del Banco Central: investigan pérdidas por US$ 1.023 millones
Una presentación de Gregorio Dalbón apunta a esclarecer las operaciones financieras realizadas durante 2025 con las reservas de oro. El expediente quedó en manos del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, mientras la acusación solicita investigar las decisiones y sus posibles consecuencias patrimoniales.
El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, fueron denunciados judicialmente por las operaciones financieras vinculadas con el oro de las reservas internacionales. La presentación fue realizada por el abogado Gregorio Dalbón luego de que la Auditoría General de la Nación (AGN) informara resultados negativos por US$ 1.023 millones durante 2025.
La causa quedó radicada ante el juez federal Ariel Lijo, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita. La presentación busca que la Justicia determine cómo se tomaron las decisiones relacionadas con esas operaciones, quiénes intervinieron y si existió un perjuicio patrimonial para el Estado argentino.
El planteo se apoya en el informe sobre los estados contables del Banco Central correspondientes al ejercicio 2025. Las cifras consignadas corresponden a resultados negativos asociados con determinadas operaciones financieras y no constituyen, por sí solas, una determinación judicial de responsabilidades penales.
Qué dice el informe de la AGN sobre el oro del Banco Central
El informe de la Auditoría General de la Nación identificó resultados negativos por US$ 1.023 millones en operaciones financieras vinculadas con el oro de las reservas internacionales durante 2025. Según los datos difundidos, el monto equivale a $1.469.155 millones.
El detalle presentado distingue dos componentes principales:
- US$ 960,2 millones: resultados negativos correspondientes a opciones financieras.
- US$ 62,8 millones: montos asociados con el pago de primas.
La información constituye el punto de partida de la denuncia impulsada por Dalbón, quien reclama esclarecer las condiciones en las que se realizaron las operaciones y las decisiones que determinaron sus resultados.
El objetivo de la presentación es que se analice la documentación correspondiente y se establezca si las operaciones respondieron a una justificación económica adecuada, qué riesgos involucraron y qué mecanismos de control se aplicaron.
Qué pidió Gregorio Dalbón en la denuncia contra Caputo y Bausili
En su presentación, el abogado planteó la necesidad de identificar a los funcionarios y responsables que participaron en el diseño, la autorización y la ejecución de las operaciones financieras.
Dalbón sostuvo: “1.023 millones de dólares no son una anotación contable. Son recursos de la República y exigen una explicación a la altura de semejante cifra”.
A partir de ese planteo, solicitó que la investigación determine distintos aspectos de las operaciones:
- Quiénes tomaron las decisiones y quiénes las autorizaron.
- Qué actores diseñaron las estrategias financieras.
- Con qué contrapartes se realizaron las operaciones.
- Cuál fue la justificación económica de cada decisión.
- Qué riesgos financieros se asumieron.
- Qué controles se aplicaron durante el proceso.
- Si las operaciones ocasionaron un perjuicio patrimonial al Estado argentino.
La denuncia procura establecer esos elementos a partir de la documentación disponible y de las medidas que disponga la Justicia. La existencia de resultados contables negativos no implica, por sí misma, que se encuentre acreditada una conducta delictiva.
La causa quedó en manos de Ariel Lijo y Gerardo Pollicita
La presentación quedó radicada ante el juez federal Ariel Lijo, mientras que el fiscal Gerardo Pollicita tendrá intervención en el expediente.
En esta primera etapa, Dalbón buscó formalizar la denuncia, individualizar a las autoridades judiciales intervinientes y establecer el marco procesal para avanzar con el análisis de la documentación y las posibles responsabilidades.
El avance de la investigación dependerá de las medidas que adopten los funcionarios judiciales y de los elementos que se incorporen a la causa.
Entre los puntos planteados figura la necesidad de reconstruir el circuito de decisiones que condujo a las operaciones financieras y examinar los controles que existieron durante su implementación.
Cuándo ampliarán la denuncia por las operaciones con el oro
Dalbón anunció que ampliará la denuncia el martes 13 de octubre ante el juez Lijo y el fiscal Pollicita. Según adelantó, incorporará nueva documentación y solicitará las declaraciones indagatorias que correspondan.
El abogado también anticipó que requerirá medidas urgentes para preservar pruebas vinculadas con las operaciones investigadas.
Al explicar ese pedido, advirtió: «Si existe riesgo de ocultamiento o destrucción de documentación, entorpecimiento de la investigación o cualquier conducta destinada a frustrar la averiguación de la verdad, pediremos que la Justicia actúe inmediatamente con todas las herramientas que le otorga la ley».
La ampliación buscará profundizar la documentación presentada inicialmente y avanzar sobre las decisiones que rodearon las operaciones con el oro del Banco Central.
Qué falta esclarecer sobre las operaciones del Banco Central
La investigación deberá determinar, entre otros aspectos, cómo se estructuraron las operaciones financieras, quiénes participaron en su autorización y ejecución, qué fundamentos económicos las respaldaron y cuáles fueron sus consecuencias patrimoniales.
También deberá examinarse el alcance de los resultados negativos registrados por la AGN y su relación con las decisiones adoptadas durante el ejercicio 2025.
Por ahora, la presentación de Dalbón constituye una denuncia judicial y los señalamientos deberán ser evaluados en el marco del expediente. La eventual existencia de responsabilidades individuales dependerá de los elementos que se incorporen y de las conclusiones a las que llegue la Justicia.
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