El próximo miércoles, el Senado discutirá el proyecto de ley Bases, el cual propone cambios significativos en la legislación laboral, que han sido criticados por los sindicatos pero apoyados por el sector empresarial.

Algunas de las reformas propuestas ya estaban incluidas en el capítulo laboral del DNU N° 70/24, que fue sancionado por Milei. Sin embargo, su aplicación fue suspendida por el Poder Judicial por considerarse inconstitucional.

La reforma que se debate actualmente es menos extensa, pero sumamente relevante. Según un informe del centro de estudios CIFRA, de la CTA, las modificaciones propuestas “afectan sobre todo derechos individuales de los trabajadores/as, aunque avanzan también en forma directa sobre algunos derechos colectivos, en particular tras la inclusión de causales de despido vinculadas con acciones colectivas”.

“Se trata de una reforma que de varias formas puede incentivar el no registro de relaciones de dependencia, ya que elimina sanciones e indemnizaciones vinculadas con la no registración y, a la vez, habilita formas contractuales “no laborales” que pueden enmascarar relaciones de trabajo”, indicó el informe.

En particular, la reforma se centra en la figura de “trabajadores independientes con colaboradores”. Se introducen cambios que facilitarían el uso de contratos de locación de obra o de servicios para la contratación de trabajadores, una práctica común que a menudo encubre relaciones laborales no registradas.

En este contexto, se podría interpretar la derogación del estatuto del viajante de comercio, que se introduce en el proyecto sin justificación, según CIFRA. Esta norma regula la actividad de los vendedores viajantes en relación de dependencia, estableciendo un vínculo específico de subordinación con las empresas cuyos productos venden, diferenciándolos de los agentes comerciales autónomos.

Además, se incluye un nuevo blanqueo laboral que también puede desincentivar la registración al generar la expectativa de nuevas condonaciones de deuda a futuro. Para los trabajadores asalariados formales, esto implica una precarización de su situación de diversas formas, advirtió CIFRA.

Por un lado, se habilita la creación de fondos de cese laboral que reemplacen a la indemnización por despido. Su creación implicará mayor inestabilidad e incertidumbre en las relaciones de trabajo y mayor disciplinamiento hacia los trabajadores.

CIFRA analizó otro aspecto de la nueva ley, dado por la extensión del período de prueba -durante el cual se puede despedir sin indemnización- y la ampliación del alcance de la tercerización laboral con responsabilidad solidaria limitada. La entidad consideró que “se afecta el carácter de permanente de los puestos de la planta de la administración pública, al simplificarse los mecanismos para su puesta en situación de disponibilidad y posterior despido”.

“Para los trabajadores se trata de pérdida de derechos, de menor protección y mayor inestabilidad. No se advierte de ningún modo una modernización de las relaciones laborales ni una promoción del empleo registrado ni un intento por mejorar su calidad”, indicó el informe.

“Se trata, en definitiva, de una reforma profunda, que no es nueva en tanto intento de avanzar sobre los derechos colectivos e individuales de las y los trabajadores y no aporta, en cambio, soluciones a los problemas acuciantes tales como las profundas desigualdades que caracterizan al mercado laboral argentino y, en particular, la existencia de un sector creciente que queda por fuera de las relaciones laborales formales y protegidas”, concluyó el informe.