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Mena criticó al Gobierno nacional por dejar de ofrecer recompensa para hallar a represores prófugos

“El presidente Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no renovaron las recompensas para quienes aporten información sobre represores y genocidas”, posteó Mena en sus redes sociales.

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El ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, criticó al presidente Javier Milei porque el Ministerio de Seguridad dejó de ofrecer recompensa para dar con el paradero de los prófugos acusados de haber cometido crímenes durante la última dictadura, que están prófugos y analizó que esa postura demuestra que la frase “el que las hace las paga” es sólo un slogan del oficialismo.

“El presidente Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no renovaron las recompensas para quienes aporten información sobre represores y genocidas”, posteó el funcionario provincial en sus redes sociales.

Sostuvo que, al mismo tiempo, “el ministro de Defensa, Luis Petri, inició el desmantelamiento de los Equipos de Relevamiento y Análisis documental que se encarga de colaborar con la justicia en la investigación de crímenes de lesa humanidad”.

En ese marco, entendió que “estas decisiones respecto del crimen más grave que pueda existir, como es el genocidio, muestran que ‘el que las hace las paga’ es sólo un slogan y puro marketing”.

Para Mena, “no sólo buscan impunidad, sino que le mienten en la cara a todos los argentinos”, por lo que les pidió: “Sean más serios en la lucha contra el delito y el crimen organizado. Sobre todo, si queremos terminar de verdad con el flagelo del narcotráfico”.

El dirigente adjuntó a su publicación una nota del diario La Nación en la que se indica que “el Gobierno dejó caer las recompensas para quienes aportaran datos de 21 prófugos por delitos de lesa humanidad” cometidos durante la dictadura.

Según ese matutino, de los 36 acusados de esos crímenes a los que busca la Justicia, hay uno solo, Aníbal Miguel Sánchez, por el que el Poder Ejecutivo todavía ofrece dinero a quienes acerquen información certera y confidencial sobre su posible paradero.

“Mediante una resolución del 24 de marzo de 2023, que fue publicada en el Boletín Oficial, habían sido prorrogados los avisos de recompensa para encontrar a 21 de los prófugos. Esos avisos tenían un plazo de 12 meses y no fueron renovados el 24 de marzo pasado, el día que se conmemoraron los 48 años del golpe”, planteó la nota.

La noticia se conoce pocos días después de que el Gobierno de La Libertad Avanza plantea una “reconciliación” con las Fuerzas Armadas, promete poner fin a “las humillaciones” y llama a la cúpula militar a participar en el Pacto de Mayo.

La reflexión del ministro Mena fue compartida, también, por el gobernador Axel Kicillof en sus redes sociales.

Gremiales

El Gobierno fijó el salario mínimo por decreto: subirá escalonado de $383.800 a $437.000 hasta abril de 2027

Sin acuerdo en el Consejo del Salario, el Ejecutivo volvió a actuar de manera unilateral y estableció aumentos escalonados que llevarán el piso salarial de $383.800 en septiembre a $437.000 en abril del año próximo, una suba de apenas $60.400 en ocho meses que profundiza la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde diciembre de 2023.

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El Argentino Diario-Billeteras, Consumo, Salario.
$60.400 de aumento en ocho meses: el salario mínimo que Milei le fijó a los trabajadores que no tienen paritaria propia.

La Resolución 4/2026 publicada este miércoles en el Boletín Oficial estableció los nuevos valores del Salario Mínimo Vital y Móvil con aumentos escalonados desde septiembre de 2026 hasta abril de 2027. La medida fue firmada por Claudia Silvana Testa, presidente alterna del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, y llega como consecuencia directa del fracaso de las negociaciones del 28 de agosto, cuando los representantes sindicales y empresariales no lograron consenso en la sesión plenaria.

El texto oficial reconoció que en esa instancia se presentaron propuestas de ambas partes pero que, «luego de un extenso intercambio de opiniones, no se logró alcanzar un acuerdo». La brecha entre posiciones era elocuente: la CGT reclamaba un piso de $911.000, mientras los representantes empresariales ofrecieron $400.000, apenas por encima del mínimo entonces vigente de $376.600.

Un ajuste de laboratorio que no llega a los bolsillos

La escalera fijada por el Ejecutivo contempla subas mensuales de entre $7.200 y $7.400 pesos, un goteo que resulta irrisorio frente a la dinámica de precios de los últimos meses. Los nuevos valores mensuales y por hora quedan establecidos de la siguiente manera: septiembre de 2026, $383.800 ($1.919 la hora); octubre, $391.200 ($1.956); noviembre, $398.800 ($1.994); diciembre, $406.400 ($2.032); enero de 2027, $414.200 ($2.071); febrero, $422.000 ($2.110); marzo, $429.600 ($2.148); y abril, $437.000 ($2.185).

La escala rige para todos los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario, la Administración Pública Nacional y el conjunto de entidades y organismos del Estado Nacional que actúen como empleador.

El dato que el Gobierno prefiere no destacar lo aporta el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP UBA-CONICET): entre noviembre de 2023 y julio de 2026, el SMVM real acumuló una caída del 40,5%. Los aumentos ahora dispuestos, incluso sumados en su totalidad, no alcanzan a compensar ni una fracción de esa destrucción de poder de compra.

El Consejo del Salario: dos años de acuerdos imposibles

Lo ocurrido el 28 de agosto no fue una excepción sino la regla de la gestión Milei. Desde hace más de dos años, el Consejo del Salario Mínimo no logra ningún acuerdo entre las partes y el Ejecutivo termina fijando los valores de manera unilateral mediante resolución. El organismo, que fue creado para garantizar que trabajadores sin paritarias propias cuenten con un piso digno de ingresos, se convirtió en una instancia de formalización de decisiones que el Gobierno toma de antemano.

La reunión del 28 de agosto también reflejó una disputa de fondo sobre el formato del encuentro: la CGT había reclamado que la sesión se realizara de manera presencial, pero el Gobierno mantuvo la modalidad virtual a través de Zoom. Los sindicatos interpretaron ese rechazo como una señal del escaso peso que el Ejecutivo asigna al espacio. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, lo dijo sin rodeos en un comunicado: «El Consejo del Salario es inservible, es una puesta en escena. Hace más de dos años que no hay acuerdos y se termina resolviendo por una resolución del Gobierno».

El desempleo, anclado al mínimo

La misma resolución reguló la prestación por desempleo. El beneficio equivaldrá al 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador en los seis meses anteriores al cese. La normativa fijó además un piso y un techo: la prestación mensual no podrá ser inferior al 50% del SMVM vigente, ni superior al 100% del mismo. Esto significa que la protección ante la pérdida de empleo también queda atada a un piso que pierde valor en términos reales.

Un salario mínimo que en ocho meses crece $60.400 pesos en un país donde la canasta básica alimentaria registró una variación interanual del 32,8% según datos del INDEC de marzo de 2026, y donde los servicios públicos acumularon subas de más del 500% desde diciembre de 2023. La Resolución 4/2026 no es una política salarial; es la administración ordenada del empobrecimiento.

Puntos clave

  • El Ejecutivo fijó el SMVM por Resolución 4/2026 publicada en el Boletín Oficial, tras el fracaso de las negociaciones del 28 de agosto.
  • Los valores escalonados van de $383.800 en septiembre de 2026 a $437.000 en abril de 2027, una suba total de $60.400 en ocho meses.
  • Según el IIEP (UBA-CONICET), el salario mínimo real acumuló una caída del 40,5% desde noviembre de 2023 hasta julio de 2026.
  • La prestación por desempleo queda fijada entre el 50% y el 100% del SMVM, lo que la ancla a un piso que pierde valor frente a la inflación.
  • Es la segunda vez consecutiva que el Gobierno define el SMVM de manera unilateral, sin acuerdo entre trabajadores y empleadores.
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