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Política 📢

Éxodo oficialista: 45 funcionarios renunciaron en dos meses por internas y pérdida de poder

La gestión de Javier Milei registró un récord de bajas en diciembre y enero, con salidas resonantes en organismos clave como la SIDE, el INDEC y la UIF. Detrás de los desplazamientos se evidencian disputas entre las tribus libertarias y el desgaste de la gestión pública.

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★ El Gobierno de Javier Milei atraviesa una crisis de funcionarios sin precedentes en su breve gestión: entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 se registraron 45 renuncias de altos cargos, en medio de tensiones internas, disputas de poder y diferencias técnicas que exponen las fracturas del espacio libertario.

El politólogo Pablo Salinas, quien lleva un seguimiento detallado de los movimientos en la administración pública, contabilizó 30 salidas en diciembre, 14 en enero y una en lo que va de febrero. Desde la asunción presidencial en diciembre de 2023, el gobierno libertario acumula 224 recambios de altos funcionarios, lo que representa un promedio de uno cada cuatro días.

La aceleración de las bajas generó ruido dentro y fuera de la gestión. Al menos siete desplazamientos correspondieron a puestos de alta jerarquía en organismos sensibles como la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Unidad de Información Financiera (UIF), cuyas conducciones fueron modificadas en medio de versiones sobre desprolijidades, diferencias técnicas y acusaciones de pérdida de confianza.

Las tribus libertarias y la disputa por el poder

Detrás de los movimientos conviven disputas de lealtades y malestar por pérdida de poder. En varios casos, el trasfondo remite a la interna entre las tribus oficialistas y a quién responde cada funcionario: el asesor presidencial Santiago Caputo, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el exjefe de Gabinete Guillermo Francos, entre otros referentes del espacio.

El Ministerio de Economía concentra el 34% de los desplazamientos, seguido por Capital Humano (13%), Jefatura de Gabinete (12%), Presidencia (8%) y Defensa (8%), según el relevamiento de Salinas.

A mitad de mandato, el gobierno de Milei ya suma más renuncias que las registradas a lo largo de las presidencias de Carlos Menem (201 y 114 en cada período), Mauricio Macri (190), Cristina Kirchner (158 y 127 en cada gestión), Néstor Kirchner (140), Raúl Alfonsín (123), Fernando de la Rúa (119) y Eduardo Duhalde (69).

El único mandatario al que todavía no superó desde el regreso de la democracia es Alberto Fernández (273), un récord que, de sostenerse el ritmo actual, podría romperse en el segundo semestre de 2026.

Parálisis administrativa y temor a tomar decisiones

Para Salinas, la aceleración de los recambios repercute en la gestión por la parálisis administrativa y el temor de otros empleados a tomar decisiones que puedan costarles el cargo.

Un exfuncionario que solicitó reserva de identidad sostuvo: «El recambio es malo porque no le da continuidad a los proyectos. Perjudica un montón (la gestión pública)». A modo ilustrativo, agregó que al asumir le pidieron que «tirara a la basura» todo lo hecho por su antecesor y destacó que las internas entre las «muchas líneas» dentro del Gobierno desgastan la gestión.

La salida de Francos arrastró funcionarios de su órbita

La salida de Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete, según trascendidos, arrastró a funcionarios que orbitaban su gestión. Sin su principal interlocutor dentro del Ejecutivo, el exvicejefe de Gabinete José Rolandi renunció a principios de diciembre, al quedar expuesto a la reconfiguración impulsada por Manuel Adorni, que eliminó el cargo.

Según fuentes cercanas al exfuncionario consultadas por medios especializados, Rolandi rechazó la propuesta de convertirse en secretario parlamentario porque «le gusta la gestión más que la rosca». «Los recambios en el gabinete grande vienen con cambios abajo por la confianza», deslizaron.

Una dinámica similar alcanzó a Daniel Tillard en el Banco Nación, impulsado por Francos y reemplazado en diciembre por Darío Wasserman, cercano a Karina Milei y esposo de la presidenta de La Libertad Avanza en la Ciudad, Pilar Ramírez.

La SIDE, escenario de disputas internas del «santiaguismo»

Las disputas de lealtades también atravesaron la SIDE e implicaron la salida de Sergio Neiffert en diciembre. Según reveló el periodista Jorge Liotti, su renuncia fue resultado de «una puja dentro del santiaguismo», en la que el ahora extitular del organismo quedó desacoplado frente al subsecretario José Francisco Lago Rodríguez y el actual titular de la SIDE, Cristian Auguadra.

Neiffert perdió la confianza de Santiago Caputo por presuntas desprolijidades, incluso contables, y por su acercamiento a Karina Milei, según versiones no oficiales filtradas desde el entorno presidencial.

Lavagna y la suspensión de la nueva metodología del INDEC

La única renuncia de febrero hasta ahora fue la de Marco Lavagna, probablemente la más resonante por el rol del INDEC en la medición de precios. Su salida se produjo días antes de la primera difusión de la inflación bajo la nueva metodología de medición, finalmente suspendida.

El portavoz presidencial Manuel Adorni y el ministro Luis Caputo admitieron que ese cambio fue el detonante, dado que el Gobierno prefiere inaugurarlo cuando se consolide el proceso de desinflación. Lavagna ocupaba el cargo desde 2019 y dejó el organismo en medio de un contexto de malestar interno por el congelamiento salarial.

La UIF y las diferencias por la reglamentación de inocencia fiscal

Las diferencias con la cúpula de la administración también explican la salida de Paulo «Paul» Starc de la Unidad de Información Financiera (UIF), donde duró menos de un año. Su renuncia, que data del 22 de enero, estuvo vinculada a discrepancias en torno a la reglamentación de la ley de inocencia fiscal.

En los pasillos del organismo también mencionan diferencias personales y dificultades para tejer alianzas. Starc, cercano a Santiago Caputo, fue reemplazado por Ernesto Gaspari, de buen vínculo con Cristian Auguadra.

Desgaste y pérdida de margen de acción

Otros casos estuvieron marcados por desgaste y pérdida de margen de acción. Juan Pazo dejó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en diciembre y Carlos Casares, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) en enero, tras considerar que sus funciones habían quedado desdibujadas.

Casares sostuvo que fue considerado «prescindible» y afirmó que siempre estará dispuesto a colaborar: «Pero solo si me consideran parte del equipo. No si voy a ser simplemente un instrumento. (Así) lo sentí cuando decidieron excluirme de la conformación del directorio del nuevo ente».

Renunció ante la inminente absorción de funciones del organismo por parte del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), para el cual no fue seleccionado como titular.

El sacudón en Transporte tras denuncia de corrupción

El área de Transporte recibió un sacudón a fines de enero. Según reveló el periodista Diego Cabot, Luis Caputo, desde Davos, Suiza, pidió la renuncia del secretario Luis Pierrini luego de que el medio LA NACION publicara una denuncia empresarial por presunta corrupción en subsidios.

Horas después, los titulares de Trenes Argentinos Operaciones e Infraestructura, Gerardo Boschin y Leonardo Comperatore, imitaron el movimiento.

Una fuente cercana a Pierrini descartó que la acusación haya sido el detonante y que Luis Caputo haya pedido su desplazamiento, al tiempo que aseguró que su salida obedeció al desgaste de la gestión pública y de las internas. También advirtió que el ahora exsecretario de Transporte había decidido su renuncia junto a la de Pazo en diciembre, pero que esperó a pedido del ministro de Economía.

Boschin y Comperatore, agregó la fuente, renunciaron porque responden al exfuncionario y también estaban desgastados.

El listado de las salidas más resonantes

También dejaron sus cargos entre diciembre y febrero Nicolás Germán, segundo de Rolandi; Oscar Moscariello, ahora exsecretario de Relaciones Parlamentarias; Gustavo Goenaga, del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales; Javier Milano, quien dejó la Secretaría de Provincias y Municipios; Pablo Santos, extitular del Registro Nacional de las Personas (RENAPER); Carlos Frugoni, de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT); Nahuel Sotelo, quien renunció a la Secretaría de Culto y Civilización; Luis Petri, del Ministerio de Defensa; y Patricia Bullrich, ahora exministra de Seguridad, entre otros.

Varios de ellos continuaron dentro del Estado, aunque reubicados en otras áreas, según versiones oficiales.

Puntos clave:

• El Gobierno de Javier Milei acumuló 45 renuncias de altos funcionarios entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, récord para un bimestre de gestión

• Desde la asunción presidencial, se registraron 224 recambios de altos cargos, un promedio de uno cada cuatro días

• Las salidas más resonantes se produjeron en la SIDE, el INDEC, la UIF, ARCA, ENARGAS y Transporte

• Detrás de los desplazamientos se evidencian disputas de lealtades entre las tribus libertarias lideradas por Santiago Caputo, Karina Milei, Luis Caputo y Guillermo Francos

• El ritmo de renuncias supera el de presidencias completas de Menem, Macri, Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, Alfonsín, De la Rúa y Duhalde ★

Judiciales ⚖️

La Justicia declaró inconstitucional la quita del 33% en las indemnizaciones de la reforma laboral

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo fulminó el artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral por vulnerar derechos constitucionales de los trabajadores que iniciaron juicio antes de la sanción de la norma. El fallo se suma a otro precedente similar de la Sala VI y abre una fractura en el fuero que anticipa un camino inevitable hacia la Corte Suprema.

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Reforma laboral: la Justicia expone la trampa del artículo 55, la cláusula que castiga a quienes se atrevieron a reclamar.

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, integrada por los jueces Enrique Catani y Gabriela Vázquez, declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral (27.802) en el marco de la causa «Mendiguren, Maximiliano Hernán c/ Lavadero Torino S.A. s/ Despido». El tribunal determinó que la norma, al fijar un régimen de actualización diferenciado para los créditos laborales judicializados antes de la sanción de la ley, viola al menos tres artículos de la Constitución Nacional y el principio protectorio consagrado en el artículo 14 bis.

Una quita del 33% disfrazada de «piso mínimo»

El artículo 55 de la Ley 27.802, aprobada por el Congreso el 28 de febrero de 2026, establece para los créditos laborales ya judicializados un «piso mínimo» equivalente al 67% del valor que resultaría de actualizar el crédito por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con más una tasa de interés pura del 3% anual. En términos concretos, y en eso reside la clave del debate constitucional, los trabajadores que iniciaron reclamos judiciales antes de la reforma cobrarían, en la práctica, un 33% menos que quienes no recurrieron a la justicia, ya que estos últimos quedan amparados por el régimen general del artículo 54 de la misma ley.

El tribunal identificó tres ejes de inconstitucionalidad. El primero es la afectación al derecho de propiedad privada consagrado en el artículo 17 de la Constitución Nacional: al licuar una porción del crédito en beneficio del empleador deudor que incumplió sus obligaciones, la norma opera como una confiscación encubierta. El segundo eje es la violación del principio de igualdad ante la ley del artículo 16, ya que impone un trato más gravoso precisamente a quienes ejercieron su derecho constitucional de acceso a la justicia. El tercero, y tal vez el más grave en términos simbólicos, es que la norma castiga el ejercicio del derecho a reclamar: quienes fueron a la Justicia cobran menos que quienes no lo hicieron.

«El artículo 55 de la ley 27.802 no supera el examen de constitucionalidad, pues vulnera, en el caso, los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Nacional, así como el principio protectorio consagrado en el artículo 14 bis», escribió el juez Catani en la sentencia. El fallo ordenó aplicar el mecanismo de actualización por IPC del artículo 54 y rechazó cualquier quita sobre rubros de naturaleza alimentaria, citando además jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Un fuero dividido y una batalla que va a la Corte

El fallo de la Sala I no es un caso aislado, pero tampoco representa una posición unánime del fuero. Previamente, la Sala VI de la misma Cámara había dictado una resolución en idéntico sentido, declarando también la inconstitucionalidad del artículo 55. En paralelo, el Tribunal de Trabajo Nº 4 de La Plata sumó un pronunciamiento similar. Sin embargo, las Salas II y VIII de la Cámara Nacional del Trabajo sostuvieron la constitucionalidad de la misma norma, generando una contradicción interna en el fuero que vuelve inevitable la intervención de la Corte Suprema para unificar criterios.

La fractura judicial llega en un contexto de disputa permanente en torno a la Ley 27.802. El 30 de marzo de 2026, el juez Raúl Horacio Ojeda, del Juzgado N° 63, había hecho lugar a una cautelar de la CGT que suspendió la vigencia de 83 artículos de la ley. La Sala VIII de la Cámara revirtió esa medida el 23 de abril, reponiendo la plena operatividad de la norma. Pero la discusión de fondo, es decir si los artículos son o no constitucionales, permanece abierta. La declaración de inconstitucionalidad del artículo 55 por la Sala I reaviva ese debate en el peor momento para el Gobierno, justo cuando el Ejecutivo intentaba consolidar la aplicación de la ley.

El caso concreto: un trabajador de lavadero y el COVID como punto de partida

La causa que motivó el fallo involucra a Maximiliano Hernán Mendiguren, quien trabajó para el Lavadero Torino S.A. y denunció un despido indirecto luego de que la empresa no le pagara íntegramente el sueldo durante la emergencia sanitaria por COVID-19. El tribunal comprobó, a partir de informes bancarios, que entre abril y septiembre de 2020 el trabajador solo recibió pagos parciales o montos correspondientes al Programa ATP, el subsidio estatal de ese período. La sentencia, más allá de la cuestión constitucional del artículo 55, delimitó el alcance de las indemnizaciones a los rubros con nexo causal directo en la falta de registro.

El caso ilustra con precisión el tipo de situaciones que la norma cuestionada afecta: trabajadores que iniciaron reclamos legítimos y que, por la sola circunstancia de haberlos judicializado antes de que se sancionara la Ley 27.802, cobrarían menos que si hubieran esperado o no hubieran reclamado en absoluto. Esa lógica, que en el papel aparece como una corrección técnica del sistema de actualización de créditos, en los hechos invierte el principio protectorio que la Constitución garantiza en favor del trabajador.

Puntos clave

  • La Sala I de la Cámara Nacional del Trabajo declaró inconstitucional el artículo 55 de la Ley 27.802, que imponía una quita del 33% en las indemnizaciones de los trabajadores que judicializaron sus reclamos antes de la reforma.
  • El fallo detectó violaciones a los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Nacional y al principio protectorio del artículo 14 bis.
  • La Sala VI de la misma Cámara ya había declarado la inconstitucionalidad en un caso previo; las Salas II y VIII sostuvieron la constitucionalidad, dividiendo el fuero.
  • La causa de fondo sobre los 83 artículos impugnados por la CGT continúa abierta, con la Corte Suprema como destino probable del debate.
  • El Tribunal de Trabajo Nº 4 de La Plata también declaró la inconstitucionalidad del mismo artículo en una causa paralela.
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