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Éxodo oficialista: 45 funcionarios renunciaron en dos meses por internas y pérdida de poder

La gestión de Javier Milei registró un récord de bajas en diciembre y enero, con salidas resonantes en organismos clave como la SIDE, el INDEC y la UIF. Detrás de los desplazamientos se evidencian disputas entre las tribus libertarias y el desgaste de la gestión pública.

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★ El Gobierno de Javier Milei atraviesa una crisis de funcionarios sin precedentes en su breve gestión: entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 se registraron 45 renuncias de altos cargos, en medio de tensiones internas, disputas de poder y diferencias técnicas que exponen las fracturas del espacio libertario.

El politólogo Pablo Salinas, quien lleva un seguimiento detallado de los movimientos en la administración pública, contabilizó 30 salidas en diciembre, 14 en enero y una en lo que va de febrero. Desde la asunción presidencial en diciembre de 2023, el gobierno libertario acumula 224 recambios de altos funcionarios, lo que representa un promedio de uno cada cuatro días.

La aceleración de las bajas generó ruido dentro y fuera de la gestión. Al menos siete desplazamientos correspondieron a puestos de alta jerarquía en organismos sensibles como la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Unidad de Información Financiera (UIF), cuyas conducciones fueron modificadas en medio de versiones sobre desprolijidades, diferencias técnicas y acusaciones de pérdida de confianza.

Las tribus libertarias y la disputa por el poder

Detrás de los movimientos conviven disputas de lealtades y malestar por pérdida de poder. En varios casos, el trasfondo remite a la interna entre las tribus oficialistas y a quién responde cada funcionario: el asesor presidencial Santiago Caputo, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el exjefe de Gabinete Guillermo Francos, entre otros referentes del espacio.

El Ministerio de Economía concentra el 34% de los desplazamientos, seguido por Capital Humano (13%), Jefatura de Gabinete (12%), Presidencia (8%) y Defensa (8%), según el relevamiento de Salinas.

A mitad de mandato, el gobierno de Milei ya suma más renuncias que las registradas a lo largo de las presidencias de Carlos Menem (201 y 114 en cada período), Mauricio Macri (190), Cristina Kirchner (158 y 127 en cada gestión), Néstor Kirchner (140), Raúl Alfonsín (123), Fernando de la Rúa (119) y Eduardo Duhalde (69).

El único mandatario al que todavía no superó desde el regreso de la democracia es Alberto Fernández (273), un récord que, de sostenerse el ritmo actual, podría romperse en el segundo semestre de 2026.

Parálisis administrativa y temor a tomar decisiones

Para Salinas, la aceleración de los recambios repercute en la gestión por la parálisis administrativa y el temor de otros empleados a tomar decisiones que puedan costarles el cargo.

Un exfuncionario que solicitó reserva de identidad sostuvo: «El recambio es malo porque no le da continuidad a los proyectos. Perjudica un montón (la gestión pública)». A modo ilustrativo, agregó que al asumir le pidieron que «tirara a la basura» todo lo hecho por su antecesor y destacó que las internas entre las «muchas líneas» dentro del Gobierno desgastan la gestión.

La salida de Francos arrastró funcionarios de su órbita

La salida de Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete, según trascendidos, arrastró a funcionarios que orbitaban su gestión. Sin su principal interlocutor dentro del Ejecutivo, el exvicejefe de Gabinete José Rolandi renunció a principios de diciembre, al quedar expuesto a la reconfiguración impulsada por Manuel Adorni, que eliminó el cargo.

Según fuentes cercanas al exfuncionario consultadas por medios especializados, Rolandi rechazó la propuesta de convertirse en secretario parlamentario porque «le gusta la gestión más que la rosca». «Los recambios en el gabinete grande vienen con cambios abajo por la confianza», deslizaron.

Una dinámica similar alcanzó a Daniel Tillard en el Banco Nación, impulsado por Francos y reemplazado en diciembre por Darío Wasserman, cercano a Karina Milei y esposo de la presidenta de La Libertad Avanza en la Ciudad, Pilar Ramírez.

La SIDE, escenario de disputas internas del «santiaguismo»

Las disputas de lealtades también atravesaron la SIDE e implicaron la salida de Sergio Neiffert en diciembre. Según reveló el periodista Jorge Liotti, su renuncia fue resultado de «una puja dentro del santiaguismo», en la que el ahora extitular del organismo quedó desacoplado frente al subsecretario José Francisco Lago Rodríguez y el actual titular de la SIDE, Cristian Auguadra.

Neiffert perdió la confianza de Santiago Caputo por presuntas desprolijidades, incluso contables, y por su acercamiento a Karina Milei, según versiones no oficiales filtradas desde el entorno presidencial.

Lavagna y la suspensión de la nueva metodología del INDEC

La única renuncia de febrero hasta ahora fue la de Marco Lavagna, probablemente la más resonante por el rol del INDEC en la medición de precios. Su salida se produjo días antes de la primera difusión de la inflación bajo la nueva metodología de medición, finalmente suspendida.

El portavoz presidencial Manuel Adorni y el ministro Luis Caputo admitieron que ese cambio fue el detonante, dado que el Gobierno prefiere inaugurarlo cuando se consolide el proceso de desinflación. Lavagna ocupaba el cargo desde 2019 y dejó el organismo en medio de un contexto de malestar interno por el congelamiento salarial.

La UIF y las diferencias por la reglamentación de inocencia fiscal

Las diferencias con la cúpula de la administración también explican la salida de Paulo «Paul» Starc de la Unidad de Información Financiera (UIF), donde duró menos de un año. Su renuncia, que data del 22 de enero, estuvo vinculada a discrepancias en torno a la reglamentación de la ley de inocencia fiscal.

En los pasillos del organismo también mencionan diferencias personales y dificultades para tejer alianzas. Starc, cercano a Santiago Caputo, fue reemplazado por Ernesto Gaspari, de buen vínculo con Cristian Auguadra.

Desgaste y pérdida de margen de acción

Otros casos estuvieron marcados por desgaste y pérdida de margen de acción. Juan Pazo dejó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en diciembre y Carlos Casares, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) en enero, tras considerar que sus funciones habían quedado desdibujadas.

Casares sostuvo que fue considerado «prescindible» y afirmó que siempre estará dispuesto a colaborar: «Pero solo si me consideran parte del equipo. No si voy a ser simplemente un instrumento. (Así) lo sentí cuando decidieron excluirme de la conformación del directorio del nuevo ente».

Renunció ante la inminente absorción de funciones del organismo por parte del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), para el cual no fue seleccionado como titular.

El sacudón en Transporte tras denuncia de corrupción

El área de Transporte recibió un sacudón a fines de enero. Según reveló el periodista Diego Cabot, Luis Caputo, desde Davos, Suiza, pidió la renuncia del secretario Luis Pierrini luego de que el medio LA NACION publicara una denuncia empresarial por presunta corrupción en subsidios.

Horas después, los titulares de Trenes Argentinos Operaciones e Infraestructura, Gerardo Boschin y Leonardo Comperatore, imitaron el movimiento.

Una fuente cercana a Pierrini descartó que la acusación haya sido el detonante y que Luis Caputo haya pedido su desplazamiento, al tiempo que aseguró que su salida obedeció al desgaste de la gestión pública y de las internas. También advirtió que el ahora exsecretario de Transporte había decidido su renuncia junto a la de Pazo en diciembre, pero que esperó a pedido del ministro de Economía.

Boschin y Comperatore, agregó la fuente, renunciaron porque responden al exfuncionario y también estaban desgastados.

El listado de las salidas más resonantes

También dejaron sus cargos entre diciembre y febrero Nicolás Germán, segundo de Rolandi; Oscar Moscariello, ahora exsecretario de Relaciones Parlamentarias; Gustavo Goenaga, del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales; Javier Milano, quien dejó la Secretaría de Provincias y Municipios; Pablo Santos, extitular del Registro Nacional de las Personas (RENAPER); Carlos Frugoni, de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT); Nahuel Sotelo, quien renunció a la Secretaría de Culto y Civilización; Luis Petri, del Ministerio de Defensa; y Patricia Bullrich, ahora exministra de Seguridad, entre otros.

Varios de ellos continuaron dentro del Estado, aunque reubicados en otras áreas, según versiones oficiales.

Puntos clave:

• El Gobierno de Javier Milei acumuló 45 renuncias de altos funcionarios entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, récord para un bimestre de gestión

• Desde la asunción presidencial, se registraron 224 recambios de altos cargos, un promedio de uno cada cuatro días

• Las salidas más resonantes se produjeron en la SIDE, el INDEC, la UIF, ARCA, ENARGAS y Transporte

• Detrás de los desplazamientos se evidencian disputas de lealtades entre las tribus libertarias lideradas por Santiago Caputo, Karina Milei, Luis Caputo y Guillermo Francos

• El ritmo de renuncias supera el de presidencias completas de Menem, Macri, Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, Alfonsín, De la Rúa y Duhalde ★

Energía

Malvinas: un solo juzgado para dos causas petroleras y una soberanía en juego

La Cámara Federal ordenó que el Juzgado Federal N°12, a cargo de Julián Ercolini, concentre las dos denuncias del Gobierno contra la explotación petrolera en la plataforma continental argentina. El juez Eduardo Farah advirtió que resoluciones opuestas podrían afectar la política de Estado sobre el reclamo de soberanía.

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El Argentino Diario-Plataforma petrolera-Sea Lion.
Malvinas: por qué la Justicia unificó las causas por petróleo y qué se juega con la soberanía.

El riesgo de que dos jueces dicten resoluciones opuestas sobre los derechos argentinos en Malvinas fue el argumento central para unificar las denuncias por petróleo. Lo planteó la Cámara Federal al resolver que ambos expedientes sigan un mismo camino judicial, en un momento en que el Estado sostiene un frente abierto en tribunales locales e internacionales contra las empresas que operan en la zona sin autorización.

El juez de la Cámara Federal Eduardo Farah resolvió un conflicto de competencia y dispuso que las causas CFP 4493/2026 y CFP 4437/2026 queden bajo la órbita del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°12, subrogado por Julián Ercolini, según el fallo. La decisión llegó pese a que Ercolini había rechazado la competencia.

Qué se investiga en cada expediente

La primera denuncia fue presentada por la Cancillería contra la petrolera británica Desire Petroleum por la explotación en el yacimiento Sea Lion. La segunda apunta a la explotación de petróleo en otro sector de la plataforma continental argentina, por parte de otra empresa y sin permisos del Gobierno argentino.

La causa CFP 4437/2026 ya había sido ampliada en septiembre por el Gobierno nacional, que sumó a la investigación a sociedades de Rockhopper Exploration, Borders & Southern y Desire Petroleum, además de identificar a 27 empresarios, ejecutivos y directivos vinculados con las petroleras, según las presentaciones judiciales.

Los argumentos de Farah

Farah consideró que la similitud esencial de los objetos procesales de ambas causas vuelve pertinente su acumulación. Sostuvo que las actividades denunciadas en una y otra son distintas manifestaciones de “un mismo fenómeno”: emprendimientos económicos en áreas cercanas a las islas, basados en autorizaciones que el país considera ilegítimas.

El magistrado remarcó que ambas denuncias se refieren a los derechos argentinos sobre las islas y que por eso es clave evitar “pronunciamientos contradictorios”. Según el fallo, la recuperación de Malvinas y el ejercicio pleno de la soberanía son un “objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”, y lo que se resuelva puede repercutir en la política permanente del Estado sobre el asunto.

Un frente judicial con varios tableros

La unificación se produce en medio de una disputa que se libra en simultáneo en distintos ámbitos. En septiembre, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum suspender las tareas del proyecto Sea Lion, a partir de una medida cautelar solicitada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata y una asociación de abogados ambientalistas.

En el plano internacional, el Gobierno pidió medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar contra el Reino Unido, con audiencias orales fijadas para el 10 y 11 de noviembre. Del otro lado, Rockhopper sostuvo que Sea Lion sigue en cronograma, con primer petróleo previsto para el primer trimestre de 2028.

Con las dos denuncias bajo un mismo juzgado, la estrategia penal contra las petroleras gana coherencia, pero también concentra en un solo despacho la responsabilidad de sostenerla. Queda por verse si esa unificación se traduce en medidas concretas contra las empresas, mientras los proyectos avanzan y el reloj corre hacia la fecha prevista para el primer barril.

Lo que tenés que saber

  • La Cámara Federal unificó las causas CFP 4493/2026 y CFP 4437/2026 en el Juzgado Federal N°12, subrogado por Julián Ercolini.
  • El juez Eduardo Farah resolvió un conflicto de competencia, pese al rechazo previo de Ercolini.
  • El fundamento fue evitar «pronunciamientos contradictorios» sobre los derechos argentinos en Malvinas.
  • Una denuncia de la Cancillería apunta a Desire Petroleum por el yacimiento Sea Lion; la otra, a otra empresa en distinto sector de la plataforma continental.
  • El Tribunal Internacional del Derecho del Mar tiene audiencias fijadas para el 10 y 11 de noviembre.
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