DDHH
Milei alista decreto para que Migraciones expulse extranjeros con “capacidad operativa propia”
El Gobierno prepara una reforma que transformará a la Agencia Nacional de Migraciones en un organismo con poder de acción directa para realizar expulsiones. La medida aguarda la firma presidencial y profundiza el giro represivo en la política migratoria.
★ El Gobierno Nacional tiene listo un decreto que redefinirá las funciones de la Agencia Nacional de Migraciones, dotándola de lo que denominan «capacidad operativa propia» para ejecutar expulsiones de inmigrantes. La información fue revelada por el periodista Ignacio Salerno y se enmarca en el paquete de reformas de la estructura estatal que impulsa la gestión libertaria.
Según trascendió, el decreto ya redactado define nuevas facultades, atribuciones y composición del organismo migratorio. La modificación busca, en palabras oficiales, «transformar a la Agencia en una herramienta más efectiva para el control fronterizo y la gestión de la política migratoria», aunque desde distintos sectores políticos y organizaciones de derechos humanos advierten sobre el riesgo de una deriva xenófoba.
Una agencia con poder de acción directa
Aunque desde el Ejecutivo descartaron la creación de una nueva fuerza federal, la reforma apunta a entregarle a Migraciones herramientas de acción directa que hasta ahora no poseía. El objetivo declarado es que el organismo cuente con «capacidad operativa propia», un eufemismo que implica desarrollar una estructura con personal y recursos para realizar operativos sin depender de otras fuerzas de seguridad.
Uno de los ejes centrales del decreto es permitir que Migraciones ejecute expulsiones de manera directa. Según la información disponible, la reforma habilitaría al organismo a realizar expulsiones de inmigrantes con «alertas, antecedentes e irregularidades», categorías amplias que generan preocupación por su potencial uso discrecional.
El encuadre en la agenda de seguridad
El decreto forma parte de una batería de reformas que aguardan la firma del presidente Javier Milei. La transformación de Migraciones se inscribe en lo que el Gobierno define como su «agenda de seguridad», un paraguas bajo el cual se agrupan medidas de endurecimiento del control sobre la población extranjera.
La política migratoria del actual Gobierno viene mostrando un perfil cada vez más restrictivo desde su llegada al poder. La retórica oficial ha colocado reiteradamente a los migrantes en el centro de discursos sobre inseguridad y criminalidad, una estrategia que organizaciones sociales y de derechos humanos cuestionan por estigmatizante y carente de sustento estadístico.
Este decreto vendría a consolidar institucionalmente ese giro. Al darle a Migraciones «capacidad operativa propia», el Gobierno busca acelerar los procesos de expulsión y reforzar el control fronterizo, sin necesidad de coordinar con otras áreas del Estado.
Las dudas sobre garantías y derechos
La falta de detalles públicos sobre el contenido exacto del decreto genera interrogantes sobre las garantías procesales que tendrán los inmigrantes alcanzados por las nuevas facultades. Organismos de derechos humanos vienen advirtiendo sobre el riesgo de que medidas de este tipo deriven en arbitrariedades o vulneraciones del debido proceso.
La categoría de «irregularidades» que justificaría expulsiones es particularmente problemática por su amplitud. Sin precisiones sobre qué situaciones quedarían comprendidas, existe el riesgo de que motivos administrativos menores deriven en deportaciones sumarias.
Además, la creación de una estructura operativa dentro de Migraciones plantea dudas sobre formación, protocolos de actuación y mecanismos de control. La ausencia de debate legislativo sobre una reforma de esta envergadura profundiza las preocupaciones sobre transparencia y rendición de cuentas.
El decreto aguarda en el escritorio presidencial junto a otras reformas. Una vez firmado, marcará un punto de inflexión en la política migratoria argentina, consolidando un enfoque punitivo que choca con la tradición histórica del país como receptor de migrantes.
Puntos clave:
- El Gobierno prepara un decreto para dotar a Migraciones de «capacidad operativa propia» y facultades de expulsión directa
- La reforma permitiría expulsar inmigrantes con «alertas, antecedentes e irregularidades», categorías amplias sin definición precisa
- Desde el Ejecutivo descartan crear una nueva fuerza federal, pero la medida implica dotar al organismo de recursos para operativos independientes
- El decreto forma parte de la «agenda de seguridad» del Gobierno y aguarda la firma presidencial
- Organizaciones de derechos humanos advierten sobre posibles vulneraciones al debido proceso y riesgos de arbitrariedad
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Marcha del Orgullo: de las máscaras de 1992 a la resistencia contra el odio en 2026
La 35ª edición sale este sábado 7 bajo el lema “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”. La primera, en 1992, reunió a unas 300 personas con máscaras por miedo a la persecución; hoy reclama una Ley Integral Trans y el fin del DNU 62/2025.
La 35ª Marcha del Orgullo se hará este sábado 7 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires bajo una consigna que condensa el momento: “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”. El lema lo definió la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo (COMO), que reúne a organizaciones de distintos sectores y coordina la movilización que volverá a unir la Plaza de Mayo y el Congreso en plena semana de operativo por la visita del papa León XIV. Detrás de una convocatoria que, según la organización, superó el millón de personas en las últimas ediciones hay una historia de más de tres décadas que arrancó con 300 valientes que se tapaban la cara para no perder el trabajo.
El origen: 1992, entre máscaras y miedo
Todo comenzó el 2 de julio de 1992. Aquella primera marcha reunió a unas 300 personas en un contexto hostil que obligó a los manifestantes a cubrirse el rostro con máscaras de cartón, pañuelos o anteojos por miedo a perder sus empleos o sufrir persecución policial. El recorrido, igual que hoy, unía la Plaza de Mayo con el Congreso de la Nación. En 1993, los organizadores tomaron como referencia la primera marcha histórica del mundo, la de 1970 en conmemoración del aniversario de los disturbios de Stonewall en Nueva York, considerados el catalizador del movimiento moderno por los derechos LGBTQ+.
La segunda movilización llevó demandas muy concretas: la inclusión en la Ley Antidiscriminatoria, la unión civil para legalizar las parejas del mismo sexo y el fin de la persecución policial. En 1994, bajo el lema “Visibles para ser libres e iguales”, asistieron más de 1.000 personas y comenzó, gradualmente, el fin de las máscaras. Exigían que la prohibición de la discriminación por orientación sexual entrara con rango constitucional en la Carta Magna.
La cobertura mediática de la marcha de 1995 dio relevancia a referentes históricos como Carlos Jáuregui, en una de sus últimas movilizaciones antes de fallecer en 1996; Mariela Muñoz, ícono trans que luchaba por la tenencia de sus hijos adoptivos; Rafael Freda, y la visibilidad de actrices como Cris Miró, que en 1995 revolucionó la escena artística nacional. El año siguiente, 1996, fue el más triste y doloroso: la marcha quedó atravesada por la crisis del VIH/Sida y el luto por la muerte de Jáuregui, y el reclamo se enfocó en exigir la anulación de los edictos policiales que permitían detener arbitrariamente a homosexuales, travestis y trans solo por su identidad en la vía pública. En ese mismo año consolidó su voz pública la activista trans Lohana Berkins.
Los primeros pasos legales y la conquista de derechos
En 1997 el movimiento consensuó trasladar la marcha principal al primer sábado de noviembre, mes en que se fundó en 1967 Nuestro Mundo, la organización pionera del movimiento de liberación homosexual del país y de América Latina. Esa movilización celebró la derogación de los edictos policiales en la Ciudad: por primera vez en décadas, vestirse con ropa del género opuesto o ser homosexual dejó de ser motivo legal para terminar detenido en la calle. Desaparecieron las máscaras de cartón, la convocatoria superó las mil personas y aparecieron los primeros camiones con música y las estéticas coloridas que caracterizan a la marcha actual.
En 1998, bajo el lema “Orgullo de ser, derecho a expresar”, debutó el primer camión carroza con parlantes. Para el 2000 la convocatoria ya era masiva, superó las 2.500 personas y dejó de ser noticia policial para convertirse en un acto político central. En 2001 se pidió “Unión civil, ley antidiscriminatoria y cupo laboral travesti”, a un mes del estallido social de diciembre. Pocas semanas después de la movilización de 2002, la Legislatura porteña aprobó la Ley de Unión Civil, el primer antecedente legal de América Latina que reconoció a las parejas del mismo sexo. En 2003 se celebraron las primeras bodas bajo esa ley, la primera vez que el Estado argentino entregó una libreta legal a parejas del mismo sexo, aunque sin derechos de adopción ni herencia.
A partir de 2004 el activismo se articuló con la agenda de derechos humanos de Plaza de Mayo. El 6 de noviembre de 2010 se vivió la mayor fiesta: apenas tres meses antes se había sancionado la Ley de Matrimonio Igualitario, que convirtió a la Argentina en el primer país de América Latina en reconocer ese derecho. En 2012 ya estaba consolidada la Ley de Identidad de Género, aprobada el 9 de mayo de ese año, que despatologizó las identidades trans y permitió el cambio de nombre y sexo en el DNI sin cirugías ni diagnósticos. En esa misma marcha surgió el reclamo por el cupo laboral trans de la mano de Berkins, que advirtió que el DNI no bastaba si persistía la exclusión económica. Se congregaron más de 200 mil personas.
La memoria, la calle y la resistencia política
En 2015 la marcha tuvo como eje el brutal asesinato de la activista travesti Diana Sacayán, ocurrido tres semanas antes. El activismo instaló los conceptos de travesticidio y transfemicidio para que la justicia los tratara como crímenes de odio y no como delitos comunes. En 2016, la movilización denunció el protocolo de la entonces ministra Patricia Bullrich por criminalizar la protesta y superó por primera vez las 250.000 personas. De 2017 a 2019 nació la Campaña por el Aborto Legal y el movimiento LGBT unificó fuerzas de manera inédita con el feminismo; en 2019 se congregaron más de 400.000 personas.
En 2020 la marcha se hizo virtual por la pandemia, y en 2021 fue una marea humana de más de 500.000 personas que desbordó el centro porteño, celebrando el Decreto que habilitó la opción “X” en el DNI y la sanción de la Ley Diana Sacayán Lohana Berkins. Entre 2022 y 2025, según la organización, la convocatoria superó el millón de asistentes en ediciones consecutivas. En 2022 se reclamó la reglamentación de la Ley de VIH y la aparición con vida de Tehuel de la Torre; en 2023, contra el avance de discursos de extrema derecha, con la consigna “Ni un ajuste más, ni un derecho menos” y en defensa de la ESI y el cupo laboral trans. Durante 2024 y 2025 se pronunció contra la austeridad y el cierre de organismos de protección contra la discriminación.
La 35ª edición: orgullo frente al odio
Este sábado 7 de noviembre, la marcha llega a su 35ª edición con un doble gesto de resistencia y memoria: la COMO anunció un homenaje a todas las organizaciones de derechos humanos al cumplirse 50 años del golpe cívico-militar de 1976, con la reivindicación de la consigna “Nunca Más”, y mantuvo firme la fecha pese al operativo por la visita del papa y los rumores de suspensión. “La fuerza colectiva de toda la sociedad fue la que nos hizo mantener la fecha de esta marcha”, enfatizó ante la prensa María Rachid, coordinadora de Relaciones Institucionales de la Marcha y presidenta de la Federación Argentina LGBT+.
Bajo la consigna “Resistir es insistir”, la convocatoria exigirá una Ley Integral Trans y una ley antidiscriminatoria, la emergencia en salud sexual frente al avance de las infecciones de transmisión sexual, la separación de las iglesias y el Estado y el rechazo al DNU 62/2025, que modificó el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género para impedir que menores de 18 años accedan a los tratamientos previstos en esa norma, además del repudio al ataque que una patota de ciclistas cometió el 1° de noviembre contra trabajadoras sexuales travestis y trans en los Bosques de Palermo, que la Legislatura porteña condenó por unanimidad. Lo que nació con 300 personas tapadas con cartón para no ser reconocidas se prepara para teñir de nuevo el centro porteño, para demostrar que el orgullo, como la memoria, no se esconde. En 34 ediciones, la Argentina pasó de ocultar la identidad por miedo a la policía a convertir la diversidad en una de las mayores movilizaciones del país.
Una marcha contra el retroceso
La edición 2026 es la tercera bajo el gobierno de Javier Milei. El Presidente cerró el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) en 2024 y, en su discurso de Davos de enero de 2025, asoció la homosexualidad con el abuso infantil, una frase que provocó la Marcha Federal Antifascista y Antirracista del 1 de febrero de ese año. Las organizaciones sostienen que ese clima habilita ataques como el de Palermo y recuerdan el triple lesbicidio de Barracas, de mayo de 2024.
De aquella primera convocatoria que soñaba con el fin de los edictos a este sábado en el que reclama leyes trans e igualdad ante el odio, la marcha sigue escribiendo la historia de un colectivo que aprendió a no pedir permiso. Porque, como dice la consigna de esta edición, cuando el odio avanza, el orgullo en las calles responde.
Lo que tenés que saber:
- La 35ª Marcha del Orgullo se realizará este sábado 7 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, bajo la consigna “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”, definida por la COMO.
- La primera marcha fue el 2 de julio de 1992 con unas 300 personas que se cubrieron el rostro por miedo a la persecución policial y laboral.
- En 2010 se celebró la Ley de Matrimonio Igualitario y en 2012 la Ley de Identidad de Género, ambos hitos de vanguardia en América Latina.
- Entre 2022 y 2025, según la organización, la convocatoria superó el millón de asistentes en ediciones consecutivas.
- La edición 2026 rendirá homenaje a las organizaciones de derechos humanos a 50 años del golpe de 1976 y reclamará una Ley Integral Trans y una ley antidiscriminatoria.
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