★ El Gobierno Nacional tiene listo un decreto que redefinirá las funciones de la Agencia Nacional de Migraciones, dotándola de lo que denominan «capacidad operativa propia» para ejecutar expulsiones de inmigrantes. La información fue revelada por el periodista Ignacio Salerno y se enmarca en el paquete de reformas de la estructura estatal que impulsa la gestión libertaria.

Según trascendió, el decreto ya redactado define nuevas facultades, atribuciones y composición del organismo migratorio. La modificación busca, en palabras oficiales, «transformar a la Agencia en una herramienta más efectiva para el control fronterizo y la gestión de la política migratoria», aunque desde distintos sectores políticos y organizaciones de derechos humanos advierten sobre el riesgo de una deriva xenófoba.

Una agencia con poder de acción directa

Aunque desde el Ejecutivo descartaron la creación de una nueva fuerza federal, la reforma apunta a entregarle a Migraciones herramientas de acción directa que hasta ahora no poseía. El objetivo declarado es que el organismo cuente con «capacidad operativa propia», un eufemismo que implica desarrollar una estructura con personal y recursos para realizar operativos sin depender de otras fuerzas de seguridad.

Uno de los ejes centrales del decreto es permitir que Migraciones ejecute expulsiones de manera directa. Según la información disponible, la reforma habilitaría al organismo a realizar expulsiones de inmigrantes con «alertas, antecedentes e irregularidades», categorías amplias que generan preocupación por su potencial uso discrecional.

El encuadre en la agenda de seguridad

El decreto forma parte de una batería de reformas que aguardan la firma del presidente Javier Milei. La transformación de Migraciones se inscribe en lo que el Gobierno define como su «agenda de seguridad», un paraguas bajo el cual se agrupan medidas de endurecimiento del control sobre la población extranjera.

La política migratoria del actual Gobierno viene mostrando un perfil cada vez más restrictivo desde su llegada al poder. La retórica oficial ha colocado reiteradamente a los migrantes en el centro de discursos sobre inseguridad y criminalidad, una estrategia que organizaciones sociales y de derechos humanos cuestionan por estigmatizante y carente de sustento estadístico.

Este decreto vendría a consolidar institucionalmente ese giro. Al darle a Migraciones «capacidad operativa propia», el Gobierno busca acelerar los procesos de expulsión y reforzar el control fronterizo, sin necesidad de coordinar con otras áreas del Estado.

Las dudas sobre garantías y derechos

La falta de detalles públicos sobre el contenido exacto del decreto genera interrogantes sobre las garantías procesales que tendrán los inmigrantes alcanzados por las nuevas facultades. Organismos de derechos humanos vienen advirtiendo sobre el riesgo de que medidas de este tipo deriven en arbitrariedades o vulneraciones del debido proceso.

La categoría de «irregularidades» que justificaría expulsiones es particularmente problemática por su amplitud. Sin precisiones sobre qué situaciones quedarían comprendidas, existe el riesgo de que motivos administrativos menores deriven en deportaciones sumarias.

Además, la creación de una estructura operativa dentro de Migraciones plantea dudas sobre formación, protocolos de actuación y mecanismos de control. La ausencia de debate legislativo sobre una reforma de esta envergadura profundiza las preocupaciones sobre transparencia y rendición de cuentas.

El decreto aguarda en el escritorio presidencial junto a otras reformas. Una vez firmado, marcará un punto de inflexión en la política migratoria argentina, consolidando un enfoque punitivo que choca con la tradición histórica del país como receptor de migrantes.

Puntos clave:

• El Gobierno prepara un decreto para dotar a Migraciones de «capacidad operativa propia» y facultades de expulsión directa
• La reforma permitiría expulsar inmigrantes con «alertas, antecedentes e irregularidades», categorías amplias sin definición precisa
• Desde el Ejecutivo descartan crear una nueva fuerza federal, pero la medida implica dotar al organismo de recursos para operativos independientes
• El decreto forma parte de la «agenda de seguridad» del Gobierno y aguarda la firma presidencial
• Organizaciones de derechos humanos advierten sobre posibles vulneraciones al debido proceso y riesgos de arbitrariedad