Conectate con El Argentino

DDHH

Milei alista decreto para que Migraciones expulse extranjeros con “capacidad operativa propia”

El Gobierno prepara una reforma que transformará a la Agencia Nacional de Migraciones en un organismo con poder de acción directa para realizar expulsiones. La medida aguarda la firma presidencial y profundiza el giro represivo en la política migratoria.

Publicado hace

#

★ El Gobierno Nacional tiene listo un decreto que redefinirá las funciones de la Agencia Nacional de Migraciones, dotándola de lo que denominan «capacidad operativa propia» para ejecutar expulsiones de inmigrantes. La información fue revelada por el periodista Ignacio Salerno y se enmarca en el paquete de reformas de la estructura estatal que impulsa la gestión libertaria.

Según trascendió, el decreto ya redactado define nuevas facultades, atribuciones y composición del organismo migratorio. La modificación busca, en palabras oficiales, «transformar a la Agencia en una herramienta más efectiva para el control fronterizo y la gestión de la política migratoria», aunque desde distintos sectores políticos y organizaciones de derechos humanos advierten sobre el riesgo de una deriva xenófoba.

Una agencia con poder de acción directa

Aunque desde el Ejecutivo descartaron la creación de una nueva fuerza federal, la reforma apunta a entregarle a Migraciones herramientas de acción directa que hasta ahora no poseía. El objetivo declarado es que el organismo cuente con «capacidad operativa propia», un eufemismo que implica desarrollar una estructura con personal y recursos para realizar operativos sin depender de otras fuerzas de seguridad.

Uno de los ejes centrales del decreto es permitir que Migraciones ejecute expulsiones de manera directa. Según la información disponible, la reforma habilitaría al organismo a realizar expulsiones de inmigrantes con «alertas, antecedentes e irregularidades», categorías amplias que generan preocupación por su potencial uso discrecional.

El encuadre en la agenda de seguridad

El decreto forma parte de una batería de reformas que aguardan la firma del presidente Javier Milei. La transformación de Migraciones se inscribe en lo que el Gobierno define como su «agenda de seguridad», un paraguas bajo el cual se agrupan medidas de endurecimiento del control sobre la población extranjera.

La política migratoria del actual Gobierno viene mostrando un perfil cada vez más restrictivo desde su llegada al poder. La retórica oficial ha colocado reiteradamente a los migrantes en el centro de discursos sobre inseguridad y criminalidad, una estrategia que organizaciones sociales y de derechos humanos cuestionan por estigmatizante y carente de sustento estadístico.

Este decreto vendría a consolidar institucionalmente ese giro. Al darle a Migraciones «capacidad operativa propia», el Gobierno busca acelerar los procesos de expulsión y reforzar el control fronterizo, sin necesidad de coordinar con otras áreas del Estado.

Las dudas sobre garantías y derechos

La falta de detalles públicos sobre el contenido exacto del decreto genera interrogantes sobre las garantías procesales que tendrán los inmigrantes alcanzados por las nuevas facultades. Organismos de derechos humanos vienen advirtiendo sobre el riesgo de que medidas de este tipo deriven en arbitrariedades o vulneraciones del debido proceso.

La categoría de «irregularidades» que justificaría expulsiones es particularmente problemática por su amplitud. Sin precisiones sobre qué situaciones quedarían comprendidas, existe el riesgo de que motivos administrativos menores deriven en deportaciones sumarias.

Además, la creación de una estructura operativa dentro de Migraciones plantea dudas sobre formación, protocolos de actuación y mecanismos de control. La ausencia de debate legislativo sobre una reforma de esta envergadura profundiza las preocupaciones sobre transparencia y rendición de cuentas.

El decreto aguarda en el escritorio presidencial junto a otras reformas. Una vez firmado, marcará un punto de inflexión en la política migratoria argentina, consolidando un enfoque punitivo que choca con la tradición histórica del país como receptor de migrantes.

Puntos clave:

  • El Gobierno prepara un decreto para dotar a Migraciones de «capacidad operativa propia» y facultades de expulsión directa
  • La reforma permitiría expulsar inmigrantes con «alertas, antecedentes e irregularidades», categorías amplias sin definición precisa
  • Desde el Ejecutivo descartan crear una nueva fuerza federal, pero la medida implica dotar al organismo de recursos para operativos independientes
  • El decreto forma parte de la «agenda de seguridad» del Gobierno y aguarda la firma presidencial
  • Organizaciones de derechos humanos advierten sobre posibles vulneraciones al debido proceso y riesgos de arbitrariedad

Buenos Aires

A 20 años de la desaparición de López, la recompensa sube pero la impunidad sigue intacta

El Gobierno bonaerense duplicó a $10 millones la recompensa por información sobre el paradero de Jorge Julio López, sobreviviente del «circuito Camps» que desapareció el 18 de septiembre de 2006, el mismo día en que se condenó a prisión perpetua a su torturador, Miguel Etchecolatz. Dos décadas después, la causa permanece sin resolución y sin responsables identificados.

Publicado hace

#

El Argentino Diario-Jorge Julio López.
El Ministerio de Seguridad bonaerense duplicó la recompensa por información sobre el paradero de López: pasó de $5 millones a $10 millones.

Dos décadas sin respuestas, sin culpables y sin el cuerpo de un sobreviviente que se atrevió a dar testimonio. A 20 años exactos de su segunda desaparición, Jorge Julio López sigue siendo la herida abierta más incómoda de la democracia argentina: un hombre que sobrevivió la dictadura para ser borrado en plena institucionalidad, el mismo día en que la Justicia condenaba a su torturador.

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dispuso este viernes elevar de $5 millones a $10 millones la recompensa destinada a quien aporte datos fehacientes que contribuyan a determinar el paradero de López. El hombre, albañil y militante platense, fue visto por última vez el 18 de septiembre de 2006 cuando salía de su vivienda en Los Hornos, en las afueras de La Plata. Hoy tendría 96 años. La causa tramita en la Unidad Fiscal Federal de La Plata bajo el expediente FLP N° 509/2008, caratulado como «López, Jorge Julio s/ desaparición forzada de personas».

El testigo que incomodaba al poder

La historia de López es la de una doble persecución. El 27 de octubre de 1976, en plena dictadura cívico-militar, fue secuestrado y sometido a un periplo de terror por varios centros clandestinos de detención del denominado «circuito Camps», el entramado represivo montado en la provincia de Buenos Aires bajo el mando del general Ramón Camps. Permaneció detenido y fue sometido a torturas sistemáticas hasta su liberación en 1979, sin que mediara explicación alguna ni proceso judicial.

Décadas después, cuando la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad puso en el banquillo a los represores, López se convirtió en un testigo clave. Su testimonio fue determinante para que el ex comisario Miguel Etchecolatz fuera identificado como uno de sus torturadores y condenado como responsable de delitos de lesa humanidad. Etchecolatz fue jefe de la Dirección General de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante la dictadura y una de las figuras más siniestras del aparato represivo de la provincia.

La desaparición en democracia

El 18 de septiembre de 2006 es una fecha que resume toda la brutalidad del caso. Ese mismo día, el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata leía los alegatos y el veredicto que condenaba a Etchecolatz a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio. López había prestado declaración en ese juicio. Pero no llegó a escuchar la condena: desapareció antes de que terminara la jornada.

Lo que ocurrió ese día no fue solo una desaparición: fue una señal de advertencia dirigida a quienes se atrevieran a testimoniar contra los perpetradores del terrorismo de Estado. La democracia argentina no pudo, o no quiso, proteger al hombre que más la había necesitado. Desde entonces, ningún gobierno logró esclarecer qué pasó con López ni identificar a los responsables de su segunda desaparición.

Veinte años, cero respuestas

La causa acumula dos décadas de investigación sin resultados concretos. El incremento de la recompensa anunciado este viernes por el Gobierno provincial es un gesto simbólico que, al mismo tiempo, deja en evidencia la magnitud del fracaso institucional: si después de 20 años el único recurso disponible es duplicar el monto de una recompensa, el Estado reconoce implícitamente que no tiene respuestas propias.

Las organizaciones de derechos humanos llevan dos décadas sosteniendo que la desaparición de López en democracia no fue un hecho aislado sino parte de una lógica de amedrentamiento a testigos que nunca fue desarticulada del todo. La impunidad en este caso es, también, un mensaje: los engranajes que hicieron posible la represión durante la dictadura no fueron completamente desmantelados.

Lo que tenés que saber

  • El Ministerio de Seguridad bonaerense duplicó la recompensa por información sobre el paradero de López: pasó de $5 millones a $10 millones.
  • Jorge Julio López desapareció el 18 de septiembre de 2006, el mismo día en que se condenó a prisión perpetua al ex comisario Miguel Etchecolatz, a quien López había señalado como su torturador.
  • Sobreviviente del «circuito Camps», López fue secuestrado el 27 de octubre de 1976 y estuvo detenido en centros clandestinos de La Plata hasta 1979.
  • La causa tramita como «desaparición forzada de personas» en la Unidad Fiscal Federal de La Plata (FLP N° 509/2008).
  • A 20 años de su desaparición en democracia, la causa no tiene responsables identificados ni se logró determinar su paradero.
Seguir leyendo
El Argentino

El Argentino
El Argentino

Las más leídas

Descubre más desde El Argentino Diario

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo