★ El Gobierno Nacional envió al Congreso el proyecto de ley del «Principio de Inocencia Fiscal», una iniciativa que transforma radicalmente el régimen penal tributario argentino. Según el texto oficial, el objetivo central es «blindar» legalmente a quienes utilicen «dólares bajo el colchón» y reducir la cantidad de causas penales por evasión, actualmente castigada con penas de hasta 9 años de prisión.

La propuesta busca incentivar la inyección en el mercado de dinero no declarado al eliminar controles sobre el origen de los fondos utilizados para consumos personales, en lo que el oficialismo presenta como un estímulo a la «libertad económica individual». Sin embargo, especialistas en transparencia y organismos de control advierten sobre los riesgos que esta desregulación podría generar en materia de lavado de activos y legitimación de dinero proveniente de actividades ilícitas.

Umbral de evasión: de $1,5 millones a $100 millones

La modificación más sustancial del proyecto consiste en multiplicar por 66 veces el monto mínimo que habilita la persecución penal por evasión simple. Según el texto oficial, el piso para investigar a un contribuyente salta de $1,5 millones a $100 millones. En el caso de la evasión agravada, el umbral trepa de $15 millones a $1.000 millones.

Esta elevación implica que vastos sectores de contribuyentes que actualmente podrían ser denunciados penalmente quedarán fuera del alcance de la justicia tributaria, aun cuando no hayan declarado impuestos sobre operaciones millonarias.

Prescripción express: de 5 a 3 años

El proyecto recorta de 5 a 3 años el plazo durante el cual ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) puede exigir el pago de impuestos adeudados o promover denuncias penales. Esta reducción en los tiempos de prescripción limita significativamente la capacidad del Estado para investigar maniobras de evasión que se descubran con posterioridad al período fiscal correspondiente.

Organizaciones especializadas en política tributaria han señalado que esta disposición beneficia especialmente a grandes contribuyentes con estructuras complejas de operaciones, cuya fiscalización suele demandar plazos extensos de análisis.

Régimen simplificado para patrimonios de hasta $10 mil millones

La iniciativa crea un régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias destinado a personas con ingresos inferiores a $1.000 millones anuales y patrimonio menor a $10 mil millones. La característica central de este esquema es que elimina la obligación de informar y justificar el origen de los consumos personales.

En la práctica, esta norma permitiría que un contribuyente con patrimonio declarado de, por ejemplo, $5 mil millones, pueda efectuar compras, viajes o inversiones millonarias sin que ARCA pueda cuestionar si esos gastos corresponden a ingresos debidamente tributados. Según el proyecto, se busca así «desburocratizar» las relaciones entre el fisco y los particulares.

Denuncias penales: salvavidas para evasores

El texto enviado al Congreso establece que ARCA no podrá realizar denuncias penales si el contribuyente cancela la deuda tributaria antes de la denuncia, o si abona el 100% de la deuda más intereses y un recargo adicional del 50% dentro de los 30 días posteriores al inicio de la investigación.

Esta disposición convierte el pago con recargo en una suerte de «salvoconducto» que bloquea automáticamente la vía penal, incluso en casos donde la evasión haya sido intencional y sistemática. Fuentes del ámbito judicial consultadas por este medio señalaron que esta norma podría vaciar de contenido el fuero penal tributario, tradicionalmente orientado a sancionar conductas fraudulentas graves.

Multas formales: compensación simbólica

Como contrapeso a la despenalización de hecho de la evasión de montos menores, el proyecto propone multiplicar las multas por incumplimientos formales. La sanción por no presentar la Declaración Jurada, que actualmente es de $200, saltaría a $220.000 para personas físicas y a $440.000 para sociedades.

Sin embargo, especialistas en derecho tributario advierten que estas multas, aunque nominalmente elevadas, resultan proporcionalmente insignificantes frente a los montos que quedarán fuera de persecución penal. Un contribuyente que evada $99 millones quedaría exento de denuncia penal, mientras que otro que omita presentar una declaración jurada podría ser sancionado con menos del 0,5% de esa cifra.

Alerta por lavado de activos: el agujero para el dinero sucio

Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto es el riesgo que genera en materia de prevención del lavado de dinero y legitimación de activos provenientes de actividades ilícitas. Al elevar drásticamente los umbrales de persecución penal y eliminar la obligación de justificar el origen de los consumos, la norma crearía condiciones propicias para que dinero del narcotráfico, la corrupción o el crimen organizado circule libremente en la economía formal.

Especialistas en transparencia y prevención del lavado consultados por este medio advierten que la combinación de varios elementos del proyecto genera un «cóctel perfecto» para legitimar fondos de origen ilegal. En primer lugar, la posibilidad de usar hasta $100 millones sin que nadie investigue su procedencia elimina el principal mecanismo disuasorio contra el lavado de pequeña y mediana escala. En segundo término, el régimen simplificado que exime de justificar consumos personales permite realizar inversiones, compras de bienes o transferencias sin controles efectivos sobre el origen de los fondos.

Organizaciones especializadas en la materia señalan que esta normativa difiere sustancialmente del blanqueo de capitales implementado en 2024, que al menos obligaba a declarar los activos ocultos ante ARCA. El proyecto de «Inocencia Fiscal», en cambio, habilita directamente el uso de dinero no declarado sin necesidad de regularizar su situación tributaria, lo que genera un vacío de información crítico para la Unidad de Información Financiera (UIF) y los organismos de control.

Además, la reducción del plazo de prescripción a 3 años acorta significativamente la ventana temporal durante la cual el Estado podría detectar operaciones sospechosas vinculadas a estructuras de lavado más complejas, que suelen requerir investigaciones de largo aliento para ser desarticuladas.

Fuentes del ámbito judicial especializadas en delitos económicos consultadas por este medio expresaron preocupación por el impacto que esta normativa podría tener sobre causas en trámite relacionadas con organizaciones criminales que utilizan testaferros y estructuras empresariales para lavar dinero. Según estas fuentes, la nueva ley podría generar interpretaciones que dificulten la persecución de maniobras de legitimación de activos cuando los montos individualizados no superen los umbrales establecidos, aunque formen parte de operaciones más amplias.

Contexto político y antecedentes

La iniciativa se inscribe en la estrategia del Gobierno de Javier Milei de reducir la presión fiscal efectiva sobre sectores de altos ingresos, tras el éxito relativo del blanqueo de capitales implementado en 2024, que según datos oficiales permitió regularizar más de USD 20.000 millones en activos no declarados.

El proyecto del «Principio de Inocencia Fiscal» profundiza esa línea al garantizar que quienes posean dinero no declarado puedan utilizarlo sin riesgo de investigación, siempre que sus consumos no superen los umbrales establecidos en el régimen simplificado.

Organizaciones de transparencia y control ciudadano han manifestado preocupación por el impacto que esta norma podría tener sobre la equidad del sistema tributario. Según estas entidades, el proyecto consolida un esquema dual: reglas estrictas para asalariados y pequeños contribuyentes, cuyas retenciones son automáticas, y un régimen de virtual impunidad para quienes posean patrimonios no declarados de gran magnitud.

El trámite parlamentario de la iniciativa comenzará en las próximas semanas en comisiones de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará consensos con bloques dialoguistas para garantizar su aprobación antes del receso legislativo de verano.

Puntos Clave

• El Gobierno elevó de $1,5 millones a $100 millones el piso para denunciar penalmente la evasión simple
• Se reduce de 5 a 3 años el plazo de prescripción para exigir impuestos no declarados
• Se crea un régimen simplificado que elimina la obligación de justificar consumos personales para patrimonios de hasta $10 mil millones
• Los contribuyentes podrán evitar denuncias penales pagando la deuda más un recargo del 50% dentro de los 30 días de iniciada la investigación
• Especialistas advierten sobre riesgos de lavado de activos al permitir el uso de dinero sin justificar su origen