Mientras el Gobierno nacional se resiste a pagar lo que ordena una ley votada dos veces por el Congreso, la universidad pública vuelve a hacer lo que mejor sabe: poner su conocimiento al servicio de la comunidad. El miércoles 30 de septiembre, el mismo día en que vence el plazo judicial para que el Ejecutivo cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA ofrecerá asesoramiento y capacitaciones gratuitas a vecinos, trabajadores y emprendedores.

La jornada extraordinaria de visibilización se realizará entre las 9 y las 19 en la sede de la Facultad, en avenida Córdoba 2122, en la Ciudad de Buenos Aires. Según informó la casa de estudios, la propuesta combina stands permanentes con una agenda de charlas breves destinadas a estudiantes, trabajadores, emprendedores, personas mayores y público en general, en el marco del reclamo de las universidades para que el Gobierno aplique la Ley 27.795.

Asesoramiento para la economía de todos los días

Durante toda la jornada, el Centro de Estudios y Gestión de la Economía Personal y Negocios (CEGEPYN) brindará asesoramiento continuo y personalizado sobre economía personal y gestión de pequeños negocios y emprendimientos. La idea es acercar herramientas concretas a quienes sostienen actividades económicas de pequeña escala en un contexto de fuerte deterioro del consumo y del empleo.

La Secretaría de Responsabilidad Social, Emprendedores e Innovación (SERSEI) tendrá un espacio para visibilizar y acompañar iniciativas emprendedoras. También funcionará un servicio de orientación sobre la oferta académica de grado y de diplomaturas, y el Centro Cultural Sábato desarrollará actividades, funciones y muestras abiertas a toda la comunidad.

Deudas, sueldos y ciberestafas: el cronograma de charlas

En paralelo, en el Aula 16 (planta baja del Edificio Histórico) se dictará un ciclo de capacitaciones prácticas pensadas para situaciones cotidianas. Los temas elegidos funcionan casi como un mapa de las urgencias que atraviesan hoy los hogares:

• 9.30: Claves para cumplir con las obligaciones fiscales del trabajo independiente, a cargo del contador Rodrigo Campilay.
• 11: Entender mi recibo de sueldo, una guía para interpretar aportes, descuentos, derechos y obligaciones, a cargo de la contadora Mariela Callejas.
• 13.30: Ciberestafas, cómo reconocerlas y protegerse, a cargo del doctor Arturo Pozzali.
• 15: Tu CV como puerta de entrada al mercado laboral, a cargo de las licenciadas Luciana Zeballos y Tatiana Spadafore.
• 16: Billeteras virtuales sin vueltas, claves para usarlas de forma segura, a cargo de la licenciada Candela de Luca Pino.
• 17.30: Deudas bajo control, herramientas para abordar el endeudamiento y la morosidad, a cargo de los licenciados Ezequiel Gutierrez y Candela de Luca Pino.

Que una facultad pública dedique una tarde a enseñar cómo ordenar deudas y cómo armar un currículum dice mucho sobre el país que dejó el ajuste. Son saberes que la universidad produce con recursos que el propio Gobierno le niega.

Una ley vigente que el Gobierno no cumple

La Ley 27.795 fue aprobada por el Congreso, vetada por Javier Milei y luego ratificada por ambas cámaras al rechazar el veto. Sin embargo, el Ejecutivo la promulgó mediante el Decreto 759/2025, que suspendió su aplicación hasta que el Parlamento determinara las fuentes de financiamiento. La UBA calificó esa maniobra como «un fraude constitucional» y llevó el caso a la Justicia.

El 1 de septiembre, el juez federal Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, hizo lugar a una medida cautelar de la UBA y ordenó al Gobierno cumplir «de forma inmediata» con los artículos 4, 5, 6 y 7 de la ley, que contemplan gastos de funcionamiento, recomposición salarial, becas e investigación. En su fallo, el magistrado sostuvo que el proceso legislativo «no admitía variantes suspensivas para la aplicación de la ley» y estimó el impacto fiscal de la medida en el 0,23% del PBI, una cifra que, según escribió, «representaría un ahorro poco significativo para el presupuesto global de gastos de la administración pública».

Ante la falta de respuesta, Cormick volvió a intervenir el 22 de septiembre: concluyó que «no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos», intimó al Estado a cumplir en cinco días y advirtió que podrá aplicar multas por cada día de demora. El Gobierno había intentado que la cautelar se levantara con el argumento de los acuerdos paritarios firmados durante el año, pero el juez rechazó ese planteo.

La secretaria general de la Asociación Gremial de Docentes de la UBA, Laura Carboni, explicó en diálogo con una radio riojana que el Gobierno deberá cumplir con la totalidad de la medida antes del miércoles 30 de septiembre. «Es una muy buena noticia después de un año de batallar para que este gobierno finalmente pague lo que tiene que pagar», sostuvo, y precisó que el reclamo incluye la actualización salarial docente, el financiamiento de universidades y hospitales universitarios y el aumento de las becas estudiantiles.