Bullrich se adelantó al plazo legal y presentó su DDJJ para presionar a Adorni

★ Patricia Bullrich, senadora nacional de La Libertad Avanza, presentó este miércoles su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción de forma anticipada. El plazo legal vence el 31 de julio, lo que significa que la legisladora se adelantó más de dos meses a la obligación formal.

El movimiento no es inocente ni casual. La presentación se produce en plena tormenta judicial y política que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito por el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

La causa pone bajo la lupa un patrimonio que supera los 840.000 dólares de origen no justificado, que incluye refacciones de lujo pagadas en efectivo y sin factura en un country de Exaltación de la Cruz, un viaje en primera clase financiado por su esposa Bettina Angeletti para ella y cinco amigas, y conexiones con contratos irregulares en la Televisión Pública y la denominada Causa $Libra.

El reclamo público que quedó sin respuesta

La movida de Bullrich no es nueva en este tablero. Hace más de dos semanas, en una entrevista televisiva, la propia senadora le reclamó públicamente a Adorni que presentara su declaración jurada. Pero el documento nunca apareció. Fue entonces el propio Javier Milei quien intentó descomprimir la situación al asegurar que la presentación del jefe de Gabinete se produciría «en el corto plazo». Tampoco ocurrió.

Un día después de los dichos del presidente y la legisladora, el propio Adorni reconoció que Bullrich «lo spoileó» y confirmó que iba a «despejar dudas». Los tiempos, sin embargo, se dilataron y su entorno no confirmó cuándo aparecerá finalmente el documento.

Las fisuras internas de La Libertad Avanza

La presentación adelantada de Bullrich no cayó bien en todos los sectores del espacio libertario. Fuentes de Casa Rosada expresaron su malestar con pocas palabras: «No sorprende. Es dañina y hace cosas para lastimar». La frase revela la profundidad de una grieta interna que el caso Adorni no hizo más que ampliar.

El cuadro es incómodo para el Ejecutivo. El ex vocero presidencial, hoy al frente de la Jefatura de Gabinete, enfrenta una causa judicial que acumula testimonios, peritajes de dispositivos y el levantamiento de su secreto fiscal. La diputada Marcela Pagano, a su vez, solicitó la detención de Adorni por presunto entorpecimiento de la justicia, al alegar que el funcionario intentó presionar a testigos antes de sus declaraciones.

El silencio de la DDJJ como símbolo político

En un gobierno que construyó su identidad pública sobre la promesa de «terminar con la casta» y la transparencia, la demora de Adorni en presentar su declaración jurada se convirtió en un símbolo de contradicción. Mientras el funcionario sigue sin dar respuestas concretas, los datos que circulan en el expediente judicial hablan por sí solos: refacciones de 245.000 dólares pagados en efectivo y sin factura en un country de Exaltación de la Cruz; un departamento en Caballito escriturado con deudas a jubiladas vinculadas a socios de una desarrolladora inmobiliaria; gastos en moneda extranjera en destinos turísticos que superan los 27.000 dólares.

La jugada de Bullrich, leída en ese contexto, no es un acto de transparencia republicana sino una presión política en clave interna. El mensaje es claro: si ella puede presentar su patrimonio sin dilaciones, Adorni también debería poder hacerlo. Y si no puede, el problema es más grave de lo que el Gobierno quiere admitir.

Puntos clave:

• Bullrich presentó su DDJJ ante la Oficina Anticorrupción más de dos meses antes del plazo legal del 31 de julio.
• El gesto fue interpretado como presión directa sobre Adorni, quien aún no presentó la suya pese a compromisos públicos reiterados.
• Milei había anticipado que la DDJJ de Adorni aparecería «en el corto plazo», pero no se materializó.
• Sectores de Casa Rosada calificaron el movimiento de Bullrich como «dañino» e intencional.
• La causa judicial contra Adorni ya involucra un patrimonio investigado superior a los US$ 840.000.