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Judiciales ⚖️

«A Pepín Rodríguez Simón se le acortan los tiempos y los caminos»

El diputado del Parlasur, Oscar Laborde, consideró que la información sobre el rechazo uruguayo del estatus de refugiado político para el operador macrista es un paso más para que se presente en la Argentina. «Tendrá que dar la cara ante la Justicia», afirmó.

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El diputado del Parlasur, Oscar Laborde, celebró la decisión adoptada por la justicia uruguaya de denegar la condición de refugiado político al ex operador macrista y legislador de ese cuerpo Fabián «Pepín» Rodríguez Simón y consideró que con esta medida «se le acortan los tiempos y los caminos» para que declare en la causa en la que es investigado por presiones a los propietarios del Grupo Indalo.

Laborde consideró que «la información sobre el rechazo del otorgamiento del estatus de refugiado político para Rodríguez Simón viene a cumplir un paso más en una lógica que indica que tiene que presentarse ante la justicia argentina».

Rodríguez Simón viajó a Uruguay en diciembre de 2020 cuando se lo investigaba en esta causa judicial, donde inició los trámites para que se le conceda el estatus de refugiado, argumentando que era un perseguido político.

Laborde indicó que ahora la decisión de la justicia uruguaya de negarle el estatus de refugiado -tomada por la jueza Adriana Chamsarian- fue apelada por la defensa de Rodríguez Simón, patrocinado por el abogado Jorge Díaz, y el Tribunal de Apelación en lo Penal del Primer Turno, la instancia de alzada en esta causa, tiene un plazo perentorio para resolver la cuestión.

«Él dice ser un perseguido político, pero en esta causa ninguno de los otros cuestionados plantea una persecución, ni siquiera el propio Macri», consideró Laborde. Además, añadió que «a Rodríguez Simón se la acortan los tiempos y los caminos, y tendrá que dar la cara ante la justicia».

Diversidad

Gil Lavedra rechazó a Lijo en la Corte Suprema por falta de diversidad de género

«No es una opción que el presidente de la República deba contemplar la diversidad de género cuando se trate de nominar candidatos o candidatas a la Corte», sostuvo.

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Ricardo Gil Lavedra, quien preside el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, ha expresado su desacuerdo con la propuesta de que el juez federal Ariel Lijo se una a la Corte Suprema. Envió una carta al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, detallando sus razones.

Gil Lavedra, tras presentar un documento con una opinión fundamentada sobre las nominaciones de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo para ocupar los puestos vacantes en el tribunal supremo, declaró que “las nominaciones de dos varones para integrar una Corte compuesta íntegramente por personas del género masculino, resulta claramente inconstitucional”. “No es admisible efectuar designaciones violando, precisamente, normas constitucionales”, advirtió.

El recién reelegido líder del Colegio Público de la ciudad advirtió que “no es una opción que el presidente de la República deba contemplar la diversidad de género cuando se trate de nominar candidatos o candidatas a la Corte”. En cambio, recordó que “es un mandato constitucional derivado de la reglamentación del artículo 99 inciso 4 por el Decreto 222, y también por exigencia de tratado de jerarquía internacional que tienen también la misma jerarquía constitucional”.

Gil Lavedra añadió que “Como los estereotipos, prejuicios culturales y sociales están todavía muy arraigados, muchos cuestionamientos -de personas y asociaciones respecto de las candidaturas anunciadas- han ‘naturalizado’ que no es decisivo que no se trate de mujeres y se han concentrado en los antecedentes, mal desempeño y aptitudes de alguno de los postulantes, además de señalar un supuesto acuerdo político con la principal oposición para intentar controlar la mayoría de la Corte a los efectos de obtener fallos favorables”.

Finalizó diciendo que “las candidaturas deben contar con antecedentes irreprochables, solvencia técnica acreditada, compromiso con los derechos humanos, con la democracia y con la ética en la función pública”. “Debe tratarse de personas de aquilatada integridad. Estos elementos permitirán confiar en que desempeñarán su cargo con absoluta independencia, tanto del Gobierno como de otros factores de poder”, concluyó Gil Lavedra.

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