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Política 📢

Karina moldeó el nuevo Ministerio de Justicia: un involucrado en el caso Lago Escondido y un operador de $Libra

El desplazamiento de Sebastián Amerio, alfil de Santiago Caputo, y su reemplazo por Santiago Viola consolida la hegemonía de la secretaria general sobre el área más sensible del Gabinete. El nuevo tándem llega con expedientes propios: el ministro fue imputado por el viaje a Lago Escondido con el Grupo Clarín; el secretario negoció en secreto con damnificados del caso $LIBRA.

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El Argentino Diario-Karina Milei.

★ Este miércoles, Javier Milei confirmó lo que en los pasillos de Balcarce 50 se sabía desde hace meses: la salida del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y el ingreso de un nuevo tándem conducido por Juan Bautista Mahiques como ministro y Santiago Viola como secretario de Justicia. El movimiento no es solo un recambio de nombres. Es la traducción más concreta del triunfo de Karina Milei sobre Santiago Caputo en la disputa silenciosa por el control de la política judicial del gobierno libertario.

El desplazamiento de Amerio: el botín de la interna

El dato político central del cambio no está en Mahiques sino en el desplazamiento de Sebastián Amerio, hasta hoy secretario de Justicia y considerado, según publicó Infobae este miércoles, el funcionario que «fungía el poder real al interior de la cartera ministerial», donde acumulaba más de dos décadas de experiencia en la Corte Suprema. Amerio es amigo íntimo de Santiago Caputo desde hace más de tres décadas y controlaba, desde su escritorio de bajo perfil, los vínculos de la Casa Rosada con el Poder Judicial.

Con más de veinte años de experiencia dentro de la Corte Suprema, donde se desempeñó como secretario penal, Amerio fue el encargado de llevar las negociaciones con el peronismo para completar el máximo tribunal, y su relación de años con Juan Martín Mena, el intermediario designado por Cristina Fernández de Kirchner, fue fundamental para aceitar esas conversaciones que casi llegan a buen puerto.

Su salida cierra ese circuito. En su lugar, Karina Milei impone a Santiago Viola, quien llega con un perfil radicalmente distinto y con antecedentes que merecen contexto.

Quién es Viola: el operador de las sombras

Viola aparece como apoderado de LLA en la documentación electoral y forma parte del círculo jurídico que rodea a Karina Milei desde los inicios del armado libertario; bajo perfil y presencia constante en tribunales, es quien lleva adelante gestiones clave ante la Justicia Electoral.

Su madre es Claudia Balbín, una importante abogada con aceitados vínculos en el mundillo judicial, cuya cercanía incluye a la jueza María Romilda Servini, a quien Viola se refería como «tía» en la intimidad.

El historial del flamante secretario de Justicia no es el de un técnico neutral. Viola fue defensor de Leandro Báez, hijo de Lázaro, en la causa donde el juez Sebastián Casanello investigó al empresario patagónico por lavado de dinero, y en esa causa fue acusado de plantar testigos falsos.

Según el juez Casanello, en 2017 participó en una operación con testigos falsos para apartarlo de la investigación. Los testigos terminaron condenados por falso testimonio agravado en 2020, mientras que la Cámara de Casación benefició a Viola en 2021.

Antes de asumir como secretario de Estado, Viola protagonizó otro episodio que su propio curriculum omite. Según reveló el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación en noviembre de 2025, Viola mantuvo canales abiertos de negociación con allegados a los inversores perjudicados por el colapso del criptoactivo $LIBRA, con el objetivo de desactivar el escándalo y lograr que retiren sus acusaciones contra Javier Milei en los tribunales federales de Comodoro Py, a cambio de resarcimiento en dólares, según confirmaron cinco fuentes al tanto de las tratativas.

La estrategia, según una fuente al tanto de las negociaciones citada por La Nación, era directa: «La idea es arreglar con los inversores para que, al no haber ‘estafados’, se caiga la acusación por ‘estafa'». El propio entorno de Viola no desmintió los contactos, aunque precisó que la condición previa era que los querellantes despegaran al presidente de cualquier imputación.

Ese es el hombre que Karina Milei designó para manejar los vínculos del Estado con el Poder Judicial.

El ministro y el viaje con Clarín

Como se detalló en nuestra nota anterior, Mahiques llega al cargo con su propia carga. En octubre de 2022, viajó en vuelo privado a Bariloche junto a su padre, el juez de Casación Carlos «Coco» Mahiques, magistrados federales, el entonces ministro porteño Marcelo D’Alessandro y directivos del Grupo Clarín, específicamente Pablo Casey (director de Asuntos Legales e Institucionales) y el CEO Jorge Rendo, quienes actuaron como anfitriones en la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido. La fiscal de Bariloche lo imputó formalmente por presunta admisión de dádivas.

Un mes antes del viaje, Mahiques había firmado en carácter de Fiscal General de la Ciudad un convenio institucional con Telecom (Grupo Clarín), representada por el mismo Pablo Casey que luego lo recibiría en la Patagonia.

Mahiques tiene además un hermano llamado Ignacio, fiscal porteño que fue adjunto en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner, y un hermano mayor, Esteban, que se desempeña como director general de Relaciones Institucionales de la Cancillería. Tres hermanos Mahiques en tres puntos clave del Estado: la jefatura de fiscales de la Ciudad, la Cancillería y ahora el Ministerio de Justicia de la Nación.

El poder de fuego del nuevo Ministerio

La magnitud real de lo que Karina Milei acaba de colocar bajo su órbita solo se entiende si se mira la agenda que espera al nuevo ministro. Mahiques deberá impulsar más de 157 pliegos para cubrir cerca del 40% de vacantes que tiene la Justicia federal y nacional, aunque esto no abarcará a los jueces de la Corte Suprema, al Procurador General, al Defensor del Pueblo ni al Defensor General, para los cuales el Presidente reconoció que necesita mayorías calificadas.

Mientras Viola, como eventual número dos, mantiene vínculos en Comodoro Py junto a los hermanos Lijo.

En síntesis: la secretaria general de la Presidencia logró en un solo movimiento desplazar al hombre de Caputo del control judicial, instalar a su operador de confianza en la Secretaría de Justicia y poner al frente del ministerio a un fiscal cuya familia atraviesa de forma horizontal el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Cancillería. La jugada tiene mucha coherencia política. Sus implicancias para la independencia judicial, que Mahiques “prometió” defender, son otra historia.

Puntos clave

  • Karina Milei desplazó a Sebastián Amerio, hombre de Caputo, y lo reemplazó por Santiago Viola, apoderado de LLA
  • Viola negoció en secreto con damnificados del caso $LIBRA para desactivar denuncias contra Javier Milei
  • Viola fue acusado en 2017 de montar una operación con testigos falsos en la causa Báez; la Cámara de Casación lo benefició en 2021
  • Mahiques fue imputado en 2022 por la fiscal de Bariloche por el escándalo de Lago Escondido con directivos del Grupo Clarín
  • El nuevo Ministerio deberá gestionar más de 157 pliegos judiciales, sin incluir los jueces de la Corte Suprema ni el Procurador General ★

Coparticipación

Más de 500 intendentes le exigen a Milei fondos, obra pública y otro rumbo

La Federación Argentina de Municipios pidió una reunión urgente con el Presidente, la restitución de los fondos educativos y la reactivación de la obra pública. Según Politikon Chaco, las transferencias no automáticas a las provincias cayeron 60,1% real en nueve meses.

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Fernando Espinoza junto a intendentes frente a la sede de la Federación Argentina de Municipios

“Miles de vecinos llegan a los municipios con una misma preocupación: cómo llegar a fin de mes”. Con esa advertencia, más de 500 intendentas e intendentes de todo el país le reclamaron al presidente Javier Milei una reunión urgente y le pidieron que corrija el rumbo económico. Los gobiernos locales reciben menos recursos mientras crecen las demandas sociales que tienen que atender, y se lo vuelven a plantear a un Presidente al que le piden una audiencia desde hace más de un año.

El reclamo quedó plasmado en un documento aprobado el miércoles 7 de octubre por la Asamblea de la Federación Argentina de Municipios (FAM), reunida en su sede de la Ciudad de Buenos Aires. En el mismo encuentro, el intendente peronista de La Matanza, Fernando Espinoza, fue reelegido como presidente de la entidad. Según la FAM, «el reclamo y la preocupación por la situación social y económica que padecen las argentinas y argentinos en cada una de sus ciudades fueron unánimes».

Qué reclaman los intendentes

El documento exige la restitución de los fondos educativos y de los recursos transferibles a provincias y municipios, y la reactivación de la obra pública nacional, con prioridad en las rutas clave para las economías regionales. La FAM sostuvo que los gobiernos locales reciben menos recursos mientras deben atender más demandas sociales.

La lista sigue con la protección de pequeños y medianos productores, con crédito y acompañamiento; la defensa de la calidad de vida de los jubilados; y la prioridad presupuestaria para salud y discapacidad, con medicamentos, vacunas, hospitales y prestaciones garantizadas. Los intendentes también pidieron restituir la asistencia alimentaria para todos los comedores y no dejar «librada a su suerte» a las familias que debieron endeudarse para pagar servicios, alquiler, transporte y comida.

En el plano institucional, la Federación reclamó transparencia y debate parlamentario sobre el endeudamiento nacional y sobre cualquier acuerdo que comprometa la soberanía, y pidió la protección del territorio argentino. El planteo llega pocos días después de que la Corte Suprema restableciera la vigencia del artículo del DNU 70/2023 que derogó la Ley de Tierras, un fallo que desató una ola de protestas.

«El rumbo económico y las prioridades sociales deben cambiar con urgencia, porque el camino elegido por el Gobierno Nacional conduce a más pobreza, exclusión e injusticia», concluye el texto.

«La primera barrera de contención»

Tras la Asamblea, Espinoza describió el lugar que ocupan hoy los municipios: según el titular de la FAM, se convirtieron en «la primera barrera de contención, atendiendo las crecientes demandas de la población frente al deterioro de las condiciones de vida». «Es en cada Gobierno local desde donde estamos empujando la unidad para frenar esta escalada de injusticia social que sufre el pueblo argentino», agregó.

El intendente matancero también le dio un tono político al cierre: «Según las últimas encuestas, el 70% de las argentinas y argentinos pide un cambio de rumbo económico. Ante todo este triste diagnóstico, y junto a la Federación Argentina de Municipios tenemos la tarea de mantener encendida la llama de la esperanza, construir una alternativa amplia y superadora y comenzar un nuevo camino para la Argentina».

Las cuentas que no cierran

Los números respaldan la queja por la caída de recursos. Según la consultora Politikon Chaco, las transferencias no automáticas del Gobierno nacional a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires sumaron $966.463 millones entre enero y septiembre, con una baja real del 60,1% frente al mismo período de 2025: el peor registro para esos nueve meses desde, al menos, 2005. Si la comparación se hace contra 2023, el recorte llega al 85,9% real, con caídas en todas las jurisdicciones. En septiembre hubo un repunte mensual del 130% real, pero los envíos quedaron 27% por debajo de los de un año atrás en términos reales.

El mismo informe detalla que en septiembre solo La Pampa y Neuquén recibieron transferencias para sus cajas previsionales, mientras otras provincias con convenios vigentes, como Córdoba, Misiones, Santa Fe, Chubut, Entre Ríos y Corrientes, siguen sin cobrar esos fondos, en algunos casos desde hace cuatro meses.

Las transferencias automáticas cuentan otra historia. De acuerdo con el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la coparticipación federal a las provincias creció 4,6% real interanual en septiembre y el conjunto de los recursos de origen nacional subió 4,4%, aunque estos últimos venían de una caída del 10,2% real en septiembre de 2025. La diferencia está en los fondos que la Casa Rosada reparte a discreción: son los que financian obras y programas, y son los que el Gobierno recortó con más fuerza.

Esas cifras miden lo que llega a las provincias; a los municipios, una parte les llega a través de los regímenes de coparticipación provincial y de programas nacionales. Entre los fondos educativos que la Nación dejó de girar figura el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que la Nación dejó de transferir en enero de 2024 y eliminó formalmente por el DNU 280/2024; varias provincias pasaron a cubrirlo con recursos propios.

Un pedido que lleva más de un año

No es la primera vez que la FAM golpea la puerta de la Casa Rosada. En octubre de 2025, en un comunicado de su Asamblea, la entidad escribió: «Es por ello que volvemos a reiterar el pedido de una reunión urgente con el presidente». En abril de este año, Espinoza encabezó una protesta de intendentes frente al Ministerio de Economía para entregar un petitorio por la retención de fondos y la paralización de obras, con la presencia del ministro bonaerense de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

Un año después de aquel pedido, los intendentes vuelven a reclamar una audiencia, mientras son ellos los que atienden a los vecinos que no llegan a fin de mes.

Lo que tenés que saber:

  • Más de 500 intendentas e intendentes nucleados en la FAM pidieron una reunión urgente con Milei y un cambio del rumbo económico.
  • Reclaman la restitución de fondos educativos y transferibles, la reactivación de la obra pública y asistencia para comedores, jubilados, salud y discapacidad.
  • Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, fue reelegido como presidente de la FAM.
  • Según Politikon Chaco, las transferencias no automáticas a las provincias cayeron 60,1% real entre enero y septiembre.
  • La FAM ya había reiterado el pedido de reunión con Milei en octubre de 2025.
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