Los puertos de todo el país siguen paralizados por una medida de fuerza tras la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, promovido por el gobierno de Javier Milei para desregular el servicio de practicaje. La protesta, que comenzó el sábado 1° de agosto, es un lock-out protagonizado por prácticos, pilotos y baqueanos que abarca desde las terminales del extremo sur en Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay. El corazón del conflicto se ubica en el Río de la Plata y el río Paraná, arterias por las que circula el grueso del intercambio comercial del país.

Qué establece el decreto que encendió la mecha

El decreto fue impulsado por el presidente Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, bajo la misma lógica de «eliminación de barreras de entrada» que guió reformas anteriores en el sector inmobiliario, el mercado laboral y la VTV. La norma reduce los costos operativos del sector naviero, habilita la contratación directa de servicios y permite a capitanes con experiencia navegar sin la obligación de disponer de contratos con prácticos matriculados. En la práctica, vacía de contenido una profesión altamente especializada, que exige años de formación y un conocimiento milimétrico de los ríos, canales, bajíos y condiciones hidrológicas de cada zona.

La respuesta del sector: amparo, denuncia penal y paro total

La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante rechazó la reforma de manera contundente y la calificó de «abusiva e inconstitucional». La entidad anunció que recurrirá a la Justicia Federal mediante una Acción de Amparo y que radicará una denuncia penal contra los funcionarios firmantes del decreto, al señalar que la desregulación pone en riesgo directo la seguridad náutica de los ríos argentinos. El argumento central es que el practicaje no es un servicio cualquiera: su existencia responde a la necesidad de garantizar que embarcaciones de gran calado circulen sin riesgo por vías fluviales con características únicas y cambiantes.

Prefectura intimó a los profesionales y los profesionales ratificaron el paro

Ante el colapso operativo en los puertos, la Prefectura Naval Argentina reaccionó enviando cédulas de «intimación perentoria» a los profesionales para que reanudaran la prestación del servicio, bajo apercibimiento de ley. La institución invocó la condición de servicio público esencial que reviste el practicaje como argumento para exigir el regreso inmediato a las actividades. Sin embargo, los profesionales ratificaron la medida de fuerza. Frente a las advertencias, la respuesta del sector fue mantener el paro pero establecer excepciones estratégicas: los prácticos continúan prestando servicio a buques petroleros y de gas licuado para no comprometer el abastecimiento energético interno ni generar contingencias ambientales en los cursos fluviales.

El impacto sobre las exportaciones y el comercio exterior

La dimensión del conflicto es difícil de exagerar. Las terminales del Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes concentran la mayor parte de la exportación de granos, harinas y aceites del país; su parálisis equivale a interrumpir el flujo de divisas que el propio gobierno de Milei necesita para sostener las metas de reservas acordadas con el FMI. Con decenas de embarcaciones sin actividad en esos puertos, cada día de paro implica costos financieros, demoras contractuales y riesgos de incumplimiento ante compradores externos. La paradoja es evidente: una desregulación presentada como reducción de costos generó, en sus primeras horas de vigencia, un daño económico difícil de cuantificar para el propio sector agroexportador que el gobierno dice defender.

El patrón Sturzenegger: desregular sin consultar, administrar las consecuencias después

El conflicto del practicaje se inscribe en una cadena de reformas impulsadas por Sturzenegger que, una y otra vez, colisionan con los actores del sector afectado una vez que la norma ya está publicada. Lo mismo ocurrió con la desregulación del corretaje inmobiliario, que desató el rechazo de colegios profesionales y asociaciones del sector, o con el decreto 378/2026, que derivó en movilizaciones de trabajadores estatales. El denominador común es una lógica de decreto primero, negociación después que profundiza los conflictos en lugar de resolverlos y que, en este caso, afecta directamente la seguridad de la navegación en uno de los sistemas fluviales más complejos del continente.

Puntos clave

• El lock-out de prácticos, pilotos y baqueanos rige desde el sábado 1° de agosto en todos los puertos del país.
• El Decreto 690/2026, firmado por Milei y Sturzenegger, desregula el servicio de practicaje y permite navegar sin contratar prácticos matriculados.
• La medida impacta en el 80% de las exportaciones e importaciones argentinas, con epicentro en el Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes.
• La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales anunció una Acción de Amparo y una denuncia penal contra los firmantes del decreto.
• Los profesionales mantienen guardias mínimas para buques petroleros y gaseros a fin de evitar riesgos al abastecimiento energético y al medio ambiente.