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Desregulación

Paro portuario total: por qué un decreto de Milei paraliza el 80% del comercio exterior

Prácticos, pilotos y baqueanos de todo el país mantienen un lock-out desde el sábado 1° de agosto en rechazo al Decreto 690/2026, que desregula el servicio de practicaje. La medida de fuerza afecta desde Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay y golpea de lleno sobre las terminales del Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes, por donde circula cerca del 80% de las exportaciones e importaciones argentinas.

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Desregular sin consultar: cómo el decreto de Sturzenegger generó el caos que prometía evitar.

Los puertos de todo el país siguen paralizados por una medida de fuerza tras la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, promovido por el gobierno de Javier Milei para desregular el servicio de practicaje. La protesta, que comenzó el sábado 1° de agosto, es un lock-out protagonizado por prácticos, pilotos y baqueanos que abarca desde las terminales del extremo sur en Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay. El corazón del conflicto se ubica en el Río de la Plata y el río Paraná, arterias por las que circula el grueso del intercambio comercial del país.

Qué establece el decreto que encendió la mecha

El decreto fue impulsado por el presidente Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, bajo la misma lógica de «eliminación de barreras de entrada» que guió reformas anteriores en el sector inmobiliario, el mercado laboral y la VTV. La norma reduce los costos operativos del sector naviero, habilita la contratación directa de servicios y permite a capitanes con experiencia navegar sin la obligación de disponer de contratos con prácticos matriculados. En la práctica, vacía de contenido una profesión altamente especializada, que exige años de formación y un conocimiento milimétrico de los ríos, canales, bajíos y condiciones hidrológicas de cada zona.

La respuesta del sector: amparo, denuncia penal y paro total

La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante rechazó la reforma de manera contundente y la calificó de «abusiva e inconstitucional». La entidad anunció que recurrirá a la Justicia Federal mediante una Acción de Amparo y que radicará una denuncia penal contra los funcionarios firmantes del decreto, al señalar que la desregulación pone en riesgo directo la seguridad náutica de los ríos argentinos. El argumento central es que el practicaje no es un servicio cualquiera: su existencia responde a la necesidad de garantizar que embarcaciones de gran calado circulen sin riesgo por vías fluviales con características únicas y cambiantes.

Prefectura intimó a los profesionales y los profesionales ratificaron el paro

Ante el colapso operativo en los puertos, la Prefectura Naval Argentina reaccionó enviando cédulas de «intimación perentoria» a los profesionales para que reanudaran la prestación del servicio, bajo apercibimiento de ley. La institución invocó la condición de servicio público esencial que reviste el practicaje como argumento para exigir el regreso inmediato a las actividades. Sin embargo, los profesionales ratificaron la medida de fuerza. Frente a las advertencias, la respuesta del sector fue mantener el paro pero establecer excepciones estratégicas: los prácticos continúan prestando servicio a buques petroleros y de gas licuado para no comprometer el abastecimiento energético interno ni generar contingencias ambientales en los cursos fluviales.

El impacto sobre las exportaciones y el comercio exterior

La dimensión del conflicto es difícil de exagerar. Las terminales del Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes concentran la mayor parte de la exportación de granos, harinas y aceites del país; su parálisis equivale a interrumpir el flujo de divisas que el propio gobierno de Milei necesita para sostener las metas de reservas acordadas con el FMI. Con decenas de embarcaciones sin actividad en esos puertos, cada día de paro implica costos financieros, demoras contractuales y riesgos de incumplimiento ante compradores externos. La paradoja es evidente: una desregulación presentada como reducción de costos generó, en sus primeras horas de vigencia, un daño económico difícil de cuantificar para el propio sector agroexportador que el gobierno dice defender.

El patrón Sturzenegger: desregular sin consultar, administrar las consecuencias después

El conflicto del practicaje se inscribe en una cadena de reformas impulsadas por Sturzenegger que, una y otra vez, colisionan con los actores del sector afectado una vez que la norma ya está publicada. Lo mismo ocurrió con la desregulación del corretaje inmobiliario, que desató el rechazo de colegios profesionales y asociaciones del sector, o con el decreto 378/2026, que derivó en movilizaciones de trabajadores estatales. El denominador común es una lógica de decreto primero, negociación después que profundiza los conflictos en lugar de resolverlos y que, en este caso, afecta directamente la seguridad de la navegación en uno de los sistemas fluviales más complejos del continente.

Puntos clave

  • El lock-out de prácticos, pilotos y baqueanos rige desde el sábado 1° de agosto en todos los puertos del país.
  • El Decreto 690/2026, firmado por Milei y Sturzenegger, desregula el servicio de practicaje y permite navegar sin contratar prácticos matriculados.
  • La medida impacta en el 80% de las exportaciones e importaciones argentinas, con epicentro en el Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes.
  • La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales anunció una Acción de Amparo y una denuncia penal contra los firmantes del decreto.
  • Los profesionales mantienen guardias mínimas para buques petroleros y gaseros a fin de evitar riesgos al abastecimiento energético y al medio ambiente.

Desregulación

Aportaron $40 millones a LLA y se quedaron con AySA y la Hidrovía: así funciona el modelo de negocios libertario

Walter Román lideró el consorcio que el 8 de octubre presentó la mejor oferta para quedarse con el 90% de AySA, la empresa estatal de agua y saneamiento más grande del país. Su pariente Leonardo, mientras tanto, ya opera la Hidrovía Paraná-Paraguay junto a la belga Jan de Nul. Una misma familia. Dos de las privatizaciones más estratégicas del ciclo Milei. Y $40 millones de aportes a la campaña de La Libertad Avanza que explican, al menos en parte, el acceso privilegiado al círculo del poder.

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El Argentino Diario-AySA.
Primero la Hidrovía, ahora el agua: los Román, la familia que se quedó con la infraestructura estratégica de Argentina.

Más de 11 millones de personas en el AMBA beben agua potabilizada por AySA. El 90% de las acciones de esa empresa acaba de tener la mejor oferta de compra por parte de un consorcio encabezado por Rowing S.A., la firma de Walter Román, quien, según consta en el registro público de aportantes privados de la Cámara Nacional Electoral, destinó 40 millones de pesos a la campaña de La Libertad Avanza a través de dos de sus empresas, Direct Group y Lógico. La apertura de sobres se realizó el 8 de octubre y la propuesta del consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX ascendió a US$340,2 millones por el 90% del paquete accionario de la empresa, superando en un 19% la oferta del Grupo Roggio, su único competidor.

Cuatro meses antes, en junio de 2026, otro miembro del clan familiar ya había protagonizado uno de los negocios más grandes de la era libertaria: Servimagnus, firma liderada por Leonardo Román, sobrino de Walter, se convirtió en el socio local de la empresa belga Jan de Nul en la concesión de la Vía Navegable Troncal, la Hidrovía Paraná-Paraguay, una infraestructura estratégica por la que circula el 80% de las exportaciones argentinas y que concentra cerca de 60 terminales portuarias. Dos hermanos, dos privatizaciones, una familia.

El consorcio que se quedó con el agua

El consorcio que ganó la licitación de AySA está integrado por cuatro firmas. Rowing S.A., de Walter Román, tendrá el 20% de la participación accionaria; Transclor, de Mauricio Filiberti, apodado «El Rey del Cloro» por ser uno de los proveedores históricos de insumos para la potabilización de AySA; PHX AQUA AR B.V., un vehículo de inversión constituido en Londres en agosto de 2026, pocas semanas antes de la apertura de sobres; y Arcos Saneamento e Participações S.A., del Grupo Equipav de Brasil, que aportará el expertise técnico en operación de redes de agua y cloacas. PHX Aqua concentrará el 55% del paquete accionario dentro del grupo. La composición del consorcio generó cuestionamientos inmediatos desde la oposición, dado que uno de sus futuros accionistas es, hasta hoy, proveedor activo de la empresa que se dispone a adquirir.

La adjudicación fue habilitada por la Resolución 1722/2026 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo, en el marco de la Ley Bases (27742), que incluyó a AySA en la lista de empresas públicas sujetas a privatización. El proceso arrancó formalmente con los decretos 493 y 494 de julio de 2025, que establecieron el nuevo marco regulatorio y autorizaron la venta del 90% estatal. Se trata de la mayor privatización de infraestructura impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

Las resistencias judiciales que el Gobierno ignoró

La licitación avanzó pese a múltiples obstáculos judiciales. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata ratificó una medida cautelar, promovida por el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, que prohíbe al Gobierno modificar, reducir o alterar las obligaciones esenciales vinculadas a la prestación del servicio de agua potable y cloacas en la región metropolitana. La resolución alertó sobre un «riesgo inminente» de deterioro sanitario si la reestructuración corporativa desmantela los controles de calidad o valida el abandono de las más de 260 obras de infraestructura que el Ejecutivo mantiene paralizadas. La Cámara también ordenó girar la causa al fuero federal para que se resuelva si la privatización es legal o inconstitucional.

En paralelo, los senadores Adán Bahl y Jorge Capitanich y las diputadas Ana María Ianni y Florencia Carignano presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, exigiendo que el Gobierno revele la tasación oficial de AySA y solicitaron que se frene la adjudicación. La pregunta que el Gobierno no quiso responder es cuánto vale realmente la empresa que acaba de vender.

La Hidrovía, el primer gran negocio de los Román

Servimagnus, la empresa con la que Leonardo Román se convirtió en el socio local de Jan de Nul en la concesión de la Hidrovía, se dedica al salvamento y desguace de buques, remoción de estructuras portuarias, izado de carga de proyecto, montaje de equipamiento portuario, balizamiento, dragado y obras hidráulicas. En septiembre de 2026, la nueva concesionaria Vía Navegable Argentina (VNA) inició operaciones con una baja del 13,5% en la tarifa de peaje, presentada por el consorcio como una señal de mejora logística. El negocio, sin embargo, es de una magnitud difícil de exagerar: la Hidrovía moviliza el 80% de las exportaciones argentinas y articula cerca de 60 terminales portuarias.

Los Román, en el entramado familiar, son herederos del patriarca Alfredo Simón Román, fundador de la empresa de transporte y logística que lo convirtió en «El zar de las grúas». Sus cuatro hijos, Alfredo, Ricardo, Oscar y Walter, separaron sus negocios en 1996. Desde entonces expandieron sus áreas de influencia hacia la infraestructura portuaria, la construcción, la logística y los servicios. En el ciclo de privatizaciones del Gobierno de Milei, dos ramas de esa misma familia se convirtieron en los grandes beneficiarios de la transferencia de activos estratégicos al sector privado.

Karina Román y el círculo rojo

La tercera cara visible del clan es Karina Román, hija de Alfredo y, por tanto, prima de Leonardo. Su nombre no figura en ninguna licitación millonaria, pero su presencia en el establishment local creció con fuerza en los últimos años. Karina es la figura central en la conducción de las inversiones del holding a través de Puerto Asís Investments, el vehículo que controla la participación del grupo en Exolgan, con negocios en puerto, agro, energía e inmuebles. Su perfil se consolidó en ámbitos como el Foro Llao Llao, la Universidad Di Tella y Endeavor, los tres espacios de construcción de consenso del empresariado argentino.

En el entorno de los Román insisten en que cada uno lleva adelante sus empresas de manera independiente y que no existen vínculos comerciales entre ellos. Lo que sí existe, y es de acceso público, es la relación entre Walter Román y La Libertad Avanza: 40 millones de pesos aportados a la campaña electoral, un dato que permite contextualizar el vínculo entre el empresario y el partido de gobierno que habilitó las dos privatizaciones más estratégicas de las que su familia resultó beneficiaria.

Lo que tenés que saber:

  • El consorcio encabezado por Rowing S.A., de Walter Román, presentó la oferta más alta por AySA: US$340,2 millones por el 90% de las acciones, con un compromiso de inversión de US$15.040 millones en 30 años.
  • Leonardo Román, pariente de Walter, ya opera la Hidrovía Paraná-Paraguay junto a Jan de Nul a través de Servimagnus, concesión ganada en junio de 2026.
  • Walter Román aportó $40 millones a la campaña de La Libertad Avanza a través de dos empresas, según el registro público de la Cámara Nacional Electoral.
  • La privatización de AySA avanzó pese a una medida cautelar de la Justicia bonaerense y una denuncia en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas presentada por legisladores de la oposición.
  • La Ley Bases (27742) habilitó la venta del 90% de AySA; la adjudicación se formalizó mediante la Resolución 1722/2026 firmada por el ministro Luis Caputo.
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