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A 35 años del levantamiento “carapintada” que encabezó Mohamed Alí Seineldín

El Gobierno de Alfonsín sufrió dos rebeliones de esta facción castrense. Eran apodados de esta forma porque se mostraban con sus rostros embadurnados con pomada para camuflarse cuando se acuartelaban.

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El-Argentino-Levantamiento cara pintadas-Mohammed Alí Seineldín.

El coronel Mohamed Alí Seineldín encabezaba hace 35 años, el 2 de diciembre de 1988, el tercer levantamiento «carapintada» contra el Gobierno de Raúl Alfonsín en un cuartel del Ejército ubicado en la localidad de Villa Martelli, con el propósito de forzar una amnistía para los militares acusados de cometer violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado.

Los «carapintadas» eran apodados de esta forma porque se mostraban con sus rostros embadurnados con pomada para camuflarse cuando se acuartelaban, y el Gobierno de Alfonsín había sufrido dos rebeliones de esta facción castrense que estuvieron encabezadas por Aldo Rico, otro teniente coronel que participó en la Guerra de Malvinas.

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Mohamed Alí Seineldín.

La primera de ellas fue la de Semana Santa, en abril de 1987, que generó una gran movilización popular a Plaza de Mayo en defensa de las instituciones democráticas recuperadas cuatro años antes, y la segunda se produjo en Monte Caseros, Corrientes, durante febrero de 1988.

Seineldín, un oficial formado en el cuerpo de comandos del Ejército, veterano de Malvinas y agregado militar en Panamá -donde había establecido vinculaciones con el dictador Manuel Noriega-, se puso al frente de los carapintadas cuando Rico se encontraba detenido.

Al momento de la rebelión, Alfonsín se encontraba de viaje oficial en Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU, y debió anticipar su regreso ante la crisis castrense.

En las primeras horas del viernes 2 de diciembre, Seineldín y sus hombres tomaron el control de buena parte del complejo militar militar de Campo de Mayo, dando comienzo a la sublevación.

«Le ordenados al jefe del Ejército, el general José Caridi, que iniciara un operativo para recuperar la unidad. Se comenzó con el lanzamiento de disparos de aproximación, primero llegaban a 30 metros de donde estaban ubicados los rebeldes, luego a 20 y por último a 10. Es entonces cuando Seineldín anuncia que se iba a rendir, pero nos tendió un engaño», recuerda el exfuncionario.

En una maniobra evasiva realizada en el atardecer, Seineldín y sus hombres burlaron de forma inexplicable el cerco impuesto por Caridi y se trasladaron a una unidad militar de Villa Martelli, donde permanecieron durante todo el sábado.

Desde la mañana del domingo, grupos de manifestantes comenzaron a rodear las inmediaciones del cuartel de Villa Martelli para exigir la rendición de los sublevados, mientras las tropas leales comenzaban a tomar posiciones lentamente en la zona.

Algunas personas se aproximaron a los muros y la guardia del cuartel para arrojar objetos y piedras a los militares rebeldes, mientras se demoraba una represión de las tropas leales que nunca se produjo.

Entre esos grupos había militantes de partidos y agrupaciones de izquierda y, tras la rendición de los amotinados, la Policía cargó contra los manifestantes que se encontraban sobre la avenida General Paz y los dispersó a tiros; murieron siete personas y hubo varios heridos.

Por la tarde del domingo 4, los carapintadas aceptaban la rendición, y si bien no lograron una amnistía o una norma que mejorara la situación de los procesados –como sucedió tras Semana Santa con la sanción de la Ley de Obediencia Debida–, Caridi debió dejar la conducción del Ejército y fue reemplazado por el general Isidro Cáceres.

Seinedín quedó detenido tras los sucesos de Villa Martelli, pero Carlos Menem lo indultó tras llegar a la Presidencia, sin embargo, en diciembre de 1990, el militar se puso al frente de la cuarta rebelión carapintada, sofocada tras sangrientos enfrentamientos con varios muertos en el regimiento de Patricios y el Edificio Libertador, sede del Ejército.

Por esos hechos, Seineldín resultó condenado a prisión perpetua en 1991, lo que significó el fin del proyecto de los «carapintadas».

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Myanmar cometió genocidio: la CIJ responsabilizó por primera vez a un Estado

El máximo tribunal de la ONU concluyó que las fuerzas birmanas mataron a unos 10.000 rohinyás en 2017 y empujaron a 700.000 al exilio. Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y garantizar el regreso de los desplazados.

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Corte Internacional de Justicia: fallo por los rohinyás

Unos 10.000 rohinyás asesinados, alrededor de 700.000 expulsados hacia Bangladés y cerca de 400 aldeas arrasadas: con esas cifras sobre la mesa, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó este jueves que Myanmar cometió genocidio contra esa minoría musulmana durante las operaciones militares de 2017. Es la primera vez en su historia que el máximo tribunal de Naciones Unidas declara a un Estado responsable de haber cometido ese crimen.

El fallo, de 191 páginas, fue leído durante casi tres horas en La Haya por el presidente del tribunal, el juez japonés Yuji Iwasawa, en la causa que Gambia inició en noviembre de 2019 por violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. «La República de la Unión de Myanmar ha cometido genocidio contra el grupo rohinyá en el norte del estado de Rajine», afirmó Iwasawa. La decisión se adoptó por nueve votos contra seis y es definitiva, obligatoria para las partes e inapelable.

Qué dio por probado la Corte

El tribunal consideró respaldada por el expediente la estimación de unos 10.000 muertos, que surge de una misión independiente de la ONU, y concluyó que las fuerzas de seguridad y otros órganos del Estado cometieron actos prohibidos por los incisos a, b y d del artículo II de la Convención: matanzas, lesiones graves a la integridad física o mental y medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo. También determinó que Myanmar no previno ni castigó el genocidio.

Iwasawa describió la «violencia extrema» del ejército contra las comunidades rohinyás del estado de Rajine y sostuvo que el asesinato de bebés respalda la inferencia de que las fuerzas de seguridad buscaban impedir nacimientos dentro del grupo. Según el tribunal, cerca de 400 de las casi 1.000 aldeas de tres municipios del norte, alrededor del 40%, fueron destruidas total o parcialmente durante y después de 2017, y sobre los terrenos despejados se levantaron construcciones a toda velocidad.

Lo que deberá hacer Myanmar

La sentencia ordenó a Myanmar adecuar su legislación a las obligaciones de la Convención, investigar y, cuando corresponda, juzgar y castigar a los sospechosos, ofrecer garantías de no repetición, permitir el regreso «seguro, voluntario y digno» de los desplazados y la reunificación de las familias, e indemnizar al grupo rohinyá y a sus integrantes. El monto se fijará en una etapa posterior, y el Estado birmano tendrá dos años para informar qué medidas de restitución adoptó y qué compensación propone.

El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró el fallo como un «poderoso reconocimiento a las víctimas rohinyá del genocidio» y sostuvo que terminar con la impunidad es indispensable para la reconciliación en Myanmar. Pero la CIJ no tiene medios propios para hacer cumplir sus decisiones, y el comandante que encabezó aquella ofensiva, Min Aung Hlaing, es el mismo que lideró el golpe de Estado de 2021.

Un techo que se rompió

El caso recorrió un largo camino: en enero de 2020 la Corte ordenó medidas provisionales para proteger a los rohinyás, en julio de 2022 rechazó las objeciones de Myanmar y se declaró competente, y en enero de este año escuchó tres semanas de alegatos, en los que el representante birmano Ko Ko Hlaing defendió la campaña militar como una respuesta a ataques de milicianos rohinyás.

El fallo marca un antes y un después en el derecho internacional: en Bosnia contra Serbia, en 2007, la Corte solo había condenado a un Estado por no prevenir un genocidio, el de Srebrenica, pero no por cometerlo. En Croacia contra Serbia, en 2015, rechazó las dos demandas por no haberse probado la intención específica de destruir a un grupo.

El capítulo argentino

La causa tiene un correlato directo en Comodoro Py. En noviembre de 2019, organizaciones rohinyás junto a organismos argentinos de derechos humanos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo y la organización del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentaron una denuncia ante el juzgado de María Romilda Servini invocando el principio de jurisdicción universal. El 13 de febrero de 2025, la jueza dictó órdenes de detención contra 25 funcionarios militares y civiles birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing y la ex consejera de Estado Aung San Suu Kyi. La sentencia de La Haya le da un respaldo inédito a una investigación que la Justicia argentina abrió cuando pocos países se animaban.

Lo que tenés que saber

  • La CIJ declaró a Myanmar responsable de genocidio contra los rohinyás en 2017, por nueve votos contra seis.
  • Es la primera vez que el tribunal determina que un Estado cometió genocidio.
  • Se estiman unos 10.000 muertos, 700.000 desplazados y unas 400 aldeas destruidas.
  • Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y permitir el regreso de los desplazados; Myanmar tiene dos años para informar.
  • En la Argentina, la jueza Servini ordenó en 2025 la detención de 25 funcionarios birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing.
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