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★ El Gobierno nacional avanza con una controvertida reforma del Sistema de Inteligencia Nacional que concentra poder en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), bajo la conducción de Sergio Neiffert, y habilita prácticas que la oposición califica como peligrosas para las libertades democráticas. La iniciativa, que se concretará mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) basado en el Decreto 614/24, podría publicarse en las próximas horas y deberá ser comunicada al Congreso Nacional dentro de los 10 días hábiles establecidos por la ley 26.122.

Según el texto al que accedieron diversos medios, el artículo 2 del DNU establece que «todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional». Esta definición abre interrogantes sobre los límites de la actuación de los organismos de inteligencia y la posibilidad de que operen sin controles efectivos.

Facultades de aprehensión y uso de la fuerza

Uno de los artículos más polémicos es el 19, que faculta a los órganos del Sistema Nacional de Inteligencia a «proporcionar su propia seguridad y protección de las instalaciones, bienes, personal, operaciones e información, encontrándose habilitados a repeler y/o hacer cesar las agresiones que los pongan en riesgo». El texto especifica que podrán hacerlo «en toda instalación, durante el desplazamiento, o en los lugares donde se desarrollen las actividades de inteligencia, ya sea en forma permanente, transitoria o circunstancial».

Además, el mismo artículo establece que «en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes». Esta habilitación genera preocupación en sectores opositores, que advierten sobre la posibilidad de que organismos de inteligencia asuman funciones policiales sin los controles correspondientes.

Cambios estructurales y concentración de poder

El DNU prevé modificaciones en la estructura del sistema de inteligencia. La actual Agencia de Seguridad Nacional pasará a denominarse Agencia Nacional de Contrainteligencia, mientras que la Agencia Federal de Ciberseguridad será reemplazada por la Agencia Federal de Ciberinteligencia. Por su parte, la División de Asuntos Internos se convertirá en la Inspectoría General de Inteligencia, con mayores atribuciones para auditorías e investigaciones internas.

La reforma centraliza la designación de los titulares de órganos desconcentrados en manos del Secretario de Inteligencia, fortaleciendo la conducción jerárquica del sistema. Además, crea una Comunidad de Inteligencia coordinada por la SIDE, que facilitará el intercambio permanente de información entre organismos especializados del Estado, incorporando datos de áreas económicas, tecnológicas, sanitarias y ambientales.

También se establece una Comunidad Informativa integrada por organismos que, sin producir inteligencia, aportarán información relevante bajo un sistema automatizado que, según fuentes oficiales, permitirá registrar todo el intercambio «sin discrecionalidad». Sin embargo, no se especifica qué mecanismos de control ciudadano o parlamentario supervisarán este registro.

Separación entre ciberinteligencia y ciberseguridad

Uno de los aspectos centrales de la reforma es la diferenciación entre ciberinteligencia y ciberseguridad. La primera quedará bajo la órbita de la SIDE, orientada a la obtención de conocimiento estratégico, mientras que la segunda será responsabilidad de un nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad dependiente de la Jefatura de Gabinete, específicamente de la Secretaría de Innovación.

Eliminación de organismos y redefinición de funciones

El DNU elimina la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), organismo dependiente del Ministerio de Defensa que, según el Gobierno, duplicaba tareas con la inteligencia del Estado Mayor Conjunto. A partir de la reforma, la producción de inteligencia estratégica militar quedará concentrada en este último.

Por otra parte, se habilita formalmente que el sistema de inteligencia pueda solicitar apoyo técnico y logístico de las Fuerzas Armadas, fuerzas federales y policías, «sin confundir funciones, para optimizar recursos y capacidades», según precisa el texto oficial.

El discurso oficial: «modernización» y «legitimidad»

Fuentes oficiales sostienen que la reforma «moderniza, ordena y legitima el Sistema de Inteligencia Nacional: lo integra al Estado, lo separa de funciones policiales, lo adapta a amenazas contemporáneas y lo somete a mayores controles». Según esta versión, el sistema «no cumple tareas policiales ni judiciales, sino que produce inteligencia estratégica para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo» y «brinda respaldo legal al personal, definiendo con precisión qué está permitido y qué está prohibido».

Asimismo, el Gobierno afirma que la Agencia de Seguridad Nacional «se reorienta exclusivamente a la contrainteligencia, evitando superposición con la Policía Federal y dejando la investigación criminal en manos de las fuerzas de seguridad». En ese marco, se define a la contrainteligencia de manera preventiva, orientada a detectar y analizar «espionaje, sabotaje, injerencia, interferencia e influencia extranjera», con el objetivo declarado de adaptar el marco normativo a «las nuevas formas de amenaza tecnológica, política y cognitiva».

Críticas de la oposición: espionaje político disfrazado

Sin embargo, sectores opositores, especialmente del kirchnerismo, cuestionan duramente la iniciativa. El diputado Esteban Paulon declaró a Noticias Argentinas que «el Congreso tiene la obligación moral y legal de rechazar este DNU. La inteligencia debe servir para proteger a la Nación de amenazas externas, no para vigilar a los ciudadanos de a pie. Defendamos la libertad, pero la de verdad».

Paulon destacó que, una vez cumplido el plazo de tratamiento en comisión, «nosotros lo podríamos rechazar después del décimo día por votación mayoritaria en ambas cámaras», en referencia al procedimiento establecido por la ley 26.122 para el tratamiento parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia.

Las críticas se centran en el riesgo de que las facultades ampliadas de la SIDE y la declaración de que todas las actividades de inteligencia revisten «carácter encubierto» permitan prácticas de espionaje político interno, a pesar de que el texto oficial asegura que la contrainteligencia se focalizará en amenazas externas. La experiencia histórica argentina con organismos de inteligencia y la falta de controles democráticos efectivos alimentan estas preocupaciones.

Además, la habilitación para aprehender personas en situación de flagrancia y el uso de la fuerza para «repeler agresiones» generan interrogantes sobre los límites de actuación del personal de inteligencia y su eventual solapamiento con funciones policiales, justamente lo que el Gobierno dice querer evitar.

El camino parlamentario

El DNU deberá ser tratado por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que tiene diez días hábiles para analizarlo una vez que el Gobierno lo comunique formalmente al Congreso. Posteriormente, ambas cámaras podrán rechazarlo por mayoría absoluta de sus miembros presentes.

En un contexto de creciente tensión política y acusaciones cruzadas sobre espionaje ilegal, la reforma del sistema de inteligencia promete convertirse en un nuevo capítulo de la disputa entre el Gobierno libertario y la oposición, con las libertades democráticas y el control ciudadano sobre los organismos de seguridad en el centro del debate.

Puntos clave

• El DNU establece que todas las actividades de inteligencia tendrán carácter encubierto y habilita la aprehensión de personas en flagrancia por parte del personal de la SIDE.

• Se concentra poder en la Secretaría de Inteligencia del Estado, que coordinará una Comunidad de Inteligencia con intercambio automatizado de información entre organismos.

• La reforma separa ciberinteligencia (SIDE) de ciberseguridad (Jefatura de Gabinete) y elimina la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar.

• El Gobierno sostiene que la iniciativa moderniza y somete a mayores controles el sistema, mientras la oposición advierte sobre riesgos de espionaje político interno.

• El DNU deberá ser tratado por el Congreso, que podrá rechazarlo por mayoría absoluta en ambas cámaras.