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Región

Lula se reunió con el gobernador de San Pablo tras temporal que dejó 36 muertos y 40 desaparecidos

Lula sobrevoló en la mañana de este lunes en helicóptero las zonas afectadas por las lluvias, acompañado del jefe del Estado Mayor brasileño, Rui Costa.

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, se reunió hoy con el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, para discutir medidas de emergencia frente a las lluvias torrenciales que azotaron la región y dejaron al menos 36 muertos y 40 desaparecidos durante el fin de semana de carnaval y destacó que «el bien común es mucho más importante que cualquier desacuerdo».

Antes de reunirse con el gobernador, Lula sobrevoló en la mañana de este lunes en helicóptero las zonas afectadas por las lluvias, acompañado del jefe del Estado Mayor brasileño, Rui Costa, según informó el diario O Globo, reportó DPA.

«El bien común de las personas es mucho más importante que cualquier desacuerdo que podamos tener. Estamos juntos para enfrentar la situación y ayudar a la población», indicó Lula en su perfil oficial de Twitter.

El mandatario brasileño le trasladó a De Freitas su deseo de volver con un grupo de ministros para «asumir un compromiso de Gobierno» con Sao Sebastiao, el municipio más afectado por las lluvias y subrayó: «Trabajaremos en conjunto con el ayuntamiento».

Por su parte, De Freitas anunció que su Gobierno decretó hoy tres días de luto oficial por las precipitaciones que afectaron las localidades del litoral norte de San Pablo.

En tanto, el Gobierno federal promulgó el estado de desastre en Guarujá, Bertioga, Sao Sebastiao, Caraguatatuba, Ilhabela y Ubatuba.

El gobierno regional de San Pablo reiteró en su último informe el balance provisional de 36 muertos de la víspera: 35 en Sao Sebastiao y una niña en la localidad de Ubatuba.

El balneario de Sao Sebastiao, ubicado a unos 200 km de la capital paulista, fue el más afectado por las precipitaciones «récord», que causaron inundaciones y deslizamientos de tierra y arrasaron al menos unas 50 casas.

De Freitas sobrevoló la zona afectada ayer y decretó el «estado de calamidad» en esos y otros cuatro municipios para facilitar el despliegue de recursos, según reportó la agencia AFP.

Además, liberó unos siete millones de reales (alrededor de 1,5 millones de dólares) para tareas de rescate mientras que el gobierno nacional también puso fondos a disponibilidad para atender la emergencia.

Michelle Cesar, de los bomberos de San Pablo, indicó en una entrevista a CNN Brasil que «cerca de 40 personas no fueron localizadas».

Él mismo cuerpo informó de 14 heridos que fueron socorridos.

Asimismo, unas 970 personas se encuentran evacuadas y 747 desabrigadas, informaron las autoridades, que trabajan contrarreloj para socorrer a las víctimas.

Lula llegó a media mañana al estado, proveniente de Bahía donde pasaba unos días de descanso, informó la TV Globo.

El mandatario, en el poder desde el 1 de enero, prometió en redes sociales «reunir todos los niveles de gobierno» para «atender heridos, buscar desaparecidos, restablecer las carreteras, conexiones de energía y telecomunicaciones».

El municipio de Sao Sebastiao, en cuyas playas muchos paulistas pasaban el feriado de carnaval, fue el más golpeado: cayeron más de 600 milímetros de lluvia en 24 horas (más del doble de lo esperado para el mes), según las autoridades.

Imágenes difundidas por medios locales y usuarios de redes sociales mostraban ríos de lodo y escombros, carreteras inundadas, caminos costeros hundidos y autos destrozados por árboles caídos, entre otras evidencias de los daños.

«Lo que sucedió fue un fenómeno de la naturaleza que no veíamos desde hace muchos años», dijo Roberto Farina, director de comunicaciones de la Defensa Civil del estado de San Pablo.

Medio millar de socorristas, militares y policías trabajan en las labores de rescate, con apoyo de 31 maquinarias, siete helicópteros y dos aviones, detalló el gobierno estatal.

El Ministerio de Salud anunció el envío de medicinas e insumos a las zonas afectadas, algunas de ellas incomunicadas por los deslizamientos.

América Latina

Aviones militares a Bolivia: la oposición acusa a Milei de encubrir represión y exige explicaciones

Diputados de Unión por la Patria presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo por el envío de dos aviones Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira, en medio de una escalada de violencia estatal contra manifestantes que reclaman su renuncia. El antecedente del envío de armas de Macri a la dictadura de Áñez en 2019 tiñe de sospechas la operación.

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La oposición exige que el gobierno explique qué transportaron los aviones militares enviados a Bolivia

★ Un numeroso grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP), encabezados por Juan Marino, presentó este lunes un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional por el envío de dos aviones militares Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira. La iniciativa se enmarca en un contexto de creciente violencia estatal en Bolivia contra las manifestaciones populares que exigen la renuncia del mandatario, y reactualiza el fantasma del episodio más oscuro de la relación bilateral reciente: el envío de armamento represivo por parte del gobierno de Mauricio Macri al régimen de facto de Jeanine Áñez en noviembre de 2019.

El pedido de informes y sus ejes centrales

El proyecto presentado por la bancada opositora exige que el Gobierno de Javier Milei detalle la carga transportada por los aeronaves, el personal embarcado, los acuerdos militares vigentes con Bolivia y con el denominado «Escudo de las Américas», el esquema de seguridad regional impulsado por la administración de Donald Trump, y el estado procesal actual de la causa judicial abierta por el envío de armas y munición antitumulto del macrismo al gobierno de facto de Áñez.

«Es indispensable que el Congreso tenga garantías de que esta operación no se va a usar para reprimir al pueblo boliviano. La sola palabra del gobierno argentino, después del antecedente de 2019, no alcanza», declaró Marino ante la agencia. El legislador, referente del Partido Piquetero y dirigente del Movimiento Derecho al Futuro impulsado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, fue categórico: «No se puede tolerar que el Estado argentino respalde la represión».

El pedido de informes lleva la firma, entre otros, del jefe de la bancada de UxP en Diputados, Germán Martínez, de la vicepresidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, y de los legisladores Jorge Taiana y Eduardo Valdés.

La voz boliviana y la sospecha sobre la carga

La iniciativa parlamentaria recoge las denuncias públicas del diputado nacional de la oposición boliviana Rolando Pacheco, quien afirmó que los aviones Hércules no transportan ayuda humanitaria sino material destinado a «reprimir» las movilizaciones en curso. La versión extraoficial, que el Gobierno argentino no desmintió con datos concretos, alimenta la desconfianza opositora.

«Hay elementos suficientes como para sospechar que no estamos ante ayuda humanitaria sino ante un respaldo material a la represión. El gobierno de Milei tiene que dar explicaciones precisas para despejar cualquier duda», sostuvo Marino, al tiempo que cuestionó el encuadre oficial de las protestas bolivianas: «Es falso que las manifestaciones sean desestabilizadoras, como han planteado Milei y el gobierno estadounidense. Romper el Estado de Derecho es masacrar las manifestaciones e impedir el ejercicio del derecho a la protesta».

Una resolución en defensa de la protesta popular

En paralelo al pedido de informes, Marino presentó un proyecto de resolución en defensa del derecho a la protesta social, que rechaza toda forma de represión estatal, criminalización de las movilizaciones populares e injerencia externa en los asuntos internos de Bolivia. La iniciativa reafirma que «el derecho a la protesta, a la huelga, a la libre expresión y a la libre asociación son pilares fundamentales de todo orden democrático».

El proyecto plantea, además, que la Cámara de Diputados debe diferenciarse de la posición asumida por el Poder Ejecutivo Nacional, que se alineó con comunicados regionales y del Departamento de Estado de los Estados Unidos que, según la oposición, omiten toda referencia a la represión y a las violaciones de derechos humanos denunciadas en territorio boliviano. «Exigimos que ningún recurso del Estado argentino sea utilizado para reprimir la rebelión popular del pueblo boliviano», insistió Marino.

El peso del antecedente: Macri, Áñez y las armas de 2019

El episodio de noviembre de 2019 opera como telón de fondo ineludible de toda esta discusión. Durante el gobierno de Mauricio Macri, la Argentina envió material represivo, incluyendo munición antitumulto, al régimen de facto instaurado tras el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales y colocó a Jeanine Áñez en la presidencia de Bolivia. Ese material fue utilizado en la represión de manifestaciones que dejó decenas de muertos y heridos. La causa judicial por ese envío permanece abierta en la justicia federal argentina y constituye uno de los antecedentes que la bancada de UxP invocan para reclamar transparencia sobre la actual operación.

Para Marino, «frente a la protesta social, la respuesta no puede ser la criminalización ni la represión: debe ser el respeto irrestricto al derecho a la protesta y a la autodeterminación de los pueblos». La Argentina, advirtió, «no puede repetir el antecedente gravísimo de 2019, cuando un gobierno argentino envió material represivo al régimen de facto de Áñez».

Puntos clave

  • Diputados de UxP presentaron un pedido de informes por el envío de dos Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira.
  • La oposición exige saber qué carga transportan los aviones y si existe vinculación con el «Escudo de las Américas» de Trump.
  • El diputado boliviano Rolando Pacheco denunció que los aviones no llevan ayuda humanitaria sino material represivo.
  • El proyecto lleva las firmas de Germán Martínez, Cecilia Moreau, Jorge Taiana y Eduardo Valdés, entre otros.
  • La bancada opositora alertó sobre la repetición del antecedente de 2019, cuando Macri envió armamento al régimen de facto de Áñez.
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