Región
Bolivia: continúa el despliegue militar para desbloquear rutas tras muerte de estudiante
El presidente Arce anunció que seguirán los operativos en regiones bloqueadas tras incidentes que dejaron un joven muerto y sedes políticas atacadas.
Lo que tenés que saber
- Arce confirmó la continuidad de operativos para garantizar libre tránsito y evitar desabastecimiento
- Se investiga la muerte de Vladimir Aguilar Choque, estudiante fallecido durante bloqueos evistas
- El Gobierno también ordenó indagar atentados contra sedes vinculadas a Evo Morales en La Paz
- Arce respondió a denuncias del senador Loza calificándolas de irresponsables
- Evo Morales denunció un “plan sistemático de proscripción” y responsabilizó al Ejecutivo
Arce refuerza operativos para desbloquear rutas y acusa a grupos evistas de violencia política
El presidente boliviano, Luis Arce, anunció este viernes por la noche que su Gobierno continuará desplegando operativos en varias regiones afectadas por bloqueos impulsados por sectores que exigen el registro de Evo Morales como candidato presidencial.
Acciones para garantizar el tránsito y el abastecimiento
En un mensaje oficial, Arce destacó el rol de las fuerzas policiales y militares en la remoción de piquetes instalados en Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz. Según sus declaraciones, las acciones buscan “garantizar el libre tránsito, la seguridad de los ciudadanos y evitar el desabastecimiento de alimentos”.
Investigación por ataques a sedes políticas
El mandatario también ordenó investigar los ataques recientes contra la sede de Evo Pueblo y la casa de la concejal Wilma Alanoca en La Paz. “Mi gobierno ha actuado con firmeza contra la violencia política”, afirmó, y rechazó las acusaciones del senador Leonardo Loza, quien había vinculado al Ejecutivo con estos hechos. Arce calificó sus declaraciones como “irresponsables” y reiteró su compromiso con “el diálogo y el respeto institucional”.
Muerte de un joven en bloqueos
A través de su canal de Telegram, Arce lamentó el fallecimiento de Vladimir Aguilar Choque, un joven estudiante que murió en el marco de los enfrentamientos generados por bloqueos en distintas regiones. El presidente expresó sus condolencias a la familia y confirmó que se llevará adelante una investigación “para esclarecer los hechos y evitar que estos crímenes queden impunes”.
Morales acusa al Gobierno de persecución política
Por su parte, el expresidente Evo Morales denunció en su cuenta de X que se trata de “violencia selectiva promovida por el gobierno y sus aliados”. En su mensaje aseguró que “tras los discursos de odio impulsados por la Ministra de la Presidencia, incendiaron oficinas del Instrumento Político y pusieron bombas en la casa de nuestra hermana Wilma Alanoca”.
Morales agregó: “Hoy se planea atentar contra los hogares de nuestros compañeros Leonardo Loza, Héctor Arce y mi casa en Cochabamba. No son hechos aislados, es un plan sistemático de proscripción política y criminalización contra nuestro espacio político”.
Finalmente, expresó que el objetivo del Ejecutivo no es el diálogo sino la eliminación política de sus adversarios: “No buscan diálogo ni soluciones. Quieren eliminar a sus adversarios con odio y violencia, porque ya no tienen legitimidad ni apoyo popular. Pero el pueblo está despierto, organizado y no permitirá que le arrebaten su democracia”.
América Latina
Aviones militares a Bolivia: la oposición acusa a Milei de encubrir represión y exige explicaciones
Diputados de Unión por la Patria presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo por el envío de dos aviones Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira, en medio de una escalada de violencia estatal contra manifestantes que reclaman su renuncia. El antecedente del envío de armas de Macri a la dictadura de Áñez en 2019 tiñe de sospechas la operación.
La oposición exige que el gobierno explique qué transportaron los aviones militares enviados a Bolivia
★ Un numeroso grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP), encabezados por Juan Marino, presentó este lunes un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional por el envío de dos aviones militares Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira. La iniciativa se enmarca en un contexto de creciente violencia estatal en Bolivia contra las manifestaciones populares que exigen la renuncia del mandatario, y reactualiza el fantasma del episodio más oscuro de la relación bilateral reciente: el envío de armamento represivo por parte del gobierno de Mauricio Macri al régimen de facto de Jeanine Áñez en noviembre de 2019.
El pedido de informes y sus ejes centrales
El proyecto presentado por la bancada opositora exige que el Gobierno de Javier Milei detalle la carga transportada por los aeronaves, el personal embarcado, los acuerdos militares vigentes con Bolivia y con el denominado «Escudo de las Américas», el esquema de seguridad regional impulsado por la administración de Donald Trump, y el estado procesal actual de la causa judicial abierta por el envío de armas y munición antitumulto del macrismo al gobierno de facto de Áñez.
«Es indispensable que el Congreso tenga garantías de que esta operación no se va a usar para reprimir al pueblo boliviano. La sola palabra del gobierno argentino, después del antecedente de 2019, no alcanza», declaró Marino ante la agencia. El legislador, referente del Partido Piquetero y dirigente del Movimiento Derecho al Futuro impulsado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, fue categórico: «No se puede tolerar que el Estado argentino respalde la represión».
El pedido de informes lleva la firma, entre otros, del jefe de la bancada de UxP en Diputados, Germán Martínez, de la vicepresidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, y de los legisladores Jorge Taiana y Eduardo Valdés.
La voz boliviana y la sospecha sobre la carga
La iniciativa parlamentaria recoge las denuncias públicas del diputado nacional de la oposición boliviana Rolando Pacheco, quien afirmó que los aviones Hércules no transportan ayuda humanitaria sino material destinado a «reprimir» las movilizaciones en curso. La versión extraoficial, que el Gobierno argentino no desmintió con datos concretos, alimenta la desconfianza opositora.
«Hay elementos suficientes como para sospechar que no estamos ante ayuda humanitaria sino ante un respaldo material a la represión. El gobierno de Milei tiene que dar explicaciones precisas para despejar cualquier duda», sostuvo Marino, al tiempo que cuestionó el encuadre oficial de las protestas bolivianas: «Es falso que las manifestaciones sean desestabilizadoras, como han planteado Milei y el gobierno estadounidense. Romper el Estado de Derecho es masacrar las manifestaciones e impedir el ejercicio del derecho a la protesta».
Una resolución en defensa de la protesta popular
En paralelo al pedido de informes, Marino presentó un proyecto de resolución en defensa del derecho a la protesta social, que rechaza toda forma de represión estatal, criminalización de las movilizaciones populares e injerencia externa en los asuntos internos de Bolivia. La iniciativa reafirma que «el derecho a la protesta, a la huelga, a la libre expresión y a la libre asociación son pilares fundamentales de todo orden democrático».
El proyecto plantea, además, que la Cámara de Diputados debe diferenciarse de la posición asumida por el Poder Ejecutivo Nacional, que se alineó con comunicados regionales y del Departamento de Estado de los Estados Unidos que, según la oposición, omiten toda referencia a la represión y a las violaciones de derechos humanos denunciadas en territorio boliviano. «Exigimos que ningún recurso del Estado argentino sea utilizado para reprimir la rebelión popular del pueblo boliviano», insistió Marino.
El peso del antecedente: Macri, Áñez y las armas de 2019
El episodio de noviembre de 2019 opera como telón de fondo ineludible de toda esta discusión. Durante el gobierno de Mauricio Macri, la Argentina envió material represivo, incluyendo munición antitumulto, al régimen de facto instaurado tras el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales y colocó a Jeanine Áñez en la presidencia de Bolivia. Ese material fue utilizado en la represión de manifestaciones que dejó decenas de muertos y heridos. La causa judicial por ese envío permanece abierta en la justicia federal argentina y constituye uno de los antecedentes que la bancada de UxP invocan para reclamar transparencia sobre la actual operación.
Para Marino, «frente a la protesta social, la respuesta no puede ser la criminalización ni la represión: debe ser el respeto irrestricto al derecho a la protesta y a la autodeterminación de los pueblos». La Argentina, advirtió, «no puede repetir el antecedente gravísimo de 2019, cuando un gobierno argentino envió material represivo al régimen de facto de Áñez».
Puntos clave
- Diputados de UxP presentaron un pedido de informes por el envío de dos Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira.
- La oposición exige saber qué carga transportan los aviones y si existe vinculación con el «Escudo de las Américas» de Trump.
- El diputado boliviano Rolando Pacheco denunció que los aviones no llevan ayuda humanitaria sino material represivo.
- El proyecto lleva las firmas de Germán Martínez, Cecilia Moreau, Jorge Taiana y Eduardo Valdés, entre otros.
- La bancada opositora alertó sobre la repetición del antecedente de 2019, cuando Macri envió armamento al régimen de facto de Áñez.
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