Región
Punta del Este: patota golpeó y persiguió a un joven por «confundirlo» con un ladrón
El chico fue atacado por 5 hombres que lo agredieron por su forma de vestir y lo amenazaron con «pegarle un tiro». Cuando se aclaró el hecho trataron de persuadirlo con dinero para que no hiciera la denuncia.
Cinco hombres golpearon, amenazaron y atropellaron con un cuatriciclo a un joven de 18 años que estaba de vacaciones con su familia en Punta del Este, Uruguay, porque «creyeron que les había robado», denunció Pablo Romero García, padre de la víctima.
El joven fue atacado el sábado a la noche por cuatro personas -que ahora deberán declarar ante la justicia por el hecho- que estaban en la casa contigua y que lo acusaban de haber sido autor de un robo a la vivienda que habían alquilado dos semanas atrás.
Según relató Romero García -catedrático y asesor de la Administración Nacional de Educación Pública-, a su hijo le gustan el rap y el trap y viste ropa asociada estéticamente a estos estilos musicales, por lo que es común que use gorro de visera y capucha.
«Por ese estilo, anoche cinco adultos de aproximadamente unos 30 años lo golpearon, amenazaron, intentaron subirlo a la fuerza a un auto y lo atropellaron con un cuatriciclo, pues supusieron que era un ladrón que caminaba por la calle con intenciones de robar», expresó.
La fiscal Departamental de Maldonado Ana Laura Roses, a cargo de la investigación, llamó a declarar a cuatro de los presuntos agresores y también le tomará declaración al joven, así como analizará las cámaras de la zona, entre otras medidas, confirmaron los diarios El País y El Observador.
Ni bien tomó estado público, el caso originó reacciones políticas, como la del intendente de Canelones, el frenteamplista Yamandú Orsi, quien en su cuenta de Twitter publicó: «Hombres golpearon, amenazaron y atropellaron con un cuatriciclo a su vecino de 18 años en Punta del Este porque ‘lo confundieron con un ladrón’. Apariencia delictiva, justicia por mano propia, o, por decirlo más claro, la ‘seguridad privada’ como opción. Una deriva peligrosa».
En la misma red social, Juan Pedro Mir, integrante del colectivo educativo Eduy 21, remarcó: «Otra foto del Uruguay que estamos generando. No podemos mirar para otro lado».
Tras la agresión, los hombres le dijeron a la familia que «iba a perder el tiempo denunciando» porque uno de ellos era «el hijo de un embajador», informó el medio local La Diaria.
El Ministerio del Interior confirmó que la denuncia fue radicada en sede policial, y en el Sanatario Mautone de Maldonado constataron las lesiones que recibió el muchacho.
Los presuntos agresores están emplazados y declararán en los próximos días ante la Justicia, informó Javier Benech, director de Comunicaciones de Fiscalía General de la Nación.
Según una carta pública que difundió su padre, el muchacho dijo que había salido el sábado a las 20.30 de su casa y que, a pocos metros de atravesar el portón, había recibido una patada, y más atrás venían otros tres o cuatro hombres con cachiporras, que lo acusaban «de ser un chorro».
El joven les dijo que vivía en la casa de la que estaba saliendo, pero los agresores lo amenazaron con «pegarle un tiro».
La víctima salió corriendo y, al llegar a una rotonda, fue interceptada por uno de ellos en cuatriciclo, quien la atropelló.
Cuando pudo levantarse, el conductor del cuatriciclo aceleró para volver a atropellarlo, el chico logró eludirlo y corrió pocos metros hasta ser rodeado por el resto. En ese momento se acercó un auto. Los hombres lo tomaron de la ropa por la fuerza e intentaron meterlo dentro del vehículo.
El joven volvió a explicar que era vecino y los atacantes resolvieron llevarlo hasta la casa para confirmar su relato.
«Si no vivís ahí, te vamos a pegar un tiro y tirar en una zanja», lo amenazaron, y le aseguraron que estaban armados.
El padre del joven fue a la casa de los agresores y los increpó por la golpiza. Su respuesta fue que ya le habían pedido «disculpas».
«Mi hijo fue golpeado, acusado erróneamente de ser un delincuente por quienes terminan obrando como tales, amenazado de recibir disparos, ser muerto y su cuerpo arrojado a una zanja, fue hurtado (le robaron su buzo y su gorrita, justamente aquellos elementos que sus agresores dieron por suficiente como para incriminarlo por la apariencia que le daba), le rompieron su celular, intentaron secuestrarlo y lo intentaron matar atropellándolo con un cuatriciclo», indicó Romero García en su comunicado .
Añadió que «luego le dieron 3.500 pesos (unos 6.000 pesos argentinos) para que se sintiera recompensado y no hablara de la situación» y que, mientras, lo amedrentaban a él para que no hiciera la denuncia porque «no tendría efecto alguno pues tenían alguna especie de inmunidad diplomática».
América Latina
Aviones militares a Bolivia: la oposición acusa a Milei de encubrir represión y exige explicaciones
Diputados de Unión por la Patria presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo por el envío de dos aviones Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira, en medio de una escalada de violencia estatal contra manifestantes que reclaman su renuncia. El antecedente del envío de armas de Macri a la dictadura de Áñez en 2019 tiñe de sospechas la operación.
La oposición exige que el gobierno explique qué transportaron los aviones militares enviados a Bolivia
★ Un numeroso grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP), encabezados por Juan Marino, presentó este lunes un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional por el envío de dos aviones militares Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira. La iniciativa se enmarca en un contexto de creciente violencia estatal en Bolivia contra las manifestaciones populares que exigen la renuncia del mandatario, y reactualiza el fantasma del episodio más oscuro de la relación bilateral reciente: el envío de armamento represivo por parte del gobierno de Mauricio Macri al régimen de facto de Jeanine Áñez en noviembre de 2019.
El pedido de informes y sus ejes centrales
El proyecto presentado por la bancada opositora exige que el Gobierno de Javier Milei detalle la carga transportada por los aeronaves, el personal embarcado, los acuerdos militares vigentes con Bolivia y con el denominado «Escudo de las Américas», el esquema de seguridad regional impulsado por la administración de Donald Trump, y el estado procesal actual de la causa judicial abierta por el envío de armas y munición antitumulto del macrismo al gobierno de facto de Áñez.
«Es indispensable que el Congreso tenga garantías de que esta operación no se va a usar para reprimir al pueblo boliviano. La sola palabra del gobierno argentino, después del antecedente de 2019, no alcanza», declaró Marino ante la agencia. El legislador, referente del Partido Piquetero y dirigente del Movimiento Derecho al Futuro impulsado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, fue categórico: «No se puede tolerar que el Estado argentino respalde la represión».
El pedido de informes lleva la firma, entre otros, del jefe de la bancada de UxP en Diputados, Germán Martínez, de la vicepresidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, y de los legisladores Jorge Taiana y Eduardo Valdés.
La voz boliviana y la sospecha sobre la carga
La iniciativa parlamentaria recoge las denuncias públicas del diputado nacional de la oposición boliviana Rolando Pacheco, quien afirmó que los aviones Hércules no transportan ayuda humanitaria sino material destinado a «reprimir» las movilizaciones en curso. La versión extraoficial, que el Gobierno argentino no desmintió con datos concretos, alimenta la desconfianza opositora.
«Hay elementos suficientes como para sospechar que no estamos ante ayuda humanitaria sino ante un respaldo material a la represión. El gobierno de Milei tiene que dar explicaciones precisas para despejar cualquier duda», sostuvo Marino, al tiempo que cuestionó el encuadre oficial de las protestas bolivianas: «Es falso que las manifestaciones sean desestabilizadoras, como han planteado Milei y el gobierno estadounidense. Romper el Estado de Derecho es masacrar las manifestaciones e impedir el ejercicio del derecho a la protesta».
Una resolución en defensa de la protesta popular
En paralelo al pedido de informes, Marino presentó un proyecto de resolución en defensa del derecho a la protesta social, que rechaza toda forma de represión estatal, criminalización de las movilizaciones populares e injerencia externa en los asuntos internos de Bolivia. La iniciativa reafirma que «el derecho a la protesta, a la huelga, a la libre expresión y a la libre asociación son pilares fundamentales de todo orden democrático».
El proyecto plantea, además, que la Cámara de Diputados debe diferenciarse de la posición asumida por el Poder Ejecutivo Nacional, que se alineó con comunicados regionales y del Departamento de Estado de los Estados Unidos que, según la oposición, omiten toda referencia a la represión y a las violaciones de derechos humanos denunciadas en territorio boliviano. «Exigimos que ningún recurso del Estado argentino sea utilizado para reprimir la rebelión popular del pueblo boliviano», insistió Marino.
El peso del antecedente: Macri, Áñez y las armas de 2019
El episodio de noviembre de 2019 opera como telón de fondo ineludible de toda esta discusión. Durante el gobierno de Mauricio Macri, la Argentina envió material represivo, incluyendo munición antitumulto, al régimen de facto instaurado tras el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales y colocó a Jeanine Áñez en la presidencia de Bolivia. Ese material fue utilizado en la represión de manifestaciones que dejó decenas de muertos y heridos. La causa judicial por ese envío permanece abierta en la justicia federal argentina y constituye uno de los antecedentes que la bancada de UxP invocan para reclamar transparencia sobre la actual operación.
Para Marino, «frente a la protesta social, la respuesta no puede ser la criminalización ni la represión: debe ser el respeto irrestricto al derecho a la protesta y a la autodeterminación de los pueblos». La Argentina, advirtió, «no puede repetir el antecedente gravísimo de 2019, cuando un gobierno argentino envió material represivo al régimen de facto de Áñez».
Puntos clave
- Diputados de UxP presentaron un pedido de informes por el envío de dos Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira.
- La oposición exige saber qué carga transportan los aviones y si existe vinculación con el «Escudo de las Américas» de Trump.
- El diputado boliviano Rolando Pacheco denunció que los aviones no llevan ayuda humanitaria sino material represivo.
- El proyecto lleva las firmas de Germán Martínez, Cecilia Moreau, Jorge Taiana y Eduardo Valdés, entre otros.
- La bancada opositora alertó sobre la repetición del antecedente de 2019, cuando Macri envió armamento al régimen de facto de Áñez.
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