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Venezuela podrá utilizar parte de sus propios fondos bloqueados por EEUU para la lucha contra el Coronavirus

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) aplicará en el país caribeño un programa para dotar a los hospitales de materiales básicos de protección sanitaria con parte del dinero que Estados Unidos bloqueó al Estado de Venezuela.

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La Organización Panamericana de la Salud (OPS) aplicará en el país caribeño un programa para dotar a los hospitales de materiales básicos de protección sanitaria con parte del dinero que Estados Unidos bloqueó al Estado de Venezuela, informó este jueves la oposición venezolana.

La OPS anunció en un comunicado que trabaja «activamente» con el Gobierno de Maduro y el parlamento en un plan de respuesta al coronavirus y mencionó la reciente «transferencia de 10 millones de dólares» del propio Estado venezolano para esta tarea.

Este dinero servirá para financiar la «protección del personal de salud, la implementación de medidas para reducir la transmisión y el fortalecimiento de la atención en los estados más afectados», dijo la OPS en el mismo comunicado, sin precisar la fecha de arribo de las ayudas ni su origen. Aunque se prevé que la ayuda incluya medicamentos básicos, la mayoría de la carga estará compuesta por equipos de protección sanitaria, como tapabocas y guantes.

Al respecto, la diputada opositora Manuela Bolívar informó en una conferencia de prensa que el dinero que se le será transferido a la OPS es parte de los fondos del Estado venezolano que Estados Unidos confiscó por considerar, de manera infundada, que el Gobierno de Maduro es un gobierno ilegítimo y comete actos de corrupción.

Esos recursos deben ser gestionados por el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, miembro de la Asamblea Nacional al que Washington avaló y le dio reconocimiento internacional como mandatario legitimo del país, aunque no fue candidato en la últimas presidenciales y era un completo desconocido para la mayoría de los venezolanos, hasta la intervención de los EEUU y la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de su secretario general, Luis Almagro.

«Este esfuerzo es posible porque se protegieron recursos venezolanos de la corrupción de manos del régimen, lo que hoy permite que sean invertidos en programas en atención», aseguró la legisladora, en línea con el discurso impuesto desde Washington, justamente, para bloquear y saquear los activos de Venezuela, que utiliza de manera discrecional Guaidó.

Venezuela cuenta hoy con 17.158 casos confirmados y 154 muertos, según datos de la Universidad estadounidense Johns Hopkins. Respecto a la cifra de fallecidos, la ONG Médicos Unidos señaló que 34 casos del total de víctimas fatales son de trabajadores sanitarios.

En medio de esta situación, un grupo de trabajadores sanitarios venezolanos se manifestó este jueves de forma pacífica ante la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y, respetando el distanciamiento social y portando tapabocas y guantes, desplegó pancartas en las que exigió «protección», según informó la agencia de noticias Ansa.

Pablo Zambrano, de la Federación de Trabajadores de la Salud, explicó que acudieron a la sede del organismo internacional pese a la cuarentena estricta que se cumple en la capital venezolana, para entregar un documento y llamar la atención del mundo sobre la crítica situación que enfrentan.

Cabe destacar que la citada crisis económica y sanitaria en Venezuela inició a causa del bloqueo estadounidense y no por negligencia del propio gobierno venezolano, desde donde se denuncia esta situación desde hace años, aunque las presiones de los EEUU hace que muchos países no tengan propia voz en este sentido y se muestren alineados con Washington.

En ese contexto, Zambrano expresó que los trabajadores venezolanos «necesitan del mundo». «Le decimos al secretario general de la ONU, António Guterres, que en Venezuela necesitamos que el mundo nos ayude por lo menos a tener un bono de 100 o 150 dólares que permita que prestemos el servicio con dignidad», sostuvo expresó el miembro de la Federación.

Asimismo, indicó que el personal de salud recibe poco más de 3 dólares al mes por prestar el servicio y «eso no cumple con la Constitución y por lo tanto no podemos decirle salario», y esto es así ya que en Venezuela existe una doble cotización de la divisa estadounidense que se digita desde Miami desde el portal DolarToday. Algo que provoca un efecto similar al del «dólar blue» en la Argentina, y el objetivo no es otro que desestabilizar las finanzas del país caribeño y causar descontento social.

Por otro lado, Zambrano destacó la falta de equipos de protección para poder enfrentar la pandemia, que hizo «al sistema de salud totalmente vulnerable y con hospitales y trabajadores en crisis». Algo que se comenzó a manifestar cuando inició la fase más dura del bloqueo de EEUU, al asumir Donald Trump.

Además, señaló que los hospitales tienen muchas carencias, no solo para atender a los pacientes de la Covid-19, sino de otras patologías, como cáncer, y enfatizó que del 100% del presupuesto solicitado mensualmente por los centros de salud, solo le entregan 5%.

Por último, vale detallar que la dotación de la OPS, compuesta del propio dinero del Estado Venezolano, «alcanzará a los hospitales de las regiones con mayores tasas de contagio», como el central Estado Miranda, el occidental Estado Zulia, que limita con Colombia, y la capital venezolana, Caracas, dijo en conferencia de prensa virtual la diputada opositora, Manuela Bolívar.

Sin embargo, Bolívar relativizó el anuncio de la OPS, al afirmar que si bien «no sabe cuántos recursos» serán destinados al programa, «no serían suficientes» en el marco de la emergencia sanitaria que atraviesa Venezuela, algo que en gran medida fue y es provocado por el sector al que ella misma representa: un oposición que recibe órdenes directamente desde la Casa Blanca.

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Chat Control: la ley europea que convierte tu celular en un testigo

El Parlamento Europeo debate una normativa que obligaría a escanear mensajes privados para detectar abuso sexual infantil, incluso en aplicaciones con cifrado de extremo a extremo. El debate enfrenta la protección de la infancia contra el derecho a la privacidad de millones de usuarios y pone en cuestión el futuro de las comunicaciones digitales.

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La propuesta "Chat Control 2.0" plantea extender ese escaneo a servicios con cifrado de extremo a extremo, lo que implicaría revisar mensajes en el dispositivo del usuario antes de que sean enviados.

Millones de conversaciones privadas, fotos, audios y textos intercambiados a diario en aplicaciones como WhatsApp o Signal podrían ser escaneados automáticamente antes de llegar a su destinatario. Eso es lo que prevé la normativa conocida como «Chat Control», una propuesta legislativa en debate en el Parlamento Europeo que divide a juristas, activistas digitales, gobiernos y organizaciones de derechos humanos en toda la Unión Europea.

La regulación apunta a detectar contenido de explotación sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés) en las comunicaciones digitales. En su versión vigente, una normativa temporal prorrogada hasta 2028 permite a las plataformas identificar de manera voluntaria ese tipo de material en mensajes privados, imágenes y videos. Pero la propuesta de largo plazo, denominada «Chat Control 2.0», plantea extender esa capacidad de detección también a los servicios con cifrado de extremo a extremo, lo que representa un salto cualitativo de enorme magnitud en términos de vigilancia digital masiva.

Un escudo que también puede convertirse en una red de arrastre

El cifrado de extremo a extremo, tal como funciona hoy en aplicaciones como Signal o WhatsApp, impide que ni siquiera el proveedor del servicio pueda leer los mensajes en tránsito. Es, en términos prácticos, el equivalente digital del secreto postal. Cualquier sistema de detección que pretenda operar sobre mensajes cifrados tendría que actuar antes de que ese escudo se active, es decir, en el dispositivo del usuario, justo antes de que el mensaje sea enviado. Esta técnica se denomina «client-side scanning» y consiste en examinar el contenido mientras aún es legible, antes de que se aplique el cifrado.

Las herramientas técnicas propuestas funcionan transformando cada archivo en una especie de huella digital que se compara con bases de datos de material ilegal ya identificado. Además, utilizan modelos de aprendizaje automático capaces de reconocer contenido nuevo o modificado y analizan los textos en busca de patrones lingüísticos asociados al grooming o acoso sexual a menores.

El fallo humano en la cadena de verificación

En plataformas sin cifrado, cuando un sistema automático detecta una coincidencia, la alerta es enviada a revisores humanos expertos que examinan el material antes de informarlo a las autoridades. Empresas como Google sostienen que este proceso garantiza una verificación responsable. Sin embargo, según señaló el ex eurodiputado alemán Patrick Breyer, jurista y activista por los derechos digitales, es precisamente en esa etapa de verificación donde el sistema comienza a fallar cuando se utiliza a gran escala.

Los empleados encargados de revisar las alertas aplican criterios legales diversos, no siempre logran discernir la intención detrás del contenido y, con frecuencia, confunden situaciones de sexting consensuado entre jóvenes o imágenes enviadas como bromas en chats grupales. En muchos casos, los adolescentes involucrados nunca tuvieron intención de enviar ni recibir material ilegal, simplemente reenviaron un archivo dentro de una conversación diferente.

Breyer no se opone a la detección en sí misma. Su argumento es más preciso: el escaneo debería permitirse solo cuando un tribunal independiente confirme que hay motivos razonables para sospechar de una persona específica, tal como ocurre con una orden judicial para revisar la correspondencia de un ciudadano. Extender ese control a toda la población «por si acaso» representa, en sus términos, un tipo de intervención de naturaleza completamente diferente.

Una regulación que depende de la app que uses

Por el momento, lo que sucede con un mensaje depende enteramente de la aplicación que se use. En servicios sin cifrado, el contenido puede recibir una identificación digital o ser examinado por algoritmos antes o justo después de ser enviado, revisado luego por expertos y comunicado a las autoridades ante una coincidencia confirmada. En servicios con cifrado de extremo a extremo, la legislación europea actual no se aplica de la misma forma y el contenido permanece inaccesible para los proveedores.

Esa asimetría está en el centro del debate parlamentario. Si «Chat Control 2.0» finalmente incluye a los servicios cifrados, la arquitectura de privacidad digital que millones de personas dan por garantizada quedaría radicalmente transformada. La pregunta que el Parlamento Europeo no puede eludir es hasta dónde está dispuesta la sociedad a ceder privacidad en nombre de la seguridad, y si esa cesión puede hacerse sin abrir una puerta que, una vez abierta, sea prácticamente imposible cerrar.

El debate no es solo técnico. Es político, filosófico y tiene implicancias directas para las nuevas generaciones que crecen en un entorno donde la comunicación digital es constitutiva de su identidad. La decisión que tome Europa en los próximos años marcará un precedente global sobre los límites del Estado en las comunicaciones privadas.

Lo que tenés que saber

  • La normativa «Chat Control» vigente, prorrogada hasta 2028, permite a las plataformas detectar voluntariamente contenido de abuso sexual infantil en mensajes privados.
  • La propuesta «Chat Control 2.0» plantea extender ese escaneo a servicios con cifrado de extremo a extremo, lo que implicaría revisar mensajes en el dispositivo del usuario antes de que sean enviados.
  • El ex eurodiputado Patrick Breyer advierte que el sistema falla a gran escala y que el escaneo solo debería habilitarse con orden judicial previa, no de manera masiva e indiscriminada.
  • Las herramientas de detección combinan huellas digitales de archivos conocidos, inteligencia artificial para contenido nuevo y análisis de patrones lingüísticos vinculados al grooming.
  • La decisión del Parlamento Europeo sobre si incluir o no a los servicios cifrados en la regulación definitiva tendrá impacto global en el futuro de la privacidad digital.
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