El agronegocio, el sector económico más poderoso de Brasil, con gran influencia en la derecha y extrema derecha opositora en el Congreso, se convirtió, con la aprobación de la ley que limita las reservas indígenas y expande la frontera agrícola en la Amazonia, en el principal rival del Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y al Supremo Tribunal Federal (STF).

El Congreso surgido en las elecciones de 2022 confirmó una mayoría de centroderecha, derecha y de la extrema derecha del expresidente Jair Bolsonaro, que mostró toda su fuerza anoche, con la aprobación del marco temporal de las tierras indígenas en carácter de urgencia.

En apenas seis horas, los senadores aprobaron una ley que la semana pasada había sido declarada inconstitucional por el STF por 9 votos contra 2.

El caso se convirtió en un choque de poderes, el primero de gran calibre en el Gobierno de Lula da Silva, quien puede vetar la ley por inconstitucional, aunque esa decisión podría romper la frágil relación con el Congreso para llevar adelante el plan económico de su gobierno.

«Lula vetará el proyecto por inconstitucional», dijo durante el debate el líder del Gobierno en el Congreso, el senador Randolphe Rodrigues.

El bolsonarismo ha demonizado al STF y lo ha convertido en su principal enemigo, sobre todo por la investigación que lleva adelante contra Bolsonaro por golpismo y la intentona del 8 de enero, y ha retomado su iniciativa política con el bloque conservador que controla el Congreso.

Principal motor del Producto Bruto Interno de Brasil (PIB), el agronegocio celebró la aprobación por 43 a 21 del marco temporal que establece una regla para limitar el reconocimiento de tierras indígenas y que solamente reconoce a las comunidades indígenas derechos sobre los territorios que ocupaban o disputaban al 5 de octubre de 1988, cuando se promulgó la Constitución vigente.

La Confederación Brasileña de Agricultura y Ganadería (CNA), principal entidad ruralista, difundió una nota felicitando al Frente Parlamentario Agropecuario (FPA) y al Senado por la medida.

«La aprobación en el Congreso Nacional restablece la seguridad jurídica y trae pacificación social», destacó la entidad.

Para el presidente del FPA, el diputado federal Pedro Lupión, la aprobación es una victoria del pueblo. Según él, si Lula promueve el veto, el Congreso lo revocará.

«Estamos resolviendo un conflicto que divide a la población rural y debilita los derechos de propiedad. Si lo vetas, lo revocaremos», aseguró.

La semana pasada la suprema corte le dio una victoria histórica a los pueblos originarios al fallar en contra de los intentos del agronegocio de expandir la frontera agrícola.

Según los analistas, Lula tiene ahora una bomba de tiempo en su despacho con la opción de vetar la ley por inconstitucional, lo cual puede jugarle en contra para el apoyo que negocia para su plan económico y de reforma tributaria.

A su vez, los especialistas consideran que legalmente el Supremo Tribunal Federal deberá derribar la nueva ley, porque ya la declaró inconstitucional.

El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, del Partido Social Demócrata, que ha sido un aliado de Lula, rechazó que el STF se dedique a legislar y aseguró que no hay conflicto de poderes, sino que el Congreso está llevando a cabo su función constitucional.

Pacheco repudió que la corte defina el marco temporal y se esté ocupando ahora de la despenalización del aborto o de la portación de marihuana para consumo personal.

La eliminación de las reservas indígenas o el cese de la creación de nuevas es una de las banderas levantadas por el agronegocio, que tomó con gran éxito Bolsonaro durante su mandato.

Entidades de los pueblos originarios rechazan el marco temporal y aseguran que no se puede fijar esa fecha de 1988 debido a que muchos fueron expulsados de sus territorios ancestrales, especialmente durante la última dictadura militar (1964-1985).

La Comisión de la Verdad sobre la dictadura brasileña estima que 8.000 indígenas fueron asesinados para permitir la apertura de la carretera Transamazónica, que permitió la deforestación para implementar una política agrícola y de cría de ganado en la selva que se ha convertido en un polo de poder económico del país, que comenzó en los 80 un proceso de declive de su industrialización.

Según datos de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), las reservas, consideradas grandes barreras contra el avance de la deforestación, ocupan 13,75% del territorio del país, que cuenta con 1,7 millones de indígenas, según el censo de 2022.

La violencia en el campo brasileño, llamado «lejano oeste tropical», sobre todo en la Amazonia, es generada por la disputa de tierras entre hacendados y pueblos originarios y pequeños productores.

Al mismo tiempo que el Senado convertía en ley la tesis del marco temporal para limitar las tierras indígenas y explotar en las existentes minería y agro, el Supremo Tribunal Federal definió un sistema de indemnizaciones para los hacendados que deberán devolver las tierras adquiridas legalmente en áreas protegidas.

Este sistema también le genera un «agujero fiscal» a las cuentas del gobierno, según reconoció el jefe del bloque de senadores del Partido de los Trabajadores (PT), Jacques Wagner.

Esto se da además mientras el gobierno de Lula se ha convertido en un actor global de la protección ambiental y de la lucha del cambio climático, apostando por una neoindustrialización que busca recuperar el poder industrial paulista frente a la hegemonía del agronegocio exportador.

El mandatario, que se opera mañana del fémur derecho a raíz de dolores en la cadera, dijo ayer que Brasil superará a Estados Unidos en transición energética de combustibles fósiles a renovables y puso como ejemplo justamente al agronegocio brasileño, que ha superado a los norteamericanos en producción y exportación de soja, maíz y algodón.