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Brasil: Bolsonaro atrasó la vacunación contra el Covid tres meses por su rechazo a China

El director del Instituto Butantan, Dimas Covas, acusó al Gobierno de Jair Bolsonaro de haber retrasado la campaña de vacunación por motivos ideológicos con el laboratorio chino Sinovac.

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Por Pablo Giuliano

El director del Instituto Butantan (laboratorio público brasileño), Dimas Covas, acusó este jueves ante el Senado al Gobierno de Jair Bolsonaro de haber atrasado tres meses la campaña de vacunación contra el coronavirus por negarse a sellar un acuerdo, por motivos ideológicos, con el laboratorio chino Sinovac para obtener su vacuna, CoronaVac.

Ante la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Senado que indaga sobre la gestión de la pandemia del Gobierno, Covas sostuvo que Brasil perdió la oportunidad de haber sido el primer país del mundo en iniciar la vacunación porque Bolsonaro frenó durante tres meses las negociaciones con una empresa china por disputas políticas.

«El mundo comenzó a vacunar el 8 de diciembre. A fines de diciembre se habían aplicado cuatro millones de dosis en todo el planeta mientras nosotros teníamos guardadas 5,5 millones de dosis y otras cuatro millones estaban en procesamiento sin tener contrato con el Ministerio de Salud. Podríamos haber sido el primer país en vacunar si no fueran por estos accidentes contractuales y de reglamentación», denunció Covas.

El Instituto Butantan desarrolla localmente la vacuna CoronaVac, que fue finalmente en enero pasado incorporada al plan nacional de vacunación. Mientras se negociaba su producción, en octubre del año pasado, el propio Bolsonaro mandó a detener su inclusión en la campaña federal porque «el origen de la vacuna», en referencia a China, no era seguro.

Pese a estas declaraciones originales, hoy el 80% de las vacunas que aplica Brasil son dosis de Coronavac que envasa e importa el Instituto Butantan, fábrica de vacunas que depende del estado de San Pablo.

La negativa inicial de Bolsonaro no hizo más que acentuar la rivalidad con el gobernador de San Pablo, Joao Doria, uno de los dirigentes de centro-derecha que se convirtió en un referente opositor a la gestión de la pandemia del Gobierno justamente por su postura a favor de la vacuna y de la cuarentena.

Covas relató que el 19 de octubre el Ministerio de Salud firmó un protocolo de intenciones por la CoronaVac, pero al día siguiente Bolsonaro, en televisión, dijo que el acuerdo se cancelaba.

«A partir de ese momento no hubo más progresos, si hubiéramos tenido definiciones, podíamos haber tenido 100 millones de dosis hasta mayo y comenzado a vacunar antes que todos los países», comentó Covas, en ese marco, explicó que el instituto tiene un contrato por esa cantidad de dosis, pero con entrega prevista hasta septiembre.

Durante la sesión, los senadores oficialistas intentaron desacreditar las denuncias de Covas vinculándolo a una presunta promoción de Doria como candidato presidencial en 2022. Sin embargo, Covas continuó sumando información contra el mandatario y su Gobierno.

Contó que funcionarios de la embajada de China le dijeron directamente que la provisión de insumos para las vacunas -incluida la AstraZeneca que desarrolla el laboratorio federal Fiocruz- puede sufrir presiones de plazos de entregas cada vez que Bolsonaro, sus hijos o los ministros atacan a Beijing, principal socio comercial brasileño.

El director del Instituto Butantan, un centro que es el principal fabricante de vacunas del Hemisferio Sur, afirmó a la comisión que el embajador chino en Brasilia, Yang Wanming, le transmitió «disconformidad» con el trato recibido por parte del bolsonarismo en el Poder Ejecutivo.

«Posiciones que desmerecen a China causan disconformidad a los chinos, que son los principales líderes en biotecnología del mundo en todas las líneas de la ciencia médica», destacó.

En ese sentido, saludó la llegada a la Cancillería del nuevo ministro Carlos França, en reemplazo de Ernesto Araújo, un diplomático alineado con el expresidente estadounidense Donald Trump y quien ante la misma comisión parlamentaria dijo que nunca agredió a China, pese a que calificaba a la pandemia como un «virus chino» o un «comunavirus», en alusión al Partido Comunista.

La comisión parlamentaria ha convocado a una decena de gobernadores -que pueden negarse a ir por ser jefes de poderes ejecutivos- y ya ha tomado testimonio de exministros de Salud y del actual titular de la cartera, Marcelo Queiroga.

Uno de los ejes de la oposición en la comisión es investigar si el Gobierno apostó a la inmunidad de rebaño sin vacuna y con la difusión del uso del antipalúdico cloroquina como parte de un remedio no probado contra la Covid-19 para mantener a la población en circulación y quebrar las cuarentenas dispuestas por gobernadores e intendentes.

La comisión parlamentaria se ha transformado en la principal caja de resonancia política del país, con un rating récord para el canal de televisión del Senado. Hasta ha sido comparada a una nueva temporada del reality show Gran Hermano, llamado localmente BBB (Big Brother Brasil).

América Latina

Aviones militares a Bolivia: la oposición acusa a Milei de encubrir represión y exige explicaciones

Diputados de Unión por la Patria presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo por el envío de dos aviones Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira, en medio de una escalada de violencia estatal contra manifestantes que reclaman su renuncia. El antecedente del envío de armas de Macri a la dictadura de Áñez en 2019 tiñe de sospechas la operación.

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La oposición exige que el gobierno explique qué transportaron los aviones militares enviados a Bolivia

★ Un numeroso grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP), encabezados por Juan Marino, presentó este lunes un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional por el envío de dos aviones militares Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira. La iniciativa se enmarca en un contexto de creciente violencia estatal en Bolivia contra las manifestaciones populares que exigen la renuncia del mandatario, y reactualiza el fantasma del episodio más oscuro de la relación bilateral reciente: el envío de armamento represivo por parte del gobierno de Mauricio Macri al régimen de facto de Jeanine Áñez en noviembre de 2019.

El pedido de informes y sus ejes centrales

El proyecto presentado por la bancada opositora exige que el Gobierno de Javier Milei detalle la carga transportada por los aeronaves, el personal embarcado, los acuerdos militares vigentes con Bolivia y con el denominado «Escudo de las Américas», el esquema de seguridad regional impulsado por la administración de Donald Trump, y el estado procesal actual de la causa judicial abierta por el envío de armas y munición antitumulto del macrismo al gobierno de facto de Áñez.

«Es indispensable que el Congreso tenga garantías de que esta operación no se va a usar para reprimir al pueblo boliviano. La sola palabra del gobierno argentino, después del antecedente de 2019, no alcanza», declaró Marino ante la agencia. El legislador, referente del Partido Piquetero y dirigente del Movimiento Derecho al Futuro impulsado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, fue categórico: «No se puede tolerar que el Estado argentino respalde la represión».

El pedido de informes lleva la firma, entre otros, del jefe de la bancada de UxP en Diputados, Germán Martínez, de la vicepresidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, y de los legisladores Jorge Taiana y Eduardo Valdés.

La voz boliviana y la sospecha sobre la carga

La iniciativa parlamentaria recoge las denuncias públicas del diputado nacional de la oposición boliviana Rolando Pacheco, quien afirmó que los aviones Hércules no transportan ayuda humanitaria sino material destinado a «reprimir» las movilizaciones en curso. La versión extraoficial, que el Gobierno argentino no desmintió con datos concretos, alimenta la desconfianza opositora.

«Hay elementos suficientes como para sospechar que no estamos ante ayuda humanitaria sino ante un respaldo material a la represión. El gobierno de Milei tiene que dar explicaciones precisas para despejar cualquier duda», sostuvo Marino, al tiempo que cuestionó el encuadre oficial de las protestas bolivianas: «Es falso que las manifestaciones sean desestabilizadoras, como han planteado Milei y el gobierno estadounidense. Romper el Estado de Derecho es masacrar las manifestaciones e impedir el ejercicio del derecho a la protesta».

Una resolución en defensa de la protesta popular

En paralelo al pedido de informes, Marino presentó un proyecto de resolución en defensa del derecho a la protesta social, que rechaza toda forma de represión estatal, criminalización de las movilizaciones populares e injerencia externa en los asuntos internos de Bolivia. La iniciativa reafirma que «el derecho a la protesta, a la huelga, a la libre expresión y a la libre asociación son pilares fundamentales de todo orden democrático».

El proyecto plantea, además, que la Cámara de Diputados debe diferenciarse de la posición asumida por el Poder Ejecutivo Nacional, que se alineó con comunicados regionales y del Departamento de Estado de los Estados Unidos que, según la oposición, omiten toda referencia a la represión y a las violaciones de derechos humanos denunciadas en territorio boliviano. «Exigimos que ningún recurso del Estado argentino sea utilizado para reprimir la rebelión popular del pueblo boliviano», insistió Marino.

El peso del antecedente: Macri, Áñez y las armas de 2019

El episodio de noviembre de 2019 opera como telón de fondo ineludible de toda esta discusión. Durante el gobierno de Mauricio Macri, la Argentina envió material represivo, incluyendo munición antitumulto, al régimen de facto instaurado tras el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales y colocó a Jeanine Áñez en la presidencia de Bolivia. Ese material fue utilizado en la represión de manifestaciones que dejó decenas de muertos y heridos. La causa judicial por ese envío permanece abierta en la justicia federal argentina y constituye uno de los antecedentes que la bancada de UxP invocan para reclamar transparencia sobre la actual operación.

Para Marino, «frente a la protesta social, la respuesta no puede ser la criminalización ni la represión: debe ser el respeto irrestricto al derecho a la protesta y a la autodeterminación de los pueblos». La Argentina, advirtió, «no puede repetir el antecedente gravísimo de 2019, cuando un gobierno argentino envió material represivo al régimen de facto de Áñez».

Puntos clave

  • Diputados de UxP presentaron un pedido de informes por el envío de dos Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira.
  • La oposición exige saber qué carga transportan los aviones y si existe vinculación con el «Escudo de las Américas» de Trump.
  • El diputado boliviano Rolando Pacheco denunció que los aviones no llevan ayuda humanitaria sino material represivo.
  • El proyecto lleva las firmas de Germán Martínez, Cecilia Moreau, Jorge Taiana y Eduardo Valdés, entre otros.
  • La bancada opositora alertó sobre la repetición del antecedente de 2019, cuando Macri envió armamento al régimen de facto de Áñez.
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