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EEUU: ex policía condenado por matar a George Floyd fue apuñalado en prisión
El The New York Times informó que Derek Chauvin, condenado por el asesinato del afroestadounidense en 2020, recibió un puntazo en la cárcel.
El ex policía estadounidense Derek Chauvin, condenado por el asesinato en 2020 del afroestadounidense George Floyd, fue apuñalado ayer en prisión, informó en las últimas horas el diario The New York Times citando dos fuentes anónimas.
«Una persona encarcelada fue agredida en la Institución Correccional Federal (FCI) de Tucson», en el estado de Arizona, precisó la Agencia Federal de Prisiones en un comunicado replicado por la agencia de noticias AFP.
«Los empleados que respondieron iniciaron medidas para salvar la vida de un individuo encarcelado», que fue enviado a «un hospital local para su posterior tratamiento y evaluación», explicó el texto.
De acuerdo con una fuente del medio estadounidense The New York Times, la persona agredida fue Chauvin y sobrevivió al ataque.
Chauvin, que es blanco, se arrodilló sobre el cuello de Floyd durante más de nueve minutos en una calle de Minneapolis y pese a las súplicas se mantuvo en esa postura.
La muerte desencadenó masivas protestas por la justicia social ese año, y los gritos de Floyd de «no puedo respirar» se convirtieron en un reclamo de los manifestantes que salieron a las calles.
El expolicía fue declarado culpable de asesinato en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio en segundo grado en 2021, y condenado a 22 años y medio de prisión.
La muerte de Floyd, que quedó grabada en video, contribuyó a impulsar además una importante discusión sobre el racismo y la actuación policial en Estados Unidos y en todo el mundo.
Una investigación posterior del Departamento de Justicia sobre la Policía de Minneapolis, cuyas conclusiones se publicaron en junio de 2023, afirmó que sus agentes recurrían habitualmente a prácticas violentas y racistas, «incluida la fuerza letal injustificada».
Minneapolis, en el estado estadounidense de Minnesota, también resolvió una demanda por homicidio culposo interpuesta por la familia Floyd y acordó pagar 27 millones de dólares.
Chauvin apeló su condena por asesinato en segundo grado, pero su recurso fue rechazado por la Corte Suprema a principios de este mes.
«A fin de cuentas, todo el juicio, incluida la sentencia, fue una farsa», declaró desde la cárcel en un documental reciente.
Pero en la audiencia de su sentencia habló poco, «debido a algunos asuntos legales adicionales que tenía entre manos». «Quiero dar el pésame a la familia Floyd», agregó el ex policía.
Por lo demás, permaneció inexpresivo, como hizo durante el juicio, incluso cuando los testigos ofrecieron testimonios contra él.
El abogado de Chauvin, Eric Nelson, había dicho que su cliente «irradiaba un comportamiento tranquilo y profesional» en sus interacciones con Floyd, y trató de convencer al jurado de que el expolicía aplicó una sujeción autorizada y acorde con su formación.
Pero la Fiscalía argumentó con éxito que Chauvin había hecho un uso excesivo de la fuerza, no solo con Floyd, sino con otras personas a las que detuvo durante sus 19 años de carrera.
Antes del juicio, la Fiscalía halló varios ejemplos de su «modus operandi», incluido el caso de Zoya Code, una joven negra detenida por Chauvin en 2017.
«A pesar de que la mujer no se resistía físicamente de ninguna manera, Chauvin se arrodilló sobre su cuerpo, usando el peso de su cuerpo para inmovilizarla contra el suelo», dijo la fiscalía.
Después del asesinato, sus colegas describieron a Chauvin como un adicto al trabajo, silencioso y rígido, que a menudo patrullaba los barrios más difíciles de la ciudad.
Su compromiso con el servicio le valió cuatro medallas a lo largo de su carrera. Pero también acumuló 22 denuncias e investigaciones internas, según un registro público depurado de todos los detalles.
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Perú elige entre dos modelos de país: el fujimorismo o Sánchez
Más del 70% de los peruanos no votaron por ninguno de los dos finalistas en la primera vuelta.
Perú ante el abismo: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán el balotaje el 7 de junio
El Jurado Nacional de Elecciones confirmó la segunda vuelta entre la derechista hija del dictador condenado y el candidato de izquierda, en un país que acumula ocho presidentes en una.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú confirmó este domingo que Keiko Fujimori, candidata por Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, serán los protagonistas del balotaje presidencial fijado para el 7 de junio de 2026. La proclamación oficial llegó días después del cierre del escrutinio, en medio de reclamos y recursos presentados por diversas agrupaciones políticas.
Roberto Burneo, presidente del JNE, ratificó que ambos «son los candidatos que han obtenido las dos más altas mayorías relativas» y subrayó que el organismo «ya ha cumplido con su función constitucional». Keiko Fujimori obtuvo el 17,1% de los votos en la primera vuelta del 12 de abril, mientras que Sánchez la siguió con el 12%.
Una democracia fragmentada al límite
El dato más revelador del escrutinio final no es quiénes pasaron al balotaje, sino quiénes no: más del 70% de los peruanos no votaron por ninguno de los dos candidatos que se disputarán la presidencia. En un sistema político que acumula ocho presidentes en una década sin que ninguno completara su mandato, esa cifra habla de una desafección ciudadana profunda y de una crisis de representación que ninguna segunda vuelta puede resolver por sí sola.
Keiko, el retorno del fujimorismo
Keiko Fujimori llega a su cuarto intento presidencial con un programa centrado en tres ejes: orden, crecimiento económico y desarrollo social. Propone reforzar la seguridad, combatir la corrupción, reducir el déficit fiscal y ampliar los programas sociales. Sin embargo, su candidatura arrastra el peso histórico de ser hija de Alberto Fujimori, el expresidente que renunció por fax desde Tokio en el año 2000, fue condenado por crímenes de lesa humanidad y murió en libertad en septiembre de 2024 gracias a un indulto restituido. La propia Keiko fue procesada en causas de financiamiento irregular de campañas electorales y pasó períodos bajo prisión preventiva, aunque llega a esta elección sin condena firme.
Sánchez, la apuesta de la izquierda
Roberto Sánchez representa a los sectores progresistas y propone una reforma estructural del país, que incluye la redacción de una nueva Constitución, mayor intervención del Estado en sectores estratégicos de la economía y el indulto al expresidente Pedro Castillo, quien en noviembre de 2025 fue condenado a 11 años y 6 meses de prisión por el delito de rebelión, tras su fallido autogolpe de diciembre de 2022.
Un país sin presidentes: la crisis institucional peruana
El contexto en que se desarrolla este balotaje es el de un Estado en emergencia institucional permanente. Perú llegó a estas elecciones tras la destitución en octubre de 2025 de Dina Boluarte (acusada de enriquecimiento ilícito y de responsabilidad política en la muerte de más de 50 manifestantes), y luego de la remoción en febrero de 2026 de José Jerí, su sucesor, por presunto tráfico de influencias en el caso conocido como «Chifagate«. Desde entonces, el país es conducido de manera interina por José María Balcázar, hasta la asunción del nuevo mandatario prevista para el 28 de julio.
La historia reciente es devastadora: desde la caída de Alberto Fujimori en 2000, Perú atravesó dos presidencias de transición, cuatro destituciones parlamentarias, dos renuncias, tres condenados y un suicidio presidencial en plena investigación judicial. El expresidente Alan García se quitó la vida en abril de 2019 antes de ser detenido en el marco del caso Odebrecht; Alejandro Toledo fue condenado a 20 años de prisión por coimas millonarias a esa misma constructora brasileña; y Martín Vizcarra recibió en noviembre de 2025 una condena de 15 años en la causa Lomas de Ilo.
La sombra del fujimorismo sobre la historia
La candidatura de Keiko no puede disociarse del legado de su padre. Alberto Fujimori gobernó Perú entre 1990 y 2000 bajo un régimen que concentró poder, persiguió adversarios políticos y fue condenado por la justicia internacional por crímenes de lesa humanidad, incluyendo masacres y esterilizaciones forzadas. Que su hija llegue por cuarta vez a una segunda vuelta presidencial ilustra la profundidad de las contradicciones del sistema político peruano y la persistencia de estructuras de poder que sobreviven a todos los escándalos.
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