Lo que tenés que saber

• Abogados militares emiten órdenes de expulsión en mayor proporción que magistrados civiles.
• El recambio incluyó despidos sin explicación y contrataciones temporales.
• Muchos nuevos jueces carecen de trayectoria en derecho migratorio.
• Organizaciones alertan por debido proceso y equidad.
• El sistema arrastra millones de expedientes pendientes.

Militares en los tribunales migratorios

La administración de Donald Trump impulsó una reconfiguración de los tribunales de inmigración con el objetivo de acelerar expulsiones. La estrategia incluyó el reemplazo de magistrados por abogados militares y directivas internas para cerrar expedientes sin audiencia en ciertos supuestos.

Un informe de Mobile Pathways analizó resoluciones de noviembre, primer mes con jueces militares activos. En ese período, magistrados civiles ordenaron expulsiones en 63% de los casos. Los jueces militares dispusieron la salida en 78%. De 286 expedientes revisados por militares, 110 recibieron sentencia: 86 con expulsión y 14 con autodeportación. Otros 176 continúan en trámite.

Perfil y desempeño de los nuevos jueces

El Departamento de Justicia anunció el 24 de octubre la incorporación de 11 jueces permanentes y 25 temporales. Entre los temporales figuran abogados de la Infantería de Marina, Armada, Ejército y Fuerza Aérea. La mayoría no cuenta con experiencia previa en derecho migratorio; varios provienen de fiscalías, Patrulla Fronteriza o ICE.

Según el reporte, en 9 de cada 10 expedientes instruidos por jueces militares el resultado derivó en deportación o autodeportación. Bartolomiej Skorupa, cofundador de Mobile Pathways, explicó: “Los militares son muy buenos para seguir las reglas. Y parece que la orden que se les ha dado es que los saquen de aquí”. También sostuvo: “Son más estrictos y aplican las normas con mayor rigor”.

Un caso retirado y despidos sin explicación

Entre los jueces temporales figuró Christopher Day, teniente coronel del Cuerpo de Abogados Militares de la Reserva del Ejército. Day cerró 11 casos y solo dictó una expulsión. Luego quedó fuera del cargo. “Desde la perspectiva de los migrantes actuó como un héroe”, señaló Skorupa. Expertos vinculan el retiro con fallos favorables a personas migrantes.

En paralelo, alrededor de 140 jueces de inmigración quedaron fuera mediante correos electrónicos sin fundamentos. Algunos debieron interrumpir audiencias en curso y abandonar tribunales de inmediato. El sistema ya mostraba congestión con más de tres millones de expedientes y cerca de 800 jueces.

Cambios normativos y alertas legales

La sustitución por abogados militares generó críticas de organizaciones de defensa. Un informe del Instituto de Política Migratoria advirtió por diferencias sustanciales entre el derecho militar y el migratorio, con impacto en equidad y debido proceso.

Durante el verano pasado, el Pentágono autorizó a unos 600 abogados militares a trabajar con el Departamento de Justicia y modificó requisitos para jueces temporales, quitando la exigencia de experiencia migratoria. Senadores y representantes demócratas cuestionaron si esta práctica podría contradecir la Ley Posse Comitatus, que limita funciones militares en ámbitos civiles.

Búsqueda de “jueces de deportación”

La escasez de magistrados llevó a publicar una oferta laboral vigente desde el mes pasado. El aviso solicita “jueces de deportación” para 70 destinos. El salario oscila entre 159.951 y 207.500 dólares, con bonificaciones del 25% para nuevos empleados federales en ciertas ciudades. El texto del aviso indica que el puesto debe “tomar decisiones con consecuencias generacionales; garantizar que solo se permita permanecer en el país a los extranjeros con solicitudes legalmente justificadas”.

Presupuesto y críticas políticas

Un informe firmado por 10 senadores y tres representantes demócratas denunció el desvío de al menos 2.000 millones de dólares del presupuesto militar hacia la aplicación de leyes migratorias. El documento cuestiona el impacto en la capacidad operativa de las fuerzas armadas.

Elizabeth Warren declaró: “Es un insulto a nuestros militares que Pete Hegseth (secretario de Defensa) y Kristi Noem (secretaria de Seguridad Nacional) estén utilizando el presupuesto de Defensa como un fondo discrecional para maniobras políticas. Recortar los recursos militares para promover una agenda política derrochadora no fortalece a nuestras fuerzas armadas ni aumenta la seguridad de los estadounidenses”.