La Corte Penal Internacional (CPI) anunció el viernes que emitió una orden de detención contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por la deportación de niños en zonas de Ucrania ocupadas por Rusia.

También emitió una orden de detención por el mismo motivo, considerado como un crimen de guerra, contra Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisaria presidencial para los Derechos de la Infancia en Rusia, precisó el tribunal con sede en la ciudad neerlandesa de La Haya.

«Los crímenes supuestamente se cometieron en el territorio ocupado de Ucrania al menos desde el 24 de febrero de 2022. Hay motivos razonables para creer que el señor Putin tiene responsabilidad penal individual por los crímenes antes mencionados», señala el tribunal internacional en la orden.

El documento argumenta que los actos delictivos que le imputa a Putín fueron cometidos «directamente, junto con otros y/o a través de otros» y que no se ejerció «un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos, o permitieron su comisión, y que estaban bajo su autoridad y control efectivos»

Lvova-Belova, en tanto, fue «presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y traslado ilegal de población (niños)» de las partes ocupadas de Ucrania, según la CPI.

Poco después de conocidas las órdenes de detención, que fueron calificadas como «nulas» y «sin sentido», por el Kremlin, la portavoz de la cancillería María Zajárova dijo que «no tienen ninguna importancia para Rusia».

«Las decisiones de la Corte Penal Internacional (no reconocida por Moscú) no tienen ninguna importancia para nuestro país, incluyendo desde el punto de vista legal», escribió Zajárova en su cuenta de Telegram.

Las autoridades ucranias, en tanto señalaron que es «solo el inicio» de la justicia que enfrentará el mandatario ruso por sus crímenes.