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Filtran miles de documentos de la dictadura uruguaya
El gobierno de Lacalle Pou presentó una denuncia.
Más de 1.600 archivos de la última dictadura que gobernó Uruguay entre 1973 y 1985 fueron publicados en internet de forma anónima, lo que llevó al Ministerio de Defensa a iniciar una investigación y a presentar una denuncia ante la Justicia, según reveló el Gobierno.
«Este material es una parte de los Archivos del Terror de Uruguay que se divulgan en el marco de los 50 años del golpe de Estado de 1973. Estos archivos fueron elaborados por las fuerzas policiales y militares a partir de la década de 1960 e incluyen el período de la dictadura cívico militar», afirma un comunicado de los responsables de la divulgación de los documentos, un total de 1.602, que fueron publicados en el sitio web Internet Archive.
El texto agrega que el espionaje «continuó luego de recuperada la democracia, contando con la complicidad política de los gobiernos, al menos hasta 2004».
«Estos archivos contienen la información que los servicios represivos decidieron elaborar y preservar, mientras que muchos otros documentos han desaparecido o aún no han sido encontrados», afirma la nota.
El presidente Luis Lacalle Pou dijo que el ministro de Defensa, Javier García, le había informado del inicio de una investigación.
La divulgación se da en medio del debate por la intención del Ejecutivo de abrir los archivos de la dictadura, iniciativa que trasladó al Congreso en un proyecto.
El texto propone la creación de una sección en el Archivo General de la Nación destinada a «reunir, organizar y conservar los documentos relativos al pasado reciente y a las violaciones de los derechos humanos».
Se trata de más de un centenar de documentos de los servicios de inteligencia, de la Justicia militar y de las Fuerzas Conjuntas (militares y policías) de la dictadura, que persiguió, encarceló y asesinó a opositores.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos estiman en unos 200 los desaparecidos, además de numerosos casos de detenciones arbitrarias y torturas.
La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y la asociación de expresos políticos Crysol se expresaron a favor de divulgar archivos, pero resaltaron la importancia de garantizar la privacidad e identidad de las víctimas.
«El ministro de Defensa me informó hace un ratito que inició una investigación. Lo que sí es sorpresivo es que el 18 de mayo el gobierno presentó un proyecto de ley para que se habiliten y se conozcan por toda la ciudadanía todos esos acontecimientos que de alguna manera están archivados. Lo que hablábamos recién con el ministro García es que aun antes de aprobarse el proyecto de ley, ya está generando resultados sorpresivos», remarcó Lacalle Pou.
El mandatario expresó su deseo de que “se pueda identificar, bajo la denuncia que ya hizo el ministro, de dónde surge esta información».
«Son miles de archivos y fojas, o sea que no es alguien que lo hace de un día para el otro», agregó Lacalle Pou.
El ministro García, por su parte, llamó la atención sobre el hecho de que cuando el Gobierno presentó un proyecto de ley sobre el tema, “aparecen partes a la luz”.
“El primer razonamiento es qué importante que fue hacer ese movimiento para que esto tuviera luz pública. Hubo una manipulación y no sabemos su origen, por lo que radicamos una denuncia en la Fiscalía de Corte para saber si esos documentos pueden favorecer las investigaciones», explicó García, según el sitio del diario El Observador.
El jefe de Defensa expresó que resulta clave que “se conozca la veracidad de los documentos” e insistió en “lo acertado por el gobierno” en su intención con el proyecto.
“Apenas anunciamos esta voluntad se puso peros, que podía ser perjudicial. Todo aquello que tenía oscuridad en pocas horas tuvo luz pública», señaló.
Según El Observador, desde el 18 de abril se publicaron 1.602 archivos, cada uno correspondiente a un rollo de microfilms con cientos de documentos diversos.
Entre la información abierta aparecen fichas de detenidos y de supuestos colaboradores, seguimientos a periodistas, sumarios a funcionarios públicos, persecuciones políticas a docentes y casos de corrupción.
En el comunicado, los divulgadores anónimos dijeron que excluyeron los archivos que reproducían interrogatorios bajo tortura.
Elecciones
Brasil va a segunda vuelta: el bolsonarismo sorprende y Lula deberá pelear el 25
Flávio Bolsonaro se impuso en la primera vuelta del 4 de octubre con el 47% contra el 45% de Lula, revirtiendo lo que marcaban las encuestas. El hijo del expresidente preso hereda la maquinaria del movimiento que intentó un golpe de Estado en 2022 y obliga al Partido de los Trabajadores a una segunda vuelta que promete ser la más disputada de la historia reciente de Brasil.
Con el 47% de los votos contra el 45% de Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Bolsonaro se impuso en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil del domingo 4 de octubre y obligó a una segunda vuelta que se disputará el 25 de octubre de 2026.
El resultado sorprendió a las consultoras, que en los días previos daban a Lula levemente por encima del senador. Ninguno de los dos alcanzó el 50% más uno de los votos válidos requerido para ganar en primera vuelta, y Brasil deberá decidir en un balotaje su próximo presidente.
El senador Flávio Bolsonaro, de 45 años, compite bajo las siglas del Partido Liberal (PL) con el respaldo explícito de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por su responsabilidad en el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2022.
Lula, en tanto, busca su cuarto mandato no consecutivo: gobernó Brasil entre 2003 y 2010, fue perseguido judicialmente en causas que el Tribunal Supremo revisó y terminó anulando, y regresó al poder en 2023.
Lo que las encuestas no vieron venir
Durante toda la campaña, la ventaja de Lula en la primera vuelta parecía consolidada. La encuesta Datafolha del 24 de septiembre, registrada ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) bajo el número BR-00304/2026, ubicaba a Lula con el 40% y a Flávio Bolsonaro con el 36% en la primera vuelta estimulada. La consultora Nexus/BTG Pactual, en su última medición de agosto, atribuía al presidente el 39% frente al 33% del senador. Sin embargo, en la noche del 4 de octubre los resultados reales demostraron que el mapa electoral bolsonarista, profundamente arraigado en el norte, el centro-oeste y el sur del país, fue subestimado por la mayoría de los sondeos.
La encuesta Nexus de julio ya anticipaba el carácter polarizado del balotaje: Lula con el 40% y Flávio con el 34% en primera vuelta, pero empatados técnicamente en segunda con el 46% contra el 45% respectivamente. Ese empate técnico en el escenario de segunda vuelta se repitió en prácticamente todas las consultoras durante los últimos tres meses de campaña, lo que vuelve imposible anticipar con certeza el resultado del 25 de octubre.
Bolsa Familia, el campo de batalla ideológico
La campaña giró, entre otros ejes, alrededor de la política social. Lula recuperó el Bolsa Familia como bandera central de su gestión, un programa que durante su primer mandato sacó a 54 millones de personas de la pobreza y que la derecha intentó destruir bajo el gobierno de Michel Temer y luego de Bolsonaro padre. En esta campaña, el propio Lula recordó en reiteradas ocasiones que las críticas históricas al programa, que lo tacharon de fomentar la pereza y la dependencia, no resistieron el contraste con la realidad. «De todas las críticas, la más cruel es que el Bolsa Família iba a estimular la vagabundería», sostuvo en actos de campaña, recuperando una frase que pronunció a lo largo de décadas.
A pocos días de las elecciones, Lula anunció además un aumento del 15% en los pagos del programa de asistencia social, una decisión que la oposición leyó como un gesto electoral pero que, en términos electorales, no alcanzó para definir la primera vuelta a su favor. La derecha concentra sus críticas en que el programa no es una solución estructural, mientras el PT sostiene que sin ese piso de ingresos garantizados millones de familias brasileñas quedarían directamente al borde de la indigencia.
El mapa territorial y los puntos de quiebre
La geografía electoral confirma la fractura profunda de Brasil. Según los datos de la encuesta Medio/Ideia de mayo de 2026, Flávio Bolsonaro lidera en el norte con el 57% contra el 27% de Lula, y en el centro-oeste con el 60% contra el 28%. En el sur también está por encima: 50% contra 39%. El nordeste, históricamente el bastión lulista, le da al presidente el 58% frente al 34% del senador. El sudeste, que concentra la mayor parte del padrón electoral, aparecía en empate técnico antes de la votación.
Esta distribución territorial es el termómetro de la fractura de clase que atraviesa al gigante sudamericano. Las regiones más pobres, donde los programas de transferencia directa tienen mayor impacto sobre la vida cotidiana, tienden al lulismo; las regiones más ricas y con mayor presencia de sectores conservadores, al bolsonarismo. El resultado del 4 de octubre muestra que esa segunda geografía fue más eficaz de lo que las encuestas proyectaban.
El factor Bolsonaro padre y la internacionalización de la disputa
Jair Bolsonaro, preso y sin poder presentarse por su condena de 27 años, articuló desde la cárcel el apoyo a la candidatura de su hijo mayor. La sentencia fue ampliamente criticada por el gobierno de Donald Trump, con el propio presidente norteamericano afirmando que era «muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo» y el secretario de Estado, Marco Rubio, calificándola de «injusta». Esta internacionalización del caso convirtió a la elección brasileña en parte del tablero geopolítico de la disputa entre la derecha global y los gobiernos progresistas de América Latina.
Legisladores estadounidenses, en contraposición, le pidieron formalmente a Trump que no interviniera en el proceso electoral brasileño. La sombra de la interferencia exterior planeó sobre toda la campaña, y el resultado del 4 de octubre convierte la segunda vuelta en una cita electoral con consecuencias que van mucho más allá de las fronteras del país más grande de América del Sur.
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