Un grupo de expertos de la ONU cuestionó el manejo de la crisis hídrica por parte del Gobierno de Luis Lacalle Pou, al señalar que éste debería darle prioridad al consumo de los hogares por sobre el de las empresas, además de apuntar que la recomendación de utilizar agua embotellada crea un riesgo de «privatización de facto del agua».

Ante los problemas generados por la sequía en Uruguay, que provocó que disminuyera la calidad del agua que se distribuye en Montevideo y zonas aledañas, con un fuerte aumento de su salinidad, los expertos en derechos humanos señalaron que el país «debe priorizar el consumo humano» y recordaron que la crisis afecta al 60% de la población del país.

«La continua disminución de la calidad del agua debido al aumento de los niveles de salinidad en su composición es alarmante. Esta situación afecta significativamente a grupos vulnerables, como niños y adolescentes, mujeres embarazadas y personas que padecen enfermedades crónicas», apuntaron en una carta divulgada el jueves.

Las reservas de la represa de Paso Severino, de donde se extrae el agua dulce para potabilizar y proveer de su consumo a Montevideo y el área metropolitana, registraron mínimos históricos a raíz de la falta de lluvias.

La sequía, sumada a la falta de planificación e inversiones por parte del Ejecutivo, llevó a que las autoridades tuvieran que completar el suministro bombeando agua del Río de la Plata con alta salinidad, lo que provocó el aumento de cloruros y sodio en el agua suministrada a la población, sobrepasando los máximos permitidos por la norma que define el agua potable.

Los expertos de la ONU indicaron que el Gobierno recomendó «reducir el consumo de agua en los hogares», pero «estas restricciones no se aplican a los consumidores a gran escala, incluidas las industrias que utilizan agua para la producción».

Por esto, dijeron que «no priorizar» el uso de agua para consumo humano es «inaceptable».

«Las empresas, incluidas las empresas estatales, tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos en todo momento y los estados tienen la obligación de garantizar la protección de este derecho al garantizar el acceso universal a agua potable segura, incluso durante emergencias», indicaron, según reprodujo el medio local La Diaria.

Además, apuntaron que la recomendación de las autoridades de que la población consuma agua embotellada «crea un riesgo de privatización de facto del agua para el consumo humano, obligando a la población a comprar agua».

Por eso, expresaron su preocupación por la situación de las personas que tienen más dificultades para acceder a la misma, tanto por problemas económicos como de movilidad, aunque destacaron que el gobierno haya decidido reducir los impuestos del agua embotellada.

La carta de la ONU generó malestar en el gobierno uruguayo y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, convocó anoche a la sede de Gobierno a dos representantes del organismo, a los que les expresó su «profundo descontento», según indicó hoy el diario El País.

El Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo emitió a su vez un comunicado en respuesta en el que manifestó que los valores de sodio en el agua hasta el momento “no se consideran alarmantes, ya que el incremento autorizado con el fin de asegurar el abastecimiento ha sido evaluado por las autoridades sanitarias y académicas”.

La Cancillería señaló que el agua brindada por la empresa estatal OSE «sigue siendo bebible» para «la gran mayoría» de la población «a excepción de algunos grupos especiales con mayor vulnerabilidad en el consumo excesivo de sal”.

Además, recordó que los beneficiarios del Ministerio de Desarrollo Social reciben un apoyo económico para la compra de 60 litros de agua embotellada por mes.