La derecha sudamericana no da puntada sin hilo ni deja títere con cabeza. Salvo, cuando los vientos políticos le soplan violentamente en contra del poder detentado. Ahora, la Corte de Apelaciones de Copiapó suspendió una licitación millonaria para extraer litio adjudicada el miércoles pasado y que desencadenó una polémica por convocarse a solo dos meses de que concluya el gobierno de Sebastián Piñera, con el presidente electo Gabriel Boric entre quienes manifestaron públicamente su rechazo.

«Teniendo presente que el acto impugnado se encuentra en plena ejecución, se concede no innovar, paralizándose el proceso de licitación y adjudicación del litio, en tanto se resuelve el presente recurso», resolvió el tribunal, según informó la agencia de noticias AFP.

De acuerdo a la licitación, que quedó temporalmente suspendida, las empresas adjudicatarias BYD Chile SpA (de capital chino) y Servicios y Operaciones Mineras del Norte (chilena) habían obtenido contratos de extracción por un período de 20 años para extraer «dos cuotas de 80.000 toneladas de litio metálico».

Tras la resolución de la Justicia, el Ministerio de Minería chileno comunicó que la licitación no fue objeto de una «cancelación definitiva» y señaló que el proceso licitatorio, al que consideró «abierto» y «transparente», fue «informado» según los procedimientos y cumplió «con toda la legalidad vigente».

La cartera informó, además, que recurrirá la resolución judicial según los plazos dispuestos por la ley, al tiempo que el titular de la cartera de Energía, Juan Carlos Gobet, planteó que en caso de prosperar la licitación permitirá recaudar -estimó- «más de 120 millones de dólares».

En tanto, el presidente electo Boric, quien asumirá el 11 de marzo, había solicitado que se frenara la licitación, al definirla como «una mala noticia» que se podía enmarcar -advirtió- en lo que caracterizó como «leyes de amarre», por las medidas «que se hacen a última hora cuando un Gobierno ya está dejando sus funciones».

Para suspender el proceso licitatorio, la Corte de Apelaciones de Copiapó (centro-norte de Chile) aceptó un recurso judicial de protección que había sido interpuesto por el gobernador local, Miguel Vargas, junto a un colectivo de comunidades indígenas aymaras y diaguitas que viven en un salar en pleno desierto de Atacama.

Si bien la licitación no estipula el sitio exacto de la extracción, los salares del norte de Chile son los lugares en los que se encuentran los principales yacimientos de litio. El recurso interpuesto por las comunidades originarias se presentó en paralelo con otra denuncia, en este caso promovida ante la Contraloría General de la República (órgano de fiscalización de la administración pública, autónomo del Ejecutivo) y por la vía administrativa, para que se determine la legalidad de todo el proceso licitatorio.

Al promover esta última licitación, el Ministerio de Minería aseguró que la adjudicación a esas dos empresas por 20 años permitirá «recuperar» la posición de Chile en el mercado mundial del litio, ya que hasta 2016 el país era el mayor productor mundial con un 37% de la producción global, mientras que en la actualidad ocupa el segundo lugar detrás de Australia, con un 32%.