El grupo de países de la derecha americana, en un acto más de injerencia contra el gobierno de Nicolás Maduro, le solicitó a la Corte Penal Internacional que tome el polémico informe de la ONU de Michelle Bachelet como prueba para continuar la ofensiva contra al país caribeño.

Los países que integran el Grupo de Lima pidieron este martes que los hallazgos sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela provenientes de un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sirvan de prueba para la Corte Penal Internacional (CPI) en sus indagaciones sobre el Gobierno de Nicolás Maduro, que rechaza las imputaciones.

«Asimismo, que a la luz de los hallazgos de estas investigaciones, los responsables de estos crímenes sean juzgados y que las víctimas y testigos reciban la debida reparación y protección», pidieron en un comunicado Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú.

También reclamaron una investigación «a fondo» y urgente sobre las supuestas «conexiones» del Ejecutivo con el «crimen organizado, el terrorismo y las redes de corrupción transnacionales, el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando», según consignó la agencia de noticias ANSA.

El grupo de naciones renovó su respaldo al legislador opositor Juan Guaidó, proclamado presidente de Venezuela por el Congreso unicameral, y rechazó las elecciones de diciembre próximo convocadas por Caracas para elegir una nueva Asamblea Nacional.

La postura Argentina

El Gobierno argentino aclaró este martes que no suscribe el reclamo del Grupo de Lima para que los hallazgos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela sirvan de prueba ante la Corte Penal Internacional (CPI), y advirtió que no puede «admitirse una vía de acción» sobre ese país que pueda «generar un precedente de consecuencias impredecibles para América Latina y el Caribe».

«El Grupo de Lima emitió una declaración en el día de la fecha y Argentina no suscribe esta declaración. No se condice con la posición de nuestro país. Así se lo transmitió esta Cancillería a los países miembros, al tiempo que manifestamos nuestra preocupación sobre las posibles implicancias del pronunciamiento y apelamos a la reflexión», señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Para la Cancillería, «en primer término la referida declaración expresa su apoyo a un supuesto mandatario al que la Argentina no reconoce y quien nunca tuvo el ejercicio efectivo del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela», en referencia a Juan Guaidó.

«La Argentina no comparte las referencias sobre el supuesto vínculo de la crisis en Venezuela con la seguridad y estabilidad de la región y su impacto global», sostuvo la cartera que encabeza Felipe Solá.

Indicó que «en este contexto, preocupa el llamado del Grupo de Lima a una convergencia con actores internacionales para una respuesta común hacia la ‘restauración de la democracia y el Estado de Derecho'».

«Este llamado a una intervención extrarregional, que surge de modo casi abierto del comunicado del día de hoy, no se corresponde con la gravedad de los problemas ni con el tipo de desafíos que enfrenta Venezuela. Mucho menos puede admitirse una vía de acción que pueda generar un precedente de consecuencias impredecibles para América Latina y el Caribe», añadió.

Respecto de Venezuela, el Gobierno de Alberto Fernández sostuvo que «comparte con la comunidad internacional la profunda preocupación por la situación de violaciones a los derechos humanos y exhorta al Gobierno venezolano a investigar, juzgar y castigar a los responsables, tal como lo viene haciendo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos», Michelle Bachelet.

Argentina reiteró su «apoyo al valioso trabajo que viene realizando Bachelet dentro de Venezuela desde 2019, mediante el registro de testimonios y denuncias, y cuya actualización fue presentada este año en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Argentina confía en la efectividad de los mecanismos de protección desplegados en ese marco».

«Como país receptor de un importante flujo de migrantes venezolanos, Argentina entiende el impacto regional en materia migratoria y reafirma su compromiso con una eficiente respuesta a la crisis migratoria y humanitaria venezolana desde un enfoque de derechos humanos. Argentina ha sido y continuará siendo un país receptor de inmigrantes, manteniendo incólume la igualdad de derechos civiles, sociales y económicos entre nacionales y extranjeros», puntualizó la Cancillería, y añadió que confía en la «gran vocación democrática del pueblo venezolano».

«Creemos que sólo por la vía electoral puede establecerse de manera pacífica y racional una ruta consensuada e inclusiva para resolver las diferencias políticas en Venezuela, respetando su Constitución», añadió.

El Gobierno argentino reiteró que el «rol de la comunidad internacional, en una coyuntura especialmente agravada por la pandemia del COVID-19 y por las sanciones unilaterales y los bloqueos físicos y financieros que repercuten sobre los sectores más necesitados, debe ser el de colaborar en la facilitación del diálogo entre las partes».

«Sólo así será posible hallar una salida política que, en el marco de los mecanismos institucionales y constitucionales vigentes, liderada por los propios venezolanos, lleve en el más breve plazo posible a la plena vigencia de la democracia y los derechos humanos, a la recuperación de la economía venezolana y al bienestar de su gente», agregó, y aseguró que Argentina «mantendrá siempre su compromiso con la defensa de los derechos humanos y sostendrá los principios de no injerencia, paz y resolución política y democrática de la crisis venezolana».

Los países del Grupo de Lima pidieron que los hallazgos sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela provenientes de un informe de la ONU sirvan de prueba para la CPI en sus indagaciones sobre el Gobierno de Nicolás Maduro, que rechaza las imputaciones.

También reclamaron una investigación «a fondo» y urgente sobre las supuestas «conexiones» del Ejecutivo con el «crimen organizado, el terrorismo y las redes de corrupción transnacionales, el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando», y renovaron su respaldo a Guaidó, proclamado presidente de Venezuela por el Congreso unicameral, además de rechazar las elecciones de diciembre próximo convocadas por Caracas para elegir una nueva Asamblea Nacional.