CABA
Atentado contra Cristina: procesaron a Carrizo y a Díaz
Ambos aparecen sindicados como partícipes secundarios del intento de asesinato de la Vicepresidenta.
La jueza federal María Eugenia Capuchetti procesó hoy con prisión preventiva a Nicolás Gabriel Carrizo y a Agustina Díaz como partícipes secundarios del intento de homicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, perpetrado el 1 de septiembre pasado, informaron fuentes judiciales.
La magistrada valoró en su resolución que ambos procesados tenían en sus teléfonos celulares -a través de sus sistemas de Whatsapp- información sensible vinculada con el ataque fallido contra la expresidenta, según surge del fallo judicial al que tuvo acceso Télam.
Carrizo es el líder del grupo de supuestos vendedores de copos de nieve para el que trabajaban los coautores del intento de magnicidio, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte.
Díaz, en tanto, es una amiga Uliarte que después del ataque fallido le sugirió que borrara toda la información de su celular y que desde antes sabía que ella había adquirido una pistola.
En su resolución, la jueza Capuchetti consideró que «los sucesos del 1 de septiembre fueron el capítulo final del plan delictivo que previamente habían acordado, diseñado y estudiado Brenda Elizabeth Uliarte, Fernando André Sabag Montiel, Nicolás Gabriel Carrizo y Agustina Mariel Díaz».

La jueza sindicó a Carrizo y Díaz como partícipes secundarios penalmente responsables del delito de «homicidio calificado, agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa» y mandó a trabarles embargos por 100 millones de pesos a cada uno, según surge del fallo de casi 130 páginas al que accedió Télam.
En ese sentido, señaló que «quedó acreditado por los mensajes enviados en la previa del hecho, y con posterioridad al mismo que, Carrizo y Díaz planificaron el evento criminoso y sus participaciones serán secundarias ya que, de no haber efectuado sus contribuciones, el delito igualmente podría haberse configurado de la manera en que se hizo y conforme la concreción del plan criminal acordado».

Para la magistrada, el plan delictivo tuvo «su inicio el día 22 de abril del año en curso, fecha en la cual Brenda Uliarte habría adquirido la pistola semiautomática, de acción simple, calibre 32 auto, marca Bersa, modelo Lusber 84, con la numeración `25037´ en el lateral izquierdo del cañón, luego utilizada por Sabag Montiel para cometer el hecho investigado».
«El día señalado Brenda Uliarte le indicó a un contacto identificado como ‘Serena’ que había adquirido un arma de fuego. Concretamente, le dijo ‘si, tengo un fierro, lo compre porque mi ex está jede’. El mismo día también le informó esa circunstancia a otro contacto agendado como ‘Fran’, a quien le refirió ‘tranqui no va a pasar nada… es mío el fierro'».
Carrizo fue detenido por orden de la jueza Capuchetti luego de que en su celular –aportado voluntariamente cuando se presentó de modo espontáneo como testigo- se encontraran conversaciones anteriores al ataque fallido en las que ya hablaba sobre la idea de matar a la Vicepresidenta.

En su teléfono se hallaron también conversaciones posteriores al ataque vinculadas con la voluntad de ocultar material probatorio; incluso, hablaba de una pistola que él supuestamente les había dado a los agresores y que no se utilizó para el ataque.
«Estuvo muy cerca, falló el arma, no lo entiendo, andaba bien», se lamentó el acusado en un intercambio de mensaje que tuvo con una persona de su confianza identificada entre sus contactos telefónicos como «Andrea», a quien también le informaba que él mismo había aportado una pistola que no fue la que finalmente usó Sabag Montiel, según pudo reconstruir Télam de fuentes con acceso a la investigación.

El 2 de septiembre, el día después del ataque fallido, Uliarte y Carrizo mantuvieron una conversación que sobresale entre las tantas celebradas al rededor de aquellos días, vinculadas al plan magnicida:
- Carrizo: «¿Queres hacerlo?».
- Uliarte: «Te juro que si. Y no me va a fallar el tiro. Pero hay que pensarla bien. Pasa que Nando (por Sabag Montiel) no tiene mucha practica le tembló el pulso».
- Carrizo: «Te vincularon en el caso. Te diría que vengas acá».
- Uliarte: «¿Posta se saben mis datos? Estoy en un lugar seguro tranqui ustedes no tienen nada que ver. Lo que decimos que quede acá».
- Carrizo: «Si saliste por todos los medios. Sos la novia».
- Uliarte: «Si pero si me escondo no va a pasar. No me van a encontrar yo sé porque te lo digo».
En el caso de Díaz también aparecieron conversaciones incriminatorias: a ella Uliarte le decía en julio, bastante tiempo antes del atentado fallido, que tenía en mente asesinar a la dos veces exmandataria Fernández de Kirchner.
«¿Te das cuenta del quilombo en el que te vas a meter, no?», le preguntó entonces Díaz y luego le envió otro mensaje: «Te van a buscar por todos lados si se enteran de que sos cómplice de la muerte de la vicepresidenta». En otro intercambio de mensajes, Díaz le diría a su amiga «matá a quien vos quieras. Y ocultá las huellas».

Al referirse a Díaz, la jueza sostuvo que «brindó su cooperación con posterioridad al hecho, a partir de la promesa anterior, dando consejos y advirtiendo de los peligros que pudieran aparecer, a fin de que dicho plan no quede al descubierto».
En esta causa ya estaban procesados con prisión preventiva como coautores del intento de homicidio Sabag Montiel, el hombre que empuñó y gatilló la pistola Bersa calibre 32 a centímetros de la cabeza de la Vicepresidenta, y su pareja «Ámbar» Uliarte, que lo acompañó aquella noche hasta Juncal y Uruguay.

La magistrada reveló en su resolución que entre las medidas que aún se encuentran en curso está la «extracción del contenido del teléfono celular de Fernando André Sabag Montiel que a la fecha se encuentra en pleno curso por parte de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) y cuyo resultado puede desembocar en nuevas imputaciones y la determinación de cursos de investigación hasta ahora no abordados».
CABA
La Legislatura porteña aprobó el traspaso del fuero laboral a la Ciudad
Con 36 votos a favor y la abstención del peronismo, la Legislatura de CABA transfirió las causas individuales de trabajo al fuero local. Los juicios nuevos irán a tribunales porteños; los existentes seguirán en la Justicia Nacional hasta sentencia.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves el convenio que transfiere las competencias de la Justicia Laboral desde la órbita nacional al fuero porteño. La iniciativa obtuvo 36 votos afirmativos, dos en contra y 20 abstenciones. El mapa político del recinto mostró a PRO, La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical y otros bloques aliados votando en bloque a favor, mientras que la representación del peronismo optó por abstenerse, una señal de distancia con un esquema de traspaso que aún genera interrogantes sobre las condiciones laborales de los trabajadores judiciales involucrados y el acceso real a la justicia para los sectores más vulnerables.
Qué se transfiere y qué queda en la Nación
El convenio delimita con precisión el alcance del traspaso: la Ciudad pasará a manejar todos los juicios individuales de trabajo, es decir, las demandas de empleados contra empresas por despidos, accidentes laborales e indemnizaciones. En cambio, los reclamos sindicales y los conflictos colectivos continuarán tramitándose en la Justicia Nacional, una distinción que no es menor en un contexto de creciente conflictividad gremial frente a las políticas de desregulación laboral del Gobierno nacional.
Los expedientes ya abiertos seguirán en los tribunales nacionales hasta que haya sentencia definitiva. Solo los casos nuevos irán directamente a los juzgados porteños. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad tendrá facultades para revisar las causas de derecho local y común, mientras que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad quedó designado como el organismo responsable de garantizar las condiciones para el funcionamiento del nuevo fuero.
Tiempos más cortos, pero condicionados al segundo acuerdo
El argumento central que esgrimieron los impulsores de la reforma fue la reducción de los plazos de resolución. Desde el sector judicial estiman que los expedientes que hoy demoran entre tres y cinco años podrían resolverse en un plazo de un año o menos. Sin embargo, para que el cambio se ponga efectivamente en marcha, el Gobierno nacional y el porteño deberán firmar un segundo acuerdo que contemple la transferencia de los fondos presupuestarios correspondientes. Una vez suscripto ese documento, comenzará a correr un plazo de 180 días para designar a los nuevos jueces, adecuar la infraestructura edilicia e implementar el sistema informático.
La dependencia de ese segundo convenio introduce una incertidumbre real sobre el cronograma. La promesa de agilización queda, por ahora, supeditada a una negociación interjurisdiccional entre la administración de Jorge Macri en la Ciudad y el Gobierno de Javier Milei, en un escenario en que las tensiones entre los distintos niveles del Estado por la distribución de recursos son moneda corriente.
La abstención peronista: una señal política
La decisión del bloque peronista de abstenerse en lugar de votar en contra no fue un gesto de indiferencia sino una lectura política deliberada. El traspaso del fuero laboral a la Ciudad no es un tema nuevo: lleva años de negociación entre la Nación y CABA y distintos intentos de avanzar en su implementación se frustraron por desacuerdos presupuestarios y resistencias sindicales del personal judicial. La abstención dejó constancia de las reservas sin obstaculizar una medida que, en términos formales, apunta a mejorar la eficiencia del sistema.
El fondo del debate, sin embargo, es más espinoso. ¿Garantizará el fuero porteño el mismo nivel de protección para los trabajadores que el fuero nacional? La pregunta no es retórica. La Ciudad de Buenos Aires administra un sistema judicial propio con sus propias lógicas y presupuestos, y la transición implicará una reconfiguración profunda de la infraestructura y la cultura institucional de los tribunales del trabajo.
Puntos clave
- La Legislatura porteña aprobó el traspaso con 36 votos a favor, dos en contra y 20 abstenciones del bloque peronista.
- Solo se transfieren los juicios individuales (despidos, accidentes, indemnizaciones); los conflictos colectivos y sindicales quedan en la Justicia Nacional.
- Los expedientes en curso continuarán en tribunales nacionales hasta sentencia; los nuevos irán al fuero porteño.
- La implementación requiere un segundo acuerdo de financiamiento y un plazo de 180 días para designar jueces y adaptar la infraestructura.
- El Consejo de la Magistratura de la Ciudad será el organismo responsable del funcionamiento del nuevo fuero.
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