La Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante, describió ante el Tribunal Oral Federal N° 5 lo que definió como “un esquema de corrupción sin precedentes durante más de doce años”. Fue en la cuarta audiencia del juicio Hotesur-Los Sauces, en la que se terminó de leer su requerimiento contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el diputado nacional Máximo Kirchner y el resto de los acusados.

El juicio unifica dos expedientes vinculados a sociedades de la familia: la hotelera Hotesur y la inmobiliaria Los Sauces. Además de los Kirchner, están acusados los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Osvaldo Sanfelice y Víctor Manzanares, entre otros 24 imputados. Cristina y Máximo Kirchner siguen el debate por Zoom; deberán ir a los tribunales de Retiro cuando llegue la etapa de declaraciones indagatorias.

Qué dice la acusación

La UIF sostuvo que Néstor y Cristina Kirchner montaron una “asociación ilícita de carácter estable y permanente” para beneficiar a empresarios con contratos públicos y que parte de esas ganancias volvía a la familia mediante alquileres, préstamos, compras de propiedades y negocios hoteleros. A Cristina le atribuye el rol de jefa y a Máximo, el de organizador.

Según la querella, entre 2009 y 2016 Los Sauces facturó poco más de 25 millones de pesos a empresas de los grupos Báez e Indalo: el 65% correspondía al Grupo Indalo y el 23%, al Grupo Báez. Para la UIF, el alquiler de propiedades “se convirtió en la causa jurídica que permitía justificar las operaciones”.

Una causa que ya fue cerrada una vez

El expediente tiene una historia que la acusación no cuenta. En noviembre de 2021 el mismo Tribunal Oral Federal 5 sobreseyó a Cristina Kirchner, a sus hijos y al resto de los imputados sin llegar a juicio, al considerar que los alquileres investigados eran operaciones comerciales legítimas y que no había delito. En 2023 la Cámara Federal de Casación Penal revocó esa decisión y ordenó hacer el juicio. Es decir, los mismos hechos que hoy se presentan como lavado ya fueron evaluados por un tribunal que concluyó que no constituían delito.

El contexto: lawfare y una expresidenta presa

Para la defensa de la expresidenta y para buena parte del peronismo, Hotesur-Los Sauces es una pieza más de la persecución judicial contra Cristina Fernández de Kirchner. En junio de 2025 la Corte Suprema dejó firme su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad, y desde entonces cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111. Esa sentencia la sacó de la competencia electoral, en lo que sus seguidores denuncian como una proscripción del Partido Judicial. El nuevo juicio, con acusaciones que recorren los mismos negocios de Báez en Santa Cruz, se suma a esa secuencia.

La UIF, además, depende del Poder Ejecutivo: hoy es parte de la estructura de un Gobierno que hace de la condena a Cristina Kirchner una bandera política.

Qué sigue

La acusación de la UIF es la versión de una de las partes y deberá confrontarse con la prueba y con las defensas. Los acusados mantienen la presunción de inocencia. El presidente del tribunal, José Michilini, informó que el debate se reanuda el 13 de noviembre y que el TOF 5 evalúa sumar una audiencia los miércoles a las de los lunes y viernes.

Lo que tenés que saber:

• La UIF leyó ante el TOF 5 su acusación contra Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y otros imputados en el juicio Hotesur-Los Sauces.
• La querella atribuye a Cristina el rol de jefa y a Máximo el de organizador de una asociación ilícita para lavar dinero.
• Según la UIF, Los Sauces facturó más de 25 millones de pesos a empresas de los grupos Báez e Indalo entre 2009 y 2016.
• El mismo TOF 5 había sobreseído a los acusados en 2021; Casación revocó esa decisión en 2023.
• El juicio se reanuda el 13 de noviembre.