El Tribunal Oral Federal N°2 resolvió extender la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner, quien seguirá cumpliendo en el departamento de San José 1111 la condena de seis años de prisión dictada en la causa Vialidad. La decisión llegó tras un informe trimestral que acreditó que la expresidenta no solo cumplió con las condiciones impuestas, sino que lo hizo con «buena predisposición y un trato cordial y respetuoso» hacia los profesionales que la monitorearon.

El juez federal Rodrigo Giménez Uriburu, a cargo del seguimiento, fue contundente en su evaluación: «Fernández de Kirchner ha mantenido, durante el trimestre examinado, una conducta de sujeción al control judicial y de observancia de las condiciones establecidas para la ejecución de la pena bajo la modalidad domiciliaria.» El fallo llegó a la Agencia Noticias Argentinas, que tuvo acceso al documento.

Monitoreo sin fisuras y una sola salida autorizada

Durante el período evaluado, la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) y la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP) realizaron entrevistas domiciliarias de forma aleatoria para verificar el cumplimiento de las condiciones. En ese marco, Cristina Kirchner registró una única salida autorizada, para una consulta médica que se concretó «sin inconvenientes».

Las visitas también se ajustaron a los permisos concedidos por el Tribunal, con una única demora de parte de una visitante que fue debidamente justificada ante la Justicia. El monitoreo electrónico no registró anomalías y, pese a las movilizaciones de militantes y simpatizantes frente al domicilio, la Justicia señaló que no se produjeron comportamientos que perturbaran la tranquilidad del vecindario ni quedas de vecinos.

Embargo de bienes y la sombra del decomiso

La renovación de la domiciliaria se produce en un contexto de avance judicial sobre el patrimonio de la exmandataria. El mismo TOF N°2 confirmó previamente el embargo preventivo de varios bienes de Cristina Kirchner y los demás condenados en la causa Vialidad, incluyendo el propio departamento de San José 1111 donde cumple condena. El objetivo es alcanzar el decomiso del perjuicio económico estimado al Estado argentino, que asciende a aproximadamente 685.000 millones de pesos.

En ese mismo frente, la Cámara Federal de Casación porteña rechazó dos recursos presentados por Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia para intentar frenar el posible decomiso de inmuebles de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A., dos empresas familiares que también están en la mira de la Justicia.

El entorno bajo la lupa: Calle, Recalde y La Cámpora en San José 1111

El expediente judicial no se limita a la situación procesal de la expresidenta. Paralelamente, la Justicia investiga la compra del departamento ubicado debajo del de Cristina por parte de María Soledad Calle, dirigente de La Cámpora con vínculos a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Ante los magistrados, Calle declaró haberlo adquirido para que funcionara una fundación, aunque no aportó mayores precisiones sobre el proyecto.

A eso se suma que el senador nacional peronista Mariano Recalde también resultó ser propietario de un departamento en el mismo edificio, ubicado en el primer piso. La concentración de figuras del universo kirchnerista en ese inmueble transformó a San José 1111 en un punto de atención permanente para la Justicia, más allá del seguimiento de la condena domiciliaria.

Lo que tenés que saber

• El TOF N°2 renovó la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner tras verificar que cumplió «adecuadamente» con todas las condiciones impuestas durante el trimestre.
• El juez Rodrigo Giménez Uriburu destacó su «buena predisposición» en las entrevistas con los profesionales de control y la ausencia de irregularidades en el monitoreo electrónico.
• El mismo tribunal confirmó el embargo preventivo de bienes de los condenados en la causa Vialidad, incluyendo el departamento donde cumple condena, en busca de un decomiso de unos $685.000 millones.
• La Cámara Federal de Casación rechazó los recursos de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner para frenar el posible decomiso de inmuebles de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.
• Se investigan las propiedades de la dirigente camporista María Soledad Calle y del senador Mariano Recalde en el mismo edificio de San José 1111.