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Denuncia

Juran los senadores en el Consejo de la Magistratura con Doñate proscripto

El senador por Río Negro sostuvo que la Corte «pretende arrogarse la decisión institucional de otro poder del Estado, violentando la República y profundizando la impunidad con la que vienen desbarrancando».

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La Corte Suprema tomará juramento este martes a tres senadores en el Consejo de la Magistratura, dejando afuera al senador del Frente de Todos (FdT) Martín Doñate, y abriendo una incógnita en los plazos para la conformación definitiva del organismo que elige y remueve jueces.

El jueves 16, invocando que la ley «pone en cabeza del señor Presidente de esta Corte (Horacio Rosatti) recibir el juramento de ley», el tribunal dispuso tomar juramento a los senadores oficialistas María Inés Pilatti Vergara y Mariano Recalde y al opositor Eduardo Vischi, denegando el juramento a Doñate.

«El decisorio de la Corte es demencial. Reconoce la representación del bloque Frente Nacional y Popular al disponer la toma de juramento a sus representantes Recalde y Pilatti Vergara, pero me niega el juramento como representante del otro bloque Unidad Ciudadana», juzgó Doñate poco después de conocida la convocatoria.

El senador por Río Negro fue definitivo cuando dijo, en la red social Twitter, que la Corte «pretenden arrogarse la decisión institucional de otro poder del Estado, violentando la República y profundizando la impunidad con la que vienen desbarrancando».

Doñate se refirió así a que fue elegido por el Senado, para integrar el grupo de cuatro representantes en el Consejo de la Magistratura, no una sino dos veces pero aún así la Corte le niega el juramento.

El fundamento de la Corte para negarle el juramento fue su fallo de noviembre pasado que definió que la creación del bloque Unidad Ciudadana «no obedeció a fines genuinos sino al objetivo de una fuerza política de ocupar en el Consejo un lugar que no le corresponde».

Para el alto tribunal, una de las razones para negarle la banca al rionegrino es que el «bloque mayoritario» terminaría ocupando «tres de los cuatro lugares» que corresponden a la Cámara Alta en el Consejo.

Según se informó desde la Corte, el acto del martes próximo, será a las 10, tendrá carácter institucional y consistirá simplemente en el juramento de los tres senadores de acuerdo a sus creencias, sin discursos ni otras instancias.

Para ello, como en las juras anteriores, la Corte dispuso el salón Bermejo del Palacio de Justicia..

También como en los anteriores actos de jura de abogados, jueces, académicos y legisladores, no se prevé el acceso libre del público ni de la prensa, y el acto se desarrollará con los invitados que disponga el supremo tribunal y los familiares de los senadores que harán el juramento.

El conflicto por la representación en el Consejo de la Magistratura fue precisamente uno de los causales por los cuales el presidente, Alberto Fernández, y doce gobernadores promovieron el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema que se tramita en Diputados.

Fernández y los mandatario denunciaron a principios de año un «asalto al Consejo de la Magistratura» por parte de los magistrados, mientras criticaron duramente que Rosatti se constituya en presidente del alto tribunal y también del Consejo.

«La Corte avanzó indebidamente sobre la autonomía de la Honorable Cámara de Senadores, al determinar de forma arbitraria y autoritaria cómo debían organizarse los bloques en dicha Cámara. Ello implica una clara violación constitucional a la autonomía del Senado de la Nación y a su reglamento, el que goza de raigambre constitucional», indicaron.

El conflicto de poderes se inició a principios de 2022 cuando por unanimidad la Corte declaró inconstitucional la Ley 26.080 del año 2006, que había reducido de veinte a trece miembros el número de integrantes del Consejo.

Quince años después de sancionada la ley, la Corte intervenía en un reclamo de inconstitucionalidad interpuesto por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, desde donde planteaban que la reforma no respetaba el «equilibrio» de los distintos estamentos.

Denuncia

Adorni: el fiscal pidió bajar la carátula y la oposición habló de impunidad

El fiscal Gerardo Pollicita sostuvo que no puede probar el enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete y pidió enviar la causa al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión. Varios dirigentes opositores cuestionaron el giro y lo leyeron como una salida a medida, a horas de la llegada del Papa al país.

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El Argentino Diario-Manuel Adorni da la cara en el Congreso.
De “enriquecimiento ilícito” a “tema de impuestos”: el giro en la causa Adorni que indignó a la oposición.

La causa que debía explicar cómo creció el patrimonio de Manuel Adorni podría dejar Comodoro Py para convertirse en una discusión con el fisco, y la oposición salió a decir que esa es la salida a medida.

El viernes 6 de noviembre, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen ante el juez Ariel Lijo en el que concluyó que no hay elementos suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, que renunció el 27 de junio y fue reemplazado por Diego Santilli. Pidió que se declare la incompetencia del fuero federal y que el expediente pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. No es un sobreseimiento: la decisión final es de Lijo.

Lo que dijo el fiscal

Según el dictamen, el fiscal no pudo refutar la versión de la defensa, que sostiene que Adorni tenía más de medio millón de dólares antes de llegar a la función pública y lo atribuye a inversiones en criptomonedas. El delito de enriquecimiento ilícito exige que el incremento injustificado ocurra después de asumir un cargo, y el período analizado fue del 14 de diciembre de 2023 al 27 de junio de 2026.

Pollicita no descartó, sin embargo, que haya habido irregularidades: planteó que persisten indicios de que ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales permanecieron fuera de las declaraciones juradas durante años, y señaló que la propia defensa reconoció que parte de la información rectificada era “materia antes no declarada”. Por eso propone que el fuero Penal Económico determine si hubo evasión en Ganancias, Bienes Personales u otros tributos, ejercicio por ejercicio, y pidió revisar la actuación de la escribana que intervino en las escrituras.

La oposición: “ES JODA”

El presidente de la Coalición Cívica y diputado por la Ciudad, Maximiliano Ferraro, escribió en X que “ES JODA” y ironizó con que el cambio de vida del exfuncionario se explique con un pendrive con criptomonedas. “Adorni no tenía dónde caerse muerto antes de llegar al Gobierno”, afirmó. Enumeró más de US$ 400.000 en efectivo para comprar propiedades y pagar obras, viajes por el mundo, vuelos privados con toda su familia, refacciones en su casa y hasta el uso de tarjetas de crédito de sus empleados, y habló de un nivel de connivencia entre operadores judiciales y poder político que calificó de escandaloso.

La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Talerico, fue la más categórica: “USAN AL SANTO PADRE PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN DE ADORNI”. Sostuvo que, con la atención del país puesta en la llegada del Papa, el fiscal pidió que la causa pase a ser “un tema de impuestos, de esos que se arreglan pagando”, y calificó de despreciable aprovechar la visita de León XIV con ese fin. Agregó que el expediente queda ahora en manos de Lijo, “el mismo que con $LIBRA mandó a pasear el expediente”.

En rigor, el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y de otros nueve imputados en la causa $LIBRA lo dictó el juez Marcelo Martínez de Giorgi el 23 de octubre, a pedido del fiscal Eduardo Taiano.

El titular del Partido Obrero, Gabriel Solano, habló de “Justicia de clase” y recordó que Pollicita, según dijo, persiguió a dirigentes del movimiento piquetero. Afirmó que el fiscal “acaba de sobreseer” a Adorni, aunque técnicamente no hubo sobreseimiento sino un pedido de cambio de fuero. La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade sostuvo que “el fiscal no tenía que acreditar nada”, porque el enriquecimiento ilícito invierte la carga de la prueba y es el acusado quien debe justificar su patrimonio, e ironizó con que había que felicitar al contador por lo que “dibujó” en tantas prórrogas.

El abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, unió esta causa con $LIBRA. Escribió que mientras Taiano pidió cerrar esa investigación sin peritar el celular del Presidente, Pollicita se encamina a cerrar la de Adorni sin que el exjefe de Gabinete explique cómo gasta más de lo que gana: “Misma semana. Mismo Gobierno. Mismo final feliz”. Y agregó: “Nunca vi fiscales que se equivocan siempre para el mismo lado”. También reclamó que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que ya fue por $LIBRA, intervenga en este caso.

Pagano pidió que Lijo rechace el cambio de fuero

La diputada Marcela Pagano, autora de la denuncia original, amplió su presentación ante Lijo con datos de la Central de Deudores del Banco Central. Según su escrito, la cuenta de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en el Banco Galicia registró gastos de entre 13 y 18 millones de pesos por mes entre junio y septiembre, cuando su marido ya había dejado el cargo y el salario estatal. Pidió que el juez rechace la incompetencia, oficie a bancos y a ARCA, cite a Adorni a indagatoria y habilite la intervención de la PIA.

Pagano recordó además que el enriquecimiento ilícito puede investigarse hasta dos años después de concluida la función pública, un período que, según sostiene, la fiscalía no analizó.

Qué viene

Lijo deberá resolver si acepta la incompetencia y envía el expediente al fuero Penal Económico, o si mantiene la causa en Comodoro Py, como pidió Pagano. La Justicia ya había ordenado peritar las billeteras de criptomonedas del exjefe de Gabinete. El dictamen no cierra la causa, pero cambia su naturaleza: de explicar un patrimonio construido durante la función pública a discutir cuentas con el fisco.

Lo que tenés que saber:

  • El 6 de noviembre, Pollicita dictaminó que no hay elementos para sostener el enriquecimiento ilícito de Adorni y pidió pasar la causa al fuero Penal Económico.
  • No es un sobreseimiento: el juez Ariel Lijo debe decidir si acepta la incompetencia.
  • El fiscal no pudo refutar que Adorni tuviera más de medio millón de dólares antes de asumir, pero planteó que ingresos, dólares y criptoactivos quedaron fuera de sus declaraciones durante años.
  • Ferraro, Talerico, Solano, Frade y Dalbón cuestionaron el dictamen y hablaron de impunidad.
  • Pagano amplió la denuncia con datos del Banco Central y pidió que Lijo rechace el cambio de fuero.
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