El espacio político Soberanxs, conducido por Gabriel Mariotto, Alicia Castro y Amado Boudou, presentó dos denuncias vinculadas al denominado escándalo de Lago Escondido: una dirigida contra el magnate británico Joe Lewis por la apropiación de espejo de agua en la provincia de Río Negro y otra contra los jueces y fiscales que viajaron hacía allí y se alojaron en un inmueble que podría ser producto de un accionar delictivo.

Las denuncias fueron presentadas ayer ante los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro: la que apunta a investigar el viaje de los jueces recayó en el juzgado federal 9, a cargo del juez Luis Rodríguez, mientras que la presentación para que se investigue la supuesta apropiación del Lago Escondido fue por sorteo al juzgado federal 8, cuyo titular es Marcelo Martínez de Giorgi.

Los textos de las denuncias a los que accedió Télam llevan la firma del ex vicegobernador bonaerense Mariotto y del historiador Alejandro Olmos Gaona y están vinculados entre sí dado que, para los denunciantes, los magistrados que viajaron a Lago Escondido incumplieron con los deberes de funcionarios público al haberse alojado en un inmueble que sería producto de una acción delictiva (violación de la ley por parte de Lewis), según explicó Soberanxs a través de su cuenta de Twitter.

«Lewis compró dos estancias de más de 11.000 hectáreas, a través de una sociedad llamada Hidden Lake, en 1996, en violación a las normas que prohíben que un extranjero tenga propiedades en zonas de seguridad de frontera. La única posibilidad que tiene un extranjero para acceder a esos lugares es si está casado con una persona de nacionalidad argentina, tiene hijos argentinos y vive en el lugar, lo que no ocurre en este caso, ya que Lewis vive en Gran Bretaña (uno de los hombres más ricos de ese país)», detalló Soberanxs en las redes.

La segunda denuncia es contra los jueces federales Julián Ercolini, Carlos Mahiques (Camara Federal de Casación Penal), Pablo Yadarola (Penal Económico), Pablo Casyssials (Contencioso administrativo), el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires Juan Bautista Mahiques y el ministro de Seguridad y Justicia porteño en uso de licencia Marcelo D’Alessandro.

«La denuncia tiene como fundamento el incumplimiento de los deberes de funcionarios público al haberse alojado en un inmueble que es producto de una acción delictiva (violación de la ley por parte de Lewis). Además se suma el delito de recepción de dádivas, ya que es de público conocimiento que fueron invitados por ejecutivos del grupo Clarín. Lo cual resulta improcedente en magistrados judiciales», señalaron desde Soberanxs.

«Un caso a tener en cuenta y que debe ser investigado es el del doctor Carlos Mahiques, que como juez de la Cámara de Casación Penal dictaminó en el año 2017 que el delito no estaba prescripto y en el año 2020 cambió de opinión y votó por la prescripción de la acción penal» vinculada a la compra de las tierras de Lago Escondido, agregaron.

«Carlos Mahiques conoce minuciosamente la ilegalidad de la ocupación de las tierras de Lewis ya que intervino en la causa en el 2017 y en el 2020, y en razón de la amistad con los otros magistrados, resulta obvio que todos conocían la ilegalidad de la ocupación», plantearon.

En la denuncia a la que accedió esta agencia, Olmos y Mariotto detallaron: «Tal como informaron los distintos medios de prensa, los magistrados denunciados viajaron en un avión privado a la estancia de propiedad del magnate británico Joe Lewis, siendo recibidos en el aeropuerto de San Carlos de Bariloche por dos directivos del grupo Clarín, Jorge Rendo y el abogado Pablo Casey, que se encarga de los aspectos legales de la corporación».

«Dos camionetas de alta gama de la empresa Hidden Lake que administra la propiedad del millonario británico Joe Lewis llevaron a los viajeros a la estancia, donde fueron alojados y recibidos por Nicolás Van Ditmar, quien es el administrador de la estancia y uno de los directivos de Hidden Lake, razón social de capitales británicos que es titular de la estancia, y que controla el referido Lewis», continuaron.

«Nada de particular tendría que magistrados, fiscales y un ministro viajen a una propiedad particular con fines de esparcimiento un fin de semana, mucho más si tienen entre ellos una relación de amistad. Lo grave del presente caso es que supuestamente el referido viaje y alojamiento habrían sido financiados por ‘Clarín’, que es uno de los multimedios más importantes de la Argentina, en clara infracción a lo dispuesto por el artículo 256 del Código Penal», sostuvieron.

Ese artículo del Código Penal, recordaron, establece que «será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones».

«Ignoramos si existe alguna relación directa entre los representantes de ‘Clarín’ y los jueces y funcionarios involucrados, pero sí sabemos que ese medio ha reproducido noticias sobre la estancia sin hacer el menor cuestionamiento a la forma en la que fue adquirida, ni mostrar la constante violación de la ley por parte de sus actuales propietarios, que han tenido varias sentencias condenatorias, por el apoderamiento de ‘Lago Escondido’, que es una propiedad pública, negándose en forma reiterada a cumplir con lo resuelto por la justicia de la provincia de Río Negro en todas sus instancias», cuestionaron.