El proceso en cuestión refiere a la supuesta «sustracción y destrucción» de un expediente de la Justicia local en 2009, en el que Sala se encuentra acusada de «determinadora directa» del hecho junto al empleado judicial Marcos Romero, quien, sindican, se habría apoderado del expediente en una acción planeada con la intervención de un tercer acusado, el abogado Alberto Bellido, sobre el que se esperaba debían recaer las declaraciones del testigo.

«Lo que pasó deja al descubierto cómo es la operatoria en todos los procesos contra Milagro. Este, puntualmente, había surgido con una cuestión muy sospechosa: era una causa que se había cerrado en 2012 y que se reabre cinco años después, con un único testimonio que hay para vincular a Milagro Sala y a quien entonces era su abogado (por Bellido)», señaló Marcos Aldazabal, del equipo de letrados de la dirigente.

El testimonio al que apuntó el abogado es el de Alejandro Mancilla, ex miembro de la Túpac Amaru. Según relataron desde el equipo de abogados, en el año 2017 Mancilla se encontraba encarcelado por una causa de abuso pero fue liberado y a partir de ese momento comenzó a trabajar para la Gobernación de Jujuy y, en paralelo, a recorrer los Tribunales con acusaciones dirigidas a Milagro Sala.

Además, Aldazabal aseguró que «la causa (por el robo del expediente) se reabre con un testimonio totalmente sospechoso y de manera ilegal porque no se puede reabrir, luego de estar totalmente cerrada, ocho años después».

Y sobre las presuntas irregularidades del juicio, el letrado planteó que en la audiencia del jueves «se suma el testimonio de un exempleado judicial con un rol secundario en cuanto valor probatorio -Jorge Ruiz-, quien ante la insistencia de los fiscales para que diga lo querían revela que en su momento le habían ofrecido un cargo alto por inculpar a Bellido, y que sufrió persecución inclusive hasta la semana pasada».

«En Jujuy hay una situación de un Poder Judicial totalmente cooptado, en el que las cosas no responden al Derecho», advirtió Aldazabal, para luego denunciar que en esa provincia existe una «operatoria» que se repite de manera sostenida.

Finalmente, sostuvo que «el ensañamiento con Milagro» llegó a un nivel «increíble», que incluso llega hasta a «poner en riesgo su salud», ya que la fundadora de la Túpac Amaru atravesó en las últimas semanas un cuadro médico por el que tenía la recomendación profesional de no exponerse a situaciones de estrés.

Sin embargo, añadió, el Tribunal Criminal N° 3 de Jujuy no hizo lugar a un pedido de suspender el juicio, que este jueves tuvo su primera audiencia, lo que causó «un pico de presión» en la humanidad de la propia Milagro Sala.

Por otro lado, Alberto Bellido salió también este viernes a exponer en conferencia de prensa sobre la «gravedad» de lo revelado por el testigo convocado por la fiscalía.

«Quedé asombrado. Se demostró el armado y la persecución hacia quienes pensamos diferente, y ahora aparecieron nuevos actores y autores», manifestó Bellido, quien estuvo acompañado por su abogado Martín Palmieri.

Bellido atribuyó las acusaciones en contra suyo a una «persecución enquistada, organizada por el juez Pablo Pullen Llermanos», a quien atribuyó la idea de desarchivar la causa, pero también apuntó al jefe de los fiscales de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, y a otros miembros del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia.

«Venimos de la época nefasta de la dictadura militar, yo creí que estas prácticas ya estaban desterradas», cuestionó Bellido y pidió «seguridad jurídica» y «garantías» hacia el testigo que denunció la extorsión. Y sobre el testigo que denunció haber sido presionado, dijo que «manifestó ser una persona indigente» y que espera «que no le pase nada».

Ruiz, quien declaró bajo juramento, relató ofrecimientos que le hicieron desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) a cambio de denunciar a Bellido y cómo tras haberse negado fue víctima de ocho asaltos, entre otras intimidaciones, por parte de la Policía de la provincia.

Desde la defensa de Sala expusieron que solo tenía que declarar si recibió el expediente en cuestión, y «terminó contando las ofertas de los secretarios de los fiscales (Darío) Osinaga y (Walter) Rondón, Juan Carlos Dávalos y Joaquín Campos, todos a la orden de Sergio Lello Sánchez y los ofrecimientos que le hicieron en este último tiempo para recuperar su trabajo en el Poder Judicial».