Investigación 🔎
Lavado de manos: Servini delegó la causa de la cripto estafa al polémico fiscal Taiano
Taiano es quien determinó -sin ninguna prueba- que al fiscal Nisman lo asesinaron. Ahora tienen en sus manos el caso de corrupción más escandaloso de todos los tiempos.
Lo que tenés que saber
- La jueza María Servini delegó la causa del proyecto $LIBRA al fiscal Eduardo Taiano.
- El fiscal deberá evaluar si abrir formalmente la investigación sobre los acusados de estafa, asociación ilícita y otros delitos.
- Denunciantes incluyen a figuras como Claudio Lozano, Jonatan Baldiviezo, y Marcos Zelaya.
- Los involucrados son acusados de realizar una «estafa histórica» utilizando criptomonedas, con la implicación de Milei.
- El presidente y otros altos funcionarios son señalados por participar activamente en la promoción de la criptomoneda sin supervisión de la CNV.
La causa por la criptomoneda $LIBRA
La jueza federal María Servini delegó este jueves la investigación sobre la criptomoneda $LIBRA al fiscal federal Eduardo Taiano. Esto ocurre tras las denuncias contra el presidente Javier Milei, quien fue señalado por promocionar el proyecto sin contar con la supervisión necesaria por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
En esta primera etapa, el fiscal Taiano deberá revisar las denuncias y decidir si procede con la investigación penal. A la causa se han sumado varios denunciantes, entre ellos el exdiputado Claudio Lozano y los abogados Jonatan Baldiviezo y Marcos Zelaya, quienes ratificaron sus acusaciones en los tribunales de Comodoro Py.
Los denunciantes y sus acusaciones
Entre los denunciantes, se encuentran figuras reconocidas del ámbito jurídico y político. Ellos sostienen que el presidente Milei promovió el proyecto $LIBRA a través del sitio vivalalibertadproject.com, lo que implicaría la realización de una «estafa histórica». Según los acusadores, la falta de registro y supervisión oficial hizo que la operación careciera de la confianza necesaria para los inversores.
Además, los denunciantes aseguran que Milei usó su posición como presidente para respaldar la criptomoneda, lo que habría dado la apariencia de legitimidad al proyecto. De acuerdo con los informes, los implicados habrían realizado una serie de operaciones fraudulentas a través de la criptomoneda sin las debidas garantías legales.
Los detalles de la denuncia
El caso involucra a varios actores, además de Milei. Entre ellos se encuentran Julián Peh, CEO de Kip Network, Daniel Parisini, y otros personajes vinculados al desarrollo del token $LIBRA. Los denunciantes mencionan que estos actores participaron en una red de estafas premeditadas a gran escala, con el fin de obtener beneficios financieros a través de operaciones ilícitas.
Se detallan múltiples delitos, entre ellos asociación ilícita, estafa, y el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. También se solicita que los responsables reparen los daños causados a los inversionistas.
La respuesta de los involucrados
En cuanto a los acusados, algunos de ellos han rechazado las acusaciones. Se espera que la causa continúe desarrollándose con nuevos testimonios y pruebas que puedan determinar la gravedad de los hechos. Por su parte, el fiscal Eduardo Taiano, quien hasta este jueves se encontraba en un congreso fuera del país, ahora estará a cargo de la tramitación del proceso penal.
Investigación 🔎
La Corte dejó firme la condena del exjuez Reynoso por servir al Patrón del Norte
El exjuez federal de Orán recibió dinero del narco Delfín Castedo para dictar fallos a su favor, incluida una indagatoria fraguada con un impostor. Ya tenía otra condena firme a 13 años y ahora la Fiscalía irá por la unificación de penas.
Un narco prófugo, buscado como autor intelectual de un crimen, consiguió que un juez federal le concediera una eximición de prisión con una indagatoria en la que ni siquiera estuvo presente. La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a cinco años de prisión del exjuez Raúl Reynoso por cobrar para beneficiar a Delfín Castedo, conocido como «El Patrón del Norte».
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso de queja de la defensa por falta de fundamentación autónoma. Con esa decisión quedó firme la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta, que condenó al exmagistrado de Orán por cohecho pasivo en concurso ideal con falsedad ideológica de documento público y concusión, a cinco años de prisión, una multa de 90.000 pesos e inhabilitación absoluta por el término de la condena. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ya había confirmado el fallo en junio de 2025.
La indagatoria del impostor
Según se acreditó en la causa, Reynoso recibió dinero de Castedo y de su abogado defensor a cambio de resoluciones contrarias a derecho. El punto central de la investigación fue una declaración indagatoria atribuida al narco en diciembre de 2013, cuando estaba prófugo y tenía pedido de captura por la autoría intelectual del asesinato de Liliana Ledesma, ocurrido en 2006 en Salvador Mazza.
De acuerdo con la reconstrucción judicial que difundió la prensa salteña, Castedo no estuvo en aquella audiencia: en su lugar se presentó otra persona, que declaró y firmó con su identidad. Los peritajes caligráficos de Gendarmería Nacional determinaron que la firma no pertenecía al narcotraficante. Con esa declaración trucha, el juez le otorgó una segunda eximición de prisión y, en noviembre de 2014, lo procesó sin prisión preventiva.
La lista de favores empezó antes. En febrero de 2007, Reynoso había imputado a Castedo por asociación ilícita y lavado de activos y había ordenado su detención; en 2008, el prófugo se presentó a pedir la excarcelación y el juez se la concedió con el argumento de que estaba a derecho por haberla solicitado. Para la fiscalía, ese fue el primer acto de prevaricato, y el propio Castedo declaró que pagó por ese beneficio. La acusación vinculó los fallos con un soborno estimado en 40.000 dólares, gestionado a través del abogado Luciano Ciscato.
Cobros a un comerciante
La condena también incluye las exigencias de dinero al comerciante Pablo Elías Torres. Reynoso le habría reclamado pagos para autorizar el ingreso de mercaderías al país sorteando las restricciones vigentes; según se tuvo por probado en el juicio, el mecanismo contemplaba destinar el 5% de las utilidades del comerciante a una fundación presidida por un cuñado del entonces juez.
En el mismo expediente, Ciscato fue condenado a dos años y seis meses de prisión en suspenso y Castedo recibió tres años como coautor de cohecho activo.
Dos condenas firmes y una causa pendiente
No es la primera vez que la Justicia condena a Reynoso. En marzo de 2019, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta le impuso 13 años de prisión por concusión y prevaricato, en una causa que expuso un esquema de cobros a cambio de resoluciones favorables a imputados por narcotráfico y contrabando en el Juzgado Federal de Orán. Esa sentencia quedó firme en marzo de 2024 y ese mismo año el exjuez obtuvo la libertad condicional, tras más de ocho años de detención entre el penal de Güemes y el régimen domiciliario.
Con la segunda condena firme, la Fiscalía prevé pedir la unificación de penas, una definición que determinará si el exmagistrado vuelve a prisión. Además, Reynoso sigue con un tercer frente abierto: la causa por un presunto soborno de 150.000 dólares para favorecer a René Antonio «Choco» Arancibia, que permanece pendiente de juicio oral.
El caso Reynoso es la radiografía de cómo el narcotráfico puede comprar justicia en la frontera norte, y de lo que tarda el sistema en ponerle un límite.
Lo que tenés que saber:
- La Corte Suprema dejó firme la condena a cinco años de prisión del exjuez federal de Orán Raúl Reynoso.
- Fue condenado por cohecho pasivo, falsedad ideológica y concusión por beneficiar al narco Delfín Castedo, «El Patrón del Norte».
- Una de las resoluciones se basó en una indagatoria de 2013 en la que se presentó otra persona en lugar de Castedo.
- Reynoso ya tenía una condena firme a 13 años desde marzo de 2024 y estaba en libertad condicional.
- La Fiscalía prevé pedir la unificación de penas; resta un tercer juicio por un presunto soborno de 150.000 dólares.
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