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Investigación 🔎

Lavado de manos: Servini delegó la causa de la cripto estafa al polémico fiscal Taiano

Taiano es quien determinó -sin ninguna prueba- que al fiscal Nisman lo asesinaron. Ahora tienen en sus manos el caso de corrupción más escandaloso de todos los tiempos.

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Lo que tenés que saber

  • La jueza María Servini delegó la causa del proyecto $LIBRA al fiscal Eduardo Taiano.
  • El fiscal deberá evaluar si abrir formalmente la investigación sobre los acusados de estafa, asociación ilícita y otros delitos.
  • Denunciantes incluyen a figuras como Claudio Lozano, Jonatan Baldiviezo, y Marcos Zelaya.
  • Los involucrados son acusados de realizar una «estafa histórica» utilizando criptomonedas, con la implicación de Milei.
  • El presidente y otros altos funcionarios son señalados por participar activamente en la promoción de la criptomoneda sin supervisión de la CNV.

La causa por la criptomoneda $LIBRA

La jueza federal María Servini delegó este jueves la investigación sobre la criptomoneda $LIBRA al fiscal federal Eduardo Taiano. Esto ocurre tras las denuncias contra el presidente Javier Milei, quien fue señalado por promocionar el proyecto sin contar con la supervisión necesaria por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

En esta primera etapa, el fiscal Taiano deberá revisar las denuncias y decidir si procede con la investigación penal. A la causa se han sumado varios denunciantes, entre ellos el exdiputado Claudio Lozano y los abogados Jonatan Baldiviezo y Marcos Zelaya, quienes ratificaron sus acusaciones en los tribunales de Comodoro Py.

Los denunciantes y sus acusaciones

Entre los denunciantes, se encuentran figuras reconocidas del ámbito jurídico y político. Ellos sostienen que el presidente Milei promovió el proyecto $LIBRA a través del sitio vivalalibertadproject.com, lo que implicaría la realización de una «estafa histórica». Según los acusadores, la falta de registro y supervisión oficial hizo que la operación careciera de la confianza necesaria para los inversores.

Además, los denunciantes aseguran que Milei usó su posición como presidente para respaldar la criptomoneda, lo que habría dado la apariencia de legitimidad al proyecto. De acuerdo con los informes, los implicados habrían realizado una serie de operaciones fraudulentas a través de la criptomoneda sin las debidas garantías legales.

Los detalles de la denuncia

El caso involucra a varios actores, además de Milei. Entre ellos se encuentran Julián Peh, CEO de Kip Network, Daniel Parisini, y otros personajes vinculados al desarrollo del token $LIBRA. Los denunciantes mencionan que estos actores participaron en una red de estafas premeditadas a gran escala, con el fin de obtener beneficios financieros a través de operaciones ilícitas.

Se detallan múltiples delitos, entre ellos asociación ilícita, estafa, y el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. También se solicita que los responsables reparen los daños causados a los inversionistas.

La respuesta de los involucrados

En cuanto a los acusados, algunos de ellos han rechazado las acusaciones. Se espera que la causa continúe desarrollándose con nuevos testimonios y pruebas que puedan determinar la gravedad de los hechos. Por su parte, el fiscal Eduardo Taiano, quien hasta este jueves se encontraba en un congreso fuera del país, ahora estará a cargo de la tramitación del proceso penal.

Investigación 🔎

Todo sobre el Olivosgate: nepotismo, 29 toneladas de carne y la casta libertaria en Olivos

La destitución de Belén Agudiez, la subsecretaria que manejó la Quinta presidencial como un emprendimiento familiar, destapó un escándalo de malversación que golpea el círculo íntimo de Karina Milei. Nepotismo masivo, 700 millones en licitaciones sospechosas y un contrato de confidencialidad para acallar testigos: el Gobierno que prometió acabar con la casta reproduce sus peores prácticas en el mismo predio donde gobernaron todos los presidentes desde Frondizi.

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29 toneladas de carne, 700 millones en licitaciones y nepotismo masivo: la "casta" vive en Olivos.

Veintinueve toneladas de carne para una residencia presidencial. Una licitación de 700 millones de pesos que se orientó hacia los vínculos del clan familiar. Un catering privado de la propia funcionaria que, según las investigaciones, se nutrió de recursos estatales. Ese es el mapa del escándalo que el Gobierno de Javier Milei intentó silenciar con una purga masiva de personal civil en la Quinta de Olivos, operación encubierta bajo el argumento de «reforzar la seguridad» ante la eventual visita del Papa a la Argentina.

El presidente Javier Milei desplazó de su cargo a Belén Agudiez, subsecretaria de Planificación General y una de las funcionarias de máxima confianza de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El despido se formalizó en el Boletín Oficial de este lunes. Agudiez tenía bajo su órbita el manejo operativo de la residencia presidencial de Olivos y, según las denuncias que precipitaron su caída, convirtió ese espacio en un negocio familiar con acceso a las arcas del Estado.

El clan en el corazón del poder

Las alarmas internas y las denuncias posteriores expusieron un modus operandi basado en el beneficio familiar y el desvío de recursos estatales. Agudiez había designado como intendente de la Quinta a su propio cuñado, el jardinero Javier Sosa, y facilitó la contratación de su madre, su hermana y sus primos para tareas de limpieza, mantenimiento y administración. La gestión del denominado «clan Agudiez» quedó bajo la lupa judicial y parlamentaria cuando se conocieron los gastos desproporcionados: la presunta adquisición de 29 toneladas de carne para la residencia y una licitación de 700 millones de pesos destinada a tareas de jardinería, presuntamente direccionada a sus propios contactos.

La sospecha principal apunta a un circuito de retornos y malversación que vincula de manera directa los insumos de la estructura oficial con «Pancitos Caseros», un emprendimiento privado de catering atribuido a la propia Agudiez. El esquema, de confirmarse, implicaría que el Estado financiaba los insumos de un negocio personal de la funcionaria a cargo de administrarlos.

La denuncia que detonó la purga

La trama sumó gravedad a partir de las denuncias de la diputada Marcela Pagano, quien advirtió que la red de Agudiez utilizó la identidad de un jubilado en situación vulnerable para registrarlo falsamente como proveedor del Estado, llegando a facturarle a la Presidencia más de 600 millones de pesos. A eso se sumaron las quejas internas por el uso de las instalaciones de Olivos para asados y eventos privados de los allegados a la subsecretaria, que habrían alterado la rutina del jefe de Estado.

El jueves anterior al Boletín Oficial, Milei ordenó el despido de casi todo el personal civil de la Quinta, incluidos cocineros y personal de mantenimiento, reemplazándolos por efectivos militares. El Gobierno emitió un comunicado argumentando razones de seguridad y algunos voceros llegaron a vincular la medida con la futura visita del Papa. La narrativa oficial se desarmó con la destitución de la mano derecha de Karina Milei, que expone el trasfondo de irregularidades que la medida buscaba encubrir.

Según trascendió, los desplazados civiles habrían firmado contratos de confidencialidad por 90 días que los obligan a guardar silencio. Si la información es correcta, habrá que esperar al día 91 para conocer la versión de quienes vivieron de cerca el escándalo.

El impacto sobre el entorno de Karina Milei

La caída de Agudiez no es un episodio aislado. Golpea directamente la línea de flotación de Karina Milei, cuyo entorno ya arrastra los cuestionamientos por presuntos retornos del 3% en los contratos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) vinculados a su exprotegido Manuel Adorni, así como las persistentes sospechas en torno a los manejos de la estructura de Tecnópolis. El Olivosgate se suma así a un patrón que el Gobierno libertario comparte con las prácticas que prometió extirpar.

La historia de la Quinta: de Uriburu a Milei

La Residencia Presidencial de Olivos tiene una historia tan rica como la de los escándalos que la atravesaron. Los terrenos fueron adjudicados originalmente por Juan de Garay en la época colonial y pasaron por manos de Miguel de Azcuénaga, vocal de la Primera Junta. La casa principal, de estilo neoclásico, es obra de Prilidiano Pueyrredón, hijo del Director Supremo de las Provincias Unidas, arquitecto, pintor y primer criollo en retratar desnudos, con obras conservadas en el Museo de Bellas Artes. El predio llegó al Estado nacional en 1918 por legado de Carlos Villate Olaguer, biznieto de Azcuénaga, quien lo cedió antes de morir para que sirviera como residencia presidencial, oferta aceptada por Hipólito Yrigoyen.

El primero en habitarla fue, paradójicamente, un presidente de facto: José Félix Uriburu, ya que tanto Marcelo T. de Alvear como el propio Yrigoyen habían declinado usarla. El primer mandatario constitucional en instalarse allí fue Arturo Frondizi, en 1958. Juan Domingo Perón fue el único presidente en fallecer en la Quinta, el 1° de julio de 1974, a los 78 años. Su cuerpo fue trasladado a la Catedral Metropolitana y al Congreso, donde un millón de personas lo despidieron en las calles.

Entre los episodios más recordados de la residencia figuran la reunión secreta entre Arturo Frondizi y Ernesto «Che» Guevara el 18 de agosto de 1961, tras una cumbre de la OEA en Punta del Este, un encuentro que irritó a las Fuerzas Armadas y anticipó el golpe de 1962. Carlos Menem recibió allí a los Rolling Stones en febrero de 1995, con pizza, champagne y habanos que, según el expresidente, le enviaba Fidel Castro. Y el libro «Olivos», de Soledad Vallejo, consigna que la residencia nunca gozó de prestigio gastronómico: ningún testimonio, de ninguna época, recuerda platos memorables.

Mientras el ajuste fiscal asfixia a los sectores populares, los pasillos de Olivos demuestran que los privilegios de la «casta» gozan de excelente salud, ahora bajo el sello libertario. La diferencia es que, esta vez, los que prometieron acabar con ella son los mismos que la practican.

Lo que tenés que saber

  • Belén Agudiez, subsecretaria de confianza de Karina Milei, fue destituida y su salida se formalizó en el Boletín Oficial tras revelarse irregularidades en la administración de la Quinta de Olivos.
  • Las denuncias incluyen nepotismo masivo (cuñado, madre, hermana y primos empleados en la residencia), compra sospechosa de 29 toneladas de carne y una licitación de 700 millones de pesos presuntamente direccionada.
  • La diputada Marcela Pagano denunció el uso de la identidad de un jubilado para facturarle más de 600 millones de pesos a la Presidencia de manera irregular.
  • Los empleados civiles desplazados habrían firmado contratos de confidencialidad por 90 días para impedir que hablen públicamente.
  • El escándalo se suma a las causas contra Manuel Adorni y las sospechas sobre contratos en ANDIS vinculados al entorno de Karina Milei, consolidando un patrón de corrupción dentro del Gobierno libertario.
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