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Denuncian restricciones ilegales en la domiciliaria a Cristina: “Tiene un régimen más severo que un preso común”

El ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, advirtió que las condiciones de prisión domiciliaria impuestas a la ex presidenta son inconstitucionales y responden a “mandatos políticos inconfesables”. Señaló que ni el Código Penal ni la jurisprudencia avalan tales limitaciones y pidió una reforma profunda del sistema judicial.

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El Argentino Diario-Cristina Fernández de Kirchner.

Críticas al régimen de detención domiciliaria

Juan Martín Mena, actual titular del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, cuestionó con dureza las restricciones que enfrenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de su prisión domiciliaria. En diálogo con el programa RPM de Radio Splendid, denunció que las medidas impuestas por el Tribunal Oral Federal 2 son «ilegales» y que no están contempladas en el Código Penal.

“Está prohibido poner restricciones a la prisión domiciliaria. No las prevé el código penal, son accesorias ilegales que le van poniendo solo porque se llama Cristina Kirchner”, afirmó el funcionario, quien subrayó que no se trata de un privilegio sino del respeto a derechos fundamentales.

“Un régimen más gravoso que una cárcel de máxima seguridad”

La denuncia de Mena se da en medio de un clima político y judicial cada vez más cargado en torno a la figura de la expresidenta. Según el funcionario, las limitaciones actuales superan incluso las que se aplican a los detenidos en cárceles de alta seguridad. “El criminal más peligroso tiene derecho a recibir hasta cinco amigos, además de médicos, abogados y familiares. Cristina Kirchner tiene un régimen más gravoso que eso, lo cual es demencial”, afirmó.

En ese marco, Mena sostuvo que se trata de una persecución judicial amparada en el odio político. “Pareciera que el odio y el mandato que tienen les hace hacer cualquier cosa”, sentenció en relación con los magistrados que dictaron la condena contra Cristina Kirchner.

¿Lula Da Silva impedido de visitarla?

Una de las situaciones que Mena consideró como «absurdas e ilegales» fue la posibilidad de que la Justicia impida el ingreso del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva a la residencia donde Cristina cumple su prisión domiciliaria, si decidiera visitarla en su viaje a la Argentina previsto para julio.

“No solo sería un escándalo, sino absolutamente ilegal”, afirmó. Para el ministro, impedirle a Lula –o a cualquier persona autorizada por la ley– el contacto con la exmandataria sería una muestra cabal del sesgo político del Poder Judicial.

Una Justicia que no convence a nadie

En otro tramo de la entrevista, Mena volvió a reclamar por una reforma judicial estructural. “El país necesita una profunda reforma judicial”, declaró, pero reconoció que “la fragmentación política tan grande de la Argentina impide lograr esas mayorías calificadas” necesarias para avanzar con los cambios.

El ministro también cuestionó la permanencia de Eduardo Casal como procurador interino desde 2017, un puesto clave que aún no logró ser cubierto con acuerdo del Senado. “Casal lleva más tiempo que los dos procuradores anteriores que sí fueron designados formalmente”, indicó como ejemplo de la parálisis institucional que atraviesa el sistema judicial.

Según Mena, “hay un estado deplorable de la Justicia que no satisface a nadie”. Y citó encuestas que revelan un descontento masivo con el funcionamiento del Poder Judicial: “El 90 por ciento de los argentinos está en desacuerdo”.

La prisión domiciliaria de Cristina

Cristina Fernández de Kirchner fue condenada en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa conocida como Vialidad, por supuestas irregularidades en la obra pública durante sus gobiernos. Aunque el fallo aún no está firme –por lo que rige el principio de inocencia–, el Tribunal Oral Federal 2 le concedió la prisión domiciliaria por su edad y estado de salud.

Sin embargo, según Mena, esa medida se está utilizando de forma arbitraria para imponerle condiciones restrictivas sin base legal. La defensa de la exmandataria ya había advertido sobre estas irregularidades en escritos presentados ante el tribunal.

Puntos clave:

  • Juan Martín Mena afirmó que las restricciones impuestas a Cristina Kirchner son ilegales y violan el Código Penal.
  • Denunció que tiene un régimen más severo que un preso en cárcel de máxima seguridad.
  • Criticó la posibilidad de que la Justicia impida una visita de Lula Da Silva a la exmandataria.
  • Señaló que el sistema judicial argentino está paralizado y tiene baja credibilidad pública.
  • Reclamó una reforma profunda, aunque reconoció las dificultades políticas para concretarla.

DDHH

La defensa de Maduro apuesta a desmantelar la acusación antes del juicio: la inmunidad soberana, el primer frente de batalla

La tercera audiencia preliminar ante el juez federal Alvin Hellerstein duró apenas 18 minutos y concluyó con la aprobación del cronograma conjunto propuesto por la Fiscalía y la defensa. Nicolás Maduro y Cilia Flores, detenidos en Brooklyn desde el 3 de enero, reiteraron su declaración de inocencia. La inmunidad soberana será el primer gran frente de batalla legal.

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El Argentino Diario-Nicolás Maduro en Nueva York.
La justicia de EEUU fijó el 1° de junio de 2027 como fecha de inicio del juicio oral contra Nicolás Maduro y su esposa.

El Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York celebró este miércoles 22 de julio la tercera audiencia preliminar del proceso penal contra el ex presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. La vista, que no superó los 18 minutos, tuvo un carácter estrictamente procesal: la Fiscalía y la defensa presentaron conjuntamente un cronograma que el juez Alvin Hellerstein aprobó, fijando el 1° de junio de 2027 como fecha tentativa de inicio del juicio oral. Ambos procesados, que permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn desde su captura el 3 de enero, volvieron a declararse no culpables.

Un cronograma acordado entre partes

Antes de la audiencia, la Fiscalía y la defensa presentaron ante el tribunal un escrito conjunto con el calendario detallado del proceso. El documento establece dos rondas de mociones previas al juicio. La primera ronda deberá completarse el 2 de septiembre de 2026, e incluirá, entre otras presentaciones, el argumento de inmunidad soberana que el equipo defensor planea invocar a favor de Maduro. Según expuso el abogado principal de la defensa, Barry Pollack, si el juez acepta ese argumento, Maduro no tendría que someterse a la segunda ronda de mociones, en la que la Fiscalía incorporará el conjunto de las pruebas reunidas durante la investigación.

En cuanto al material probatorio, la Fiscalía prevé completar la entrega de pruebas no clasificadas el 22 de septiembre y las clasificadas el 15 de noviembre de 2026, aunque advirtió que esos plazos podrían variar en función de la disponibilidad de otras agencias del gobierno de Estados Unidos. La segunda ronda de mociones se extendería hasta el 11 de enero de 2027, y el juicio con jurado arrancaría en junio de 2027, siempre que el tribunal no haga lugar a ninguno de los planteos de la defensa antes de esa fecha.

La apuesta de la defensa: la inmunidad como escudo

El eje central de la estrategia defensiva, revelado por Barry Pollack durante la audiencia, es la moción de inmunidad soberana: el argumento de que Maduro ejercía como jefe de Estado en funciones al momento de su detención y que, por lo tanto, la justicia estadounidense carecería de jurisdicción para juzgarlo. Pollack también anticipó que la defensa impugnará la legalidad de la captura y del traslado a territorio estadounidense, obligando al juez a examinar cuestiones sobre soberanía, actuación militar en territorio extranjero y admisibilidad de las pruebas obtenidas durante la Operación Resolución Absoluta del 3 de enero.

La estrategia apunta a desmantelar la acusación antes de llegar al jurado, mediante una disputa jurídica de fondo que podría consumir gran parte del período de preparación. Si el juez desestimara las mociones de inmunidad, el caso avanzaría hacia el debate sobre los cargos sustantivos: conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, en el caso de Maduro; delitos relacionados con importación de drogas y posesión de armas, para Flores. Una condena en ambos cargos podría derivar en cadena perpetua.

El estado físico de los procesados y el contexto político

Presentes en la sala con uniforme de prisionero color caqui, tanto Maduro como Flores fueron descriptos por periodistas presentes en la audiencia como visiblemente más delgados que en comparecencias anteriores, aunque con un aspecto recuperado. Maduro llegó caminando con normalidad, sin el rastro de la cojera que había mostrado en sesiones previas, y siguió los procedimientos junto a sus abogados con auriculares de traducción. Flores llegó detrás de él, con el cabello recogido y gafas.

Desde Venezuela, el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del procesado, calificó el proceso de «injusto» y reclamó públicamente la liberación de su padre y de Cilia Flores. La audiencia estuvo enmarcada en un amplio dispositivo de seguridad del NYPD para el traslado de los detenidos desde Brooklyn hasta la sede del tribunal en Manhattan. Cabe recordar que la audiencia estaba originalmente prevista para el 30 de junio, pero fue postergada por cuestiones logísticas vinculadas, según trascendidos, a la realización del Mundial de Fútbol en suelo estadounidense.

Un caso sin precedentes en la historia judicial de Estados Unidos

El proceso contra Maduro y Flores no tiene antecedentes directos en la historia judicial estadounidense en cuanto a la condición de los procesados: ambos eran, al momento de su captura, el presidente en ejercicio y la primera dama de Venezuela, respectivamente. La Operación Resolución Absoluta, que los detuvo el 3 de enero de 2026 en Caracas mediante una intervención de fuerzas estadounidenses, abrió un debate jurídico internacional que la defensa ahora intenta trasladar al propio tribunal. El juez Hellerstein, de 91 años, presidirá un proceso que se proyecta como uno de los más complejos y políticamente sensibles que haya enfrentado la justicia federal norteamericana en décadas.

Puntos clave

  • El juez Alvin Hellerstein fijó el 1° de junio de 2027 como fecha de inicio del juicio oral.
  • La audiencia del 22 de julio duró apenas 18 minutos y tuvo carácter exclusivamente procesal.
  • La defensa apelará a la inmunidad soberana como primera línea de ataque jurídico, con mociones a presentar el 2 de septiembre.
  • Maduro enfrenta cargos de narcoterrorismo e importación de cocaína; Flores, de importación de drogas y posesión de armas.
  • Ambos permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn desde el 3 de enero de 2026.
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