Críticas al régimen de detención domiciliaria

Juan Martín Mena, actual titular del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, cuestionó con dureza las restricciones que enfrenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de su prisión domiciliaria. En diálogo con el programa RPM de Radio Splendid, denunció que las medidas impuestas por el Tribunal Oral Federal 2 son «ilegales» y que no están contempladas en el Código Penal.

“Está prohibido poner restricciones a la prisión domiciliaria. No las prevé el código penal, son accesorias ilegales que le van poniendo solo porque se llama Cristina Kirchner”, afirmó el funcionario, quien subrayó que no se trata de un privilegio sino del respeto a derechos fundamentales.

“Un régimen más gravoso que una cárcel de máxima seguridad”

La denuncia de Mena se da en medio de un clima político y judicial cada vez más cargado en torno a la figura de la expresidenta. Según el funcionario, las limitaciones actuales superan incluso las que se aplican a los detenidos en cárceles de alta seguridad. “El criminal más peligroso tiene derecho a recibir hasta cinco amigos, además de médicos, abogados y familiares. Cristina Kirchner tiene un régimen más gravoso que eso, lo cual es demencial”, afirmó.

En ese marco, Mena sostuvo que se trata de una persecución judicial amparada en el odio político. “Pareciera que el odio y el mandato que tienen les hace hacer cualquier cosa”, sentenció en relación con los magistrados que dictaron la condena contra Cristina Kirchner.

¿Lula Da Silva impedido de visitarla?

Una de las situaciones que Mena consideró como «absurdas e ilegales» fue la posibilidad de que la Justicia impida el ingreso del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva a la residencia donde Cristina cumple su prisión domiciliaria, si decidiera visitarla en su viaje a la Argentina previsto para julio.

“No solo sería un escándalo, sino absolutamente ilegal”, afirmó. Para el ministro, impedirle a Lula –o a cualquier persona autorizada por la ley– el contacto con la exmandataria sería una muestra cabal del sesgo político del Poder Judicial.

Una Justicia que no convence a nadie

En otro tramo de la entrevista, Mena volvió a reclamar por una reforma judicial estructural. “El país necesita una profunda reforma judicial”, declaró, pero reconoció que “la fragmentación política tan grande de la Argentina impide lograr esas mayorías calificadas” necesarias para avanzar con los cambios.

El ministro también cuestionó la permanencia de Eduardo Casal como procurador interino desde 2017, un puesto clave que aún no logró ser cubierto con acuerdo del Senado. “Casal lleva más tiempo que los dos procuradores anteriores que sí fueron designados formalmente”, indicó como ejemplo de la parálisis institucional que atraviesa el sistema judicial.

Según Mena, “hay un estado deplorable de la Justicia que no satisface a nadie”. Y citó encuestas que revelan un descontento masivo con el funcionamiento del Poder Judicial: “El 90 por ciento de los argentinos está en desacuerdo”.

La prisión domiciliaria de Cristina

Cristina Fernández de Kirchner fue condenada en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa conocida como Vialidad, por supuestas irregularidades en la obra pública durante sus gobiernos. Aunque el fallo aún no está firme –por lo que rige el principio de inocencia–, el Tribunal Oral Federal 2 le concedió la prisión domiciliaria por su edad y estado de salud.

Sin embargo, según Mena, esa medida se está utilizando de forma arbitraria para imponerle condiciones restrictivas sin base legal. La defensa de la exmandataria ya había advertido sobre estas irregularidades en escritos presentados ante el tribunal.

Puntos clave:

• Juan Martín Mena afirmó que las restricciones impuestas a Cristina Kirchner son ilegales y violan el Código Penal.
• Denunció que tiene un régimen más severo que un preso en cárcel de máxima seguridad.
• Criticó la posibilidad de que la Justicia impida una visita de Lula Da Silva a la exmandataria.
• Señaló que el sistema judicial argentino está paralizado y tiene baja credibilidad pública.
• Reclamó una reforma profunda, aunque reconoció las dificultades políticas para concretarla.