Lawfare
Zaffaroni consideró a la mesa judicial bonaerense «un procedimiento mafioso»
«Nos imaginábamos esa asociación ilícita, sabíamos que existía porque de otra manera el lawfare no se puede producir», sostuvo el ex magistrado.
El ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni definió este jueves como «un procedimiento mafioso» a la conformación de una mesa judicial bonaerense para perseguir dirigentes gremiales durante la gestión de María Eugenia Vidal e involucró en ese accionar al expresidente Mauricio Macri.
«Nos imaginábamos esa asociación ilícita, sabíamos que existía porque de otra manera el lawfare no se puede producir», señaló el ex magistrado durante una entrevista radial sobre el video que reveló una reunión entre exfuncionarios bonaerenses, directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y empresarios con el objetivo de armar causas judiciales para perjudicar a sindicalistas de la provincia de Buenos Aires.
Insistió con que se trató de «un procedimiento mafioso» y reflexionó: «Cuando varios mafiosos se reúnen dejan un testimonio de que estuvieron reunidos para que nadie pueda sacar los pies del plato y diga ‘yo no tengo nada que ver'». Además, agregó que lo que le sorprendió fue que «apareciera el video y que no lo destruyeran cuando se fueron».
Asimismo, aseveró que aunque lo «niegue el oligopolio mediático lo que está por encima de todo eso es Macri y el poder financiero del hemisferio norte», a la vez que consideró que el rol del Poder Judicial «es una chapita, una pieza en ese juego, se presta a eso con distintos mecanismos».

De igual manera, juzgó que el lawfare «no era una fantasía» y que se pudo ver sobre el ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, el expresidente de Ecuador Rafael Correa, la videsepresidenta argentina Cristina Fernandez de Kirchner y la referente social Milagro Sala, entre otros.
En cuanto a la connivencia del Poder Judicial con el lawfare, Zaffaroni observó que en la Argentina «se valieron de una minoría de jueces que se concentran algunos en Comodoro Py, algunos de ellos claramente en una actitud delincuencial que está prevista en el Código Penal como delito».
Opinó que la estructura del poder judicial «es totalmente irracional» porque permitió que ocurriera lo siguiente: «No existe en el mundo ninguna Corte de 4 o 5 tipos que concentre el poder de Casación, el control constitucional, el control convencional internacional, y ahora también la designación de los jueces».
«Debemos preguntarnos cómo los jueces prevaricadores llegaron a sus posiciones», afirmó Zaffaroni y propuso pensar cómo se encuentra una «solución institucional» a esta situación, bajo el marco de la Constitución vigente.
Sobre la reforma judicial, precisó que la Corte que el país necesita «debe tener al menos 15 jueces y dividirse en salas», porque, según explicó, «hay un grave problema en la Corte que es firmar cosas de las que no saben».
«Si la Corte quiere asumir esa función de ser ultimísima instancia, de cualquier causa, de cualquier materia de todo el país, tiene que tener salas especializadas», concluyó.
Por último, el exjuez dijo que, luego de establecer una solución para la estructura judicial bajo la actual Constitución, «se podría pensar en una futura reforma constitucional» que permita, por ejemplo, «un sistema donde tengamos una Corte Constitucional y una Corte de Casación».
DDHH
Sin señal de la ONU, “Cristina Libre” lleva a Washington la proscripción de CFK
El Comité de Derechos Humanos de la ONU cerró su período de sesiones sin resolver la cautelar de la defensa de Cristina Kirchner y tiene su próxima reunión en marzo de 2027. Taiana, Siley, Metaza y Rossi viajan igual a Washington y Nueva York del 9 al 13 de noviembre, con el triunfo demócrata en las legislativas de Estados Unidos como telón de fondo.
La respuesta que el kirchnerismo esperaba de Ginebra no llegó. El Comité de Derechos Humanos de la ONU cerró el viernes 6 de noviembre su 146° período de sesiones sin pronunciarse sobre la cautelar que pidió la defensa de Cristina Fernández de Kirchner para suspender su inhabilitación perpetua, y su próxima reunión está prevista del 1 al 19 de marzo de 2027. Ante una consulta periodística, el propio organismo había advertido que una decisión sobre la admisibilidad y el fondo del asunto “suele tardar varios años”.
Con ese telón, una delegación del Comité Internacional “Cristina Libre” viaja de todos modos a Estados Unidos del 9 al 13 de noviembre. La integran el diputado nacional y excanciller Jorge Taiana, la diputada nacional y dirigente sindical Vanesa Siley, el parlamentario del Mercosur Franco Metaza y la economista Delfina Rossi. Según los organizadores, el eje será denunciar el debilitamiento del sistema democrático y la proscripción judicial de la expresidenta, y vincular el caso con el avance de las extremas derechas.
Una agenda entre juristas, universidades y fundaciones
Según la agenda que difundió el comité, la misión empieza el lunes 9 a las 18 con un encuentro con referentes de los Socialistas Demócratas de América (DSA), la comunidad migrante y activistas, en Washington y Maryland. El martes 10 a las 10, la delegación dialogará con juristas en el Washington College of Law de la American University. En Nueva York, el miércoles 11 a las 18 participará de una conferencia en The New School, y el jueves 12 a las 18:30 de un debate público en el CUNY Graduate Center. También prevé reuniones con Susan Segal, del Council of the Americas, con el Center for Economic and Policy Research, con fundaciones internacionales y con la red de organizaciones civiles CIVICUS.
El viaje tiene una paradoja que ningún comunicado menciona. Desde marzo de 2025, el Departamento de Estado le prohíbe a Cristina Kirchner el ingreso a Estados Unidos, con el argumento de su participación en importantes casos de corrupción. La dirigente cuya situación se denuncia en Washington no podría pisar suelo estadounidense, aun si la prisión domiciliaria se lo permitiera.
La condena y las condiciones de la domiciliaria
El punto de partida es la causa Vialidad. El 10 de junio de 2025, la Corte Suprema, con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta. Desde entonces, la expresidenta cumple la pena en su departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, con tobillera electrónica, y está inhabilitada para competir en la elección presidencial de 2027.
Las visitas de personas ajenas a su núcleo familiar requieren autorización judicial previa y se limitan a dos por semana, de hasta dos horas cada una y con un máximo de tres personas por encuentro. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó ese régimen y el uso de la tobillera en junio de este año, al rechazar por mayoría el planteo de la defensa.
Los argumentos ante Naciones Unidas
El 29 de julio, los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim (brasileño) y Javier Borrego (español) presentaron una comunicación individual ante el Comité, en el marco del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pidieron tres medidas cautelares: suspender la inhabilitación perpetua, restablecer la integración legal de la Corte Suprema (hoy con tres miembros, cuando deberían ser cinco) y modificar las condiciones de la domiciliaria, incluido el retiro de la tobillera y la eliminación de las restricciones de visitas.
La defensa sostiene que se le atribuyó a la expresidenta responsabilidad por actos administrativos que no le correspondían constitucionalmente, con la firma del Decreto 54/2009 como eje de la condena; que la composición reducida de la Corte impidió un examen independiente; y que un juez recusado intervino en la resolución de su propia recusación. En septiembre, el equipo sumó lo que presentó como nueva prueba: Beraldi aseguró que, de los fondos destinados a Vialidad durante la presidencia de Cristina Kirchner, lo asignado a Lázaro Báez era menos del 1%, dato que a su juicio desmiente que se haya buscado beneficiarlo.
El Comité no puede revocar sentencias de tribunales nacionales, pero la Argentina, como firmante del Pacto, está obligada a respetar sus normas. Valim sostuvo que, ante un eventual dictamen, ve más posibilidades de cumplimiento por la apertura del sistema jurídico argentino a las decisiones internacionales, y advirtió que, si el país no cumple, prevé una movilización social de gran magnitud. Lo planteó en la entrevista que el diario estadounidense The Washington Post publicó el 2 de noviembre, la primera que la expresidenta concedió a un medio internacional desde su condena. El antecedente que cita la defensa es el de Lula da Silva: en 2018 el Comité le pidió a Brasil que lo dejara competir mientras se revisaba su condena, pero el Tribunal Superior Electoral rechazó su candidatura, y en 2022 el organismo dictaminó a su favor.
El contexto que eligieron
El comité inscribe la gira en las elecciones de medio término del 3 de noviembre, en las que los demócratas lograron la mayoría en ambas cámaras del Congreso y Donald Trump perdió el control legislativo para los dos últimos años de su mandato. En la entrevista, la expresidenta había pronosticado esa derrota y había descripto a Trump como el hombre que más hizo por ayudar a las derechas a ganar en América Latina. Sobre una candidatura en 2027, dejó la puerta abierta: dijo que, cuando recupere sus derechos políticos, “¿por qué no?”.
Al día siguiente de la elección, Cristina Kirchner publicó en su cuenta de X “Beautiful morning!!!”, y la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, le respondió con “Freedom is beautiful”. El cruce muestra hasta qué punto la situación judicial de la expresidenta pasó a ser un tema de la disputa política cotidiana entre oficialismo y oposición.
La hoja de ruta hacia 2027
La campaña “Cristina Libre” nació en 2025, inspirada en la experiencia de “Lula Livre”, con actos de lanzamiento en México, Brasil y Bolivia entre fines de julio y comienzos de agosto de ese año. Entre sus referentes figuran el exsenador Oscar Parrilli, el propio Taiana, el exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti, el ministro de Justicia bonaerense Juan Martín Mena y Metaza. Según consignó un medio local, el comité ya completó misiones en Brasil, México, Colombia, Paraguay, Uruguay, Italia, Francia y Bélgica.
El horizonte que se fijó el comité es que la expresidenta pueda competir en 2027, y el reloj corre en contra. Las elecciones generales están previstas para el 24 de octubre de ese año. En el entorno de Cristina Kirchner sostienen que, por tratarse de una cautelar, la respuesta de la ONU podría llegar antes de marzo, pero hasta ahora el organismo no dio ninguna señal pública en ese sentido.
Lo que tenés que saber
- El Comité de Derechos Humanos de la ONU cerró el 6 de noviembre su período de sesiones sin resolver la cautelar de Cristina Kirchner y volverá a reunirse del 1 al 19 de marzo de 2027.
- La delegación del Comité “Cristina Libre” (Taiana, Siley, Metaza y Rossi) estará en Washington y Nueva York del 9 al 13 de noviembre.
- La defensa presentó el 29 de julio una comunicación ante el Comité y pidió tres cautelares, entre ellas suspender la inhabilitación perpetua.
- La Corte Suprema dejó firme el 10 de junio de 2025 la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad.
- Los demócratas ganaron ambas cámaras del Congreso estadounidense el 3 de noviembre, contexto en el que el comité enmarca la gira.
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