El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó hoy que se libren «ordenes de presentación con allanamiento en subsidio» sobre once inmuebles vinculados a Caputo Hermanos S.A. y a empresas y proveedores invocados por esa firma y por Jonathan Morel en el marco de la causa por la que está procesado el referente de Revolución Federal junto a otros tres miembros de esa organización.

El requerimiento que el fiscal le presentó esta mañana al juez Marcelo Martínez de Giorgi tiene por objetivo esclarecer la naturaleza del vínculo entre Morel y Caputo Hermanos S.A.: se busca aclarar si esa empresa financió las actividades de Revolución Federal o si efectivamente lo contrató para trabajos de carpintería realizados para un edificio construido en Neuquén, como declaró.

Morel, Leonardo Sosa, Sabrina Basile y Gastón Guerra, todos miembros de revolución federal, están procesados bajo la acusación de haberse organizado para llevar a cabo «un plan criminal, que tuvo por objeto imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor», que incluyó la proliferación de consignas violentas en redes sociales y la multiplicación de manifestaciones en las calles con el objetivo de intimidar a dirigentes políticos y militantes principalmente ligados al oficialismo.

«Es necesario el desarrollo de la correspondiente profundización de la investigación al respecto, en pos de reconstruir los sucesos acontecidos en la realidad, determinando si existió una vinculación de la sociedad en sí al financiamiento del accionar ilícito del grupo o si, de contrario, efectivamente la versión de los hechos adoptada por Morel resulta veraz», sostuvo el fiscal Pollicita al requerir las medidas para investigar el financiamiento de Revolución Federal.

La versión de Morel es que todo el dinero que le ingresó desde Caputo Hermanos sería exclusivamente como contraprestación de los servicios comerciales brindados desde su carpintería en Boulogne, provincia de Buenos Aires, para el fideicomiso Espacio Añelo, y puntualmente en función del amoblamiento del edificio ubicado en la intersección de las rutas provinciales 7 y 17, en Añelo, provincia de Neuquén.

«Lo cierto es que las sumas de dinero aportadas por el fideicomiso Espacio Añelo durante el año 2022 se dieron principalmente entre los meses de mayo y agosto, esto es recordemos, el período en el que no sólo la agrupación Revolución Federal inició su actividad pública como tal, sino también durante el lapso temporal en el que desplegó sus acciones más violentas», resaltó el fiscal en el escrito de 18 páginas al que tuvo acceso Télam.

El fiscal solicitó que el edificio ubicado en Neuquén, y señalado por Morel y por los directores de Caputo Hermanos en sus descargos, sea inspeccionado para ver si allí se encuentra «la totalidad del mobiliario descripto en el remito de fecha 16/08/22» de la empresa al expediente el 19 de octubre pasado.

«Debe recordarse que a partir de la introducción de los informes de inteligencia 508/22 y 551/22 se conoció la existencia de movimientos financieros de Jonathan Morel de algunas personas allegadas – puntualmente de Ailen Vallero, empleada de su carpintería, y Evelyn BALBOA, su ex pareja – que habrían llamado la atención de la UIF (Unidad de Información Financiera), los que lo vincularían con las firmas FIDEICOMISO SANTA CLARA AL SUR y FIDEICOMISO ESPACIO AÑELO, en los que como parte fiduciaria se encuentra la compañía CAPUTO HERMANOS SA», reseñó el fiscal para contextualizar sus requerimientos.

«Con posterioridad, Morel en declaración indagatoria, como así también la sociedad anónima aludida a través de presentaciones realizadas en el legajo, acompañadas de documentación respaldatoria, desconocieron que el dinero reportado por la UIF como transferido al nombrado y a algunos de sus allegados haya sido entregado como parte del financiamiento de la actividad ilícita atribuida al grupo, afirmando únicamente la existencia de una presunta relación comercial que habría tenido por objeto el amoblamiento de las edificaciones construidas y comercializadas por los fideicomisos mencionados», continuó.

Además refirió que esa relación comercial habría comenzado -según los descargos de las partes involucradas- «a partir del descubrimiento por parte de Rosana Caputo – quien se desempeñaría como decoradora de aquellas sociedades – , de la carpintería del mencionado líder de Revolución Federal».

El fiscal también señaló que surge de la investigación que «que la operatoria en sí habría rondado los 13 millones de pesos y que habría involucrado a una mayor cantidad de personas que, en la hipótesis planteada por aquellos, habrían actuado como proveedores contactados por el propio Morel».

Entre los inmuebles sobre los que el fiscal Pollicita pidió que se libre una orden de presentación con allanamiento en subsidio es aquel en el que se encuentra la firma Idero, en Esteban Echeverría, empresa que se habría dedicada a la construcción del edificio ubicado en Neuquén, al que Morel habría llevado sus muebles.