Denuncia
Investigan la relación entre Morel y los Caputo
La justicia pide allanamientos sobre once inmuebles vinculados a Caputo Hermanos S.A. y a otras empresas y proveedores.
El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó hoy que se libren «ordenes de presentación con allanamiento en subsidio» sobre once inmuebles vinculados a Caputo Hermanos S.A. y a empresas y proveedores invocados por esa firma y por Jonathan Morel en el marco de la causa por la que está procesado el referente de Revolución Federal junto a otros tres miembros de esa organización.
El requerimiento que el fiscal le presentó esta mañana al juez Marcelo Martínez de Giorgi tiene por objetivo esclarecer la naturaleza del vínculo entre Morel y Caputo Hermanos S.A.: se busca aclarar si esa empresa financió las actividades de Revolución Federal o si efectivamente lo contrató para trabajos de carpintería realizados para un edificio construido en Neuquén, como declaró.
Morel, Leonardo Sosa, Sabrina Basile y Gastón Guerra, todos miembros de revolución federal, están procesados bajo la acusación de haberse organizado para llevar a cabo «un plan criminal, que tuvo por objeto imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor», que incluyó la proliferación de consignas violentas en redes sociales y la multiplicación de manifestaciones en las calles con el objetivo de intimidar a dirigentes políticos y militantes principalmente ligados al oficialismo.
«Es necesario el desarrollo de la correspondiente profundización de la investigación al respecto, en pos de reconstruir los sucesos acontecidos en la realidad, determinando si existió una vinculación de la sociedad en sí al financiamiento del accionar ilícito del grupo o si, de contrario, efectivamente la versión de los hechos adoptada por Morel resulta veraz», sostuvo el fiscal Pollicita al requerir las medidas para investigar el financiamiento de Revolución Federal.
La versión de Morel es que todo el dinero que le ingresó desde Caputo Hermanos sería exclusivamente como contraprestación de los servicios comerciales brindados desde su carpintería en Boulogne, provincia de Buenos Aires, para el fideicomiso Espacio Añelo, y puntualmente en función del amoblamiento del edificio ubicado en la intersección de las rutas provinciales 7 y 17, en Añelo, provincia de Neuquén.
«Lo cierto es que las sumas de dinero aportadas por el fideicomiso Espacio Añelo durante el año 2022 se dieron principalmente entre los meses de mayo y agosto, esto es recordemos, el período en el que no sólo la agrupación Revolución Federal inició su actividad pública como tal, sino también durante el lapso temporal en el que desplegó sus acciones más violentas», resaltó el fiscal en el escrito de 18 páginas al que tuvo acceso Télam.
El fiscal solicitó que el edificio ubicado en Neuquén, y señalado por Morel y por los directores de Caputo Hermanos en sus descargos, sea inspeccionado para ver si allí se encuentra «la totalidad del mobiliario descripto en el remito de fecha 16/08/22» de la empresa al expediente el 19 de octubre pasado.
«Debe recordarse que a partir de la introducción de los informes de inteligencia 508/22 y 551/22 se conoció la existencia de movimientos financieros de Jonathan Morel de algunas personas allegadas – puntualmente de Ailen Vallero, empleada de su carpintería, y Evelyn BALBOA, su ex pareja – que habrían llamado la atención de la UIF (Unidad de Información Financiera), los que lo vincularían con las firmas FIDEICOMISO SANTA CLARA AL SUR y FIDEICOMISO ESPACIO AÑELO, en los que como parte fiduciaria se encuentra la compañía CAPUTO HERMANOS SA», reseñó el fiscal para contextualizar sus requerimientos.
«Con posterioridad, Morel en declaración indagatoria, como así también la sociedad anónima aludida a través de presentaciones realizadas en el legajo, acompañadas de documentación respaldatoria, desconocieron que el dinero reportado por la UIF como transferido al nombrado y a algunos de sus allegados haya sido entregado como parte del financiamiento de la actividad ilícita atribuida al grupo, afirmando únicamente la existencia de una presunta relación comercial que habría tenido por objeto el amoblamiento de las edificaciones construidas y comercializadas por los fideicomisos mencionados», continuó.
Además refirió que esa relación comercial habría comenzado -según los descargos de las partes involucradas- «a partir del descubrimiento por parte de Rosana Caputo – quien se desempeñaría como decoradora de aquellas sociedades – , de la carpintería del mencionado líder de Revolución Federal».
El fiscal también señaló que surge de la investigación que «que la operatoria en sí habría rondado los 13 millones de pesos y que habría involucrado a una mayor cantidad de personas que, en la hipótesis planteada por aquellos, habrían actuado como proveedores contactados por el propio Morel».
Entre los inmuebles sobre los que el fiscal Pollicita pidió que se libre una orden de presentación con allanamiento en subsidio es aquel en el que se encuentra la firma Idero, en Esteban Echeverría, empresa que se habría dedicada a la construcción del edificio ubicado en Neuquén, al que Morel habría llevado sus muebles.
Denuncia
Dalbón pide detener a Caputo y Bausili: pérdida de más de mil millones de dólares en derivados de oro del BCRA
El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención del ministro de Economía, del presidente del Banco Central y del director de la entidad por las operaciones con derivados sobre las reservas de oro que registraron un resultado negativo de más de 1.023 millones de dólares, según consignó la Auditoría General de la Nación. La causa también alcanza al entorno de la diputada Marcela Pagano, quien presentó una denuncia penal en agosto.
Las operaciones con derivados sobre el oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejaron un resultado negativo de 1.023 millones de dólares, según surge de la Auditoría General de la Nación (AGN). Ese número, que ningún funcionario del gobierno de Javier Milei explicó con documentación pública suficiente, es hoy el eje de un pedido de detención contra los máximos responsables de la política económica y monetaria del país.
El abogado Gregorio Dalbón presentó ante la justicia federal la solicitud de detención del ministro de Economía, Luis Caputo, del presidente del BCRA, Santiago Bausili, y del director y superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curutchet. Les atribuye los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.
Las figuras penales y el rol de Caputo
En declaraciones televisivas, Dalbón precisó los fundamentos jurídicos de la presentación. «Las operaciones con el oro del BCRA deben investigarse, bajo las figuras de defraudación en perjuicio de la administración pública (art. 174, inc. 5 del Código Penal), abuso de autoridad (art. 248) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 249), sin perjuicio de otras calificaciones que surjan de la prueba», señaló el letrado. Y agregó: «Por ejemplo la asociación ilícita como jefe: Luis Caputo. La Justicia deberá determinar los delitos y el rol de quiénes son los responsables».
El escrito también solicitó medidas cautelares: prohibición de salida del país, impedimento de acceso a áreas del BCRA y del Ministerio de Economía donde exista documentación relacionada con la investigación, y prohibición de comunicación con funcionarios, auditores o testigos.
El desglose de las pérdidas: opciones, primas y cobertura
Según detalla la denuncia, el resultado negativo de 1.023 millones de dólares se conforma de dos componentes. Por un lado, $1.400.793 millones (equivalentes a 960,2 millones de dólares) registrados como resultado negativo por opciones. Por otro, $68.362 millones (equivalentes a 62,8 millones de dólares) en concepto de primas de opciones abonadas. En paralelo, la tenencia de oro registró durante el ejercicio una ganancia por diferencias de cotización de $8.002.500 millones, dato que el BCRA utilizó para relativizar el impacto de la operatoria.
Dalbón también señaló que el BCRA concertó derivados liquidables en dólares con fines declarados de cobertura, y que al cierre de 2025 la entidad ya no mantenía posiciones de ese tipo. La pregunta que la justicia deberá responder es si esa cobertura fue técnicamente justificable o si constituyó una operación en perjuicio del Estado.
El juez Lijo y la obstrucción a la auditoría
Al ser consultado sobre el paradero del oro, Dalbón apeló directamente a la cadena judicial: «Yo creo que (el juez) Ariel Lijo tiene la responsabilidad junto con el fiscal Pollicita de averiguar». El abogado expresó confianza en que la ampliación del martes, que incluirá el pedido formal de detención de Bausili y Curutchet, será tomada con seriedad por el magistrado.
Sobre los motivos para solicitar la detención a pesar de que no habría peligro de fuga, Dalbón fue directo: «Está comprobado que han obstruido a la Justicia en base a lo que fue el examen que Olmos leyó en la auditoría. Está comprobado que mintieron en la auditoría». La AGN, según surge de los documentos citados en la presentación, registró el resultado negativo de las operaciones con egresos de divisas y constató que el ejercicio 2025 no había sido debidamente auditado por demoras del BCRA en enviar la información requerida.
Pagano había denunciado primero: casi cuatro billones sin destino trazable
La denuncia de Dalbón se suma a la que la diputada Marcela Pagano presentó en agosto pasado. En su cuenta de la red social X, Pagano comunicó: «DENUNCIÉ PENALMENTE A CAPUTO Y BAUSILI. Casi $4 BILLONES de fondos públicos quedaron sin destino públicamente trazable». Y citó la respuesta del presidente del BCRA ante ese cuestionamiento: «En algún lado están».
La legisladora consideró que esa contestación «no alcanza» e hizo hincapié en que «la plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra». Concluyó: «Ahora van a tener que explicar ante la Justicia dónde estuvo cada peso, quién dio la orden y quién se benefició».
La causa concentra así dos denuncias penales convergentes, sumadas a la investigación en curso ante el juez Lijo y el fiscal Pollicita, que ya en septiembre tramitaba la ampliación presentada por senadores peronistas sobre las contradicciones del BCRA respecto a la ubicación de los lingotes, supuestamente depositados en el Banco de Pagos Internacionales de Suiza pero señalados por distintas fuentes como radicados en el Bank of England de Londres.
Lo que tenés que saber:
- El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención de Luis Caputo, Santiago Bausili y Juan Curutchet por administración fraudulenta, abuso de autoridad y asociación ilícita.
- La AGN registró un resultado negativo de 1.023 millones de dólares en las operaciones con derivados de oro del BCRA durante 2025.
- Dalbón afirmó que los imputados mintieron en la auditoría y obstruyeron a la Justicia, argumento central para justificar los pedidos de detención.
- La diputada Marcela Pagano ya había denunciado penalmente a Caputo y Bausili en agosto, señalando casi $4 billones sin destino trazable.
- La causa se acumula a la investigación del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, que también tramita la ampliación de senadores peronistas sobre el paradero del oro del BCRA.
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