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De Recoleta a Constitución: por qué Cristina prefirió este barrio para su domiciliaria

La ex presidenta ya solicitó oficialmente cumplir su condena de seis años en el departamento del barrio de Constitución donde vive con su hija Florencia desde el atentado de 2022, y rechazó el uso de tobillera electrónica.

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El Argentino Diario-Cristina Fernández de Kirchner-Máximo Kirchner.

Prisión domiciliaria en Constitución: la estrategia de Cristina tras la condena

En una jornada histórica que marca un punto de inflexión en la política argentina, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad. Sin embargo, el desenlace de esta resolución judicial no llevará a la ex presidenta a una cárcel común: Cristina Fernández de Kirchner solicitó este martes al tribunal oral que le conceda la prisión domiciliaria en su vivienda de San José 1111, en el barrio de Constitución, y rechazó el uso de tobillera electrónica.

Los requisitos de edad que habilitan la prisión domiciliaria

La decisión de la Corte no sorprendió a los especialistas en derecho penal, quienes ya anticipaban que la ex mandataria podría acogerse al beneficio de la prisión domiciliaria. Kirchner, de 72 años desde el 19 de febrero de 2025, cumple el requisito de edad (mayor de 70 años) de la Ley 26.472 para solicitar prisión domiciliaria. Este marco legal contempla esta modalidad de cumplimiento de condena para personas de edad avanzada, aunque su otorgamiento no es automático.

El proceso para otorgar una prisión domiciliaria no es automático. La decisión dependerá de los informes socioambientales, según explicaron fuentes judiciales. Los jueces del Tribunal Oral Federal N°2 deberán evaluar las condiciones del domicilio propuesto y realizar estudios técnicos antes de aprobar definitivamente el lugar de detención.

El departamento de Constitución, refugio tras el atentado

La elección del domicilio en Constitución no es casual. Entre las alternativas más probables figura su actual departamento en el barrio porteño de Constitución (Humberto 1° y San José), al que se mudó luego del atentado sufrido en Recoleta. Este inmueble se convirtió en su residencia principal después del intento de magnicidio del 1° de septiembre de 2022, cuando un hombre intentó dispararle en la puerta de su entonces domicilio en Recoleta.

El inmueble propuesto por la defensa es el mismo en el que reside su hija Florencia Kirchner, lo que añade un componente familiar a la decisión. La convivencia con su hija menor podría haber influido en la elección de este domicilio por sobre otras alternativas disponibles.

Otras opciones descartadas: Recoleta y Santa Cruz

Aunque la ex presidenta optó por el departamento de Constitución, tenía otras alternativas a su disposición. Su histórica residencia en el exclusivo barrio de Recoleta, en la intersección de Juncal y Uruguay, donde vivió durante gran parte de su vida política, fue descartada tras los acontecimientos de 2022. Otra opción es su histórica residencia en Río Gallegos (Mascarello 441), Santa Cruz, provincia donde desarrolló gran parte de su carrera política junto a su difunto esposo, Néstor Kirchner.

El domicilio en El Calafate, mencionado en versiones previas, también figuraba entre las posibilidades, aunque finalmente la ex mandataria se inclinó por permanecer en la Capital Federal, probablemente por razones de cercanía a sus abogados y actividades políticas.

La reacción del peronismo y las consecuencias políticas

El fallo de la Corte no solo determina el futuro inmediato de Cristina Kirchner, sino que también sacude los cimientos del peronismo argentino. «La verdad es que esta Argentina que gobierna Milei no deja de sorprendernos, porque al cepo del salario le agregaron el cepo al derecho», declaró la ex presidenta ante sus seguidores en la sede del Partido Justicialista.

La inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos representa un golpe devastador para sus aspiraciones electorales. La ex mandataria había anunciado recientemente su intención de postularse como diputada por la provincia de Buenos Aires en las elecciones del 7 de septiembre, lo que ahora se torna imposible por mandato judicial.

Dirigentes peronistas evalúan distintas estrategias de resistencia, desde declaraciones conjuntas hasta movilizaciones masivas, e incluso la posibilidad de elevar denuncias ante cortes internacionales por lo que consideran una «proscripción» judicial de su principal referente política.

El proceso judicial que llegó a su fin, pero que seguirá en la CIDH

La confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema, integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, puso fin a un proceso que se extendió durante años. La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos contra Cristina Kirchner en el contexto de la causa Vialidad, relacionada con irregularidades en la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz durante su presidencia.

El máximo tribunal rechazó por unanimidad todos los recursos presentados por la defensa de la ex presidenta, sosteniendo que «el debido proceso ha sido salvaguardado» y que «la encausada obtuvo una sentencia fundada en ley». Esta decisión marca un precedente histórico en la Argentina, siendo la primera vez que un ex presidente es condenado a prisión efectiva por corrupción.

La causa Vialidad investigó el direccionamiento de obras públicas en favor del empresario Lázaro Báez, socio comercial de la familia Kirchner, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner entre 2003 y 2015.

Puntos clave:

  • Cristina Kirchner solicitó oficialmente cumplir su condena de prisión domiciliaria en el departamento de Constitución donde vive con su hija Florencia
  • La ex presidenta, de 72 años, cumple con el requisito de edad mayor a 70 años establecido por la Ley 26.472 para acceder a este beneficio
  • El otorgamiento de la prisión domiciliaria no es automático y depende de informes socioambientales que evalúen las condiciones del domicilio propuesto
  • Rechazó expresamente el uso de tobillera electrónica como parte de las condiciones de su detención domiciliaria
  • La inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos le impide ser candidata en las próximas elecciones legislativas bonaerenses
  • El peronismo evalúa distintas estrategias de resistencia, incluyendo posibles denuncias ante cortes internacionales

Judiciales ⚖️

Lago Escondido: Casación castiga a Nissen por enfrentar a Joe Lewis

Con los votos de Petrone y Carbajo, la máxima instancia penal convalidó el procesamiento del ex titular de la IGJ, sobreseído cuatro veces por dos jueces distintos, en una causa impulsada por la empresa del magnate británico.

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Cuatro sobreseimientos, firmados por dos jueces distintos, no alcanzaron. La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la revocación del último de ellos y avaló el procesamiento de Ricardo Nissen, ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), en una causa promovida por la empresa con la que el magnate británico Joe Lewis controla Lago Escondido. El funcionario que intentó desarmar la estructura societaria de Lewis quedó procesado, mientras el acceso público al lago sigue cerrado.

La decisión fue tomada este martes por la máxima instancia penal del país, que rechazó el recurso presentado por la defensa de Nissen. El voto que inclinó la balanza fue el del camarista Daniel Petrone, al que adhirió Javier Carbajo; Alejandro Slokar votó en disidencia. La causa se originó en una denuncia de Hidden Lake S.A., propietaria del predio de más de 12.000 hectáreas que Lewis posee en Río Negro, con una mansión frente al lago y un acceso público vedado que viene siendo motivo de conflictos judiciales y políticos desde hace casi dos décadas. La firma acusó por abuso de autoridad a Nissen y a quien era su segundo en el organismo, Manuel Cuiñas Rodríguez, por la firma de las resoluciones 393/22 y 112/23.

El pecado de enfrentar al magnate

A través de la Resolución Particular 393/2022, la IGJ dispuso requerir la intervención judicial de Hidden Lake, solicitar la declaración de nulidad de la sociedad y la posterior liquidación de su patrimonio, que según el organismo podría incorporarse a los bienes estatales destinados al fomento de la educación pública, en los términos de la Ley General de Sociedades. El expediente administrativo se había abierto en marzo de 2022, después de que a comienzos de febrero de ese año un grupo de unas 20 personas que reclamaba la apertura de un acceso al lago fuera interceptado y retenido por guardias privados que respondían a Lewis.

Los fundamentos del organismo fueron dos. El primero, el incumplimiento por parte de la empresa de sentencias judiciales firmes que ordenaban garantizar el libre acceso al lago. El segundo, que Hidden Lake funcionaba como una «pantalla jurídica» utilizada «para disfrazar un cuantioso patrimonio» del empresario británico, quien según la IGJ ocultaba mediante sociedades offshore radicadas en Bahamas que era el único dueño de las tierras. Fue esa decisión administrativa, tomada en defensa de un derecho reconocido por la Justicia, la que la empresa de Lewis convirtió en una causa penal contra el funcionario.

Cuatro sobreseimientos y una Cámara que no se resigna

El recorrido del expediente es, como mínimo, llamativo. El primer sobreseimiento llegó a principios de octubre de 2023, cuando el juez federal Daniel Rafecas sostuvo que Nissen había actuado en el marco de sus funciones como inspector general de justicia. Dos meses después, la Cámara Federal rechazó ese criterio y ordenó profundizar la investigación. El ida y vuelta se repitió en 2024 con un segundo sobreseimiento firmado por Rafecas y continuó en 2025 ya con el juez Sebastián Casanello, quien volvió a sobreseer a Nissen en febrero de 2026 tras tomarle indagatoria a pedido de los camaristas.

A mediados de abril, la Sala II de la Cámara Federal porteña revocó ese cuarto sobreseimiento y, en el mismo acto, dispuso el procesamiento por abuso de autoridad. La mayoría la formaron Eduardo Farah y Martín Irurzun, con la disidencia de Roberto Boico. La insistencia de la alzada por mantener abierta una causa que dos jueces de primera instancia consideraron cerrada en cuatro ocasiones expone la voluntad de Comodoro Py de que el expediente siga vivo.

Los argumentos de la mayoría y la disidencia de Slokar

En su voto, Petrone respaldó lo resuelto por la Sala II y sostuvo que en esa resolución «se han plasmado (…) los fundamentos que no se ven conmovidos por los cuestionamientos de la defensa». Agregó que el planteo carecía de la fundamentación necesaria para «desvirtuar» la decisión anterior y lo redujo a una mera discrepancia. Ante el reclamo de la defensa, que objetó que la Cámara Federal pudiera disponer por sí misma el procesamiento, el camarista respondió que no logró «identificar disposición legal alguna que prive a la Cámara de origen a resolver como lo hizo». Carbajo acompañó ese razonamiento «por compartir en lo sustancial».

Slokar, en cambio, planteó desde el inicio que correspondía hacer lugar al reclamo de la defensa. El camarista fue más allá y se inclinó por apartar a los integrantes de la Sala II que revocaron el sobreseimiento y procesaron al ex funcionario.

Lago Escondido, donde la Justicia se cruza con el poder

La causa contra Nissen no puede leerse por fuera de la historia de Lago Escondido. Según consignó la propia IGJ en su presentación, existen resoluciones firmes del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el acceso público al lago, la primera de ellas de 2005, que nunca se materializaron por los múltiples recursos dilatorios planteados por Hidden Lake.

La estancia de Lewis también quedó asociada a uno de los mayores escándalos judiciales de los últimos años. En octubre de 2022 se conoció que los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Cayssials y Pablo Yadarola, junto al entonces jefe de los fiscales porteños Juan Bautista Mahiques, el entonces ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro y directivos del Grupo Clarín, viajaron en un avión privado a la estancia del magnate. La investigación por ese episodio quedó archivada en Comodoro Py. Los magistrados que disfrutaron de la hospitalidad de Lewis nunca rindieron cuentas, mientras el funcionario que pidió liquidar su empresa acumula un procesamiento.

Lo que tenés que saber:

  • Casación rechazó el recurso de Ricardo Nissen con los votos de Daniel Petrone y Javier Carbajo; Alejandro Slokar votó en disidencia.
  • La causa por abuso de autoridad fue promovida por Hidden Lake S.A., la empresa de Joe Lewis que controla Lago Escondido.
  • Nissen había sido sobreseído cuatro veces, dos por Daniel Rafecas y dos por Sebastián Casanello.
  • En abril, la Sala II de la Cámara Federal (Farah e Irurzun, con disidencia de Boico) revocó el último sobreseimiento y lo procesó.
  • Las resoluciones cuestionadas buscaban la nulidad, intervención y liquidación de Hidden Lake por incumplir fallos sobre el acceso público al lago.
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