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Judiciales ⚖️

Pasa a Comodoro Py la causa sobre el viaje de jueces y funcionarios porteños a Lago Escondido

Eduardo Farah, determinó que la causa en la que se investiga el viaje a Lago Escondido, Río Negro, protagonizado por jueces federales, funcionarios porteños, exagentes de inteligencia y directivos del Grupo Clarín se tramite ante en los tribunales federales de Comodoro Py y no en la Justicia federal de Bariloche.

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El juez de la sala segunda de la Cámara Federal porteña, Eduardo Farah, determinó que la causa en la que se investiga el viaje a Lago Escondido, Río Negro, protagonizado por jueces federales, funcionarios porteños, exagentes de inteligencia y directivos del Grupo Clarín se tramite ante en los tribunales federales de Comodoro Py y no en la Justicia federal de Bariloche, como ocurrió hasta ahora.

El magistrado resolvió «hacer lugar al planteo de inhibitoria formulado en el legajo, para lo cual el juzgado instructor deberá solicitar al Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche la remisión de las causas números FGR 17869/2022 y FGR 21086/2022, por las vías pertinentes», según surge de la resolución.

El planteo de inhibitoria había sido presentado por la defensa del juez del fuero Penal Económico Pablo Yadarola y había sido acompañado por el fiscal ante la Cámara Federal porteña José Agüero Iturbe a través de un dictamen que esta agencia reveló al principio de esta semana.

Para el camarista Farah, la causa debe tramitar ante la Justicia federal porteña, con sede en Comodoro Py, porque los funcionarios públicos imputados ejercen sus funciones en la Ciudad de Buenos Aires por lo que de haber incurrido en delitos vinculado a sus cargos debieron haberlo hecho en ese territorio, más allá de donde se hubieran reunido con sus coimputados.

«Se sabe -sin debate o duda al respecto- que todos los agentes públicos que se mencionaron ejercen sus funciones en el ámbito de esta ciudad; todos los asuntos que -se dijeron- conectados a los hechos, se sustanciaron o llevaron adelante en esta sede territorial; si, por hipótesis, existieron los alegados ofrecimientos y aceptaciones de traslados y alojamientos, los incumplimientos de obligaciones ligadas a los oficios de los involucrados, u otras variantes que se trajeron a colación, todo ello también habría sucedido aquí», sostuvo Farah en su decisión.

En ese marco, el camarista indicó que «a los fines de determinar la competencia territorial deviene insustancial cuál habría sido el destino previamente pactado y después concretado de aquellos servicios» y agregó: «Nótese, para reforzar el argumento, que podría haber correspondido a diferentes lugares, e incluso al exterior del país, pero la definición del tema sería la misma que propondré aquí».

El paso de la causa a Comodoro Py solicitado por Yadarola había sido rechazado en primera instancia, pero la decisión fue apelada por lo que debió intervenir la Cámara Federal porteña que hoy determinó que el caso pase a suelo porteño, al juzgado a cargo del magistrado Sebastián Ramos.

Esa decisión podría ser controvertida desde Bariloche y entonces debería dirimir la Cámara Federal de Casación Penal; quienes siguen el expediente consideran que las posibilidades de que eso pase son porque la jueza María Silvina Domínguez, que llevaba el caso en Bariloche, inició el camino de su jubilación y ese juzgado será subrogado por el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva.

Antes de que se expidiera el camarista Farah, el fiscal Agüero Iturbe había emitido un dictamen de 7 páginas en el que sostuvo: «En modo alguno podría considerarse que el hecho se cometió en el lugar donde aterrizó el avión o en el destino final de los encartados conforme a las calificaciones jurídicas en juego escogidas por este Ministerio Público Fiscal, más allá de su carácter provisorio».

La causa por el viaje de los funcionarios, empresarios y ex espías a la estancia del magnate británico Joe Lewis que todavía está en Bariloche lleva el número 17.869/2022 y está caratulada como a «Ercolini, Julián y otros s/ incumplimiento de los deberes de funcionario público, aceptación de dádivas».

Se intenta determinar si, como surge de la denuncia inicial realizada el 24 de octubre por el abogado Marcelo Hertzriken Velasco, y como se desprende del pedido de imputación firmada por la fiscal María Cándida Etchepare, el vuelo y el alojamiento de los funcionarios judiciales y políticos de CABA fue financiado por terceras personas o por alguna empresa.

El viaje se realizó el 13 de octubre, mientras que el diario Página/12 lo reveló el 17 de ese mes en el artículo que desencadenó la denuncia posterior.

El expediente tiene como imputados al juez en lo Criminal y Correccional Julián Ercolini; al fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; al ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D’Alessandro; al juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Alberto Mahiques; al titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nro. 2, Pablo Yadarola; y a Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal nro. 9.

También están imputados Leonardo Bergroth, exintegrante del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE); Tomás Reinke, empresario especializado en medios y redes sociales y presidente de la firma Mediabit; y los directivos del grupo Clarín Pablo César Casey y Jorge Rendo.

«Si bien los hechos denunciados inicialmente por Hertzriken Velasco no eran del todo exactos, sí tenían una base cierta de ocurrencia que podría implicar un ilícito penal, en particular, la existencia de un viaje de lujo en un avión privado y con destino a una magnánima estancia en el que participaron jueces, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y dos empresarios», sostuvo la fiscal Etchepare cuando impulsó la investigación.

En esa línea, señaló que «se reunieron en esta ciudad con otros dos empresarios con altos cargos en un poderoso conglomerado de medios de comunicación nacional, cuya presencia en la reunión fue evidentemente ocultada, no solo por haber tomado otro vuelo, sino por su omisión en el relato de quien -presuntamente- los alojara».

«A esto se suma, como hipótesis delictiva a corroborar por la investigación que habrá de llevarse a cabo, que todas las facturas emitidas por los servicios fueron abonadas ´al contado´ e, incluso, en el caso del alojamiento, formalizadas con posterioridad, de modo tal que adquiere sustentación (con el grado que requiere esta incipiente instancia) la denuncia del letrado en cuanto a que el viaje en su totalidad pudo haber sido un ilícito regalo a los funcionarios, extremo que habrá de corroborarse o descartarse a lo largo de la pesquisa», remarcó.

Durante los primeros 40 días a partir de la denuncia, las medidas adoptadas por la fiscal se limitaron a la toma de declaración testimonial al administrador de la estancia Lago Escondido, Nicolás Van Ditmar; a la recepción de las facturas presentadas por ese empresario para intentar justificar el supuesto pago del alojamiento por parte de los huéspedes, y de igual manera incorporó al expediente las facturas aportadas por la empresa aérea Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A. -cuyo nombre de fantasía es Flyzar-, que estuvo a cargo del traslado de los viajeros desde el aeródromo de San Fernando hasta Bariloche.

El 4 de diciembre -40 días después de presentada la denuncia- el diario Tiempo Argentino y el portal de Internet El Cohete a la luna, publicaron las supuestas conversaciones entre los imputados, surgidas de la filtración de dos grupos de chat de Telegram, en las que lamentaban la filtración de su viaje y planeaban la forma de ocultarlo.

A partir de ese momento, Etchepare y Domínguez aceleraron la adopción de medidas de prueba, y el pasado 12 de diciembre concretaron el allanamiento del establecimiento Lago Escondido y los hangares y oficias de la empresa aérea involucrada.

DDHH

Abstenerse frente a la violencia machista no es neutralidad: el Colegio Público de la Abogacía advierte al Gobierno de Milei

El Colegio Público de la Abogacía advirtió que la abstención en una resolución respaldada por 175 países es un retroceso y que la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó. Los tratados sobre derechos de las mujeres, recordó, obligan al Estado más allá del gobierno de turno.

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175 países respaldaron en Naciones Unidas una resolución para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, y la Argentina decidió abstenerse. Esa decisión del Gobierno nacional abrió un nuevo cuestionamiento desde el mundo del derecho.

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) expresó este miércoles su preocupación por la decisión del Gobierno nacional, en un pronunciamiento institucional en el que remarcó que el país fue el único Estado latinoamericano que no acompañó la iniciativa.

Un consenso al que el país le dio la espalda

La entidad que reúne a las abogadas y los abogados de la Capital Federal sostuvo que «resulta inadmisible que nuestro país se aparte de un consenso internacional tan amplio» en una materia que compromete derechos humanos fundamentales. Para el Colegio, la posición argentina representa un retroceso que merece un claro cuestionamiento.

Además, la institución advirtió que las eventuales diferencias sobre la redacción o el alcance de una resolución no pueden servir de fundamento para desentenderse del compromiso internacional de combatir esta forma de violencia.

Obligaciones que no se renegocian con cada gobierno

Los compromisos en materia de igualdad y de protección de los derechos de las mujeres obligan al Estado argentino y no pueden quedar sujetos a las posiciones ideológicas ni a las prioridades políticas de los gobiernos de turno.

El Colegio recordó que la Argentina asumió obligaciones expresas a través de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que tiene jerarquía constitucional, y de la Convención de Belém do Pará.

Según el pronunciamiento, la violencia contra las mujeres y las niñas es una grave violación de los derechos humanos que exige políticas públicas efectivas, instituciones comprometidas y una acción sostenida del Estado. No se trata de preferencias políticas, subrayó, sino de garantizar derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

Una deuda que el feminismo ya puso sobre la mesa

La advertencia llega a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en un país donde el movimiento feminista instaló la violencia machista como problema público desde la primera marcha de Ni Una Menos, en 2015. La Argentina cuenta además con la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres, vigente desde 2009.

Abstenerse, en ese marco, no es una posición neutral: es correrse de un acuerdo que el resto de la región sí sostuvo. Para quienes sobreviven a la violencia y para quienes sostienen redes de acompañamiento, el mensaje que llega desde el Estado importa tanto como el texto de cualquier resolución.

Un antecedente que pesa

No es la primera vez que la diplomacia argentina queda aislada en este terreno. En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU sobre la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en el entorno digital, que se aprobó con 170 votos a favor y 13 abstenciones. En aquel momento, el PRO, la UCR y Unión por la Patria cuestionaron la decisión.

El Colegio Público de la Abogacía reafirmó su compromiso con la igualdad, la defensa de los derechos de las mujeres y la vigencia efectiva de las garantías constitucionales. «No hay lugar para la indiferencia ni para la ambigüedad», sostuvo, y agregó que el Estado argentino tiene el deber de proteger esos derechos y de sostener ese compromiso ante la comunidad internacional.

Lo que tenés que saber

  • El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó su preocupación por la abstención argentina en una resolución de la ONU contra la violencia hacia las mujeres y las niñas.
  • La iniciativa tuvo el respaldo de 175 países y la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó.
  • El Colegio recordó que la CEDAW, con jerarquía constitucional, y la Convención de Belém do Pará obligan al Estado argentino.
  • En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de otra resolución de la ONU sobre violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital.
  • El pronunciamiento se conoció a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

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