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El FBI registra la casa de playa de Biden sin encontrar documentos confidenciales

Bob Bauer, abogado personal de Biden, hizo este anuncio aproximadamente tres horas después de informar que agentes del Departamento de Justicia registraron la casa de Biden en el balneario Rehoboth.

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El FBI no encontró ningún documento confidencial indebido en el registro que hizo hoy de la casa de playa del presidente, Joe Biden, en Delaware, en el este de Estados Unidos, dijo un abogado del mandatario demócrata.

Bob Bauer, abogado personal de Biden, hizo este anuncio aproximadamente tres horas después de informar que agentes del Departamento de Justicia registraron la casa de Biden en el balneario Rehoboth.

«No se encontró ningún documento con mención de clasificado», afirmó Bob Bauer en un comunicado, citado por la agencia de noticias AFP.

Bauer precisó que los investigadores se llevaron «para revisar más a fondo algunos documentos y notas manuscritas que parecen datar de su época como vicepresidente» de Barack Obama (2009-2017).

Al inicio de la jornada, el abogado de Biden había dicho en un comunicado que el registro se hacía sin «aviso público previo» y «con pleno apoyo y cooperación del presidente». 

«La búsqueda de hoy es un paso más en un proceso exhaustivo y oportuno del Departamento de Justicia que continuaremos apoyando y facilitando por completo», señaló.

Una ley de 1978 obliga a los presidentes y vicepresidentes estadounidenses a enviar todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los Archivos Nacionales.

Biden suele pasar los fines de semana en su casa familiar en la ciudad de Wilmington, en Delaware, o, con menos frecuencia, en Rehoboth. 

Desde noviembre, una serie de documentos confidenciales, cuyo número exacto y contenido se desconoce, fueron hallados tanto en una oficina que ocupó Biden entre 2017 y 2020 en un centro de estudios en Washington, como en su casa en Wilmington.

Estos documentos se remontan a la época en que Biden era vicepresidente de Obama y a sus tres décadas anteriores en el Senado, durante las cuales se ocupó extensamente de la política exterior.

El 9 de enero, Biden admitió a través de sus abogados que se habían descubierto documentos confidenciales en noviembre en un centro de estudios en Washington donde él tenía una oficina.

Para el 12 de enero, el líder demócrata tuvo que aceptar que se habían encontrado otros archivos confidenciales en su casa de Wilmington, en Delaware.

El caso es especialmente sensible para Biden, que evalúa postularse a la reelección en 2024.

La Casa Blanca busca distinguirse lo más posible del expresidente Donald Trump, quien ya se embarcó en una nueva carrera por la Casa Blanca y está siendo investigado por haber llevado varias cajas de documentos oficiales a su residencia en Florida y por su supuesta obstrucción de los esfuerzos del gobierno para recuperarlos.

Si bien los dos casos no son del todo comparables, el tema es peligroso para Biden, quien se presenta como un presidente riguroso y respetuoso de las reglas después de los años llenos de escándalos de la Presidencia del republicano Trump.

El escándalo puso en cuestión la gestión realizada por Biden y dio alas a los republicanos, que utilizaron el caso para denunciar la doble vara, tras las acusaciones vertidas el año pasado contra Trump por conservar también documentos.

Tanto en el caso de Trump como en el de Biden, el Departamento de Justicia, ansioso por evitar cualquier acusación de parcialidad, encomendó la investigación de los documentos confidenciales a dos fiscales especiales.

El goteo de revelaciones ha sido un lastre para Biden, quien, según los informes, se prepara para anunciar que buscará la reelección 2024.

Según la Casa Blanca, el problema de Biden se debe a errores accidentales al almacenar documentos de hace una década.

El Departamento de Justicia designó a un fiscal especial para investigar estos hallazgos, embarazosos para el presidente demócrata porque evocan, pese a muchas diferencias, un caso de archivos oficiales llevados a Florida por su antecesor, el republicano Donald Trump, al dejar la Casa Blanca en 2021.

La ley de Estados Unidos requiere que los presidentes y vicepresidentes transfieran todos sus documentos oficiales, comunicaciones y otros memorandos a los Archivos Nacionales.

El exvicepresidente de Trump, Mike Pence, también reveló a finales de enero que en su residencia del estado de Indiana se había descubierto una «pequeña cantidad de documentos con la mención ‘confidencial'».

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La Justicia retiene el celular de Grabois y avanza con la pericia biométrica

Ramos rechazó un nuevo pedido de devolución y la Cámara Federal declaró inadmisibles los recursos de la defensa contra el procesamiento y contra la pericia biométrica. La investigación por la toma del Instituto Perón sigue abierta.

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Causa por la toma del Instituto Peron

El procesamiento no cerró la investigación, y el celular de Juan Grabois es la prueba que falta. El juez federal Sebastián Ramos rechazó un nuevo pedido para devolverle el aparato porque todavía debe extraerse la información que podría mostrar si el diputado dio órdenes a los militantes que ocuparon el edificio.

Grabois, diputado nacional de Unión por la Patria, referente de Patria Grande y dirigente de la UTEP, está procesado sin prisión preventiva por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, con un embargo de 5 millones de pesos, por la ocupación del ex Instituto Juan Domingo Perón, en Austria 2593, barrio porteño de Recoleta, el 7 de junio de 2025. El Ministerio de Capital Humano, de cuya órbita depende el inmueble, es querellante en la causa.

Qué dijo el juez

Ramos sostuvo que «el dictado del procesamiento no implicó la culminación de la investigación» y que sigue pendiente la extracción de los datos almacenados en el equipo. También rechazó el planteo subsidiario de la defensa, que pedía conservar el teléfono como depositario judicial mientras se resolvía un pedido de nulidad sobre el peritaje. Según el magistrado, quedan además medidas para identificar a otras personas que intervinieron en la ocupación.

El juez reconoció que la medida supone «una injerencia significativa en la esfera de privacidad e intimidad» y que, llegado el momento, deberá sopesar su alcance y su utilidad concreta.

La Cámara Federal cerró dos puertas

Según trascendió de fuentes judiciales, la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, declaró inadmisible el recurso con el que la defensa buscaba llevar el procesamiento ante la Casación: entendió que esa resolución no es recurrible por esa vía y que el planteo de arbitrariedad era insuficiente. La misma Sala declaró inadmisible el recurso contra el fallo que había ratificado el rechazo de la nulidad de la pericia biométrica, presentado por el abogado Nicolás Rechanik el 14 de octubre. Consideró insuficientes los argumentos sobre la posible afectación de derechos de «las personas que pudieran ser identificadas».

Ese mismo tribunal había confirmado el 1 de octubre el procesamiento por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, y mantuvo los embargos: 5 millones de pesos para Grabois y 1 millón para Valentín Peralta, dirigente de Patria Grande. El teléfono ya había sido motivo de otra batalla: en octubre de 2025 la Casación rechazó un recurso extraordinario de Grabois contra el peritaje y, a fines de junio, seguía pendiente en la Corte Suprema un planteo de la defensa para evitar que se abra el aparato.

Dos lecturas de lo que pasó en el Instituto

La defensa sostiene que Grabois fue al lugar como abogado de la cooperativa que administraba el espacio gastronómico lindero, Un Café con Perón; Rechanik habló de venganza política y Patria Grande denunció persecución. Ramos, en cambio, consideró que Grabois habría alentado la permanencia de los manifestantes dentro del edificio y los habría instado a enfrentar a la policía durante el desalojo. Un día antes, el diputado había convocado por redes sociales a un «café con Perón», y la ocupación ocurrió días antes de la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.

En el plano político, Grabois planteó en los últimos días que «si Cristina no es candidata, es obvio que el candidato es Axel», en referencia al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Lo que tenés que saber

  • El juez federal Sebastián Ramos rechazó devolver el celular a Juan Grabois porque falta extraer los datos del aparato.
  • Grabois está procesado sin prisión preventiva por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, con un embargo de 5 millones de pesos.
  • La Sala I de la Cámara Federal declaró inadmisibles los recursos de la defensa contra el procesamiento y contra la pericia biométrica.
  • El procesamiento había sido confirmado por esa Sala el 1 de octubre.
  • Capital Humano es querellante; la defensa denuncia persecución política.
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