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“No veo ilícitos”: la frase que hundió del todo a la ex jueza del juicio por la muerte de Maradona

La magistrada Julieta Makintach defendió su accionar minutos antes de que se hiciera público un documental clandestino filmado en su despacho. El video provocó un escándalo institucional, su apartamiento y la nulidad del juicio oral por la muerte de D10S.

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El Argentino Diario-Diego Maradona-Jueza Julieta Makintach.

Una defensa insólita en medio del escándalo judicial

En plena audiencia por el juicio oral por la muerte de Diego Armando Maradona, la jueza Julieta Makintach intentó justificarse antes de que salieran a la luz las imágenes que terminaron por sellar su suerte. “No veo potencialmente ilícitos”, lanzó desde el estrado, en un intento de relativizar la existencia de un documental grabado sin autorización judicial dentro de su propio despacho.

El material, que luego se reveló como parte del documental Justicia Divina, mostraba a la magistrada hablando de la causa, lo cual constituye una grave violación de la imparcialidad y reserva del proceso. Apenas se proyectó el primer capítulo en la sala, el impacto fue inmediato: la Fiscalía solicitó su recusación y el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro anuló el juicio.

“Una entrevista con una amiga” y otras explicaciones

Makintach intentó minimizar los hechos alegando que se trataba de una entrevista informal con una amiga de la infancia, realizada “un domingo a las 17” en su oficina. “¿Eso le da el mote de prohibido, oculto, ilícito o no autorizado?”, se preguntó con tono irónico. Sin embargo, la filmación en un espacio institucional, sin registro ni aprobación previa, vulneró principios básicos del proceso judicial.

“Busco acercar la justicia a la sociedad, ese era mi noble propósito”, repitió, mientras sostenía que el material aún no había pasado por canales formales ni estaba autorizado para su difusión. Pese a su justificación, la situación ya había escalado demasiado: la Corte bonaerense decidió suspenderla por 90 días, abriéndose además una investigación administrativa.

Una crisis institucional con efectos devastadores

La nulidad del juicio reavivó las críticas hacia el funcionamiento del Poder Judicial en causas de alto perfil. El Foro de Abogados del Conurbano calificó el episodio como “un bochorno que daña profundamente la credibilidad del sistema judicial”. La familia de Diego Maradona, que esperaba una resolución judicial tras más de tres años de investigaciones, volvió al punto cero.

El documental que expuso a Makintach forma parte de una serie aún en desarrollo, pero su contenido ya generó consecuencias mayúsculas. Los abogados de las partes evalúan las acciones a seguir, en tanto se espera que otro tribunal sea designado para retomar la causa, lo que implica una postergación indefinida del juicio.

El juicio más mediático, ahora sin horizonte

La causa por la muerte de Maradona ya había enfrentado demoras, recursos y controversias. Pero el episodio Makintach rompió todos los esquemas. A la espera de definiciones institucionales sobre su futuro, la jueza quedó en el centro de la tormenta. Lo que pretendía ser un material audiovisual con fines “educativos” o “reflexivos”, terminó siendo una prueba clave para anular el proceso.

Las organizaciones de derechos humanos y observatorios judiciales volvieron a poner el foco en la necesidad de transparencia, controles y límites claros sobre la exposición pública de los jueces. El juicio por la muerte del ídolo popular más grande del país quedó manchado por un error —o exceso de ego— que aún no encuentra resolución.

Puntos clave:

  • La jueza Makintach fue recusada tras la difusión de un documental clandestino filmado en su despacho.
  • Intentó justificarse diciendo que “no veía ilícitos” en su accionar.
  • La Corte bonaerense la suspendió por 90 días y se anuló el juicio por la muerte de Maradona.
  • El video fue presentado en plena audiencia por la fiscal Patricia Ferrari.
  • El escándalo reavivó críticas al sistema judicial y dejó el proceso en foja cero.

Denuncia

ATE denuncia una nueva ola de despidos en Capital Humano bajo el decreto de Sturzenegger

La Asociación Trabajadores del Estado advirtió que el decreto 378/2026 habilitará el pase a disponibilidad de al menos 400 agentes de las secretarías de Trabajo, Educación y Niñez. La octava ola de despidos en el Estado avanza en plena porosidad del Gobierno por el caso Adorni.

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El Argentino Diario-Federico Sturzenegger.
Sturzenegger avanza sobre Capital Humano mientras el Gobierno oculta la magnitud del desguace estatal.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) advirtió que el decreto 378/2026, firmado por Javier Milei y Sandra Pettovello el 22 de mayo, habilitará el pase a disponibilidad de al menos 400 trabajadores de las secretarías de Trabajo, Educación y Niñez, Adolescencia y Familia. Es la octava embestida contra el empleo públçico desde el inicio de la gestión libertaria y llega en plena crisis política del Gobierno por el caso Adorni.

El ministerio de Federico Sturzenegger no para. Mientras el Gobierno enfrenta una turbulencia política sin precedentes por la investigación judicial que pesa sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la maquinaria de desguace estatal sigue funcionando a pleno. Este viernes, ATE convocó a una conferencia de prensa frente al edificio del Ministerio de Capital Humano para denunciar públicamente lo que los gremios estatales calificaron como una nueva ola de cesantías masivas, la octava desde diciembre de 2023.

El decreto que habilitó la poda

El decreto 378/2026, publicado el 22 de mayo, establece la necesidad de “efectuar modificaciones a la conformación organizativa del Ministerio de Capital Humano y a los objetivos de sus áreas dependientes, como así también a la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la citada jurisdicción”. Fuentes del sindicato consultadas por este medio explicaron que, en la práctica, la norma eliminó las áreas de gestión administrativa de tres secretarías bajo la órbita de Pettovello: Trabajo, Educación y Niñez, Adolescencia y Familia. “Achicaron áreas y al mismo tiempo modificaron la dotación de personal. Los nuevos referentes dijeron que puede haber pases a disponibilidad de miembros de planta permanente en los próximos días”, detallaron desde ATE.

El delegado general de ATE-Trabajo, Hernán Izurieta, precisó que el expediente ya se encontraba “en la fase final del circuito administrativo, en Legal y Técnica de Presidencia”. “Básicamente lo que hacen es la centralización administrativa a nivel de Capital Humano de las áreas de gestión administrativa, sistemas, jurídicos y otras de esa índole, lo que impacta en las tres secretarías, ya sea mediante la degradación de áreas o directamente de la eliminación”, explicó.

El rastro de la motosierra en Capital Humano

El contexto no es nuevo, pero su magnitud es creciente. Según confirmaciones gremiales, el Ministerio de Capital Humano ya aportó al menos 10.000 trabajadores de los más de 60.000 despidos estatales acumulados desde el inicio de la gestión Milei. La nueva ola, advirtieron gremios como UPCN y ATE, podría sumar otros 400 pases a disponibilidad en lo inmediato, con proyecciones que los sindicatos ubican por encima del millar si se considera el alcance total de la reestructuración.

Detrás de la decisión, según fuentes sindicales y periodistas especializados, se ve la mano del Ministerio de Desregulación. Pettovello, indican fuentes con acceso a la interna del gabinete, aceptó el rediseño que le impuso Sturzenegger con la misma resignación con la que aceptó los recortes de programas sociales ordenados por Luis “Toto” Caputo. La poda presupuestaria vinculada a la reestructuración administrativa alcanza los 2.597.505.424 pesos anuales, equivalentes a unos 200 millones de dólares al tipo de cambio actual, de acuerdo a documentos internos de la cartera.

Doble vara y acusación de evasion fiscal

Desde ATE no solo se resistio el ajuste sobre los puestos de trabajo, sino que se señaló una contradicción que el Gobierno evita explicar. “Mientras el Gobierno niega las denuncias de corrupción y Sturzenegger adhiere a la ley de Inocencia Fiscal, hay una doble vara con la cual tratan a los trabajadores. Además, utilizan el Estado para evadir impuestos”, cuestionaron fuentes del sindicato. La referencia apunta directamente a las modificaciones en materia de régimenes de información impulsadas por el Gobierno, que organismos de economistas como el Foro Economía y Trabajo calificaron como un mecanismo que “vació de datos al fisco” y protege la fuga de capitales.

Retiros voluntarios como antesala de los despidos

Mientras tanto, fuentes libertarias confirmaron que en distintos organismos estatales ya se impulsan esquemas de retiro voluntario para achicar la planta de personal. “Es el paso previo a los despidos”, admitieron desde el entorno de La Libertad Avanza, en una caracterización que expone la lógica de la estrategia: desgaste paulatino, presión sobre los trabajadores para que “voluntariamente” abandonen sus puestos antes de que llegue la cesantía formal.

Los dirigentes de ATE precisaron que durante la conferencia de prensa darán a conocer las próximas acciones gremiales y las presentaciones legales que llevarán adelante para frenar la reestructuración. El ministro Sturzenegger no respondió a las consultas periodistícas al cierre de esta edición.

Puntos clave

  • El decreto 378/2026 eliminó las áreas de gestión administrativa de tres secretarías de Capital Humano; al menos 400 trabajadores de planta permanente quedan en riesgo de pase a disponibilidad.
  • Es la octava ola de despidos en el Estado desde el inicio de la gestión Milei; el ministerio de Pettovello ya perdió al menos 10.000 trabajadores.
  • La reestructuración fue diseñada por el ministerio de Sturzenegger e impuesta sobre Capital Humano, con un recorte presupuestario estimado en 2.597 millones de pesos anuales.
  • Fuentes libertarias admitieron que los retiros voluntarios en marcha en distintos organismos son el paso previo a nuevas cesantías formales.
  • ATE denunció una doble vara: el Gobierno persigue a los trabajadores mientras Sturzenegger adhiere a la ley de Inocencia Fiscal para proteger a los evasores.
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