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Denuncia

Lugones y Vilches esquivaron a Diputados para no dar explicaciones sobre el escándalo de coimas en ANDIS

El ministro de Salud y el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad no se presentaron al plenario de comisiones donde debían dar explicaciones sobre la trama de corrupción que involucra a Karina Milei.

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El ministro de Salud, Mario Lugones, y el flamante interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches, faltaron este martes a un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados al que habían sido citados para rendir cuentas sobre el escándalo de presuntas coimas revelado en los audios del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo.

«Lamentablemente no hemos tenido respuesta ni del ministro Lugones ni del doctor Vilches. Tenemos la idea de que no van a venir», anunció el presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin (Unión por la Patria), al comenzar la reunión conjunta de las comisiones de Salud y Discapacidad. La sesión transcurrió sin la presencia de ningún integrante del oficialismo ni sus aliados.

Un gobierno que esquiva el control parlamentario

El diputado tucumano señaló que «no es la primera vez» que ministros de este Gobierno se ausentan a las convocatorias del Congreso. Yedlin recordó que uno de los objetivos de los legisladores es «controlar al Poder Ejecutivo» y para desempeñar esa función existen herramientas como las invitaciones a funcionarios, interpelación, pedidos de informes y el juicio político «en última instancia».

Ante la ausencia de los funcionarios gubernamentales, la comisión se abocó a discutir el amplio abanico de proyectos vinculados a esclarecer este caso de presunta corrupción que compromete, entre otros, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El diputado opositor explicó que como «la mayoría de estos proyectos tienen giro a la comisión de Asuntos Constitucionales, que es controlada por el oficialismo y no tiene ningún interés en tratar las iniciativas», no «va a quedar más alternativa que en la próxima sesión» se mocione un emplazamiento.

El contraste entre coimas millonarias y prestaciones de subsistencia

El presidente de la comisión de Discapacidad, Daniel Arroyo (Unión por la Patria), resaltó el «contraste obsceno» entre la situación deplorable del sistema de prestaciones para personas con discapacidad y lo expuesto en los audios sobre coimas superiores a los 500 mil dólares.

Como muestra del cuadro de situación, el legislador advirtió que «una persona que trabaja en un taller protegido sigue cobrando 28 mil pesos por mes» y que «las acompañantes terapéuticos están discutiendo cómo pasan de cobrar 2900 pesos por hora a cobrar 3.100 pesos».

«Un transportista de personas con discapacidad cobra hoy 541 pesos el litro de nafta. Como la nafta sale 1500 pesos, en lugar de trasladarlos cinco veces por semana, los traslada dos», lamentó Arroyo, quien además alertó que los hogares y centros de día «están todos a punto de cerrar» porque están desfinanciados.

Auditorías mal hechas que generaron desesperación

El ex ministro de Desarrollo Social aseguró que las auditorías sobre las pensiones por discapacidad «se hicieron mal» y pusieron «en estado de desesperación a muchísimas personas». Según detalló, «del total de las bajas que se dieron, 110 mil, casi 90 mil fueron por problemas de domicilio. El 40% de los telegramas y las cartas documento no llegaron a destino» porque se tomó el domicilio original sin considerar que muchas personas se mudaron desde que tramitaron el certificado.

«Si algo es fácil en el siglo XXI es dar con una persona», cuestionó Arroyo, quien reprochó que la ANDIS decidiera «no cruzar la base de datos ni con el registro civil ni con Renaper» para verificar cambios de domicilio. «40% de pifie hubo. Está claro que la auditoría se hizo mal, no hay debate sobre eso», sentenció.

«La corrupción avanza con Milei»

La diputada del Frente de Izquierda Mercedes de Mendieta enfatizó que con Javier Milei «la corrupción avanza» y habló de una «enorme estafa» del Gobierno a las personas con discapacidad.

«Estamos hablando de un Gobierno que dijo que venía a terminar con los curros y se hicieron del Estado para hacer curros, utilizando los mismos métodos de la casta que tanto denunciaban: coimas, sobreprecios. Está claro que son recontra casta», denunció la referente de Izquierda Socialista.

«¿No era que el que las hace las paga? ¿Para Karina la cajera no cuenta? ¿Para el clan Menem tampoco? Porque sacarle la plata a los discapacitados para que se la quede el Triángulo de Hierro del Gobierno es algo absolutamente repudiable», cuestionó.

Una red de corrupción que llega a la cúpula

Juan Marino (Unión por la Patria) recriminó la decisión de Lugones y Vilches de desistir de dar explicaciones en «una situación gravísima». «Lo que se destapó es que había una red de corrupción que terminaba en Karina y los Menem que se estaba robando plata en medicamentos para personas en discapacidad», denunció.

El diputado enumeró una serie de casos de corrupción que involucran al entorno presidencial: «Habíamos tenido la estafa Libra, el contrato entre Banco Nación y Tech Security, las valijas que pasaron sin control de la aduana por Aeroparque, la venta de candidaturas, el pedido de retornos a cambio de cargos en Anses y el Pami, la versión de que quizás Milei habría cobrado coimas por la participación en el evento de la Iglesia portal del cielo en el Chaco, y ahora surge lo de la obra social de la UATRE».

Marino alertó que en paralelo a las coimas, los programas de la ANDIS, como «Incluir Salud», están «paralizados». «Todos los días nos llegan denuncias de familias y personas con discapacidad que no están recibiendo su medicación, su tratamiento y los subsidios para el transporte», advirtió.

Pedido de comisión investigadora

Esteban Paulón (Encuentro Federal) consideró que «estamos ante un escándalo de enormes proporciones, moral» y denunció «un esquema de corrupción que llega a lo más alto del poder».

«Este es el Gobierno de las auditorías. Le quiere poner auditoría a todo. A los que no auditan es a los que venden medicamentos al Estado, a los funcionarios que evidentemente facilitaban y aceitaban con una manito de la droguería los contratos para la compra de la medicación», cuestionó el referente socialista.

Paulón planteó la necesidad de crear una comisión investigadora «por la gravedad, porque cada peso que no fue a un medicamento y que fue al bolsillo de algún funcionario o empresario indebidamente es un peso menos en una prestación que las familias desesperadamente necesitan».

Puntos clave:

  • Los ministros Lugones y Vilches no se presentaron al plenario de comisiones para explicar el escándalo de coimas en ANDIS
  • La oposición denunció un patrón de ausencias de funcionarios del Gobierno a las citaciones del Congreso
  • Se reveló el contraste entre coimas millonarias y prestaciones de subsistencia para personas con discapacidad
  • Las auditorías sobre pensiones por discapacidad tuvieron un 40% de errores por no actualizar domicilios
  • Diputados evalúan crear una comisión investigadora y mocionar un emplazamiento en la próxima sesión

Denuncia

“No hay delito”: el Gobierno da por cerrado el caso Bolsonaro antes de que la Justicia responda

Con el sobreseimiento de Javier y Karina Milei en la causa $Libra todavía fresco, el oficialismo descuenta que la denuncia por la salida de Flávio Bolsonaro vía Puerto Iguazú no pasará de una etapa preliminar. La fiscal Paloma Ochoa, sin embargo, aún espera datos que podrían definir si hubo incumplimiento de funciones.

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El Argentino Diario-Santiago Caputo.
Fuga de Bolsonaro: qué medidas pidió la fiscal Ochoa y por qué el Gobierno cree que la causa no avanzará.

“No hay delito”, repiten en el oficialismo, aunque la Justicia todavía no respondió la pregunta central: si las autoridades argentinas sabían que Flávio Bolsonaro tenía prohibido salir de Brasil.

La frase resume el estado de ánimo de la Casa Rosada respecto de la denuncia que presentó el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios por supuesto encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El expediente tramita en Comodoro Py, en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti, con intervención de la fiscal Paloma Ochoa, y por ahora es solo una investigación preliminar, una instancia previa a una pesquisa formal. Según trascendió de operadores judiciales cercanos al Gobierno, en el oficialismo consideran que no existen posibilidades de que se abra una causa “real” sobre el ingreso y la salida de Bolsonaro.

El recorrido de Bolsonaro y las sospechas sobre el Gobierno

El senador y excandidato presidencial brasileño, que perdió el balotaje frente a Luiz Inácio Lula da Silva, dejó su país el martes por la noche y cruzó a la Argentina por el puente internacional Tancredo Neves, que une Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú, Misiones. Según confirmó la Cancillería argentina, ingresó por vía terrestre a las 22:50. Recorrió luego poco más de 20 kilómetros hasta el Aeropuerto Internacional Iguazú, donde abordó un vuelo privado de la empresa Baires Fly rumbo a Estados Unidos.

Las denuncias que llegaron a los tribunales recogen las sospechas que circularon en los medios en los últimos días: desde una supuesta cooperación política de Milei hasta menciones al asesor Santiago Caputo por una aparente colaboración operativa. También alcanzan a los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Alejandra Monteoliva (Seguridad), por los trámites migratorios y la presunta asistencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El viernes, el diputado nacional Esteban Paulón amplió una presentación que había hecho en Comodoro Py y apuntó contra el titular de esa fuerza y contra integrantes del Ente Binacional Yacyretá, que habrían tenido alguna participación en la trama.

Los dos argumentos que sostienen la confianza oficial

El Gobierno se apoya en dos elementos. El primero es que la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú desestimó una denuncia por el ingreso del excandidato al país al concluir que no hubo irregularidades en el accionar migratorio, decisión que respaldó la Fiscalía de Revisión. El segundo es que en Buenos Aires todavía no existe una causa formal. La fiscal Ochoa no impulsó la investigación apenas recibió la denuncia: le sugirió a la jueza Capuchetti una serie de medidas preliminares para definir, a partir de sus resultados, si corresponde avanzar hacia una pesquisa más amplia sobre las eventuales responsabilidades de funcionarios.

Esas medidas incluyen un exhorto al Gobierno nacional para que preserve las imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Iguazú de los días 27 y 28 de octubre, y pedidos de informes a la Dirección Nacional de Migraciones sobre los controles al avión de Baires Fly en el que Bolsonaro viajó con su familia y sobre los pasajeros que abordaron.

La pregunta que todavía no tiene respuesta

Una de las medidas más importantes apunta a determinar si las autoridades argentinas recibieron algún exhorto o aviso sobre la situación judicial de Bolsonaro y la prohibición de abandonar el país que dispuso el juez Alexandre de Moraes. Ese dato es central para establecer un eventual incumplimiento de funciones por parte de funcionarios argentinos, y es justamente el que el oficialismo no explicó.

Por ahora, Migraciones sostuvo que no existía “ningún impedimento legal” para el ingreso, algo que el jueves ratificó el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Del lado brasileño, la Policía Federal informó que no constan registros de la salida de Bolsonaro y su familia, a pesar de que De Moraes también había dispuesto insertar una alerta migratoria en el sistema Sonar, que se usa en ese país para controlar los desplazamientos internacionales.

Las autoridades brasileñas aclararon además, en un mismo comunicado, que una restricción vinculada con los documentos de viaje no alcanza por sí sola para considerar fugitivo a alguien ni para autorizar un arresto, una vigilancia permanente u otras medidas cautelares. Ese punto explicaría por qué Migraciones no encontró alertas ni impedimentos en la madrugada del miércoles, cuando Bolsonaro y su familia ya volaban rumbo a Miami.

Lo que viene en Comodoro Py

La semana próxima podría haber una definición sobre la denuncia de Solano. Una vez que llegue la información requerida, lo esperable es que Capuchetti se la remita a la fiscal Ochoa, quien deberá dictaminar si corresponde impulsar la investigación y, en ese caso, proponer medidas de prueba. La fiscal también puede pedir la desestimación de la denuncia si no encuentra elementos. Hasta entonces, la tranquilidad oficial descansa en una expectativa y no en una resolución judicial.

Lo que tenés que saber:

  • En el Gobierno aseguran que “no hay delito” y confían en que la denuncia de Gabriel Solano no prospere.
  • La fiscal Paloma Ochoa pidió medidas preliminares y todavía no impulsó una investigación formal.
  • La Fiscalía de Puerto Iguazú desestimó otra denuncia por falta de irregularidades migratorias, y la Fiscalía de Revisión respaldó esa decisión.
  • Una de las medidas clave busca saber si Argentina recibió aviso de la prohibición de salida dictada por Moraes.
  • La semana próxima podría haber una definición sobre si la causa avanza o se desestima.
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