Denuncia
Crece el escándalo en el PAMI: denuncias de corrupción sacuden a La Libertad Avanza
Se investigan presuntos pedidos de coimas y un esquema de sobreprecios de hasta 700% en prestaciones y compras sin licitación. Las acusaciones apuntan, entre otros, a Sebastián Pareja, como articulador de designaciones y financiamiento partidario. También denuncian pedidos de «retornos» de sueldos para financiar a LLA.
El PAMI, la obra social de los jubilados y pensionados, se encuentra en el ojo de la tormenta tras las graves denuncias de corrupción, sobreprecios y pedidos de coimas que involucran a ex funcionarios y figuras clave de La Libertad Avanza (LLA). Las acusaciones, impulsadas por la ex diputada provincial suplente y ex coordinadora contable del organismo, Viviana Aguirre, apuntan directamente a las autoridades principales del PAMI y a operadores políticos del partido gobernante en la provincia de Buenos Aires.
Sobreprecios y «Vías de Excepción»: El Mecanismo Denunciado
Las denuncias detallan un presunto esquema de sobreprecios que alcanzarían hasta «7 u 8 veces el valor original» en prestaciones y compras sin licitación. Según el periodista Andrés Lerner, este mecanismo se justificaba a través de las denominadas «vías de excepción», un procedimiento que debería ser extraordinario pero que se utilizaba con frecuencia para evitar licitaciones y generar sobreprecios, aprovechando la supuesta «urgencia» de los casos para justificar pagos mayores. Viviana Aguirre, la denunciante, sostuvo que la hicieron renunciar a su trabajo en el PAMI de La Plata por «cortarle el grifo de la corrupción».
Acusaciones Directas y Vínculos Políticos
Viviana Aguirre y el extitular de la UGL VII del PAMI, Raúl Carlos Simonetto, presentaron una denuncia que salpica a Esteban Leguizamo y Carlos Zamparolo, director y subdirector del organismo, respectivamente. Las acusaciones también involucran a Sebastián Pareja, presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires y cercano a Karina Milei, a quien señalan como quien articulaba designaciones, presiones internas y esquemas de financiamiento partidario con fondos y sueldos del organismo.
Según la denuncia de Simonetto, se pedían «retornos» de dinero a los funcionarios para financiar al partido. En el caso de Aguirre, se le habría exigido un millón de pesos de su sueldo como Coordinadora Contable, y se le indicó que le exigiera un millón de pesos al Director Ejecutivo Local de la UGL VII para «la causa de LLA». Aguirre afirmó que le pidieron un millón de pesos por mes para financiar el partido y que, según los sueldos, se pide del 5% en adelante. También denunció que la obligaban a escribir por Telegram para que los chats desaparecieran.
Amenazas y Presiones
Tras realizar la denuncia, Viviana Aguirre afirmó que recibió mensajes «extorsivos» y que le «armaron una causa irrisoria» para que desistiera con su accionar. Su abogado, Marcelo Peña, detalló que le llegó una imputación penal anónima por mail y que recibió mensajes para que dejara de impulsar este tipo de causas, principalmente contra quienes manejan la provincia en La Libertad Avanza. Simonetto también mencionó que el senador Sebastián Pareja lo contactó por WhatsApp para advertirle que le dijera «a esa chica» (en referencia a Aguirre) que no siguiera actuando en contra de sus órdenes o de las de sus coordinadores de La Plata, porque la iba a sacar del partido LLA.
Otros Hallazgos y Contexto
Las denuncias también revelan otras presuntas irregularidades, como el «saqueo de información sensible» de la sede del PAMI en La Plata por personas no designadas ni con legajo en la institución. Además, se encontraron irregularidades en geriátricos, donde se denunciaron muertes, agresiones a beneficiarios, escaso aporte de alimentos e instalaciones en condiciones edilicias irregulares.
Este escándalo se suma a otras denuncias de presuntas maniobras de financiamiento irregular en oficinas del PAMI y ANSES en otras provincias, como Chaco, donde la Justicia Federal inició una investigación por presunta extorsión a empleados para que cedan un porcentaje de sus salarios.
Puntos Clave del escándalo en el PAMI:
- Denuncias de corrupción, sobreprecios y pedidos de coimas en el PAMI involucran a exfuncionarios y figuras de La Libertad Avanza.
- Se investiga un presunto esquema de sobreprecios de hasta 700% en prestaciones y compras sin licitación, justificado con «vías de excepción».
- Las acusaciones apuntan a Esteban Leguizamo, Carlos Zamparolo y Sebastián Pareja, este último señalado como articulador de designaciones y financiamiento partidario.
- Ex funcionarios denuncian pedidos de «retornos» de dinero de sus sueldos para financiar a LLA.
- La denunciante principal, Viviana Aguirre, afirmó haber recibido amenazas y presiones para que retirara su denuncia.
- Se investigan otras irregularidades, como el robo de información sensible y problemas en geriátricos.
- El escándalo se extiende a otras provincias, con investigaciones judiciales en curso.
Denuncia
Dalbón pide detener a Caputo y Bausili: pérdida de más de mil millones de dólares en derivados de oro del BCRA
El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención del ministro de Economía, del presidente del Banco Central y del director de la entidad por las operaciones con derivados sobre las reservas de oro que registraron un resultado negativo de más de 1.023 millones de dólares, según consignó la Auditoría General de la Nación. La causa también alcanza al entorno de la diputada Marcela Pagano, quien presentó una denuncia penal en agosto.
Las operaciones con derivados sobre el oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejaron un resultado negativo de 1.023 millones de dólares, según surge de la Auditoría General de la Nación (AGN). Ese número, que ningún funcionario del gobierno de Javier Milei explicó con documentación pública suficiente, es hoy el eje de un pedido de detención contra los máximos responsables de la política económica y monetaria del país.
El abogado Gregorio Dalbón presentó ante la justicia federal la solicitud de detención del ministro de Economía, Luis Caputo, del presidente del BCRA, Santiago Bausili, y del director y superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curutchet. Les atribuye los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.
Las figuras penales y el rol de Caputo
En declaraciones televisivas, Dalbón precisó los fundamentos jurídicos de la presentación. «Las operaciones con el oro del BCRA deben investigarse, bajo las figuras de defraudación en perjuicio de la administración pública (art. 174, inc. 5 del Código Penal), abuso de autoridad (art. 248) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 249), sin perjuicio de otras calificaciones que surjan de la prueba», señaló el letrado. Y agregó: «Por ejemplo la asociación ilícita como jefe: Luis Caputo. La Justicia deberá determinar los delitos y el rol de quiénes son los responsables».
El escrito también solicitó medidas cautelares: prohibición de salida del país, impedimento de acceso a áreas del BCRA y del Ministerio de Economía donde exista documentación relacionada con la investigación, y prohibición de comunicación con funcionarios, auditores o testigos.
El desglose de las pérdidas: opciones, primas y cobertura
Según detalla la denuncia, el resultado negativo de 1.023 millones de dólares se conforma de dos componentes. Por un lado, $1.400.793 millones (equivalentes a 960,2 millones de dólares) registrados como resultado negativo por opciones. Por otro, $68.362 millones (equivalentes a 62,8 millones de dólares) en concepto de primas de opciones abonadas. En paralelo, la tenencia de oro registró durante el ejercicio una ganancia por diferencias de cotización de $8.002.500 millones, dato que el BCRA utilizó para relativizar el impacto de la operatoria.
Dalbón también señaló que el BCRA concertó derivados liquidables en dólares con fines declarados de cobertura, y que al cierre de 2025 la entidad ya no mantenía posiciones de ese tipo. La pregunta que la justicia deberá responder es si esa cobertura fue técnicamente justificable o si constituyó una operación en perjuicio del Estado.
El juez Lijo y la obstrucción a la auditoría
Al ser consultado sobre el paradero del oro, Dalbón apeló directamente a la cadena judicial: «Yo creo que (el juez) Ariel Lijo tiene la responsabilidad junto con el fiscal Pollicita de averiguar». El abogado expresó confianza en que la ampliación del martes, que incluirá el pedido formal de detención de Bausili y Curutchet, será tomada con seriedad por el magistrado.
Sobre los motivos para solicitar la detención a pesar de que no habría peligro de fuga, Dalbón fue directo: «Está comprobado que han obstruido a la Justicia en base a lo que fue el examen que Olmos leyó en la auditoría. Está comprobado que mintieron en la auditoría». La AGN, según surge de los documentos citados en la presentación, registró el resultado negativo de las operaciones con egresos de divisas y constató que el ejercicio 2025 no había sido debidamente auditado por demoras del BCRA en enviar la información requerida.
Pagano había denunciado primero: casi cuatro billones sin destino trazable
La denuncia de Dalbón se suma a la que la diputada Marcela Pagano presentó en agosto pasado. En su cuenta de la red social X, Pagano comunicó: «DENUNCIÉ PENALMENTE A CAPUTO Y BAUSILI. Casi $4 BILLONES de fondos públicos quedaron sin destino públicamente trazable». Y citó la respuesta del presidente del BCRA ante ese cuestionamiento: «En algún lado están».
La legisladora consideró que esa contestación «no alcanza» e hizo hincapié en que «la plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra». Concluyó: «Ahora van a tener que explicar ante la Justicia dónde estuvo cada peso, quién dio la orden y quién se benefició».
La causa concentra así dos denuncias penales convergentes, sumadas a la investigación en curso ante el juez Lijo y el fiscal Pollicita, que ya en septiembre tramitaba la ampliación presentada por senadores peronistas sobre las contradicciones del BCRA respecto a la ubicación de los lingotes, supuestamente depositados en el Banco de Pagos Internacionales de Suiza pero señalados por distintas fuentes como radicados en el Bank of England de Londres.
Lo que tenés que saber:
- El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención de Luis Caputo, Santiago Bausili y Juan Curutchet por administración fraudulenta, abuso de autoridad y asociación ilícita.
- La AGN registró un resultado negativo de 1.023 millones de dólares en las operaciones con derivados de oro del BCRA durante 2025.
- Dalbón afirmó que los imputados mintieron en la auditoría y obstruyeron a la Justicia, argumento central para justificar los pedidos de detención.
- La diputada Marcela Pagano ya había denunciado penalmente a Caputo y Bausili en agosto, señalando casi $4 billones sin destino trazable.
- La causa se acumula a la investigación del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, que también tramita la ampliación de senadores peronistas sobre el paradero del oro del BCRA.
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