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Denuncia

Crece el escándalo en el PAMI: denuncias de corrupción sacuden a La Libertad Avanza

Se investigan presuntos pedidos de coimas y un esquema de sobreprecios de hasta 700% en prestaciones y compras sin licitación. Las acusaciones apuntan, entre otros, a Sebastián Pareja, como articulador de designaciones y financiamiento partidario. También denuncian pedidos de «retornos» de sueldos para financiar a LLA.

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El PAMI, la obra social de los jubilados y pensionados, se encuentra en el ojo de la tormenta tras las graves denuncias de corrupción, sobreprecios y pedidos de coimas que involucran a ex funcionarios y figuras clave de La Libertad Avanza (LLA). Las acusaciones, impulsadas por la ex diputada provincial suplente y ex coordinadora contable del organismo, Viviana Aguirre, apuntan directamente a las autoridades principales del PAMI y a operadores políticos del partido gobernante en la provincia de Buenos Aires.

Sobreprecios y «Vías de Excepción»: El Mecanismo Denunciado

Las denuncias detallan un presunto esquema de sobreprecios que alcanzarían hasta «7 u 8 veces el valor original» en prestaciones y compras sin licitación. Según el periodista Andrés Lerner, este mecanismo se justificaba a través de las denominadas «vías de excepción», un procedimiento que debería ser extraordinario pero que se utilizaba con frecuencia para evitar licitaciones y generar sobreprecios, aprovechando la supuesta «urgencia» de los casos para justificar pagos mayores. Viviana Aguirre, la denunciante, sostuvo que la hicieron renunciar a su trabajo en el PAMI de La Plata por «cortarle el grifo de la corrupción».

Acusaciones Directas y Vínculos Políticos

Viviana Aguirre y el extitular de la UGL VII del PAMI, Raúl Carlos Simonetto, presentaron una denuncia que salpica a Esteban Leguizamo y Carlos Zamparolo, director y subdirector del organismo, respectivamente. Las acusaciones también involucran a Sebastián Pareja, presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires y cercano a Karina Milei, a quien señalan como quien articulaba designaciones, presiones internas y esquemas de financiamiento partidario con fondos y sueldos del organismo.

Según la denuncia de Simonetto, se pedían «retornos» de dinero a los funcionarios para financiar al partido. En el caso de Aguirre, se le habría exigido un millón de pesos de su sueldo como Coordinadora Contable, y se le indicó que le exigiera un millón de pesos al Director Ejecutivo Local de la UGL VII para «la causa de LLA». Aguirre afirmó que le pidieron un millón de pesos por mes para financiar el partido y que, según los sueldos, se pide del 5% en adelante. También denunció que la obligaban a escribir por Telegram para que los chats desaparecieran.

Amenazas y Presiones

Tras realizar la denuncia, Viviana Aguirre afirmó que recibió mensajes «extorsivos» y que le «armaron una causa irrisoria» para que desistiera con su accionar. Su abogado, Marcelo Peña, detalló que le llegó una imputación penal anónima por mail y que recibió mensajes para que dejara de impulsar este tipo de causas, principalmente contra quienes manejan la provincia en La Libertad Avanza. Simonetto también mencionó que el senador Sebastián Pareja lo contactó por WhatsApp para advertirle que le dijera «a esa chica» (en referencia a Aguirre) que no siguiera actuando en contra de sus órdenes o de las de sus coordinadores de La Plata, porque la iba a sacar del partido LLA.

Otros Hallazgos y Contexto

Las denuncias también revelan otras presuntas irregularidades, como el «saqueo de información sensible» de la sede del PAMI en La Plata por personas no designadas ni con legajo en la institución. Además, se encontraron irregularidades en geriátricos, donde se denunciaron muertes, agresiones a beneficiarios, escaso aporte de alimentos e instalaciones en condiciones edilicias irregulares.

Este escándalo se suma a otras denuncias de presuntas maniobras de financiamiento irregular en oficinas del PAMI y ANSES en otras provincias, como Chaco, donde la Justicia Federal inició una investigación por presunta extorsión a empleados para que cedan un porcentaje de sus salarios.

Puntos Clave del escándalo en el PAMI:

  • Denuncias de corrupción, sobreprecios y pedidos de coimas en el PAMI involucran a exfuncionarios y figuras de La Libertad Avanza.
  • Se investiga un presunto esquema de sobreprecios de hasta 700% en prestaciones y compras sin licitación, justificado con «vías de excepción».
  • Las acusaciones apuntan a Esteban Leguizamo, Carlos Zamparolo y Sebastián Pareja, este último señalado como articulador de designaciones y financiamiento partidario.
  • Ex funcionarios denuncian pedidos de «retornos» de dinero de sus sueldos para financiar a LLA.
  • La denunciante principal, Viviana Aguirre, afirmó haber recibido amenazas y presiones para que retirara su denuncia.
  • Se investigan otras irregularidades, como el robo de información sensible y problemas en geriátricos.
  • El escándalo se extiende a otras provincias, con investigaciones judiciales en curso.

Denuncia

Nadia Beller anunció nuevas pruebas contra Cerimedo y se ofreció a declarar en Argentina

La abogada boliviana afirmó que conserva grabaciones y otros elementos que comprometerían a su expareja, y aseguró que puede identificar al destinatario de una nota en la que se hablaba de «eliminarla». Sus dichos también apuntan al corazón de la causa ANDIS, donde señaló a Natalia Basil como la ejecutora de la filtración de los audios de Diego Spagnuolo.

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Las grabaciones de Beller podrían revelar quién decidió filtrar los audios de Spagnuolo y por qué: Basil en el centro de la escena.

Nadia Beller ya tiene el alta médica. Y, con ella, una determinación que incomoda a más de uno en Argentina: entregar nuevas pruebas contra Fernando Cerimedo y declarar ante la justicia argentina si es convocada. La abogada boliviana, que sobrevivió a un ataque a balazos el 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra, afirmó que conserva mensajes, grabaciones y otros elementos que, según sostuvo, podrían comprometer aún más a su expareja, hoy bajo prisión preventiva en Bolivia por ser señalado como presunto instigador del atentado.

La causa boliviana avanza sobre los autores materiales

La Policía boliviana identificó a dos hombres señalados como posibles autores materiales del atentado y mantiene operativos activos para localizarlos. En paralelo, una pareja de sospechosos fue enviada al penal de Palmasola por 120 días preventivos: el hombre está acusado de haber vendido o proporcionado el arma presuntamente utilizada en el ataque; su pareja quedó imputada como cómplice.

Cerimedo, consultor político que trabajó para el entorno de La Libertad Avanza, permanece detenido en Bolivia mientras la Fiscalía de ese país avanza en la investigación. Según trascendió, el expediente boliviano y la causa ANDIS que tramita en Argentina ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi están comenzando a retroalimentarse a través de las declaraciones de Beller.

El hilo que lleva a ANDIS: grabaciones, audios y Natalia Basil

El aspecto más sensible de las nuevas declaraciones de Beller no es el relato del atentado, ya ampliamente documentado, sino lo que apunta directamente a la causa ANDIS en Argentina. La abogada afirmó que posee grabaciones de conversaciones con Cerimedo en las que el consultor habría hablado sobre el origen de los audios atribuidos al extitular del organismo, Diego Spagnuolo; audios que desencadenaron el escándalo de las presuntas coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Beller fue más lejos y señaló que Cerimedo y su exesposa, Natalia Basil, habrían sido los artífices de la filtración de esos audios. Según su versión, fue Basil quien «ejecutó» esa maniobra. El dato no es menor: Basil se desempeñó como directora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas en ANDIS entre abril y diciembre de 2024, período que coincide con las irregularidades investigadas, y renunció semanas antes de que la causa judicial adquiriera estado público.

Si las grabaciones que Beller dice conservar son incorporadas como prueba al expediente, la investigación podría abrir una nueva línea sobre el origen y el propósito político de esa filtración: quién decidió que esos audios salieran a la luz, cuándo y con qué objetivo.

Pagano pide videoconferencia y protección de testigos

La diputada Marcela Pagano solicitó al juez Lijo y al fiscal Picardi que convoquen a Beller a declarar mediante videoconferencia desde Bolivia y que sea incorporada al Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados. El pedido fue presentado con el argumento de que el testimonio de Beller podría resultar determinante para establecer el contexto en que se produjeron sus conversaciones con Cerimedo, si las grabaciones son auténticas y pueden incorporarse legalmente al expediente, y cuál es la cadena de decisiones detrás de la filtración de los audios de Spagnuolo.

Cabe recordar que Cerimedo ya había declarado en Argentina en septiembre de 2025 sobre sus conversaciones con el entonces titular de ANDIS. En aquella oportunidad afirmó que Spagnuolo le habló de presuntas coimas y de supuestos retornos vinculados con funcionarios nacionales. La versión que ahora aporta Beller no contradice necesariamente ese relato, pero agrega una capa sobre quién controló el flujo de esa información y hacia dónde fue dirigida.

Mientras la investigación avanza simultáneamente en dos países, Beller reiteró su disposición a colaborar con la justicia argentina. La pregunta que orbita en los pasillos de Comodoro Py es cuánto de lo que dice conservar puede transformarse en prueba jurídicamente válida, y cuánto de esa verdad el expediente estará en condiciones de sostener.

Puntos clave

  • Nadia Beller recibió el alta médica tras el ataque del 17 de agosto y anunció que entregará grabaciones a la justicia.
  • Afirmó que puede identificar al destinatario de una nota en la que se planeaba «eliminarla».
  • Señaló a Natalia Basil, exdirectora de ANDIS y exesposa de Cerimedo, como la ejecutora de la filtración de los audios de Spagnuolo.
  • La diputada Marcela Pagano pidió al juez Lijo que cite a Beller por videoconferencia e ingresarla al Programa de Protección de Testigos.
  • Cerimedo permanece en prisión preventiva en Bolivia; la causa ANDIS en Argentina suma potencial nueva evidencia.
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