El derrumbe de una vivienda lindera a una obra en construcción en Caballito, que provocó la muerte de dos hermanos, volvió a poner el foco en el desarrollo inmobiliario que se multiplica con departamentos en altura en zonas de casas bajas de la Ciudad y en los procesos de supervisión del Estado sobre las etapas que conlleva una nueva edificación.

En diálogo con Télam, expertos en urbanismo y vecinos afectados por obras manifestaron su tristeza por lo ocurrido ayer en Caballito, y remarcaron que no es la primera vez que se registran víctimas fatales y heridos como consecuencia del desmoronamiento de medianeras de inmuebles que están pegados a predios donde está en ejecución una obra en construcción.

Según coincidieron, hay una «construcción descontrolada» en la Ciudad de Buenos Aires que se debe, en gran parte, a la aprobación en 2018 de un nuevo Código Urbanístico -la norma que rige los criterios para nuevas edificaciones-, así como denunciaron «un dejar hacer» a los desarrolladores inmobiliarios «pensando que no va a pesar nada» por parte del Gobierno porteño.

Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad reiteraron su crítica a la administración porteña por «impulsar la sobreconstrucción desplanificada a través de cambios sustanciales de las normas urbanísticas que está colapsando los servicios, destruyendo la identidad de los barrios, perjudicando la calidad ambiental y eliminando el patrimonio cultural».

«Identificamos que, cada vez que sucede una tragedia de estas características, estamos frente a un escenario multicausal: en la Ciudad hace 16 años que la construcción de nuevos edificios está siendo alentada por el Gobierno porteño sin planificación y en una alianza simbiótica con el poder inmobiliario financiero», dijo Eva Koutsovitis, del Observatorio.

Destacó, también, «la falta de control y de evaluación previa de la seguridad estructural de las construcciones linderas a las obras» y «la flexibilización a las grandes desarrolladoras», y sostuvo que «la voracidad inmobiliaria conlleva la realización de excavaciones y construcciones por fuera de todo tipo de norma».

Ayer, una mujer de 75 años y su hermano de 82, dueño de una tienda de mascotas del barrio, murieron por el derrumbe del PH que habitaban sobre Pedro Goyena al 500, en Caballito, que estaba situado al lado de una obra en construcción sobre la cual pesaban denuncias de vecinos, incluso en la Justicia, respecto de situaciones de riesgo que venían observando desde hacía meses.

En declaraciones a la prensa, el abogado Isaac Romano relató que hizo una presentación ante el Juzgado Civil 3 una acción judicial contra la constructora MAB Inversiones, a cargo del proyecto edilicio, para detener la obra ante «los riesgos temibles de derrumbamiento en su propiedad», situada sobre Pedro Goyena 557, pero obtuvo un fallo adverso que no dio lugar a su pedido.

Esta mañana, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad informó que, tiempo atrás, emitió una advertencia al Gobierno porteño sobre «irregularidades de la obra lindante a las viviendas» del terreno colapsado «solicitando en cuatro instancias distintas que se corroboraran las medidas de protección hacia terceros, la integridad estructural de ambas construcciones y actuar en consecuencia».

«Ayer nos vimos reflejados por lo que pasó, pensamos que podría haber sido nuestro caso», admitió a Télam Graciela, una mujer que junto a su esposo y cuatro hijos debieron abandonar su vivienda en Caballito en 2023 por los daños «irreversibles» generados por una obra en construcción de un edificio de ocho pisos y cuatro subsuelos sobre la calle Campichuelo.

Según contó, la casa «se partió al medio y nuestro proyecto de vida quedó interrumpido» porque «no tomaron las medidas técnicas para prevenir el daño en la vivienda», tras lo cual evaluó que existe «una sistematización de no darle entidad a los daños de las propiedades linderas a las obras, que son generalmente bajas de altura».

«Hay desidia, un ´dejar hacer´ pensando que no va a pasar, pero las cosas suceden. El Gobierno porteño no tiene magnitud del riesgo al que está exponiendo a los vecinos linderos a las obras y que, en algunos casos terminan siendo daños irreversibles porque están en juego vidas», indicó la mujer que abrió la cuenta en Instagram «vecinos.afectadosxobras», donde recibe denuncias de situaciones similares a la suya.

Ana Bas, de la organización Basta de Demoler, exigió al Gobierno porteño que cumpla «urgente» la promesa electoral hecha por Jorge Macri de revisar el Código Urbanístico porque «hay consenso entre la población que está mal que se pueda construir edificios en cualquier lugar sin respetar las identidades barriales».

«No es la primera vez que se cae una construcción», lamenta y agrega que espera «se caída con todo el rigor» sobre el Gobierno local «que da los permisos y después no los fiscaliza».

Según fuentes oficiales porteñas, «la obra estaba registrada con permiso del Gobierno de la Ciudad con inicio en agosto de 2023 y estaba en la etapa de excavación» mientras que «la Agencia Gubernamental de Control la inspeccionó por última vez el 5 de diciembre».