Denuncia
Citarán a declarar por medio de «la fuerza pública» al ex director de la Obra Social del Poder Judicial
La Comisión de Juicio Político de la Cámara baja decidió solicitar de esta manera la presencia del ex titular de Ospjn, Aldo Tonón.
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados decidió pedir a la Justicia la comparecencia «por la fuerza pública» del exdirector de la Obra Social del Poder Judicial (Ospjn) Aldo Tonón, al abrir una nueva audiencia por el proceso contra los integrantes de la Corte Suprema.
La reunión de la comisión, que preside Carolina Gaillard (FdT), se inició a las 15.20 con el fin de tomar declaración a una nueva tanda de testigos convocados con el foco puesto en las presuntas irregularidades cometidas en la obra social de los judiciales.
Si bien para la reunión de este miércoles había sido citado para completar su testimonio de la semana pasada Héctor Marchi, el desplazado administrador del máximo tribunal, esta convocatoria será reprogramada para la semana próxima dado que debe presentarse a declarar ante el juez federal Ariel Lijo en la causa por el manejo de los fondos de la obra social.
Nuevamente, como sucedió en la última reunión, se ausentaron Tonón y el secretario letrado de la Corte, Sebastián Clérici. Tampoco concurrió el contador Nicolás Serafini, que firmaba los balances de la obra social;
Al iniciarse la reunión, Gaillard puso a votación la propuesta de pedir a la justicia que Tonon sea obligado a comparecer «por la fuerza pública».
El exfuncionario no concurrió en tres oportunidades con el argumento de que tiene una causa judicial por este mismo tema y cualquier declaración afectará su defensa.
Clérici y Serafini argumentaron problemas personales y pidieron reprogramar la citación. También se convocó al director de Informática de la Corte, Andrés Sacchi; a María Betina Bonuccelli, funcionaria del tribunal, y a Valeria Díaz, afiliada a la obra social.
La de hoy es la duodécima reunión de la comisión de Juicio Político desde que se inició el trabajo de ese cuerpo parlamentario, el 26 de enero pasado, para determinar si los jueces del máximo tribunal incurrieron en mal desempeño de sus funciones.
En la última reunión, y tras el desplazamiento de su cargo, Marchi denunció ante los legisladores una «sanción encubierta» y «amenazas» contra funcionarios de los Tribunales.
Tras la investigación por las supuestas irregularidades en la obra social de los judiciales, la comisión iniciará el análisis del fallo que benefició a la ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables adicionales que el expresidente Mauricio Macri redirigió al distrito porteño en 2016.
Por esa causa, la comisión tiene previsto citar a los gobernadores que firmaron el proyecto de juicio político -impulsado por el presidente Alberto Fernández-, al ministro de Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, y al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, para brindar precisiones sobre el litigio entre la Nación y la ciudad de Buenos Aires.
Denuncia
ATE denuncia una nueva ola de despidos en Capital Humano bajo el decreto de Sturzenegger
La Asociación Trabajadores del Estado advirtió que el decreto 378/2026 habilitará el pase a disponibilidad de al menos 400 agentes de las secretarías de Trabajo, Educación y Niñez. La octava ola de despidos en el Estado avanza en plena porosidad del Gobierno por el caso Adorni.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) advirtió que el decreto 378/2026, firmado por Javier Milei y Sandra Pettovello el 22 de mayo, habilitará el pase a disponibilidad de al menos 400 trabajadores de las secretarías de Trabajo, Educación y Niñez, Adolescencia y Familia. Es la octava embestida contra el empleo públçico desde el inicio de la gestión libertaria y llega en plena crisis política del Gobierno por el caso Adorni.
El ministerio de Federico Sturzenegger no para. Mientras el Gobierno enfrenta una turbulencia política sin precedentes por la investigación judicial que pesa sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la maquinaria de desguace estatal sigue funcionando a pleno. Este viernes, ATE convocó a una conferencia de prensa frente al edificio del Ministerio de Capital Humano para denunciar públicamente lo que los gremios estatales calificaron como una nueva ola de cesantías masivas, la octava desde diciembre de 2023.
El decreto que habilitó la poda
El decreto 378/2026, publicado el 22 de mayo, establece la necesidad de “efectuar modificaciones a la conformación organizativa del Ministerio de Capital Humano y a los objetivos de sus áreas dependientes, como así también a la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la citada jurisdicción”. Fuentes del sindicato consultadas por este medio explicaron que, en la práctica, la norma eliminó las áreas de gestión administrativa de tres secretarías bajo la órbita de Pettovello: Trabajo, Educación y Niñez, Adolescencia y Familia. “Achicaron áreas y al mismo tiempo modificaron la dotación de personal. Los nuevos referentes dijeron que puede haber pases a disponibilidad de miembros de planta permanente en los próximos días”, detallaron desde ATE.
El delegado general de ATE-Trabajo, Hernán Izurieta, precisó que el expediente ya se encontraba “en la fase final del circuito administrativo, en Legal y Técnica de Presidencia”. “Básicamente lo que hacen es la centralización administrativa a nivel de Capital Humano de las áreas de gestión administrativa, sistemas, jurídicos y otras de esa índole, lo que impacta en las tres secretarías, ya sea mediante la degradación de áreas o directamente de la eliminación”, explicó.
El rastro de la motosierra en Capital Humano
El contexto no es nuevo, pero su magnitud es creciente. Según confirmaciones gremiales, el Ministerio de Capital Humano ya aportó al menos 10.000 trabajadores de los más de 60.000 despidos estatales acumulados desde el inicio de la gestión Milei. La nueva ola, advirtieron gremios como UPCN y ATE, podría sumar otros 400 pases a disponibilidad en lo inmediato, con proyecciones que los sindicatos ubican por encima del millar si se considera el alcance total de la reestructuración.
Detrás de la decisión, según fuentes sindicales y periodistas especializados, se ve la mano del Ministerio de Desregulación. Pettovello, indican fuentes con acceso a la interna del gabinete, aceptó el rediseño que le impuso Sturzenegger con la misma resignación con la que aceptó los recortes de programas sociales ordenados por Luis “Toto” Caputo. La poda presupuestaria vinculada a la reestructuración administrativa alcanza los 2.597.505.424 pesos anuales, equivalentes a unos 200 millones de dólares al tipo de cambio actual, de acuerdo a documentos internos de la cartera.
Doble vara y acusación de evasion fiscal
Desde ATE no solo se resistio el ajuste sobre los puestos de trabajo, sino que se señaló una contradicción que el Gobierno evita explicar. “Mientras el Gobierno niega las denuncias de corrupción y Sturzenegger adhiere a la ley de Inocencia Fiscal, hay una doble vara con la cual tratan a los trabajadores. Además, utilizan el Estado para evadir impuestos”, cuestionaron fuentes del sindicato. La referencia apunta directamente a las modificaciones en materia de régimenes de información impulsadas por el Gobierno, que organismos de economistas como el Foro Economía y Trabajo calificaron como un mecanismo que “vació de datos al fisco” y protege la fuga de capitales.
Retiros voluntarios como antesala de los despidos
Mientras tanto, fuentes libertarias confirmaron que en distintos organismos estatales ya se impulsan esquemas de retiro voluntario para achicar la planta de personal. “Es el paso previo a los despidos”, admitieron desde el entorno de La Libertad Avanza, en una caracterización que expone la lógica de la estrategia: desgaste paulatino, presión sobre los trabajadores para que “voluntariamente” abandonen sus puestos antes de que llegue la cesantía formal.
Los dirigentes de ATE precisaron que durante la conferencia de prensa darán a conocer las próximas acciones gremiales y las presentaciones legales que llevarán adelante para frenar la reestructuración. El ministro Sturzenegger no respondió a las consultas periodistícas al cierre de esta edición.
Puntos clave
- El decreto 378/2026 eliminó las áreas de gestión administrativa de tres secretarías de Capital Humano; al menos 400 trabajadores de planta permanente quedan en riesgo de pase a disponibilidad.
- Es la octava ola de despidos en el Estado desde el inicio de la gestión Milei; el ministerio de Pettovello ya perdió al menos 10.000 trabajadores.
- La reestructuración fue diseñada por el ministerio de Sturzenegger e impuesta sobre Capital Humano, con un recorte presupuestario estimado en 2.597 millones de pesos anuales.
- Fuentes libertarias admitieron que los retiros voluntarios en marcha en distintos organismos son el paso previo a nuevas cesantías formales.
- ATE denunció una doble vara: el Gobierno persigue a los trabajadores mientras Sturzenegger adhiere a la ley de Inocencia Fiscal para proteger a los evasores.
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