El fiscal que investiga el homicidio de un hombre de 35 años mientras se encontraba detenido en una comisaría de la localidad balnearia de San Clemente del Tuyú pidió que sean llevados a juicio nueve efectivos policiales acusados por el hecho, ocurrido en noviembre de 2021, informaron hoy fuentes judiciales.

Martín Prieto, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 2 (UFI 2) descentralizada del partido bonaerense de La Costa, solicitó a la Justicia de Garantías que los cinco hombres y las cuatro mujeres miembros de la Policía bonaerense que están imputados en el marco de la investigación sean juzgados por el homicidio de Alejandro Nicolás Martínez.

En su requerimiento de elevación a juicio de casi 240 páginas, al que tuvo acceso Télam, el fiscal consideró acreditado que al menos tres de los efectivos mataron a Martínez en la madrugada del jueves 18 de noviembre último, luego de que fuera aprehendido y trasladado a un calabozo de la comisaría 3ra. de San Clemente por provocar daños en un hotel en el que se hospedaba.

Sostuvo a su vez que los nueve acusados «planificaron dar muerte» a la víctima, «asignándose y cumpliendo cada uno de ellos un rol determinado».

Los principales acusados son José Pereyra (35), Christian Rohr (31) y Maximiliano Munche (48), imputados como coautores de «homicidio triplemente agravado por alevosía, ensañamiento, por el concurso premeditado de más de dos personas y por haber sido cometido por miembros de una fuerza de seguridad abusando de sus funciones».

De acuerdo a la investigación, «con el fin de causar una muerte alevosa» a Martínez, los tres «ejercieron una extrema violencia física» sobre él dentro de la seccional, «propinando golpes de puño, y aplastando múltiples partes del cuerpo mediante diversas maniobras durante un lapso temporal de unos aproximados 10 minutos».

Prieto precisó que, de acuerdo a las dos autopsias realizadas al cuerpo, la víctima sufrió «múltiples lesiones» así como «fracturas costales derechas, infiltrado hemorrágico, aponeurosis epicraneana frontoparietal, cianosis cervicofacial y en tercio superior de tórax con infiltrado petequial en piel, en pulmones y corazón», lo que le provocó «un paro cardíaco traumático».

En ese sentido, pidió a su vez que los efectivos Laura Chiarullo (36), Evelyn Garófalo (28), Jaqueline Mansilla (30), Carla Cantarella (30), Sandro Mujica (35) y Miguel Boulos (54) sean juzgados por el delito de «homicidio triplemente agravado», pero en calidad de «partícipes secundarios».

El fiscal entendió que «brindaron la cobertura necesaria para que» los otros tres imputados «no corrieran ningún tipo de riesgo», y para «asegurar el resultado de lo planificado, omitiendo dolosamente y abusando de los deberes a su cargo proporcionaron el ambiente y circunstancias necesarias a fin de obtener el resultado planificado, dar muerte al Sr. Martínez».

En el requerimiento, Prieto planteó a su vez dos acusaciones alternativas: en la primera de ellas, consideró a Rohr, Munche y Pereyra «coautores funcionales» del delito de «tortura seguida de muerte, abandono de persona seguida de muerte e incumplimiento de los deberes de funcionario público», y en la restante, sostuvo que los otros seis efectivos son responsables de «omisión de evitar torturas, incumplimiento de los deberes de funcionaría público y abandono de persona seguido de muerte».

Los tres principales acusados cumplen prisión preventiva en la Unidad Penal 44 de Batán, luego de que la Sala II de la Cámara de Apelaciones de Dolores confirmó en marzo la medida dispuesta en ese sentido por el juez de Garantías 4 de Mar del Tuyú, Diego Olivera Zapiola.

Los camaristas dispusieron, en cambio, en ese fallo que los otros seis efectivos fueran liberados por falta de mérito, pese a que Olivera Zapiola también había dispuesto que continuaran detenidos por entender que intentarían «eludir la acción de la Justicia».

Desde el inicio de la instrucción, ocho de los acusados brindaron declaración indagatoria y en todos los casos rechazaron las acusaciones, mientras que Pereyra optó por no declarar.

Según la investigación, Martínez murió en la comisaría 3ra. tras ser trasladado en un patrullero desde el Hotel Fontainebleau, ubicado en calle 3 y avenida Costanera, luego de que empleadas del lugar denunciaran que estaba provocando daños en la habitación del séptimo piso en la que se hospedaba.

Un llamado desde esa seccional a la UFI 11, que intervino inicialmente, reportó la aprehensión del hombre por «daños» a las 0.58 del 18 de noviembre, y menos de una hora más tarde, una nueva comunicación indicó que había fallecido, por lo que se inició una causa por «averiguación causales de muerte».

El fiscal Pablo Gamaleri, titular de esa unidad descentralizada, ordenó la autopsia del cadáver, que reveló que había muerto a causa de una «asfixia mecánica» y que además había sufrido golpes y lesiones.

A raíz de las pruebas recolectadas, dos días más tarde fueron detenidos los nueve policías, y tras esas medidas, el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, y las defensas de los efectivos cuestionaron los resultados de la autopsia, por lo que se dispuso una nueva.

La segunda, realizada nuevamente en el Instituto de Ciencias Forenses de Lomas de Zamora, confirmó los resultados de la primera e, incluso, estableció que el cuerpo presentaba lesiones que no habían sido notificadas en el análisis inicial.