Judiciales ⚖️
El fiscal pidió la culpabilidad de Pereg por los «despiadados» homicidios de 2019
El fiscal Guzzo volvió a pedir al jurado que no se deje «engatuzar» y solicitó que el israelí sea condenado por el «homicidio agravado por el vínculo» de su madre y el homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego de su tía.
El fiscal mendocino Fernando Guzzo pidió este miércoles al jurado popular que dicte un veredicto de culpabilidad para el israelí Gilad Pereg por los asesinatos de su madre y de su tía, quienes fueron halladas enterradas en los fondos de su casa de la localidad de Guaymallén en enero de 2019, tras considerar que cometió un «asesinato despiadado» con «plena consciencia de la criminalidad de sus actos».
Por su parte, en sus últimas palabras antes el jurado, Pereg reiteró que lo están «tratando de culpar a la fuerza» y que le «plantaron» los cuerpos en su casa luego de detenerlo. «Nunca negamos que tiene una enfermedad, que padece una patología» pero «no es inimputable», manifestó el fiscal en su alegato de clausura ante el jurado, que hoy dará a conocer su veredicto.
Para Guzzo, el israelí debe ser condenado por el «homicidio agravado por el vínculo» de su madre, Phyria Saroussy (63), y el homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego de su tía Lily Pereg (54).
En la última jornada del juicio por jurados, a la que asistió mucho público, entre el que se hallaba el diputado nacional mendocino Alfredo Cornejo, Pereg optó inicialmente no estar presente, aunque tras el alegato fiscal fue llevado a la sala, donde permaneció sentado, en silencio y con la mirada fija hacia el suelo hasta declarar.
«Si yo hubiera tirado el arma tendría polvo en las manos y no tenía. La policía y la fiscalía utilizaron el arma mía para tirar a los cuerpos», expresó el acusado. La jornada judicial comenzó con el alegato de Guzzo, quien enumeró las pruebas que indican que Pereg fue el autor de los asesinatos y que comprendió la criminalidad de sus actos.
También se refirió a la declaración que el imputado brindó ayer ante el jurado, en la que dijo sentirse un «gato», aseguró que su mamá «está viva» y que le «plantaron» los cuerpos para incriminarlo.
«Si esto fuera una iglesia y no una corte, tendría que decir que ha ocurrido un milagro. Ayer, al declarar durante una hora acá, Gil Pereg se ha curado: hemos logrado que no maúlle, hemos logrado que no defeque, hemos logrado que no orine, hemos logrado que entienda», expresó Guzzo, quien volvió a pedir al jurado que no se deje «engatuzar».
La audiencia continuó con el alegato de la querellante Claudia Vélez, representante de la familia de las víctimas, quien, al igual que la fiscalía, pidió que el jurado dicte un veredicto de culpabilidad.
Luego el defensor Maximiliano Legrand expuso un resumen de los dichos de los peritos que entrevistaron a Pereg y lo consideraron «loco», «alienado» y con «un trastorno delirante» y en base a ello solicitó que Pereg sea declarado no culpable por inimputable o, de ser condenado, lo sea por homicidio atenuado por su condición.
los asesinatos por los que es juzgado
De acuerdo con la investigación, en enero de 2019, ambas víctimas habían arribado a Mendoza para visitar al ahora imputado, que residía en un predio con una casa muy precaria que estaba llena de gatos y algunos perros en estado de abandono.
Las hermanas israelíes fueron vistas con vida por última vez el 12 de ese mes en ese domicilio, situado en la calle Roca al 6000 de Guaymallén, y 14 días después la Policía Científica encontró sus cuerpos mutilados y tapados con piedras y tierra en un sector del mismo predio.
Tras ser descubierto el doble crimen, Gil Pereg quedó detenido y durante su estadía en la cárcel mostró comportamientos extraños y aseguró ser «un gato», lo que reiteró en diversas oportunidades y audiencias en las que, incluso, comenzó a maullar frente a los magistrados.
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DDHH
Abstenerse frente a la violencia machista no es neutralidad: el Colegio Público de la Abogacía advierte al Gobierno de Milei
El Colegio Público de la Abogacía advirtió que la abstención en una resolución respaldada por 175 países es un retroceso y que la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó. Los tratados sobre derechos de las mujeres, recordó, obligan al Estado más allá del gobierno de turno.
175 países respaldaron en Naciones Unidas una resolución para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, y la Argentina decidió abstenerse. Esa decisión del Gobierno nacional abrió un nuevo cuestionamiento desde el mundo del derecho.
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) expresó este miércoles su preocupación por la decisión del Gobierno nacional, en un pronunciamiento institucional en el que remarcó que el país fue el único Estado latinoamericano que no acompañó la iniciativa.
Un consenso al que el país le dio la espalda
La entidad que reúne a las abogadas y los abogados de la Capital Federal sostuvo que «resulta inadmisible que nuestro país se aparte de un consenso internacional tan amplio» en una materia que compromete derechos humanos fundamentales. Para el Colegio, la posición argentina representa un retroceso que merece un claro cuestionamiento.
Además, la institución advirtió que las eventuales diferencias sobre la redacción o el alcance de una resolución no pueden servir de fundamento para desentenderse del compromiso internacional de combatir esta forma de violencia.
Obligaciones que no se renegocian con cada gobierno
Los compromisos en materia de igualdad y de protección de los derechos de las mujeres obligan al Estado argentino y no pueden quedar sujetos a las posiciones ideológicas ni a las prioridades políticas de los gobiernos de turno.
El Colegio recordó que la Argentina asumió obligaciones expresas a través de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que tiene jerarquía constitucional, y de la Convención de Belém do Pará.
Según el pronunciamiento, la violencia contra las mujeres y las niñas es una grave violación de los derechos humanos que exige políticas públicas efectivas, instituciones comprometidas y una acción sostenida del Estado. No se trata de preferencias políticas, subrayó, sino de garantizar derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
Una deuda que el feminismo ya puso sobre la mesa
La advertencia llega a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en un país donde el movimiento feminista instaló la violencia machista como problema público desde la primera marcha de Ni Una Menos, en 2015. La Argentina cuenta además con la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres, vigente desde 2009.
Abstenerse, en ese marco, no es una posición neutral: es correrse de un acuerdo que el resto de la región sí sostuvo. Para quienes sobreviven a la violencia y para quienes sostienen redes de acompañamiento, el mensaje que llega desde el Estado importa tanto como el texto de cualquier resolución.
Un antecedente que pesa
No es la primera vez que la diplomacia argentina queda aislada en este terreno. En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU sobre la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en el entorno digital, que se aprobó con 170 votos a favor y 13 abstenciones. En aquel momento, el PRO, la UCR y Unión por la Patria cuestionaron la decisión.
El Colegio Público de la Abogacía reafirmó su compromiso con la igualdad, la defensa de los derechos de las mujeres y la vigencia efectiva de las garantías constitucionales. «No hay lugar para la indiferencia ni para la ambigüedad», sostuvo, y agregó que el Estado argentino tiene el deber de proteger esos derechos y de sostener ese compromiso ante la comunidad internacional.
Lo que tenés que saber
- El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó su preocupación por la abstención argentina en una resolución de la ONU contra la violencia hacia las mujeres y las niñas.
- La iniciativa tuvo el respaldo de 175 países y la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó.
- El Colegio recordó que la CEDAW, con jerarquía constitucional, y la Convención de Belém do Pará obligan al Estado argentino.
- En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de otra resolución de la ONU sobre violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital.
- El pronunciamiento se conoció a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
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