Investigación 🔎
Caso Cerimedo: declaran los dos acusados del ataque a Nadia Beller en Bolivia
El Ministerio Público Fiscal de Bolivia pedirá este lunes la prisión preventiva del ciudadano colombiano señalado como presunto autor material y de un segundo imputado por haber provisto el arma del ataque. Beller, dada de alta el sábado, denunció un nuevo intento de ingreso a su habitación clínica y volvió a señalar al gobierno de Rodrigo Paz como responsable político del atentado.
La causa judicial por el atentado a balazos contra la abogada Nadia Beller en Santa Cruz de la Sierra registra este lunes un paso decisivo: la audiencia de medidas cautelares en la que la fiscal Yolanda Aguilera solicitará formalmente la prisión preventiva de los dos detenidos acusados de perpetrar el ataque. Ambos rendirán declaración ante la Justicia boliviana en el marco de ese trámite procesal.
Los dos acusados y el rol que les atribuye la investigación
El primero de los imputados es Víctor Hugo C. Z., ciudadano colombiano identificado por la investigación como presunto autor material del tiroteo. Según trascendió, el hombre se presentó de manera voluntaria ante la policía para negar cualquier participación en el hecho. La fiscal Aguilera, sin embargo, sostiene una versión opuesta y pedirá su encarcelamiento preventivo.
El segundo imputado, identificado como Róger A. C., es investigado por haber provisto el arma de fuego utilizada en el ataque. Su situación procesal se agravó tras los peritajes telefónicos realizados por las autoridades bolivianas, que permitieron reconstruir sus movimientos en las horas previas a la agresión y ubicarlo en las proximidades del lugar de los hechos.
Cerimedo, con prisión preventiva en Palmasola
En paralelo, el consultor político y exasesor de Javier Milei Fernando Cerimedo continúa detenido en el penal de Palmasola, donde cumple 180 días de prisión preventiva bajo la imputación de tentativa de feminicidio. Beller lo señaló públicamente como autor intelectual del ataque. El tribunal boliviano deberá definir la situación procesal del resto de los acusados mientras avanza la etapa probatoria.
Beller denuncia: «Un crimen de Estado» y un nuevo intento de ingreso a su habitación
Este domingo, un día después de recibir el alta médica, Nadia Beller retomó la ofensiva pública. Reiteró que el atentado constituyó «un crimen de Estado» y volvió a reclamar responsabilidades al gobierno del presidente Rodrigo Paz. La abogada, que sobrevivió con tres impactos de bala, no limitó sus denuncias al plano judicial.
A través de sus redes sociales, Beller narró que una persona vestida de civil intentó ingresar a la habitación de la Clínica Las Américas donde permanecía internada. El sujeto se identificó como policía, pero al ser interrogado por no llevar uniforme, afirmó que iría a cambiarse y no regresó. El episodio, ocurrido durante su internación, suma un nuevo componente de intimidación a un caso que ya acumula denuncias cruzadas de encubrimiento y presión sobre testigos.
Una causa que también involucra al gobierno boliviano
Las acusaciones de Beller contra el ejecutivo de Paz no son nuevas. Desde que sobrevivió al ataque, la abogada sostuvo que el atentado no pudo concretarse sin algún nivel de conocimiento o tolerancia desde las estructuras del Estado boliviano. La caracterización del hecho como un «crimen de Estado» implica, en la lectura de Beller, una responsabilidad política que excede a los ejecutores materiales y apunta directamente a quienes gobiernan el país en el que Cerimedo construyó su influencia en los últimos años.
La causa, que comenzó con la detención de Cerimedo en el aeropuerto de Viru Viru cuando intentaba abordar un vuelo hacia Buenos Aires, escaló rápidamente hasta convertirse en un expediente con ramificaciones políticas en dos países y una cantidad de imputados que el tribunal boliviano aún debe procesar en su totalidad.
Puntos clave
- La fiscal Yolanda Aguilera pedirá la prisión preventiva de los dos nuevos detenidos: Víctor Hugo C. Z. (presunto autor material, colombiano) y Róger A. C. (proveedor del arma).
- Víctor Hugo se presentó voluntariamente a la policía para negar su participación; los peritajes telefónicos comprometieron la situación de Róger A. C.
- Fernando Cerimedo permanece con prisión preventiva en Palmasola, imputado por tentativa de feminicidio.
- Beller denunció que una persona de civil intentó ingresar a su habitación en la clínica durante su internación, identificándose como policía.
- La abogada reiteró que el atentado es «un crimen de Estado» y sostuvo sus reclamos contra el gobierno de Rodrigo Paz.
Investigación 🔎
Rafecas destraba $LIBRA y deja a Martínez de Giorgi ante la lupa para reabrir la causa
Dos fiscalías miden fuerzas en el expediente por la criptoestafa que llegó a la Casa Rosada. El juez subrogante corrió vista a Eduardo Taiano, el fiscal que blindó a los Milei, mientras la Procuraduría Anticorrupción insiste en que el cierre fue prematuro. El titular del Juzgado 8 definirá la suerte del caso al volver de su licencia.
El juez federal Daniel Rafecas allanó el camino para que se defina si la investigación por la criptomoneda $LIBRA vuelve a correr. Con el Juzgado Federal Nº 8 bajo subrogancia, el magistrado corrió vista al fiscal Eduardo Taiano para que exponga su postura sobre el pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) de reabrir el expediente que había cerrado el sobreseimiento del presidente Javier Milei y de su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia.
Aunque el dictamen de Taiano no es vinculante, Rafecas consideró necesario escucharlo antes de dejar el trámite amarrado. El paso deja todo listo para que el titular del juzgado, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, defina la próxima semana, recién de regreso de su licencia, si concede la reapertura que pide la PIA o sostiene el sobreseimiento que él mismo consagró.
Dos fiscalías, dos criterios y el ojo puesto en la Casa Rosada
El escenario judicial quedó partido al medio, con dos fiscalías que sostienen posturas encontradas sobre un mismo caso. De un lado, Taiano, el mismo fiscal que impulsó el cierre de la pesquisa: el 23 de octubre pidió el sobreseimiento del presidente, de su hermana y de otros nueve imputados por presunta estafa, con el argumento de que el caso carecía de «sustento fáctico alguno». Al día siguiente, Martínez de Giorgi hizo lugar a su pedido y cerró el expediente tras poco más de un año y medio de investigación.
Del otro lado, la PIA, encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, que asumió el ejercicio de la acción penal y calificó el cierre de «prematuro». Para la procuraduría anticorrupción quedaron medidas de prueba pendientes y no existió agotamiento de la investigación sino todo lo contrario: advirtió que las pruebas en curso mostrarían señales de una concertación defraudatoria. Además de pedir la reapertura, interpuso una apelación en subsidio para que, si el planteo se rechaza, decida la Cámara Federal.
El fiscal que blindó a los Milei, bajo la lupa de los querellantes
El rol de Taiano no pasó desapercibido para los inversores afectados, que no se guardaron nada en su contra. Querellantes pidieron que fuera apartado de la causa por inacción, obstrucción de pruebas y falta de objetividad, cuestionamientos que ahora cobran otra dimensión con el trámite ordenado por Rafecas. Que sea justamente ese fiscal, el de la partida de nacimiento del sobreseimiento, a quien se convoca a opinar sobre la reapertura, deja asomar toda la tensión institucional del expediente.
El trasfondo es inevitablemente político. La causa nació del escándalo que estalló el 14 de febrero de 2025, cuando el mandatario promocionó desde su cuenta en la red X el lanzamiento de $LIBRA, un criptoactivo vinculado al proyecto Viva la Libertad Project, que se desplomó y dejó pérdidas millonarias a inversores. Un año y medio después, la mirada crítica que impone la lógica del lawfare recae sobre una resolución que, para los que impulsan la reapertura, obtuvo un cierre exprés cuando más conviene a los poderosos.
Una definición con la Casa Rosada expectante
Todo queda ahora en manos de Martínez de Giorgi. A su regreso de la licencia deberá resolver si concede la reapertura o sostiene el sobreseimiento que él mismo dictó sobre los once investigados. La próxima semana, la suerte de $LIBRA se juega entre la casilla del juez titular y la presión de una fiscalía que insiste en que la investigación se cortó en el peor momento. Mientras tanto, el expediente que llegó a la puerta de la Casa Rosada queda a la espera de saber si la justicia vuelve a correr o si, por ahora, el episodio se archiva en la memoria judicial.
Lo que tenés que saber
- Rafecas, subrogante del Juzgado Federal Nº 8, corrió vista al fiscal Eduardo Taiano sobre el pedido de la PIA de reabrir la causa $LIBRA.
- El dictamen de Taiano no es vinculante; Martínez de Giorgi definirá la semana próxima, al volver de su licencia, si concede la reapertura o sostiene el sobreseimiento.
- Taiano pidió el 23 de octubre el sobreseimiento de Milei, Karina y otros nueve imputados; al día siguiente el juez cerró el caso.
- La PIA, al frente de Sergio Rodríguez, calificó el cierre de prematuro, advirtió sobre medidas de prueba pendientes e interpuso apelación en subsidio ante la Cámara Federal.
- Querellantes pidieron apartar a Taiano por inacción, obstrucción de pruebas y falta de objetividad.
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