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Sociedad

Advierten que el 57% de los adultos que ejercieron violencia sufrió maltrato en su niñez

En el marco del Día Internacional contra el Maltrato Infantil, el MPT lanzó una campaña «Dejemos de reproducir el maltrato de generación en generación».

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Más de la mitad de los padres o tutores que ejercieron violencia hacia sus hijos padecieron maltrato en su niñez, informó hoy el Ministerio Público Tutelar (MPT) de la ciudad de Buenos Aires para presentar la campaña «Dejemos de reproducir el maltrato de generación en generación», al conmemorarse mañana el Día Internacional contra el Maltrato Infantil.

El organismo precisó que el 57% de los participantes que ejercieron violencia hacia su hijos o niños a cargo y que concurren a su taller de «Vínculos Saludables y Crianza Responsable» habían padecido maltrato en su niñez, según relataron.

«Cuando hablamos de las violencias hacia niñas, niños y adolescentes sabemos que lo importante es identificarlas, prevenirlas, llegar a tiempo o evitar que ocurran», aseguró en un comunicado la asesora general tutelar, Carolina Stanley.

«Es nuestra responsabilidad desaprender las prácticas con las que crecimos y avanzar hacia una crianza respetuosa que considere a las infancias como sujetos de derechos», agregó.

Al conmemorarse mañana el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, el MPT lanzó una campaña «para repensar los roles y vínculos en materia de crianza, en los que se dé lugar al respeto, la contención y en la que los participantes puedan expresarse y reflexionar con libertad», explicaron.

La campaña utiliza el recurso de Player Controls (rebobinado, stop y play). El rebobinado describe la violencia padecida por los niños en sepia. El Stop llama a la reflexión y el Play (en color) para promover una crianza sin Violencia.

Los audios que aparecen en la campaña son en base a testimonios reales de las y los participantes del taller «Vínculos Saludables y Crianza responsable» para concientizar acerca de estas prácticas y poder modificar patrones de conducta aprehendidos.

«De chica, siempre me decían, la letra con sangre entra», «Cuando yo no hacía lo que mi madre me decía, me dejaba castigada tres, cuatro días sin comer» son algunos de los testimonios que hablan de la importancia de compartir experiencias para repensar las funciones y roles maternales y parentales.

Desde el 2021 el MPT implementa un espacio coordinado por el Departamento Especializado en Entornos Libres de Violencia para trabajar y prevenir los modelos de crianza basados en castigos tanto físicos como psicológicos.

A partir de allí, se creó el taller «Vínculos saludables y crianza responsable», en el que participan hombres y mujeres que ejercieron violencia contra sus hijas o hijos.

«El objetivo es generar conciencia para que las vivencias negativas de los adultos responsables de hoy, no se repitan en la crianza de sus hijas e hijos o niños a cargo», aclararon desde el MPT.

Las consultas o denuncias se pueden realizar a través del sistema de redes del MPT 0800 12 27376, Whatsapp 15 7037 7037, que funcionan todos los días de 8 a 20 y las redes sociales Facebook e Instagram @mptutelar, y las mismas pueden ser de carácter anónimo.

Línea 102
Si necesitas ayuda o conoces a alguien que esté expuesto a violencia, llamá al 102. Es un servicio gratuito y confidencial, de atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. Podés llamar ante una situación de vulneración de derechos. Si vivís una emergencia llama al 911.

Seguridad 🚨

Santa Fe les cobra a los padres de los amenazadores: “Cara la jodita”, la reacción ante la boleta de $6 millones

La boleta detalla el monto de la deuda, los medios de pago disponibles y establece un plazo de cinco días hábiles para abonar. Vencido ese término, el expediente se gira automáticamente a la Fiscalía de Estado para la etapa de cobro compulsivo.

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Santa Fe entregó la primera multa a padres por amenazas escolares: más de $6 millones

★ El gobierno de Santa Fe concretó la primera notificación de cobro a los responsables de amenazas escolares en la provincia: los padres de un menor identificado como autor de una intimidación recibieron una boleta por $6.024.944. La reacción del adulto notificado no tardó en circular: «Cara la jodita», dijo al recibir el documento, en una frase que el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, se encargó de difundir en su conferencia de prensa.

La primera notificación y sus alcances

El operativo de notificación fue realizado este lunes por la Policía de la Provincia de Santa Fe en la ciudad capital. El ministerio de Justicia y Seguridad provincial notificó a ambos progenitores del menor identificado como autor de una de las amenazas a escuelas, en carácter de responsables solidarios del gasto operativo.

La boleta detalla el monto de la deuda, los medios de pago disponibles y establece un plazo de cinco días hábiles para abonar. Vencido ese término, el expediente se gira automáticamente a la Fiscalía de Estado para la etapa de cobro compulsivo.

La maquinaria ya tiene 58 casos identificados

Cococcioni precisó que a la fecha ya se identificó a los responsables de 58 hechos, lo que implica a más de 70 personas involucradas, dado que varios casos cuentan con más de un autor o más de un adulto responsable.

«A medida que la Fiscalía valida las identidades, sean mayores o menores, punibles o no, se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones», explicó el ministro.

El mecanismo no distingue entre imputables e inimputables: lo que se cobra es el costo del operativo de seguridad desplegado por la amenaza, no una sanción penal directa sobre el menor. La obligación recae sobre los adultos responsables, independientemente de la situación legal del alumno.

Una medida en medio de una crisis nacional

Como informó este medio en coberturas anteriores, la ola de amenazas escolares sacudió al país en las últimas semanas, extendiéndose a al menos doce provincias con mensajes de formato casi idéntico: «Mañana tiroteo, no vengan».

El fenómeno se disparó tras el crimen de Ian Cabrera, el estudiante asesinado el 30 de marzo de 2026 en San Cristóbal, Santa Fe, en un hecho que conmocionó a la sociedad argentina y reabrió el debate sobre la violencia escolar y la imputabilidad de menores.

La True Crime Community (TCC), una subcultura digital transnacional que exalta las masacres escolares, fue señalada por la justicia santafesina y la Subsecretaría de Asuntos sobre el Terrorismo Internacional (SAIT) como uno de los vectores de propagación del fenómeno.

Frente a la crisis, las respuestas de los distintos gobiernos provinciales fueron dispares: desde reuniones interministeriales sin resultados concretos hasta operativos de allanamiento con adolescentes imputados. Santa Fe optó por una vía que combina la presión económica sobre los adultos responsables con la acción judicial sobre los menores identificados.

El debate de fondo que la boleta no resuelve

El gobierno santafesino presenta la medida como un efecto disuasorio. Sin embargo, el instrumento no apunta a las causas estructurales del fenómeno: la fragilidad de los entornos digitales que amplifican este tipo de conductas, la ausencia de programas de contención en las escuelas o la demora en la implementación efectiva de la Ley 27.801, que modificó el régimen penal juvenil pero cuya entrada en vigor plena aún está sujeta a un período de adecuación institucional de 180 días.

La frase del padre notificado, «cara la jodita», condensa en tres palabras lo que el Estado santafesino quiere transmitir: que las amenazas tienen un costo real y mensurable. Lo que resta ver es si ese costo alcanza para modificar conductas en un fenómeno que excede ampliamente el bolsillo familiar.

Puntos clave:

  • El gobierno de Santa Fe entregó la primera notificación de cobro a padres de un menor responsable de una amenaza escolar, por un monto de $6.024.944.
  • La notificación otorga un plazo de cinco días para abonar; vencido ese término, el caso pasa a la Fiscalía de Estado.
  • El ministerio identificó a responsables en 58 hechos, con más de 70 personas involucradas en total.
  • La medida impone la obligación de pago sobre los adultos como responsables solidarios, independientemente de la situación penal del menor.
  • El fenómeno de amenazas escolares se inscribe en una crisis nacional vinculada al crimen de Ian Cabrera y a la proliferación de la True Crime Community en entornos digitales.
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