Chaco
Caso Cecilia: dirigentes políticos piden por el esclarecimiento del caso
También solicitaron “transparencia e independencia” en la causa por el crimen de Cecilia.
Diputados nacionales del Frente de Izquierda solicitaron a través de un proyecto de declaración que la investigación por la desaparición en la provincia de Chaco de la joven de 28 años Cecilia Strzyzowski se realice con “transparencia, profundidad e independencia”.
El proyecto de declaración es encabezado por la diputada Romina del Pla y lleva las firmas de Nicolás del Caño, Alejandro Vilca y Myriam Bregman.
«La joven desapareció el pasado 1 de junio y por el caso ya hay siete detenidos. Además, el caso despertó un fuerte descontento popular debido a que la Justicia procede lentamente para realizar allanamientos y establecer indicios reales sobre su desaparición», esgrimen los diputados en los fundamentos de la iniciativa.
Agrega que «la desaparición de Cecilia Strzyzowski y el intento de encubrimiento del crimen debe ser investigado hasta las últimas consecuencias, especialmente en lo que hace a la responsabilidad política»
Desde la Izquierda pusieron de relieve que según la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (OM-CSJN), en una publicación del 2022 del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA), «se identificaron 226 víctimas directas de femicidio en la República Argentina entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022».
La misma fuente señala que «5000 es la estimación de mujeres desaparecidas en la Argentina actualmente, 203 son las mujeres que ingresan por mes al Registro Nacional de Personas Desaparecidas, 10,7 es el porcentaje de los femicidios en los que antes la víctima estuvo desaparecida o extraviada».
“Son datos inquietantes más aún teniendo en cuenta que el registro judicial se limita a los casos caratulados como femicidios y a las desapariciones que han sido denunciadas en sede judicial. Es decir, hablamos de un subregistro muy evidente. En los que va del año 2023 el Observatorio Lucía Pérez contabiliza 148 femicidios”, alertaron desde el Frente de Izquierda.
En tanto, diputadas, senadoras, funcionarias nacionales y provinciales, legisladoras, académicas y dirigentes históricas del peronismo reclamaron a través de un comunicado conjunto el esclarecimiento de la desaparición y presunto femicidio de la joven chaqueña. Pidieron que el apoyo popular a su familia no sea «utilizado electoralmente» en la provincia, donde este domingo habrá primarias ni para «estigmatizar a las organizaciones sociales».
«Durante décadas luchamos por visibilizar y desterrar la violencia de género y por incorporar al plexo normativo las medidas de protección y la figura de femicidio. Distinguimos perfectamente entre justicia y complicidad, también entre apoyo sincero al esclarecimiento y castigo o politización aviesa», expresaron las firmantes en el comunicado.
Entre ellas se encuentran la ministra de Trabajo, Raquel «Kelly» Kismer de Olmos; las senadoras Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti y Silvia Sapag; las diputadas Paula Penacca y Mónica Macha; la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz, y la abogada laboralista y feminista Susana Sanz, entre otras.
También adhieren al pronunciamiento la senadora nacional por Catamarca Lucía Corpacci, la ministra de Gobierno bonaerense Cristina Álvarez Rodríguez y la militante peronista y feminista Virginia Franganillo.
Las firmas se completan con la exembajadora en Cuba Juliana Marino, la exdiputada nacional Marcela Durrieu y la senadora nacional por Chaco María Inés Pilatti Vergara.
Otras personalidades que se sumaron al reclamo son la diputada nacional Blanca Osuna; la titular de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), María del Carmen Bianchi; la extitular del Inadi María José Lubertino y la directora de Género e Igualdad de la Dirección Nacional de Fortalecimiento y Apoyo a las Organizaciones de la Agricultura Familiar, Araceli Ferreyra.
Además, suscriben las diputadas nacionales María Rosa Martínez y Mara Brawer, las exlegisladoras Sandra Mendoza y Karina Nazábal, la exvicegobernadora de La Pampa, Norma Durango y la diputada provincial en Santa Cruz, Rocío García.
Otros apoyos son los de la socióloga María del Carmen Feijoó; la secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Josefina Kelly; la referente en derechos humanos Judith Said, y la subsecretaria de Personas Adultas Mayores del Chaco, Cristina Aboitiz, entre otras.
En el documento sostuvieron que «el genuino apoyo popular a la familia de Cecilia no debería ser utilizado electoralmente, ni para estigmatizar a las organizaciones sociales o perjudicar a las políticas de género».
Asimismo, recordaron que una vez conocida la denuncia familiar, inmediatamente el Frente de Todos «solicitó a la junta electoral desplazar del sub lema a los presuntos responsables, actualmente detenidos».
También subrayaron que el gobierno provincial de Jorge Capitanich se presentó como querellante junto a las autoridades nacionales «proporcionando asimismo apoyo a la familia».
Las firmantes expresaron su reconocimiento a las políticas de género desarrolladas en Chaco y lo hicieron extensivo a su gobernador y vicegobernadora Analía Rach Quiroga «por el compromiso en la gestión».
«La lucha contra la violencia patriarcal no debe ser dañada por el odio y la antipolítica», sostuvieron al tiempo que reafirmaron el acompañamiento en la búsqueda de Cecilia Strzyzowski y exigieron «una firme actuación de la Justicia para un rápido esclarecimiento».
«Abogamos por una militancia feminista plural y siempre unida tras la irrenunciable condena a la violencia patriarcal», completaron.
Chaco
Juzgan a 10 policías de Chaco por atacar a jóvenes qom; ocho siguen en servicio
El juicio oral por la irrupción ilegal en una vivienda del barrio Banderas Argentinas y los malos tratos posteriores contra cuatro jóvenes comenzó a principios de octubre y se prevé que termine a mediados de noviembre. A seis años de los hechos, las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.
Ocho de los diez policías de Chaco que son juzgados por el ataque a jóvenes de la comunidad qom en Fontana nunca dejaron sus cargos. Así lo explicó Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, quien precisó que solo dos de los imputados no cumplen funciones en la fuerza y que el resto continúa dentro de la Policía provincial.
Los diez efectivos de la Policía de Chaco son juzgados por la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia por los hechos ocurridos en la madrugada del 31 de mayo de 2020, en el barrio Banderas Argentinas de la localidad de Fontana. Las acusaciones están vinculadas al “uso ilegítimo de la fuerza” y a la detención arbitraria de cuatro jóvenes, entre ellos una adolescente. El debate oral comenzó a principios de octubre y se prevé que finalice a mediados de noviembre.
Una irrupción sin orden judicial
Según la acusación, los efectivos ingresaron a la vivienda de las víctimas de forma violenta y sin orden judicial, con forcejeos, empujones, golpes de puño, patadas y armas de fuego. Garone indicó que esa madrugada los policías entraron sin orden de allanamiento a tres domicilios del barrio y se llevaron detenidos a los cuatro jóvenes, mientras los insultaban y hacían referencia a su pertenencia a una comunidad indígena. Amnistía admitió que, hasta el momento, no se conocen los motivos que esgrimieron los efectivos para justificar el ingreso.
Ya detenidos, de acuerdo con la denuncia, los policías continuaron con torturas y malos tratos que las cámaras de la comisaría captaron de manera parcial y que dejaron heridas graves en los jóvenes.
El daño que constataron las pericias
Amnistía realizó en 2021 una misión en Fontana, donde mantuvo extensas entrevistas con la familia Saravia, recogió testimonios y documentó el caso. Garone sostuvo que la afectación fue determinante en cada uno de los jóvenes detenidos. Las pericias psicológicas de la Oficina de Servicio Social del Poder Judicial de Chaco arrojaron conclusiones unánimes: todas las víctimas sufrían estrés postraumático. Por ese motivo, las psicólogas determinaron que debían recibir tratamiento psicológico como consecuencia de lo que la organización define como graves hechos de violencia institucional.
Seis años de espera y una pregunta abierta
En 2022, Amnistía Internacional Argentina se presentó como amicus curiae en el proceso y remarcó que es “obligación del Estado” prevenir, investigar y sancionar de manera apropiada la tortura y el abuso físico y psicológico denunciados, con un “especial ensañamiento” por la pertenencia de las víctimas a la comunidad qom.
El juicio llega seis años después de los hechos. Según informó la prensa local, una de las acusadas había sido ascendida por el gobernador Leandro Zdero en 2025, cuando ya estaba vinculada a la causa, y enfrenta cargos por encubrimiento agravado y detención ilegal. Rige la presunción de inocencia para los diez imputados y será el tribunal el que determine las responsabilidades. Aun así, que ocho de los diez acusados sigan en funciones, y que una de ellas haya sido promovida, deja expuesta una pregunta incómoda sobre la respuesta institucional que recibió una causa de violencia contra un pueblo originario.
Lo que tenés que saber:
- Diez policías de Chaco son juzgados en Resistencia por los hechos del 31 de mayo de 2020 en Fontana.
- Según Amnistía Internacional, solo dos de los diez imputados no cumplen funciones en la fuerza.
- Las víctimas son cuatro jóvenes de la comunidad qom, entre ellos una adolescente.
- Las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.
- El debate comenzó a principios de octubre y se prevé que concluya a mediados de noviembre.
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